Rolando García y Jean Piaget dicen que la manera en que sujeto asimila un objeto, depende tanto de su propia capacidad como de la sociedad que “provee el contexto de la significación del objeto”. Cámbiese la palabra “objeto” por “polémica-en-torno-a-un-folleto-sobre-drogas-en-Zaragoza” y quiero creer que la capacidad de la gente está por encima del barro político y mediático que se instaló, de manera tóxica, en el imaginario mediático español y aragonés, durante unos días. Titulares que desvirtuaban los términos del debate hacían gala de un dogmatismo y una ignorancia más propia de la autarquía franquista que de una sociedad que se dice democrática y europea.

Como si de una secuencia de la obra maestra de Sydney Lumet, Network, se tratase, las acusaciones emitidas en conferencia de prensa por un diputado local del Partido Popular fueron retomadas, acríticamente, por medios autonómicos y nacionales. El debate, fugaz, preñado de posverdades, dogmas morales, sensacionalismo y hoy ya opacado por un supuesto nuevo escándalo que será opacado por otro supuesto nuevo escándalo no sólo mostró los usos politiqueros de los medios, sino también la falta de conocimiento en materia de drogas y la necesidad e interés social que existe sobre estos temas, patente en las redes sociales, en donde las opiniones críticas a la cerrazón mediática han podido aparecer. 

En aquellos días hablé con varios médicos. Uno me dijo, “pero es que el alcalde de Zaragoza no puede decir que es lo mismo el paracetamol que la cocaína”. “¿En qué momento ha dicho el alcalde eso?, ¿y en qué momento lo dice el folleto?” –pensé, deseando que hubiera leído más profundamente cómo hacer un trasplante renal y su juramento hipocrático que el cuerpo que acompañaba a los titulares de la prensa. En otras ocasiones escuché a comentaristas públicos señalar “yo de estos temas no entiendo pero me parece que (…)” antes de decir grotesca tontería, como por ejemplo, que si las estrategias de reducción de riesgos llevaban realizándose treinta años en el Estado “igual estaban un poco antiguas” (como si estas cosas fueran ropa interior de Zara), o que ofrecer información sobre riesgos y posología de  drogas es hacer lo mismo que hacen los señores del narcotráfico. 

Pretender vincular las prácticas de reducción de riesgos con la promoción de las drogas, no sólo es ignorante, sino también dañino

Considerando las numerosas evidencias existentes en materia de reducción de riesgos (respaldadas por la OMS, la UNODC, ONUSIDA, EMCDDA y la Estrategia Nacional de Adicciones, entre otras entidades) pretender vincular las prácticas de reducción de riesgos con la promoción de las drogas, no sólo es ignorante, sino también dañino, pero conecta con un imaginario social profunda y machaconamente enraizado en nuestra infancia: las campañas de tolerancia cero, que durante años se proyectaron en medios de comunicación. ¿Cuántas veces buena parte de nuestra generación no escuchó aquello de “si un señor malo te ofrece un caramelo en la puerta del colegio solo di no”, sin entrar en pormenores, ni sociales ni de salud, de qué clase de caramelo te ofrecían que resultaba tan peligroso? 

Este tipo de campañas, que tuvieron su fábrica social en EE.UU. en los años de la época Nixon y Reagan, llevaron a la primera dama imperial, Nancy Reagan, a hacer cruzadas publicitarias “por el bien de nuestros hijos (…) porque las drogas rompen sus sueños y los reemplazan por pesadillas”, siendo su hijo el rostro infantil de la campaña que se negaba, con un muy educado “no, thank you” a tomar lo que le ofrecían con cierto hostigamiento los chicos mayores. 

Más allá de ser un discurso basado en el miedo y el oscurantismo (que tenía joyas publicitarias como comparar un cerebro con un huevo frito) y de escandalillos (como la “muerte” de Frank Olson en 1953, el uso masivo y no consentido de sustancias psicoactivas en la guerra de Vietnam, o el affaire Irán-Contra, que corresponden al cajón de las cosas oscuras), ya son bastantes los estudios científicos y sociales que han documentado que las “Just say no campaigns” no funcionaron. Así lo hicieron, por ejemplo, varios estudios de la Universidad de Florida y la Universidad de Cincinnati, donde un grupo de matemáticos se dieron a la tarea de comprobar la probabilidad de usar drogas entre los estudiantes participantes en el muy popular y muy financiado programa Drug Abuse Resistance Education (DARE) del Departamento de Policía de los Ángeles: los resultados mostraban que la probabilidad de consumir drogas era la misma entre los estudiantes que participaron en estos programas y los que no. 

En España la cosa no fue muy diferente, con campañas como "Drogas ¿para qué? vive la vida" (curiosamente, vive la vida para jugar a una máquina tragaperras) o campañas de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) que mostraban, entre otros, un comecocos o un gusano reptando por las fosas nasales. Aunque no he logrado encontrar estudios matemáticos que muestren el impacto de estos programas en las audiencias (si alguien conoce alguno que me lo envíe por favor) me arriesgo a afirmar que produjeron más miedo y desinformación que incidencia en las decisiones reales de consumo y, sobre todo, que incidencia en decisiones basadas en la información y en la educación sobre efectos y riesgos de las drogas; desproveyendo también de capacidad de reacción ante realidades que pueden ser crudas, y que existen aunque no nos gusten como, por ejemplo, la intoxicación o sobredosis de un amigo. 

Creo que, a pesar del progresivo cambio de paradigma en las políticas públicas sobre drogas, en los días de discusión tóxica sobre el tema, se desataron estas mitologías y mantras: irracionales, inapelables, ciegos a las evidencias y desconocedores de los programas exitosamente implementados en varias ciudades del Estado, en Europa y, en definitiva, el planeta (no en Filipinas, donde Duterte libra una guerra contra las drogas básicamente matando a los consumidores de drogas). 

España encabeza, después de Inglaterra, los índices de  prevalencia del consumo de cocaína en Europa

Entre las evidencias y datos que es preciso considerar encontramos, por ejemplo, que España encabeza, después de Inglaterra, los índices de  prevalencia del consumo de cocaína en Europa. Según cifras del EMCDDA en su informe de 2017, el 9,1% de las personas de entre 15 y 64 años y el 2% de los estudiantes de entre 15 y 16 años dicen haberla probado alguna vez. España también encabeza las cifras de prevalencia de consumo de cannabis (el 31,5% de la población de entre 15 y 64 años y el 27% de los estudiantes de entre 15 y 16 años dicen haberla probado alguna vez), así como el número de incautaciones de ambas sustancias. 

Más allá de preguntarnos sobre la efectividad de las incautaciones (que obviamente no están siendo efectivas para disminuir el consumo), es preciso reflexionar sobre una realidad que debería ser considerada por aquellas organizaciones y aquellos cuerpos médicos que en los años 80 se abocaron y reconocieron la eficiencia de los programas de reducción de daños para prevenir la transmisión intravenosa de enfermedades como el VIH-SIDA, la hepatitis y una serie de enfermedades oportunistas entre usuarios de drogas inyectables. En la actualidad, los patrones de consumo nos hablan de que los mayores patrones de consumo entre las y los jóvenes españoles (incluidos, ¡oh terror!, menores de 18 años) no son en torno a la heroína, sino a la cocaína (en realidad el speed) y el cannabis, seguido del MDMA y las anfetaminas, quedando el consumo de opioides considerados ilícitos bastante por debajo.   

¿Nos encontramos entonces ante cierta brecha generacional, cierta ceguera, que podría admitir el éxito de los programas de reducción de riesgos en los 80, pero se niega a pensar que bajo esta filosofía puedan estar desarrollándose programas que busquen atender los patrones de consumo actuales? Si bien el consumo de heroína era relativamente fácil de ser identificado socialmente, el consumo de otras sustancias, cuando es esporádico y no problemático, es difícilmente visible, pero su uso es una realidad, cualitativa y cuantitativa, no una ilusión. 

En este sentido, el EMCDDA señala que “el uso de cocaína y cocaína crack representa un enfoque relativamente nuevo para las intervenciones de reducción de daños, y requiere un replanteamiento de las estrategias tradicionales. Los Estados miembros (europeos) suelen proporcionar inyectores de cocaína con los mismos servicios e instalaciones que los usuarios de opioides. Sin embargo, la inyección de cocaína está asociada a riesgos específicos (…), y las recomendaciones de uso más seguro deben adaptarse a las necesidades de este grupo”. Ante esta realidad, si bien es imprescindible realizar campañas de prevención del consumo de drogas, también es necesario, de manera transversal, realizar campañas para atender a aquellas personas que consumen, de manera que cuando lo hagan lo hagan de una manera  más informada y menos arriesgada tanto para la sociedad como para su salud. 

En las tendenciosas discusiones mediáticas de aquellos días también se pasó por alto la eficiencia y la eficacia de los programas de reducción de riesgos a la hora de identificar las sustancias más dañinas que circulan en los mercados considerados ilícitos y monitorear lo que realmente está consumiendo la gente. Así, por ejemplo, Échele Cabeza en Bogotá determinó que la mayoría de la cocaína vendida en la capital colombiana tiene un nivel de pureza inferior al 50% y que incluso se vende como cocaína cortes que no contienen nada de esta sustancia o contiene altos cortes con cafeína, fenacetina, levamisol y anestésicos. En la misma tónica y gracias a ejercicios de reducción de riesgos y análisis de sustancias, Energy Control reportaba hace un par de años que “en 2014 el 75% de la cocaína que testearon había sido adulterada, cifra que creció a 82,5% en 2015.” Saber qué está circulando en el mercado y qué está siendo consumido permite desarrollar políticas de prevención y atención socio-sanitaria más eficaces, basadas en conocimiento, y no en ideas preconcebidas. 

Tal y como se instaló el debate en los medios de comunicación, pareciera que España no está preparada para abrir un debate más racional sobre política de drogas. Lo cierto es que a nivel global están teniendo lugar discusiones muy interesantes que el cambio social no debería dejar de lado. Por ejemplo, en el afán por racionalizar las políticas sobre drogas, el neuropsicofarmacólogo David Nutt, publicó en The Lancet un artículo promoviendo el desarrollo de una escala racional para evaluar el daño (físico y social) de las drogas de posible uso ilícito y poder ajustar los mecanismos de control de sustancias a este daño. En esta escala, el alcohol y el tabaco se situaban por encima del cannabis, los solventes, el GHB, el éxtasis y el khat, entre otros. Este artículo, le valió el puesto al doctor Nutt en la Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD), institución de la cual era miembro, sin embargo se convirtió en un clásico, pues los costes políticos que tuvo no se debieron a su falta de rigor científico sino a maniobras e intereses políticos. Hoy estas investigaciones captan más y más atención, y la sociedad se interesa por las mismas, encerrarse a reconocer esta realidad es echarse por los ojos un velo o quizá 40 años de educación dogmática basada en el miedo y en el infantilismo social.  

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Inés Giménez es periodista e investigadora. Es doctoranda en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. @inesikah