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El 24 de enero de 2018, el expresidente de Brasil Lula da Silva fue condenado en segunda instancia por el TRF-4, el tribunal regional federal con sede en Porto Alegre, a 12 años y 1 mes de cárcel. Es más que probable que los tres magistrados responsables de revisar la sentencia se pusieran de acuerdo para aumentar la condena en más de 2 años de prisión respecto a la sentencia de primera instancia del juez Sergio Moro. El objetivo del fallo no ha sido construir una verdad procesal con base en la jurisprudencia, sino dialogar con las redes sociales y los órganos de prensa, ganar la batalla político-partidaria en que el poder judicial es una pieza clave y apoyar sin fisuras las demandas golpistas en contra de la izquierda del país.

El proceso por el que el político ha sido condenado está enmarcado en la llamada operación Lava jato (lavado a presión), de luchas contra la corrupción dentro del gigante petrolero Petrobras. El tribunal de apelación ha decidido el caso en un tiempo un récord, cosa poco común, con el objetivo de que Lula, líder en todas las encuestas de opinión pública desde hace más de 6 meses, no pueda ser candidato a las elecciones de 2018. Ni el fallo del ponente ni los otros dos magistrados han tenido en cuenta que la sentencia condenatoria de instancia carece totalmente de pruebas, ya que la acusación se centra en el supuesto soborno pagado por la constructora OAS al exmandatario a través de un tríplex en la playa de Guarujá (Sao Paulo), pese a que en la esfera judicial jamás se ha podido probar la propiedad o simple posesión del piso por el expresidente. La premisa acusatoria se centra en la hipótesis de que, en calidad de funcionario público, Lula da Silva había recibido ventajas económicas indebidas por una actuación relacionada con sus atribuciones. El problema es que los elementos objetivos que configuran el delito no aparecen en ningún lugar en la sentencia, ni su calidad de funcionario público, porque el acusado no ostentaba cargo en la fecha de la supuesta aceptación del soborno; ni hay ventajas económicas, porque Lula da Silva nunca ha sido propietario del piso en cuestión; ni el acto del funcionario asociado a la supuesta prebenda adquirida, puesto que los magistrados jamás han individualizado un acto del presidente que haya beneficiado a la constructora como contrapartida del regalo recibido.

Preliminarmente, el juicio ya estaba viciado, pues en la elección del tribunal en la segunda instancia no se cumple el principio del juez natural. Según tal principio, ni el enjuiciado puede elegir el tribunal donde será juzgado, ni el tribunal puede elegir el reo para juzgarlo. El tribunal de Porto Alegre era por tanto incompetente para juzgar el caso dado que el piso está situado en Guarujá (Sao Paulo) y no en el estado de Río Grande del Sur. Como ya se ha dicho, en cuanto al objeto de la causa, en primer lugar, la sentencia no ha demostrado que el tríplex pertenezca al reo sino que, de hecho, sigue siendo propiedad de la constructora hasta el día de hoy; la propia constructora OAS ha puesto el tríplex de Guarujá a disposición del juicio como garantía en el procedimiento a que está siendo sometida.

En segundo lugar, aunque se hubiera probado que el piso pertenece al condenado, tampoco se ha probado que lo haya pagado con un soborno de Petrobras. No hay ninguna prueba que relacione un cohecho y la compra de ningún inmueble (conexión causal inexistente). Lo que sí ha quedado demostrado es que, una vez más, la decisión se basa en meras convicciones de culpabilidad por parte de los magistrados. Esas convicciones se basan en denuncias obtenidas gracias a las presiones judiciales a un ejecutivo de la constructora OAS (Leo Pinheiro, beneficiado después con una significativa reducción de pena), sin atenerse al elemento probatorio fáctico. Lo único que no admite conjeturas es que, después de dos años de exhaustiva investigación sobre el patrimonio de Lula, no se ha encontrado ninguna prueba delictiva en su contra. Los magistrados del Tribunal de Porto Alegre han preferido atenerse a las conjeturas, conectar denuncias de delatores amedrentados y, sobre todo, elogiar el trabajo en primera instancia del contestado juez Moro. Nada más ingenuo que creer en las deducciones del fallo del ponente y los votos de los otros dos magistrados, porque el afán del poder judicial nunca ha sido combatir la corrupción en el país, que afecta a todas las instituciones, incluso a la propia justicia. Su objetivo principal es complacer a sus amos y dar fin a la carrera política del amenazador exmetalúrgico de 72 años.

La condena de Lula da Silva está enmarcada en el último acto del golpe jurídico-mediático-parlamentario de 2016, cuyo objetivo último era desalojar al Partido de los Trabajadores de las instituciones del país. Desde que los poderes fácticos brasileños, aliados a intereses del capital internacional, decidieron derribar a la presidenta legitima, Dilma Rousseff, a través de una alianza espuria entre poder judicial, medios de comunicación y partidos de oposición que dio lugar a un impeachment ilegal, era patente que el obstáculo para el éxito definitivo del golpe era la figura mítica de Lula da Silva. Rousseff fue defenestrada del cargo sin haber cometido ningún delito, hecho que, en el sistema presidencialista brasileño, es una aberración, va en contra la Constitución y de las leyes del país. Borrar al fenómeno político Lula da Silva era el siguiente objetivo. 

Los dramáticos eventos de 2016 simbolizaron el fin del Estado democrático y de derecho en Brasil, que ha optado por la prevalencia de la arbitrariedad que ha contaminado todas las instituciones en un país en permanente estado de excepción. Todo ello ha sido posible por la engañosa narrativa del combate a la corrupción. En este último juicio ha quedado más que claro que la condena del expresidente obedece a un programa político cuyo objetivo es destruir su imagen pública, encarcelarlo y apartarlo de la vida política para siempre dejándole fuera de las próximas elecciones. La unanimidad en el aumento de la pena por parte de los tres magistrados ha sido una clara señal de que la justicia ha actuado de nuevo como un cártel sin fisuras con unos objetivos claramente espurios de impedir, entre otras cosas, la prescripción retroactiva de la pena.

Las arbitrariedades cometidas por los órganos de la justicia en contra del expresidente han sido incontables. El procedimiento empezó el 14 de septiembre de 2016, cuando el ministerio fiscal brasileño, dando nueva prueba de desprecio a los procedimientos judiciales, vulneró la regla procesual que exige que la acusación se haga ante un tribunal y convocó una rueda de prensa para presentarla. El power point que presentó el fiscal Dallagnol ante los medios de comunicación estaba lleno de suposiciones contra el expresidente, pero no aportaba ninguna prueba. El espectáculo fue tan grotesco que hasta un periódico francamente golpista y contrario al expresidente como Folha de São Paulo no tuvo más remedio que reconocer, en su editorial del día siguiente, que no se había presentado ninguna prueba contra el expresidente. 

El 20 de septiembre, el juez Sergio Moro aceptó a trámite la denuncia del ministerio fiscal contra Lula da Silva, argumentando que constituía una oportunidad para el expresidente, que podría defenderse de la acusación sobre la supuesta propiedad oculta de un piso en Guarujá. Curiosamente Lula da Silva fue quien recuperó la empresa para el país y puso todo su empeño en que Petrobras controlara la explotación de las importantes reservas petrolíferas del Pre Sal, en perjuicio de las empresas norteamericanas.

La actuación arbitraria de la justicia en los escándalos de corrupción en Brasil ya había desvelado el peligro que corría la democracia en el país. Se confirma que tener la justicia y el ministerio fiscal actuando como un partido de oposición, junto con una policía sin controles, equivale a un estado de derecho tambaleante. En efecto, un poder judicial prepotente, en sintonía con unos medios de comunicación sin escrúpulos, que incitaron a la población a derribar al gobierno democráticamente elegido y el odio contra un ciudadano, ha llevado al país a una paranoia colectiva cercana a la irracionalidad. 

El espectáculo de criminalización de la política ha sido fácil de montar: un ambicioso juez estrella entra en escena al servicio de los golpistas, se le suma un ministerio fiscal corporativo y arbitrario y por fin una policía federal fuera de control, hasta del propio ministerio al que está subordinada. Todos juntos han montado un dispositivo judicial-policial para derribar al gobierno, practicando las más burdas ilegalidades, sin que ni la Corte Suprema, guardiana de la Constitución, ni el órgano de control de los jueces: el Consejo Nacional de Justica y el Consejo Nacional del Ministerio Fiscal, hayan hecho nada para frenarlos. Al contrario, los han alentado, han sido sus fiadores en los momentos cruciales.

Las violaciones de las garantías legales cometidas por jueces, fiscales y la policía en la llamada operación Lava jato han sobrepasado los niveles sostenibles en cualquier Estado democrático. Los métodos de investigación aplicados por policías y fiscales han sido del todo heterodoxos, por no decir arbitrarios. Las tesis judiciales son surrealistas: para empezar, los investigadores montan una hipótesis, de partida inamovible, y sobre ella construyen toda la estructura de la acusación contra determinados personajes de la política o empresarios con contratos con el gobierno; mientras la investigación avanza, y a pesar de que no haya pruebas que confirmen su teoría, no se mueven ni un milímetro de sus convicciones. Al contrario, manipulan los hechos para que coincidan con su idea de partida y relativizan las pruebas que la desmienten. Esa es la noción central de este tipo de juicio, basado en la fuerza de la convicción, del apego, a cualquier precio, a la fe. El proceso contra Lula da Silva parte de un argumento acusatorio que, si se cumplieran los principios procesales, debería ser puesto a prueba y contraprueba para comprobar su solidez. Pero, todo lo contrario, lo que confirmaba las acusaciones del juicio era válidamente considerado como prueba y lo que las contradecía era descartado. 

Uno de los métodos utilizados con ese fin es el de la prisión provisional arbitraria y prolongada indefinidamente como mecanismo de presión para obligar a los detenidos a acusar a otras personas, en muchos casos con total carencia de pruebas materiales. Ese ha sido el método usado contra Lula da Silva. Ello supone acudir al cumplimento anticipado de la pena a aplicando una técnica contra derecho que afronta directamente las estructuras del derecho penal moderno. En medio del proceso, se extraen selectivamente fragmentos de la denuncia para ser filtrados a los medios con el objetivo único de crear un juicio público anticipado sin que el acusado tenga el derecho a la defensa argumental en los grandes medios de comunicación. Una vez que se ha formado la opinión pública en contra del reo es fácil condenarlo y legitimar socialmente la sentencia injusta, aun siendo deficiente en sus elementos probatorio.

En todo el procedimiento de investigación sobre los crímenes contra Petrobras se ha abusado de las escuchas telefónicas a ministros, abogados defensores (se ha intervenido el teléfono del abogado del expresidente Lula da Silva), líderes políticos, empresarios y de un sin número de personas. Esta es una de las más abyectas lesiones al justiciable y al derecho de la defensa y vulnera el ejercicio de la actividad del abogado, protegida por el ordenamiento jurídico.

Se condujo coercitivamente a declarar al expresidente, que no se había negado a personarse en el procedimiento, con un aparato policial digno de una superproducción de Hollywood, con el objetivo de someter a los acusados a una anticipada condena pública. El juez vulneró con ello el art. 260 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal brasileña que solo admite la conducción coercitiva en caso de negativa del acusado a acudir al llamamiento de la justicia. Se han impugnado arbitrariamente nombramientos de ministros por parte de jueces de primera instancia que se declaran públicamente opositores al gobierno. Y para más arbitrariedad aún, se ha asistido a la ratificación por el Supremo de dicha impugnación: la de un magistrado declaradamente anti gobierno impugnando el nombramiento del ministro de la presidencia. Todo ello, no solo muestra la falta de imparcialidad de los jueces, sino también la práctica de unos truculentos métodos de intervención judicial inadmisibles en derecho, pero tolerados por las cortes brasileñas. El poder judicial suplanta al ejecutivo en una afrenta directa a la separación de los poderes de la República. 

Está comprobado que todas esas acciones se coordinaron con los medios de comunicación de tradición golpista (el grupo Globo y las principales cadenas, controladas por las cuatro familias dueñas de los medios de comunicación en el país). No hay duda de que esas prácticas de justicia-espectáculo tenían por objetivo provocar una conmoción, un juicio anticipado en la plaza pública que ha llevado a allanar el terreno para derribar al gobierno elegido democráticamente en 2014 y, posteriormente, condenar sin pruebas al expresidente. La teatralización del proceso sirve para que el juez construya la figura del enemigo fuera de la esfera judicial, para que no sea necesario la comprobación de la verdad procesual, sino el consenso de la opinión pública en relación a la sentencia. Es decir, la decisión del juez no se sostiene en la verdad procesal, sino que se legitima en el clamor popular, en la opinión pública formada por los medios de comunicación.

En todo caso, solo apoyándose en el argumento del combate de la corrupción, ha sido posible construir la narrativa del golpe dentro del poder judicial y de los otros órganos del Estado encargados de la represión de la criminalidad y convencer a la población de la necesidad de perseguir selectivamente a determinadas personas y organizaciones políticas. Dicha narrativa se remonta al juicio del Mensalão, pasa por el impeachment de Rousseff y termina en la prisión de Lula da Silva. La ruptura democrática que ha desembocado en la supremacía de las tesis de las fuerzas de represión del Estado, aplastando visiblemente los principios democráticos del Estado de derecho, solo ha sido posible en Brasil porque la bandera del combate a la corrupción ha sido enarbolada por jueces, fiscales y policías. Parte del poder judicial ha sido usado como agente capaz de atacar la democracia en nombre de una supuesta limpieza del país. Pero si el juez Moro de Curitiba y los fiscales han hecho lo que han querido sin dar cuentas a nadie, fueron los órganos superiores los que avalaron toda la acción arbitraria en el impeachment, por lo que son los mayores responsables del golpe en la esfera institucional. 

En cualquier sistema jurídico del mundo en que las reglas procesales funcionaran correctamente el juez de Curitiba estaría impedido de juzgar. Moro no atiende las reglas de imparcialidad que debe acompañar la actuación judicial, actúa como un acusador, más que como un juez de garantías. Los fallos del sistema procesal brasileño permiten que salga a la luz el problema más primario del proceso penal es la preponderancia en el sistema de un proceso inquisitorio. La cultura jurídica del juez Moro está fundada en una sobreactuación del judiciario que abarca la totalidad de la vida ciudadana. La sobreactuación de los aplicadores del derecho en Brasil es una amenaza al Estado de derecho que debilita la jurisdicción y el sistema democrático. El deterioro de los mecanismos de defensa de la democracia ha producido prácticas depredadoras que ha igualado a los representantes de las instituciones modernas con los cazadores de brujas de la Edad Media. La distinción entre instituciones democráticas que debían obedecer a un procedimiento legal moderno y el justiciero al servicio de intereses inconfesables se ha borrado. Todo ello ha llevado a que en el espacio de poquísimo tiempo el país se ha barbarizado y ha desaparecido la idea de poder público como espacio de todos en donde se respetan determinadas reglas para instalarse en la más absoluta inseguridad en donde solo vale la ley del poder privado.

El resultado final de este triste cuento no ha sido la victoria del Estado, a través de los jueces, sobre la corrupción. Muy al contrario, la suma final ha sido la negación de la democracia y del Estado de derecho y el fortalecimiento de un nuevo gobierno corrupto controlando las estructuras del Estado. El saldo ha sido la implosión del sistema político y la instalación del caos que catapulta al Estado brasileño a un retroceso en todos sus ámbitos. Además, ha provocado la aparición de una extrema derecha cada vez más fuerte, representada por el exmilitar Jair Bolsonaro, que atrae a los electores huérfanos de las doctrinas política autoritarias.

Un dato sociológico a tener en cuenta que no se puede desvincular de todo el proceso de destitución de la expresidenta Dilma Roussef y de la condena de Lula da Silva, es el carácter patológicamente clasista de la sociedad brasileña. Brasil convivió con la esclavitud legal durante más de tres siglos y medio. Pese a los movimientos abolicionistas, el esclavo negro en el país sólo se liberó de la opresión del hombre blanco en fecha tan tardía como el año 1888, 95 años después de que lo hiciera Haití, por ejemplo. Esa carga histórica no desaparece de un día para otro. Podría parecer que eso no tiene nada que ver con la todo lo que pasa actualmente, pero ese ex obrero metalúrgico, procedente de las clases populares, y esa mujer indomable jamás han sido aceptados por las elites locales. Solamente se les toleró mientras la economía iba de viento en popa. Ese dato por sí solo muestra la dimensión de las dificultades que tiene la sociedad brasileña a la hora de enfrentar el grave problema del reconocimiento social de las clases menos favorecidas dentro del sistema económico y político, hecho que ha sido siempre una prioridad de los gobiernos del PT. 

Quienes hayan leído Viva el pueblo brasileño de João Ubaldo Ribeiro pueden comprender de dónde viene la nefasta élite brasileña. Por qué los más privilegiados se sienten amenazados por los nuevos miembros de la clase trabajadora que adquieren visibilidad en la vida político-social del país ocupando espacios públicos que antes estaban reservados a la pequeña clase media. Por ejemplo, la élite heredera del esclavismo que tiene a sus hijos estudiando en la escuela privada no ha digerido bien la idea de que sus pupilos tengan que compartir pupitre en la universidad pública con los hijos de los trabajadores, gracias a la política de cuotas promovida por los gobiernos del PT para facilitar el ingreso de los jóvenes procedentes de la escuela pública o de los jóvenes afrodescendientes. No han aceptado aún que, gracias a los votos de las zonas más pobres del país, un tornero mecánico o una ex guerrillera hayan sido presidentes de la República. Parece increíble, pero hubo una gran polémica con el programa gubernamental Beca Familia, que consiste en dar una pequeña paga a las familias pobres por llevar a los niños a la escuela. No se criticaba el programa por no ir acompañado de un empoderamiento de las mujeres, sino que las críticas procedían de sectores de la clase media alta que argumentaban que el programa mantenía a personas sin trabajo con el dinero de los impuestos pagados por la clase media. Pero nadie de las élites se ruboriza por que el poder judicial ofrezca una ayuda para residencia a los jueces de la Lava jato, Sergio Moro y Marcelo Bretas, aunque tienen lujosos pisos en la ciudad de Curitiba y Rio de Janeiro respectivamente: Así es como actúan los moralistas de la justicia brasileña que persiguen a Lula da Silva. 

En los tiempos de bonanza económica las élites han permitido que el gobierno popular creara universidades en los rincones más remotos del país, escuelas de formación profesional, programas de combate a la miseria, programas de acceso a la universidad para negros y personas de baja renta. También el gran programa de combate al hambre y la beca familia, que sacaron al país del mapa del hambre de Naciones Unidas, se soportaron, aunque a disgusto. Permitieron un sin fin de acciones sociales, hasta que Lula da Silva impusiera que se destinara parte de las ganancias del petróleo de los nuevos yacimientos conocidos como Pre Sal al sector de la educación, un logro que molestó al lobby de las multinacionales del petróleo de EE UU.

La película de Anna Muylaert Una segunda madre (en que la empleadora del hogar no entiende cómo la hija de la trabajadora doméstica interna en su casa, recién llegada de un estado pobre del país, logra acceder a la mejor universidad pública de São Paulo) sintetiza muy bien cómo ha impactado en las clases altas la aparición en escena de una nueva clase trabajadora que emerge dignamente ocupando su espacio en la sociedad. Naturalmente la élite no ha perdonado al PT y  Lula da Silva debía pagarlo caro. En ese sentido la pena de cárcel que sectores de la derecha tanto anhela para Lula da Silva no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción que quieren dar a entender los jueces, sino con las cargas del pasado esclavista que no ha sido resuelto en la sociedad. Desgraciadamente después de más de una década de gobierno popular, en lo fundamental poco ha cambiado en la sociedad en la forma de encarar las situaciones de desigualdades sociales reales. Todas las tentativas de cambiar el país han acabado mal. Los gobiernos populares han sido perseguidos por las fuerzas conservadoras que mueven el país, así fue en 1964 cuando los militares fueron el brazo ejecutor del golpe, y así ha sido en 2016 con el impeachment de Rousseff y ahora con la condena de Lula da Silva cuando son el poder judicial y sus satélites los tentáculos que la élite mueve para realizar el trabajo sucio del golpismo. Lo que ha pasado con Lula da Silva y Rousseff, además de los intereses mezquinos del capital en juego solo ha sido posible por el odio de clase imperante en el país, porque en cierta medida ellos, con todas sus limitaciones, han sido los gobernantes que más han intentado dar visibilidad política a los sectores históricamente desfavorecidos de la sociedad brasileña.

El expresidente Luís Ignacio Lula da Silva es el mayor patrimonio político de Brasil. Incomparablemente el más popular, pese a la campaña mediática implacable que se ha dirigido en su contra. Ha soportado una campaña judicial en su contra tan brutal que para cualquiera otro político hubiera significado la muerte política definitiva. Tanto la policía como el ministerio fiscal y los jueces se han aplicado a fondo durante más de dos años de investigación sobre su vida para encontrar solamente nimiedades en su patrimonio y el de su fallecida mujer, Marisa, que han servido para acusarle con pruebas muy poco convincentes de haber cometido delitos gravísimos. Lula da Silva ha sido juzgado públicamente por los medios y perseguido con obsesivo empeño, no le ha sido dada la posibilidad de defenderse en la esfera mediática. Tales han sido los abusos cometidos en contra del expresidente por parte del juez Sergio Moro y los fiscales de la Lava jato, con la connivencia del Tribunal Supremo Federal, que al abogado de la defensa no le ha quedado más remedio que llevar el caso a instancias internacionales, para denunciar la persecución personal a la que la justicia brasileña ha sometido al expresidente y su familia. Dado que las autoridades judiciales brasileñas pasaron por alto las arbitrariedades cometidas, los abogados han acudido al Comité de derechos humanos de la ONU. El jurista italiano Ferajolli ha considerado la persecución judicial contra Lula da Silva un asunto que afecta a la credibilidad jurisdiccional en Brasil.

La historia del niño pobre que llega de la región más deprimida de Brasil para probar suerte con su familia en la metrópoli de São Paulo, que lucha contra la dictadura y por la democratización del país, que levanta el mayor sindicato y partido de Latinoamérica, que llega a la presidencia de la República y desde allí implementa la mayor cantidad de programas sociales de inclusión que se hayan acometido nunca en el país, de los que se han beneficiado más de 30 millones de personas, le ha convertido en un mito, en un factor de desequilibrio en el juego político. El símbolo Lula da Silva va más allá del Partido de los Trabajadores y no tiene comparación con ningún político en la historia brasileña. Bien o mal, por primera vez en Brasil un exmetalúrgico originario de la zona más pauperizada del país, luchador por la democracia, creó el mayor partido de América Latina y es considerado el mejor presidente de la historia del país. Abandonó el puesto con un 80% de aprobación popular (el actual presidente, el golpista Michel Temer tiene alrededor de 6% de aprobación). La destrucción de su mito es una necesidad para el proyecto político de continuidad de la farsa golpista país a que intenta hacer retroceder el país al pasado. El líder popular simboliza la resistencia de las clases trabajadoras a los más de 500 años de férreo control de la jerarquía dominante. Se intenta negar a los trabajadores el derecho a protagonizar el proceso político. Sin entrar en el mérito de la fallida tentativa de conciliación de clase promovida por el expresidente (quizás su gran error), el mito Lula da Silva simboliza la insurrección de las clases bajas contra un país en el que coexiste un conjunto de roles sociales que no se pueden mezclar. Los jerarcas de Brasil quieren enseñar a las clases bajas del país que su rol es el de subalterno, que no es posible que cualquiera pueda llevar las riendas del país. Incluso tras la clamorosa derrota del PT en las últimas elecciones municipales de octubre de 2016, frente al todopoderoso partido de los medios de comunicación, el PSDB, el gobernador de São Paulo Geraldo Alkmin, o cualquier otro candidato que salga, tendría que luchar mucho para ganar las elecciones presidenciales frente a una posible candidatura de Lula da Silva. Hasta el momento todas las encuestas confieren al expresidente una victoria holgada. Ellos saben que en las urnas es casi inviable ganar a Lula da Silva.

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Zainer Pimentel es abogado, y está ultimando el libro Brasil: la democracia mutilada. El impeachment como instrumento para el golpe institucional.