El episodio de hace unos días, en el que unos titiriteros en Madrid fueron a dar a la cárcel por cuenta de una obra de ficción, ha dado para todo tipo de pronunciamientos (y algunos silencios dicientes: distinguidos defensores de la libertad de expresión a la derecha del espectro, algunos de los cuales viven en Madrid y gozan de prestigio universal, decidieron pasar de agache). Se han explorado muchos ángulos del episodio pero hay uno que, hasta donde he visto, ha sido descuidado: el nombre del grupo. Por supuesto que los medios han registrado que se llama “Titiriteros desde abajo”, pero eso es solo el comienzo.

“Desde abajo” es una expresión poderosa y así lo entendieron sin duda Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Torre cuando la adoptaron como nombre para su grupo. Como autodescripción sirve para indicar que quien la usa busca criticar y, si es posible, poner a temblar las estructuras de poder de la sociedad. Pero el término también se usa en otros sentidos menos comprometidos, que aplicados al caso que nos ocupa nos invita a hacernos unas preguntas inquietantes sobre la situación de la democracia española.

Entre historiadores del totalitarismo existe toda una veta de investigaciones que ha contribuido a elucidar aquel fenómeno conocido como “historia desde abajo”. La “historia desde abajo” del totalitarismo se caracteriza porque saca a flote las pequeñas dinámicas cotidianas que involucran a personas sin importancia y que son el magma del cual surge el totalitarismo.

Así por ejemplo, el “historiador desde abajo” del estalinismo no se interesa tanto por la personalidad de Stalin sino por los miles de ciudadanos soviéticos que alimentaron la máquina del Gran Terror con actos pequeños, actuando como gendarmes espontáneos: el vecino que transmite rumores de comportamiento sospechoso, el que pone la denuncia ante la policía, el que acude al juicio a gritar desde la galería y aplaude cuando el juez emite la condena, el que, después de la ejecución, va al bar más cercano a celebrar a voz en cuello diciendo que afortunadamente se está haciendo respetar el orden y así sucesivamente. Todas las dictaduras, incluso las más brutales, tienen una base de apoyo social que con sus lealtades cotidianas contribuye a apuntalarlas.

Los motivos son de lo más diverso. Están los verdaderos creyentes y están también los oportunistas que creen que con estas muestras de lealtad van a conseguir alguna ventaja. Pero en el medio de ese espectro hay muchos que en condiciones normales no quieren verter sangre y que de pronto sienten simplemente una simpatía tibia por el régimen pero que movidos por el miedo se radicalizan. ¿Miedo a qué? A muchas cosas. A veces, y aquí es cuando el círculo se cierra, miedo a que se sospeche de ellos. Pero también miedo a algún enemigo externo, a alguien indefinido, desconocido, que puede venir a quitarles lo mucho o poco que han obtenido con el régimen de turno, así este no sea muy bueno. Por eso toda dictadura eficaz mantiene funcionando día y noche un aparato de propaganda que se encarga de proyectar la imagen de los enemigos.

Seguramente cuando comenzaron su presentación, los titiriteros no sospecharon que iban a estar en el centro de un episodio de “historia desde abajo”. De hecho, el origen del episodio se encuentra tan abajo que la prensa, que ya ha logrado descubrir hasta incidentes sospechosos que involucran al juez de turno ocurridos hace varias décadas, no ha sido capaz de decirnos quién fue el señor energúmeno que se abalanzó sobre los titiriteros y llamó a la policía. Tal vez nunca lo sepamos e incluso lo prefiero así. Esa persona tiene derecho a su privacidad; lo último que necesitamos en este momento es otro espectáculo.

Ahora bien, defensores exaltados del orden existen en todas partes. No por tener uno, diez o miles de ciudadanos como el energúmeno del barrio de Tetuán una democracia va a convertirse en dictadura. Los totalitarismos no dependen únicamente de esa materia prima sino que construyen un sistema de correas de transmisión y de amplificadores de este tipo de indignación espontánea y leal al régimen. Las democracias buscan lo contrario: un sistema de leyes que, así como castiga las conductas más peligrosas para la convivencia, también ralentiza los procesos de sanción, buscando la forma de darle tiempo a la razón y al libre examen, evitando castigos excesivos.

Para decirlo sin ambages, el episodio de los titiriteros es un caso de “totalitarismo desde abajo”. Tiene todos los ingredientes: el espontáneo que sale a denunciar sin siquiera esperar a que termine la obra o a preguntarle a otros asistentes qué pensaron; la denuncia anónima (típica del libreto totalitario); la policía que acude de inmediato y procede al arresto sin dudarlo; el fiscal que ve un gravísimo peligro en que una obra de títeres pueda llegar a presentarse una segunda ocasión; el juez que acepta los argumentos del fiscal y procede a decretar la prisión preventiva; los medios de comunicación que de inmediato contribuyen al clima sin ningún escrutinio detallado del episodio; los intelectuales afectos al régimen que claman al cielo porque el orden se derrumba, los políticos que ven en un espectáculo callejero una amenaza terrorista.

Afortunadamente, España es y sigue siendo una democracia. Pero que ocurra un episodio así en medio de una de las democracias más estables y prósperas del mundo en pleno siglo XXI nos debe invitar a reflexionar. El energúmeno anónimo, la fiscal Carmen Monfort y el juez Ismael Moreno seguramente se estarán congratulando de haber actuado a tiempo. ¿Quién sabe si la democracia española hubiera sobrevivido en caso de que terminara la representación de los titiriteros? Yo me atrevo a conjeturar que la democracia española habría sobrevivido en ese caso. Pero no estoy seguro de que pueda sobrevivir si episodios como este se repiten una y otra vez. 

Un aspecto sobre el que se debe reflexionar es el marco legal. La pregunta de qué tipo de expresiones públicas deben permitirse o proscribirse es muy difícil. Personalmente, yo estaría a favor de legalizar muchísimas expresiones que seguramente escandalizarían a grandes segmentos de la sociedad española y que son hoy en día ilegales. Pero debería ser fácil acordar principios básicos que no dependen de mis creencias particulares. Por ejemplo, el “enaltecimiento del terrorismo” es menos grave que la “incitación al terrorismo”. Igualmente, la incitación al terrorismo es más grave en algunos casos que en otros; más grave si hay una turba enardecida en frente o no. Es más grave enaltecer actos terroristas que enaltecer grupos terroristas o miembros de grupos terroristas. Además, como toda ley siempre deja una “zona gris” de casos que no se sabe si son legales o no, en materia de libertad de expresión, la presunción básica debería ser que, en caso de duda, es preferible errar en contra de la criminalización y optar por la sentencia más laxa posible (preferible multas a prisión, prisión preventiva solo para los casos que constituyan un verdadero peligro inminente para la convivencia). Creo que estos principios generales no admiten controversia.

Ahora bien, las leyes, por malas que sean, se pueden cambiar con relativa facilidad. Más difíciles de cambiar son las actitudes. Como no sabemos quién fue el energúmeno que inició el episodio (y, repito, no quiero saber), es imposible saber cuáles fueron sus motivaciones. Pero no es difícil imaginarlas dado lo que han escrito muchas figuras públicas que han apoyado su acción, no solo en los últimos días sino en los tiempos que le han precedido. Al fin y al cabo, estas cosas nunca ocurren en el vacío sino que son resultado de un contexto previo. Consulte el lector su copiosa producción y encontrará un elemento al que me referí más arriba: el miedo. Miedo a ETA, miedo al comunismo, miedo a Cuba, miedo a Venezuela, miedo a Irán, hasta miedo a los piojos, en fin, miedo.

El miedo es una sensación tan legítima como cualquier otra. Es mal consejero pero eso es otro asunto. La gente tiene derecho a sentir miedo. Pero uno esperaría que en una democracia los formadores de opinión, los líderes políticos no se dediquen a amplificar ese miedo sino a abrir espacios para la reflexión serena y el libre examen racional. Es parte de la responsabilidad de ocupar una tribuna pública.

La hipocondría y la germofobia son enfermedades terribles. La víctima incurre en todo tipo de conductas, muchas de ellas dañinas, que deterioran su calidad de vida por miedo a estar enfermo o entrar en contacto con gérmenes que lo puedan enfermar. Parece que en la vida pública ocurre algo parecido, y a veces el peor daño a la democracia lo causan los que más miedo tienen de que muera.