Las misiones militares en el exterior, un foco de opacidad y descontrol
La PNL que Podemos presenta en el Congreso exige rigor y transparencia en los presupuestos de Defensa, que se cifran en torno a los 14 millones anuales y acaban siendo alrededor de 800
Esteban Ordóñez Madrid , 26/06/2017
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Al spot del día de las Fuerzas Armadas de este año se le vio el plumero. En 20 segundos, desveló el sueño militar del Gobierno: que dejemos hacer y no nos enteremos de nada. 20 segundos. Una imagen apacible de un avión con un rótulo: “Nunca oyes un caza cuando vigila nuestras fronteras”, a la vez, se escuchan pájaros. Un barco deslizándose y otra frase: “… ni una fragata mientras patrulla las costas”, de fondo, alguien canta cumpleaños feliz. “Tampoco una operación de alto riesgo, pero sí lo notas en la tranquilidad que disfrutamos todos”, ahora, chapuzones de piscina, niños. Se trata de una feliz traducción de la opacidad del Ministerio de Defensa y del funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Cualquier óptica paternalista contiene un afán de ocultación, una apropiación de privilegios y, en consecuencia, un menosprecio. El Gobierno sólo incluyó los Programas Especiales de Armamento en los Presupuestos Generales cuando le obligó el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la financiación de las operaciones militares en el exterior, a pesar de las reclamaciones de asociaciones de transparencia, sigue sumida en la oscuridad.
Un informe de Transparencia Internacional de 2015 recomendó a España formar a un personal militar crítico e independiente para vigilar lo que ocurre en las misiones, “especialmente en aquellas de paz y en la contratación, donde se hallan las mayores tasas de corrupción en el sistema de defensa”. La mayoría del gasto invertido se inyecta sin control. Anualmente se suelen presupuestar unos 14,3 millones de euros, pero al final del ejercicio se gastan cerca de 800. La diferencia nace de succionar el Fondo de Contingencia: un dinero reservado para emergencias e imprevistos. Muchas de las operaciones permanecen en el tiempo, no surgen súbitamente, es decir, su gasto puede preverse. No obstante, año tras año, se adjudica una suma ridícula. Irene Lozano, ex de UPyD que vigiló el Ministerio de Defensa durante sus años de diputada, opina que, una vez sumergidos en ella, la dinámica de opacidad sirve para todo: “Si saliera toda la información, saltarían irregularidades, de modo que mejor meterlo todo en un saco negro”. En esta órbita, el 27 de junio se presenta una Proposición no de Ley (PNL) que Unidos Podemos registró el pasado 23 de mayo, en la que pide incluir con más “rigor, transparencia y realismo” estos gastos en los PGE, exige mayor “precisión y detalle” en la información facilitada e insta al Gobierno a que sólo queden fuera de las cuentas anuales aquellas operaciones realmente imprevistas.
La mayoría del gasto invertido se inyecta sin control. Anualmente se suelen presupuestar unos 14,3 millones de euros, pero al final del ejercicio se gastan cerca de 800
El Tribunal de Cuentas, en 2012, tildó de irregular este sistema y habló de falta de rigor y realismo: “No puede admitirse que son gastos imprevistos, ya que la práctica totalidad de las misiones tuvieron origen en ejercicios anteriores”. El organismo criticó que se producía una carga de trabajo asfixiante para los encargados de la tramitación: una gestión “extremadamente laboriosa, confusa y formalmente irregular”. En realidad, el nivel de previsión es tal que, para 2017, ya sabemos que el gasto final en misiones ascenderá a 1.063 (200 millones más de lo habitual), cargados igualmente al Fondo de Contingencia. “Se trampea así para que no parezca que aumenta el gasto en Defensa; se debería explicar lo que hay que gastar y por qué”, anota Lozano.
Un pistoletazo de salida para el despilfarro y las corruptelas. José Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa (2008-2011) y miembro de Podemos, opina que las misiones en el exterior son una “caja de Pandora”. “Hay compras, contratos sin publicidad en cáterin, transporte para los relevos, transporte logístico, inversiones en las bases, seguridad privada, y todo esto se saca de los créditos ampliables, que solo dependen de la aprobación del Consejo de Ministros. Es la filosofía de la falta de transparencia”, explica. El Parlamento carece de derecho de decisión sobre estos montos, la ley sólo obliga al Ejecutivo a informar a la Cámara trimestralmente: una práctica de hechos consumados. Aun así, Lozano y Rodríguez coinciden en que los datos proporcionados aportan poca utilidad. “Son escasos, básicos, te dan unos costes generales por misión, pero no se desglosan. Cuanto menos desglosan, menos preguntas; esa es la estrategia”, reflexiona Lozano.
Para Tica Font, investigadora del Centre Delàs, el método de organización de las contrataciones favorece el descontrol y las corruptelas: “Cada una de las divisiones, tierra, mar y aire, posee su propio sistema, no es único para todos. Además, la opacidad y el sentido jerárquico con que se llevan a cabo hace muy difícil que todo sea limpio”. A esto se añade el gueto judicial que rige el estamento militar: “Si alguien de graduación inferior presenta una denuncia acusando a un superior de alguna irregularidad, se ocupará asuntos internos. Es imposible que esto prospere porque si lo haces, sabes que vas a acabar en la calle; la presión psicológica y laboral va a ser brutal. Por eso, prácticamente no hay casos de denuncia”, lamenta Font. Suenan pocos nombres, apenas los de Zaida Cantera y Luis Gonzalo Segura. A este último, exteniente del Ejército de Tierra, después de arrestos y presiones, lo expulsaron del cuerpo y, finalmente, el Tribunal Supremo ratificó el despido, no porque concluyeran que sus acusaciones eran falsas, sino por considerar que Segura había actuado de manera contraria a la disciplina.
España cuenta con un buen número de misiones en el extranjero; según el Ministerio de Defensa, ascienden a 22. Hay 2.920 efectivos desplegados (y se superarán los 3.000 en breve) bajo directrices de la OTAN, la ONU, la coalición contra el DAESH, o como parte de acuerdos bilaterales de seguridad. La cifra de despliegues no nace de ninguna obligación contraída al formar parte de organismos internacionales: “El país es soberano, en Líbano no participan todos los países, en Afganistán tampoco, pero hay presiones de grandes potencias. No ir implicaría costes políticamente como quedarse sin el Ave a la Meca o desventajas de ese tipo. La política funciona así”, expone Julio Rodríguez.
En el ámbito de la defensa existe, de facto, un estado de excepción informativo. La ley orgánica de la Defensa Nacional y las Directivas de Defensa instan a los poderes públicos a promover la llamada cultura de defensa
La opacidad se escurre en un ambiente fácilmente transitable y amistoso. Las Fuerzas Armadas reciben en los barómetros del CIS buenas valoraciones por parte de los ciudadanos. Además, la información que debe manejarse para vigilar bien su funcionamiento y detectar negligencias es meditadamente densa y caótica, y su análisis requeriría mucho personal especializado. En el ámbito de la defensa existe, de facto, un estado de excepción informativo. La ley orgánica de la Defensa Nacional y las Directivas de Defensa instan a los poderes públicos a promover la llamada cultura de defensa, que, según un informe del Centre Delàs, no busca abrir debate sobre cuestiones fundamentales del ejército, sino de motivar una aceptación acrítica por parte de los ciudadanos. Julio Rodríguez lo califica como una “cultura corporativista”. Para asentarla, se diseña un léxico eufemístico y una reconstrucción parcial del trabajo militar. “Hablan de Afganistán”, se queja Tica Font, “y lo único que presentan es el navío de médicos atendiendo a la gente; eso es distorsionar la realidad, no están allí como una ONG, sino como misión militar. Otra cosa es que dediquen algo de su tiempo a atender sólo a la parte de la población civil cuya confianza interesa ganarse para que no les compliquen la vida mientras estén allí”.
Existen misiones, por ejemplo, de formación, como en Somalia, Mauritania, Túnez, Irak. Misiones que tampoco revisten urgencia y que, además, podrían ejecutarse en suelo español con menor gasto. “Si ellos vinieran ya no contaría como operación exterior y no se financiaría por Contingencia. Además, así las tropas se mueven, están seis meses y consiguen que las unidades se agoten: se bombea, se da músculo”, analiza Rodríguez. Las operaciones son una forma de mantener la operatividad de una maquinaria en la que se ha comprado armamento de más, incluso armamento inútil. “Si no tengo dinero para mover ciertos barcos o aviones, cojo un crédito ampliable y los mantengo operativos –razona Rodríguez-. Si hemos de recurrir a eso, a lo mejor es que estamos sobredimensionados”. En ese punto, inflar las amenazas, como se hizo con el pacto contra el yihadismo, justifica como nada el armatoste militar. Las amenazas, además, neutralizan las preguntas, las críticas, las denuncias, y sobre todo, motivan ese silencio y esa conexión entre ignorancia y seguridad que celebraba con tanta complacencia el spot del día de las Fuerzas Armadas.
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Esteban Ordóñez
Es periodista. Creador del blog Manjar de hormiga. Colabora en El estado mental y Negratinta, entre otros.
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