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Unos pocos días antes del 1 de octubre no me parece aventurado vaticinar que los objetivos declarados de la consulta no se van a alcanzar suficientemente. No va a ser posible ofrecer un resultado, en cuanto al nivel de participación, que permita sustentar la idea de que una mayoría de la sociedad catalana es partidaria de que Cataluña sea una república independiente. Será, eso sí, una jornada de amplia movilización, con mucha gente en la calle, pero, en rigor, no un refrendo.

En estas líneas no voy a volver la vista hacia el pasado reciente sino que me limitaré a desgranar unas cuantas consideraciones sobre el post 1-O.

Mis reflexiones parten de los siguientes supuestos, que me parecen bien fundados. 

Según diferentes encuestas, una parte importante de la población catalana (en torno al 80%) desea ser consultada sobre el futuro de Cataluña.

Ahora mismo no es posible saber qué porcentaje de ese 80% sería favorable a una secesión propiamente dicha. A juzgar por los sondeos conocidos, tal porcentaje dependería de las opciones que se ofrecieran en un posible referendo. Y también de factores coyunturales. A mediados del actual mes de septiembre, las encuestas estimaban que el número de partidarios de la independencia estaba estancado, si no en retroceso (entre un 40 y un 50%). Hoy, después de las torpezas cometidas por el Gobierno de Rajoy en el último período es posible que el independentismo haya crecido algo.

La validez de la consulta promovida por el bloque independentista es cuestionada por una parte importante de la población catalana. Así se puede apreciar en la encuesta de Metroscopia, sobre una muestra de 1000 personas residentes en Cataluña, publicada el pasado 10 de septiembre. Un 56%, frente a un 38%, opinaba que la consulta del 1-O no reunía las garantías precisas para ser considerada válida. El 56% se declaraba favorable a un proceso de negociación como el que viene defendiendo el Gobierno vasco, mientras que un 38% era partidario de que prosiga el proceso en los términos en los que se está desarrollando. Es de destacar que es la franja más joven la que expresa puntos de vista más críticos tanto con el Gobierno central como con el bloque independentista.

En el resto de las Comunidades Autónomas, la opinión pública es mayoritariamente contraria a la separación de Cataluña.

El 1-O quedará como el episodio culminante de una operación política promovida por la coalición independentista, pero no va a poder legitimar una proclamación unilateral de independencia

El 1-O quedará como el episodio culminante de una operación política promovida por la coalición independentista, pero no va a poder legitimar una proclamación unilateral de independencia. Lo que sí va a lograr en lo inmediato es afianzar el cuadro de confrontación que hoy conocemos y padecemos.

Estos supuestos gravitarán sobre los procesos políticos que puedan desplegarse en el período posterior al 1-O.

En mi opinión, cabe descontar que se reactive, al menos a muy corto plazo, una iniciativa como la que está abocada al fracaso el domingo.

Sí es posible, en cambio, que se abra un período electoral en Cataluña que traería un nuevo reparto de cartas. Previsiblemente, Esquerra Republicana superará ampliamente al PdeCat y podrá aspirar a gobernar, para lo que tendrá que buscar socios de gobierno. ¿Optará por reeditar una alianza del estilo de Junts pel Sí? A priori no parece lo más probable. ¿O preferirá una coalición orientada hacia la izquierda (con Catalunya en Comù)?

Sea como fuere, tanto por parte de la Generalitat como por la de los partidos con presencia en el Parlamento español (PP, PSOE, Unidos Podemos y Mareas, Compromís, Ciudadanos, PNV…), se iniciarán procesos en los que intervendrán nuevas propuestas, negociaciones, alianzas diversas.

Voy a situarme en ese horizonte.

Entiendo que estamos bajo el dominio de una inercia de la confrontación y que la primera necesidad para ir hacia algún tipo de solución negociada es alejarse de ella. 

¿Es posible avanzar en esa dirección con los interlocutores actuales? Rozando el eufemismo –o zambulléndome de lleno en él– se puede decir que resulta sumamente difícil. Rajoy y Puigdemont han encarnado perfectamente esa dinámica de la confrontación. Cuesta pensar en Puigdemont conduciendo la parte independentista en la nueva etapa que se abre el 2 de octubre. Cuesta aún más verlo como representante de la sociedad catalana en toda su pluralidad, cuando hasta ahora no ha pasado de ser el líder del sector independentista. Aparte de que, si hay elecciones catalanas, será Esquerra la que ocupe la posición predominante. En el otro lado, ya no es solo Rajoy el problema sino el PP, que siempre ha considerado Cataluña con esa actitud distante, carente de empatía y desconfiada tan característica de la mayor parte de la derecha española. Dudo mucho que la actual situación se pueda desbloquear sin un cambio de gobierno, o, mejor, de gobiernos.

Unos nuevos gobiernos catalán y español son necesarios no solamente para emprender otras relaciones entre ellos sino también para liderar nuevas actitudes, en Cataluña y en el conjunto de España, respecto a la convivencia y a la cohesión social, a la idea de Cataluña y a la idea de España.

El PP siempre ha considerado Cataluña con esa actitud distante, carente de empatía y desconfiada tan característica de la mayor parte de la derecha española

Es posible que no tarde en haber elecciones en Cataluña y que haya un nuevo gobierno de la Generalitat. El Gobierno español, sin embargo, en principio tendrá que esperar a 2020. Es demasiado tiempo. No obstante, puede ocurrir que los actuales factores de inestabilidad –entre los que se cuentan las dificultades del PNV para dar su apoyo a los presupuestos del PP–  traigan consigo un adelanto electoral.

De manera que no hay muchos motivos para esperar grandes cosas al menos a corto plazo.

Así y todo, se inicia una etapa de reflexión: es necesario pensar en otras formas de encauzar los problemas, aunque sepamos que sus posibilidades actuales son muy escasas. 

Es un lugar común que hubo un tiempo, no tan lejano, en el que podía haberse logrado un acomodo de Cataluña en España sin necesidad de pensar en un referendo de separación. Aquel tren pasó de largo. Pero, ¿pasó de largo definitivamente? Esta es una cuestión controvertida.  

Soy partidario de empezar por esbozar un escenario ideal en el que se negocie sobre el pacto fiscal, las competencias y el nivel del autogobierno catalán, las inversiones, los procedimientos y diversos aspectos simbólicos. Esa negociación debería incluir una reforma de la Constitución que diera cabida a la posibilidad de celebrar un referendo catalán.

Pienso en medidas que (1) den satisfacción a una parte del electorado que hoy se inclina por la independencia y a ese sector muy amplio que no demanda la independencia sino más autogobierno; (2) permitan un pacto social dentro de la Cataluña plural identitariamente (el independentismo no solo tiene un conflicto con la España exterior sino también con la España interior), un pacto que no sería el más apetecible para todas las partes pero que pudiera ser admisible para todas ellas; y (3) faciliten el acuerdo con la población española en su conjunto, en la que los sectores más jóvenes muestran, según las encuestas, actitudes menos rígidas en este terreno.

Si se llegara a algún compromiso político sobre estas cuestiones –sigo con mi escenario ideal, a sabiendas de que está fuera de la realidad actual–, ese acuerdo debería ser sometido a un referendo en Cataluña, atendiendo así la reivindicación mayoritaria de que haya una consulta a la sociedad catalana (hay distintos referendos posibles y este es uno de ellos).

Mi preferencia por una solución de este tipo está motivada en buena medida por los inconvenientes que tendría el referendo de separación.

Señalaré los que me parecen más importantes.

El referendo mismo entrañaría tensiones en la sociedad catalana, seriamente dividida actualmente respecto a este asunto. La experiencia escocesa, al parecer, no fue especialmente problemática en este sentido. La población escocesa, a diferencia de la catalana, es poco diversa en su composición identitaria. Quebec, sin embargo, cuenta con una población más plural: aunque algo más de un 80% es francófono, en el área metropolitana de Montreal, baja del 70% el porcentaje de francófonos. Según los más variados observadores, tanto el primer como el segundo referendo (1980 y 1995, respectivamente) dieron lugar a evidentes tensiones en la población.

Por otro lado, en la actualidad, la sociedad catalana está dividida respecto a la disyuntiva secesión si/secesión no. Si fuera viable una fórmula que, sin ser la mejor para nadie, fuera suficientemente aceptable para una amplia mayoría, se habría dado un paso importante en la necesaria cohesión social. Esa fórmula representaría un pacto social interno en Cataluña, algo más difícil de alcanzar si se celebrara un referendo de secesión que obligara a elegir entre el sí a la independencia y el no.

Estos son dos inconvenientes de bulto que presenta el recurso a un referendo de secesión. Pero hay más. La consulta sobre una posible secesión podría dar el triunfo a la constitución de Cataluña como Estado, y esto último, a su vez, conlleva ciertos problemas que han sido comentados abundantemente y en los que no me extenderé.

Estoy refiriéndome al mantenimiento de la prosperidad económica lograda por Cataluña: ¿sería posible mantenerla si se producen alteraciones, no descartables, en la relación de la economía catalana con el mercado español, al que se dirige un tercio de las exportaciones catalanas? No se pueden ignorar los estudios que prevén un descenso del PIB catalán y una crisis tanto en Cataluña como en el resto de España. ¿En qué situación quedaría Cataluña en relación con la Unión Europea, a la que, por de pronto, dejaría de pertenecer, por mucho que lo nieguen los valedores del independentismo? ¿Qué problemas acarrearía esta situación para una Unión Europea necesitada de mayor integración y cohesión? Hay certezas inquietantes e incertidumbres preocupantes.

Es de temer que un triunfo del independentismo trajera consigo un poder catalán que, visto lo visto, no contribuiría precisamente a reforzar el pluralismo en la política catalana

Además, es de temer que un triunfo del independentismo trajera consigo un poder catalán que, visto lo visto, no contribuiría precisamente a reforzar el pluralismo en la política catalana.

Hay, en fin, un aspecto que ha sido tapado por la sal gruesa de la confrontación: la separación de Cataluña supondría el fin de la participación catalana en el sistema de solidaridad español.

Todo esto dibuja un panorama bastante problemático.

Pese a todo, y aun en el caso de que convengamos que estos inconvenientes son reales, su existencia no sería razón suficiente para justificar una negativa absoluta al referendo de separación. Simplemente aconsejan tantear antes otros caminos. Pero si estos intentos se agotan sin alcanzar los fines perseguidos, el referendo de secesión sería un recurso del que habría que echar mano. 

Y no porque así lo exija un derecho a la autodeterminación, que en un caso como el catalán no puede fundarse en la legislación internacional, aunque se repita interesadamente lo contrario en el argumentario independentista. 

La Carta fundacional de las Naciones Unidas, de 1945, reconoce el derecho de autodeterminación interno, cuya expresión son los derechos políticos de los ciudadanos a participar en elecciones democráticas y en las instituciones políticas. El derecho de autodeterminación externo, que es de lo que estamos hablando cuando se trata de un proceso de secesión, queda limitado a las situaciones de dominación colonial o de ocupación extranjera, lo que no hace al caso en Cataluña.

Si hay que recurrir al referendo de secesión no será en aplicación de ese supuesto derecho sino, simplemente, para resolver un problema político que corre el riesgo de pudrirse y al que hay que dar una solución democrática.

Estimo que es convincente, en este punto, el criterio sostenido en el dictamen del Tribunal Supremo canadiense del 20 de agosto de 1998. Según el mismo, si una clara mayoría de la sociedad quebequesa manifestaba una voluntad secesionista, el sistema constitucional canadiense debería habilitar los medios para que se pronunciara sobre el particular libre y nítidamente. En esta estela se ubicó la Cámara de los Comunes canadiense cuando aprobó la Ley de Claridad el 29 de junio del año 2000.

Llegado el caso, la doctrina canadiense podría, a mi parecer, ser una referencia útil para abordar un proceso de referendo en Cataluña.

Si se llega ahí, el cómo, empezando por el calendario, ocuparía el centro de las negociaciones.

El aludido dictamen del Tribunal Supremo canadiense precisó justamente unos límites a la negociación entre las partes. Los términos de la secesión deberían respetar los principios democráticos, los derechos de las minorías y de los individuos, tal y como son reconocidos por la Constitución canadiense.

La también mencionada Ley de Claridad, por su parte, estableció unas exigencias para que la pregunta formulada en el referendo quedara libre de ambigüedades y para que el respaldo obtenido fuera incuestionable, lo que afectaba al quórum de participación y de votos afirmativos. No valía cualquier nivel de participación ni cualquier mayoría favorable a la secesión.

Asimismo, postuló una reforma constitucional que permitiera la secesión si esta conseguía los apoyos requeridos.

En lo tocante a un eventual referendo en Cataluña, habría que tener en cuenta que elegir entre un sí y un no a la secesión, sin más, daría lugar a un resultado de todo o nada o, si se prefiere, de vencedores y vencidos, incapaz de sustentar un acuerdo social ampliamente satisfactorio. Con el agravante de que ese resultado dominaría el orden político catalán durante años (los referendos de este calibre no se repiten con frecuencia).

Por ello, sería pertinente que se tomaran en consideración los estados de opinión que se han expresado en los sondeos en relación con la secesión. La formulación de la consulta debería permitir que se expresaran adecuadamente quienes podrían optar por la independencia si la disyuntiva fuera mantener la situación actual o la secesión, pero que se inclinarían hacia un desarrollo del autogobierno en lugar de la independencia si pudieran hacerlo.

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Eugenio del Río fue uno de los fundadores del MCE (Movimiento Comunista de España). Ha escrito entre otras obras, Primeros pasos de Podemos. 2014-2015 (Gakoa, 2016), Liderazgos sociales (Talasa, 2015), y De la indignación de ayer a la de hoy. Transformaciones ideológicas en la izquierda alternativa en el último medio siglo en Europa occidental (Talasa, 2012).