9 comentario(s)

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1. Jesús Díaz Formoso

   A DESALAMBRAR - LA RABASSA MORTA: 1931: Los desahucios y lanzamientos de los aparceros catalanes y el fin de la Autonomía Catalana. Los Terratenientes contra los Agricultores; resultado: el Borbón al exilio. Ahora los desahucios y lanzamientos (EJECUCIONES EN INDEFENSIÓN, lo que calla –más bien OCULTA- la PAH y la actriz que es su profeta) afectan a los hipotecados (también a los Jornaleros); ¿otro Borbón a la fuga? VIVA LA REPÚBLICA FEDERAL ¡! La rabassa morta o cepa muerta era un tipo de contrato muy extendido en Cataluña, por medio del cual se le cedía a un agricultor una porción de tierra para que cultivara vides en ella mientras vivieran los dos tercios de las cepas que plantara. A cambio, debía entregar al propietario una parte de su cosecha anual. La naturaleza jurídica de este contrato es discutida: mientras que la mayoría lo consideran como un censo enfitéutico,1 otros piensan que es una especie de alquiler. En el siglo XVIII se produjo un aumento demográfico y, como consecuencia de éste, del valor de las tierras, al mismo tiempo que la inflación se disparaba. La facilidad para exportar sus excedentes llevó a los rabassaires a intentar por todos los medios la prolongación en el tiempo de sus contratos. Para ello emplearon la técnica de plantar sarmientos al lado de las cepas moribundas, sustituyéndolas, con lo que la vida de las viñas se alargaba indefinidamente. Esta situación tan estable y el incremento constante de los precios de venta del vino y del aguardiente, condujo a los agricultores de las comarcas vinícolas catalanas a un período de prosperidad cuya consecuencia inmediata fue un aumento demográfico que triplicó la población. En estas comarcas el jornalero agrícola prácticamente desapareció, limitándose las grupos sociales a propietarios y rabassaires, que, al tener el dominio útil de la tierra, eran inscritos casi como propietarios en los registros de la propiedad. A su vez, los propietarios de las tierras, que poseían el dominio directo, se consideraron perjudicados y el conflicto se resolvió a favor de ellos cuando la Audiencia de Barcelona falló en 1756 que el contrato se disolvería por la muerte de las viñas o pasados cincuenta años de su firma. Esta desnaturalización del sistema fue origen de nuevas disputas con la llegada de la filoxera (originaria de Francia) a Cataluña a finales del siglo XIX, ya que la plaga provocó la destrucción de las cepas originarias, la caída en los ingresos de los agricultores y la sustitución de aquellas por otras de origen americano cuya vida era mucho menor. El artículo 1656 del Código Civil de 1889 consagró la duración del contrato a cincuenta años. Los agricultores se unieron en la Unió de Rabassaires. En 1934, el Parlamento de Cataluña, aprobó la Ley de Contratos de Cultivo (Llei de Contractes de Conreu), que permitía a los rabassaires, mediante el pago de una indemnización previa a los terratenientes, convertirse en propietarios de la tierra que cultivaban. Esta ley, sin embargo, fue anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales, un hecho que fue el detonante de la insurrección de la Generalidad de Cataluña en octubre de 1934. ( https://es.wikipedia.org/wiki/Rabassa_morta ). En Cataluña, uno de los principales propósitos del presidente Companys, uno de los fundadores de la Unió de Rabassaires, era la de realizar una reforma agraria adaptada a las especificidades del campo catalán, en el que miles de pequeños agricultores dedicados al cultivo de la uva, no disponían de la propiedad de la tierra, sino que la cultivaban bajo contratos a largo plazo que dependían de la vida de las viñas (rabassa morta). El programa de la Unió de Rabassaires propugnaba el acceso a la propiedad de la tierra por parte de los pequeños agricultores, los rabassaires.9 Así, el Parlamento de Cataluña aprobó, el 11 de abril de 1934, la Ley de Contratos de Cultivo (equivalente de la ley de arrendamientos estatal que no pudo ser aprobada en las Cortes Españolas en el verano de 1933), la cual garantizaba a los rabassaires la explotación de tierras durante un mínimo de seis años y la posibilidad de comprar las parcelas que hubieran estado cultivando durante al menos quince años. Ello llevó a la derecha catalana de la Lliga, representante de los terratenientes catalanes, y que colaboraba en las Cortes Españolas con la CEDA, a reclamar la declaración de inconstitucionalidad de la ley, pidiéndole al gobierno Samper que recurriese la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, cosa que hizo. El recurso se basaba en una presunta invasión de competencias estatales, las referentes a las obligaciones contractuales (que el artículo 15 de la Constitución de 1931 reservaba al Estado), en tanto que la Generalidat aducía que en virtud del artículo 12 del Estatuto, le correspondía la legislación en materia de política social agraria. El 8 de junio de 1934, el tribunal declaró, por 13 votos a 10 y sin que muchos de sus integrantes hubiesen oído el caso,incompetente al Parlamento de Cataluña sobre el tema y anuló por tanto la ley. La respuesta de la Generalidad fue la aprobación por el Parlamento de Cataluña de una ley virtualmente idéntica, aunque Samper y Companys iniciaron una negociación a lo largo del verano para buscar una fórmula que hiciera compatible la ley con la Constitución. A las ocho y diez minutos de la tarde del 6 de octubre, Lluís Companys apareció en el balcón de la Generalidad acompañado de sus consejeros y proclamó "l'Estat Català de la República Federal Espanyola": “¡Catalanes! Las fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República, han logrado su objetivo y han asaltado el Poder. Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra, y los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones. (...) Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalidad, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas. En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el gobierno provisional de la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica”.

   Hace 7 años 6 meses

2. Jesús Díaz Formoso

   Aqui http://blogs.publico.es/dominiopublico/17965/el-momento-constituyente-la-democracia-ya-no-cabe-en-la-transicion/ - se censuró mi comentario, un escueto "VIVA LA REPÚBLICA". Acongojante.

   Hace 7 años 6 meses

3. Carlos

   Enhorabuena por el articulo. Me encanto la alusión al Grandola Vila Morena de Zeca Afonso, buenisimo ...Gracias

   Hace 7 años 6 meses

4. Jesús Díaz Formoso

   https://laverdadofende.wordpress.com/2013/05/03/desenmascarando-progres-antepasados-franquistas-en-el-psoe-y-prisa/ - De traca; y son pocos los que están "expuestos"; la realidad es todavía más dura.

   Hace 7 años 6 meses

5. Jesús Díaz Formoso

   ES LA MONARQUÍA, COLEGA. Tal es la Línea Roja –mental-, implantada a base décadas de corrupción en nombre del Socialismo. La línea roja es la MONARQUÍA. Entre un Estado Federal y “nuestro” engendro autonómico, no existen muchas diferencias relevantes, como luego veremos. El centralismo es una fuerza centrípeta, concentradora de poder, mientras la descentralización lo es centrífuga. El centralismo revive en un afán de evitar la “desvertebración” del poder en España. Los jacobinos, que llevaron el terror a los Revolucionarios franceses eran también centralistas. Concentración de poder, frente a Libertad. Mayo del 68 fue, en buena medida, una protesta contra el Centralismo del poder. En España, la Revolución del 68 (y la Constitución de 1869) es la que crea un Poder Judicial Centralizado; primera y determinante centralización de la función pública jurisdiccional, de la que nunca conseguimos salir ya; y que como toda concentración de poder, generó una élite exenta de todo control real; germen del totalitarismo judicial, basado en la irresponsabilidad de sus integrantes. CASTA. La Constitución de 1931 (II República) comienza el camino de la indeterminación orgánica territorial; permite la constitución de “regiones autónomas”, pero con una complejidad de trámites –fruto del “consenso” interpartidista- lleno de normas de “contención” (1.- Propuesto por la mayoría de los Ayuntamientos de la región, o al menos los que comprendan 2/3 de la población; 2.- Aceptación en referéndum, al menos, por las 2/3 partes de los electores de la región; 3.- Aprobación final por Las Cortes). Además se reconocía que cualquiera de las provincias que formaran parte de una Región Autónoma o parte de ella, era titular de un “Derecho de Secesión” para retornar al Poder Central. En cuanto a las Competencias que podrían ser cedidas, no tenían verdadera entidad. La única Región Autónoma constituida fue la Catalana (Declaración de Maciá que dio lugar al Estatuto de Nuria). Todo se frustró con la Rebelión Militar de la Generalitat contra la República (1934). Finalmente el Tribunal de Garantías Constitucionales (Sentencia de 6 de junio de 1935) suspendió el funcionamiento de la Generalitat, condenando a Lluís Compayns y a su gobierno a 30 años de reclusión mayor. Al final de la dictadura franquista, el PSOE adopta la “Resolución sobre Nacionalidades y Regiones”, aprobada en el Congreso XIII del PSOE (Suresnes - octubre de 1974), que por su interés, reproducimos a continuación: “Ante la configuración del Estado español, integrado por diversas nacionalidades y regiones marcadamente diferenciadas, el PSOE manifiesta que: 1) La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español. 2) Al analizar el problema de las diversas nacionalidades el PSOE no lo hace desde una perspectiva interclasista del conjunto de la población de cada nacionalidad sino desde una formulación de estrategia de clase, que implica que el ejercicio específico del derecho de autodeterminación para el PSOE se enmarca dentro del contexto de la lucha de clases y del proceso histórico de la clase trabajadora en lucha por su completa emancipación. 3) El PSOE se pronuncia por la constitución de una REPÚBLICA FEDERAL DE LAS NACIONALIDADES QUE INTEGRAN EL ESTADO ESPAÑOL por considerar que este estructura estatal permite el pleno reconocimiento de las peculiaridades de cada nacionalidad y su autogobierno a la vez que salvaguarda la unidad de la clase trabajadora de los diversos pueblos que integran el Estado español. 4) El PSOE reconoce igualmente la existencia de otras regiones diferenciadas que por sus especiales características podrán establecer órganos e instituciones adecuadas a sus peculiaridades”. EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS (Constitución de 1978): La Ley 1/1997, para la Reforma Política opta por el Centralismo, por el método expeditivo de obviar toda referencia a la descentralización. Así surgen –con el único amparo de la Legislación “Fundamental” franquista- las autonomías vasca y catalana, luego consolidadas en el Título Octavo –y Disposición Adicional Primera y Derogatoria Segunda). La voluntad popular fue desgajada de la artificiosa construcción territorial del constituyente del 78. Así, el caso gallego: Se dio por aprobado pese al 72 % de abstención (más del 80 % en Orense), pese a la vergonzosa campaña publicitaria institucional a favor del Estatuto de la abstención. Que es el actual. Ante los problemas que causaba la ocurrencia de los nuevos demócratas de toda la vida, por acuerdo de Calvo Sotelo y Felipe González, se encargó a una comisión “de expertos”, presidida por García de Enterría (que poco tiempo después fue detenido –no juzgado- con cientos de millones en la frontera, que pretendía “sacar de España” -blanquear-; nuestros expertos, es que ya se sabe como son). Y entonces llegó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), 14 de cuyos 38 artículos serían anulados por el Tribunal Constitucional. El resto es la historia en la que aún estamos inmersos. Como sabemos, el “Estado de las Autonomías” ha sido la primera fuente de problemas políticos y, sobre todo, competenciales, de estos “otros” 40 años. Así, por ejemplo, en 1985, el Tribunal Constitucional resolvió ¡¡ 135 !! Conflictos competenciales entre el Estado y las CC.AA. Todo ello ha dado lugar a una enorme conflictividad judicial; en especial en la Jurisdicción Contencioso Administrativa (no solo en ésta). Ejemplo de esta inseguridad extrema, en la que no se sabe nunca quien es la administración competente en una misma materia, es la Legislación sobre costas, cuya litigiosidad es proporcional a la inseguridad de determinación de la legislación aplicable, en casi cualquier supuesto; pues confluyen normas estatales y autonómicas que se desarrollan sobre diversos ámbitos competenciales confluentes en un mismo territorio; ¿es medio ambiente o aguas interiores?; ¿es tributación autonómica o legislación tributaria estatal invadida por leyes autonómicas? ¿la carretera o el puerto se sujeta a normas estatales o autonómicas (según qué competencias delimitemos dentro de un mismo asunto)? La ausencia de seguridad jurídica, derivada de la maraña competencial, que no deja de complicarse nunca es, exclusivamente, fruto del más que defectuoso sistema competencial diseñado por los constituyentes postfranquistas. En realidad, una descentralización política como el Estado de las Autonomías (patente española; sin desarrollo comercial), que en lugar de solucionar el problema territorial que arrastramos desde hace siglos, lo ha agravado hasta extremos inauditos. Como vemos día a día desde hace 40 años. Empezando por el Castellano que, como su propio nombre indica, es la lengua oficial de España, la imposición centralista, que se disfraza de descentralizada –nada más falso- mediante el engendro jurídico y político del Título Octavo de la Constitución, no ha dejado de agredir nuestra solidaridad interterritorial. Un Estado Federal (hay muchas opciones dentro de él; aunque algunas son de similar conflictividad que el demencial sistema autonómico actual; así, el llamado Federalismo asimétrico), soluciona todos estos conflictos, que atenazan nuestra convivencia; ante la complacencia de la CASTA Política y financiera, verdaderos beneficiarios de nuestros problemas, que por eso enquistan y nunca resuelven. Divide y vencerás. ¿Cuáles son las diferencias entre Estado Autonómico y Estado Federal? Definiré como Estado a una comunidad humana asentada sobre un mismo territorio que se define como libre no aceptando la imposición de otros tributos que los que ella misma decida imponerse. Es el inicio de la primera revolución; la Guerra de la Independencia Americana de 1776; que tuvo lugar por el rechazo a pagar los impuestos decididos desde la metrópolis de la colonia, que luchó y consiguió su independencia; para someterse solo a su propio poder tributario; el de su Parlamento. ¿Y, qué pasa con la Jefatura del Estado en un Estado Federal? Pues que se ha de votar periódicamente, entre todos los Estados Federados, un Jefe del Estado. O lo que es igual, que se acaba el Régimen Postfranquista, en el que el Jefe del Estado es inviolable, es impuesto con carácter vitalicio, inmune a cualesquiera elecciones políticas. ESTA ES LA VERDADERA LINEA ROJA. LA MONARQUÍA, garante del “atado y bien atado”. Con un Estado Federal se acaba con la indefinición del titular de las competencias públicas sobre un mismo territorio, se acaba con el caos político, legislativo y judicial, implantando la Seguridad Jurídica. Cada Estado Federado es titular de su propio poder tributario, y se habrán de pactar (bien en la nueva Constitución, bien por los respectivos Parlamentos) las aportaciones de cada uno al sostenimiento de las cargas públicas comunes –para todos los Estados federados. Nada más. Ni nada menos. No tengamos miedo. Tampoco a que cada sujeto político sea titular de su propio poder tributario. Se llama Libertad. VIVA LA REPÚBLICA FEDERAL!!

   Hace 7 años 6 meses

6. kamilore

   Análisis "Gourmet"... Gracias por sus artículos Sra. Artal

   Hace 7 años 6 meses

7. M cinta

   Muy buen resumen de la situación. Felicidades por tu lucidez Rosa María

   Hace 7 años 6 meses

8. JRG

   Muy buen artículo. . Una cosa que me está impresionando es la unanimidad en todos los grandes medios de comunicación. Todos ellos están dándolo todo por defenestrar lo antes posible a Sánchez y justificar que era absolutamente necesario darle la patada "por España". . Ahora mismo, llevan más de media hora dándole voz a Pradas en el programa de Ana Rosa (T5)... mientas que con Susana Griso (A3) tienen a Carmona. Ambos con el mismo discurso. Explicando lo malo y terrible que ha sido Sánchez y justificando -con la ayuda de los periodistas- la futura abstención a Rajoy. Sin que se note mucho, claro. . Y en La Sexta, el amigo Ferreras lleva un par de días sacando sistemáticamente a Angélica Rubio, otra de la cuerda anti-Sánchez... encima disfrazada de analista. Junto con toda su trole habitual de "camaradas". . Es vergonzoso, patético. Ya están en la fase de la construcción del relato. Tienen que convencer que es lo mejor "para España" y para el PSOE. que sino, vienen los malos y los independentistas. Vomitivo.

   Hace 7 años 6 meses

9. Jon

   Total y tristemente de acuerdo

   Hace 7 años 6 meses