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Informe sobre la pobreza II

Los errores del Estado del Bienestar español

Cristina Vallejo Madrid , 13/04/2015

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La Segunda República duró muy poco y fue demasiado convulsa y, aunque se hicieron esfuerzos para que la española fuera una sociedad más justa con la reforma agraria, la extensión del derecho a la educación o una legislación laboral más progresista, no fueron suficientes. El franquismo, con sus cuatro décadas de duración, sí tuvo tiempo para que surgiera una incipiente clase media y para que las clases trabajadoras prosperaran gracias a una tardía y obligada apertura económica y al tirón del resto del mundo desarrollado que, desde 1945, vivía la época de prosperidad más larga que se había visto. Mucha gente salió de la pobreza, pero sólo por inercia, porque la redistribución de la renta y de la riqueza no entraba en los planes de la dictadura.

Con el final del franquismo, en los primeros momentos de la Transición, con Enrique Fuentes Quintana de ministro de Economía, comenzó el diseño de un sistema fiscal que garantizaba cierta redistribución de la renta. La presión impositiva durante la dictadura se cargaba casi en exclusiva sobre las cotizaciones sociales. Éstas se duplicaron entre 1960 y 1974, mientras que los impuestos sobre la renta y el patrimonio permanecieron estables. En la Transición, la tendencia se invirtió: el peso de la recaudación comenzó a recaer en renta y patrimonio. El incremento de los ingresos del Estado hizo posible un intenso crecimiento del gasto público: de representar un 12,5% del PIB en 1976 alcanzó el 19,6% en 1981.

Después, en 1982, llegó al poder el Partido Socialista, que universalizó el derecho a la educación y a la sanidad. Aunque en la evaluación de lo que sucedió en los años ochenta, sobre todo en la primera parte de la década, hay que introducir otra variable importante: la reconversión industrial, que llevó consigo la destrucción de buena parte del entramado manufacturero. Los esfuerzos por la reducción del impacto en forma de recolocaciones, prejubilaciones y prestaciones por desempleo tuvieron importancia más por la catástrofe social que evitaron que por la reducción de la pobreza que consiguieron.  

Se paró el golpe en un primer momento, pero el mal estaba hecho. Una economía sin industria es una economía más pobre. Ya lo ha dicho el profesor Antonio García Lizana, de la Universidad de Málaga. Y entre 1974 y 1985 se perdieron alrededor de 815.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero. Con las políticas sociales inmediatas se palió puntualmente el efecto de la desindustrialización del país, pero su desmantelamiento convirtió a la sociedad española en presa fácil de la inestabilidad en el empleo, mucho más frecuente en los servicios que en las fábricas.

En la primera mitad de los años ochenta, la severidad de las políticas de ajuste provocó un aumento del desempleo, que llegó a afectar a uno de cada cuatro activos, y un aumento de los salarios mucho más moderado. En la segunda mitad de los ochenta, como constata el VI Informe Foessa, un nuevo ciclo económico expansivo global se tradujo en un descenso de las tasas de paro y en un incremento del gasto social. Después de un periodo de reducción de la pobreza entre 1985 y 1992, las tasas rebrotaron en los años posteriores. Así, el porcentaje de pobreza medida con el umbral del 50% de la media de ingresos disminuyó visiblemente entre el 21,4% de 1973 hasta el 19,9% en 1980-81 y, después, hasta el 17,3% en 1990-91. Entre 1990 y 2006, las tasas permanecieron constantes, dado que al final de ese periodo, se situaba en el 17,28% de la población. La prosperidad y el crecimiento económico tienen efecto en la reducción de la pobreza, pero demasiado escaso.

La evolución de la pobreza, según Foessa, desde mediados de los años noventa estaría marcada, por tanto, por el truncamiento en el proceso de reducción continuada vigente durante más de dos décadas. La pobreza no aumentó en ese periodo, pero su mejora se paró y ese fenómeno tuvo lugar justo en un contexto de crecimiento muy intenso del empleo. “Se habrían dado cambios en el mercado de trabajo que limitarían la traducción del aumento en la participación laboral en la reducción de la insuficiencia de ingresos de un amplio segmento de la sociedad”, trata de explicar el informe de Foessa.

Las reformas laborales de los ochenta y noventa, con la introducción de la temporalidad en el empleo, tiene mucho que ver en el fenómeno que describe Foessa y que demuestra que el fenómeno de los working poor, de los trabajadores pobres, no es de ahora, sino bastante antiguo. Eurostat tiene estadísticas sobre este particular desde 2004 para España. En ese año, el porcentaje de trabajadores pobres en nuestro país era de un ya preocupante 10,8% entre los mayores de 18 años. En el año 2012, antes del cambio de metodología en el cálculo, había subido hasta el 12,3%.

Un Estado de Bienestar que falla poniendo el foco en el trabajo

La reconversión industrial y las medidas que se pusieron en marcha para paliarla fueron, en realidad, un anticipo de lo que sería el Estado del Bienestar de la España democrática. Incluso el incremento del gasto público que tuvo lugar en plena Transición: un 85% fue destinado a pensiones y a prestaciones por desempleo. Esto quiere decir que los derechos que garantiza están en exceso vinculados al lugar que cada uno ocupa en el mercado laboral. Ésa es su gran debilidad. Eso es lo que lo hace insuficientemente redistributivo. Sobre todo en un país en el que el mercado laboral es tan problemático como el español. Y no sólo problemático, sino dual, con un porcentaje cada vez más reducido bien asentado, con empleos estables y de calidad, y una proporción creciente de empleados precarios o, directamente, de outsiders, excluidos, a los que les es imposible acceder a las prestaciones públicas.  

España es un caso de éxito en las políticas contributivas, pero no en las que no están ligadas a haber disfrutado de un trabajo estable. Las políticas contributivas sacan de la pobreza a las clases medias y a los trabajadores que han tenido puestos de trabajo de calidad. Lo ha dejado de manifiesto un reciente informe de la OCDE, que ha destacado que el gasto público español va, sobre todo, a los más ricos.

El Estado del Bienestar podría haber ganado (o podría todavía ganar) en calidad con el desarrollo de políticas de protección a la familia, políticas de vivienda y un programa de rentas mínimas, a juicio de Pau Marí-Klose. Apunta la posibilidad de que se trate de que no es que España gaste menos en política social, sino que gaste peor. "La existencia de un Estado de Bienestar no garantiza que la pobreza y la desigualdad se reduzcan. Para lograr estos objetivos, se tienen que desarrollar las vertientes más redistributivas del gasto público", afirma Marí-Klose.

Pero puede que España no sólo gaste mal en políticas sociales. Quizás es que también gasta poco. Dicen algunos expertos en la materia, como José Félix Tezanos, director del Departamento de Sociología III de la UNED y coordinador del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales, que los países que cuentan con un gasto social por habitante en torno a los 9.000 o los 10.000 euros son los que de verdad logran reducir las tasas de pobreza hasta niveles más o menos razonables, por debajo del 15%. España, según los últimos datos de Eurostat (2012), apenas gasta 6.026 euros por habitante, muy por debajo de la media de los países de la zona euro, donde la cifra ronda los 8.500 euros.

La tasa de pobreza de España antes de transferencias sociales ese año, en 2012, era del 29,6%. Una vez redistribuido el gasto social, baja hasta el 22%, siempre con datos de Eurostat. En Noruega, la tasa de pobreza después de transferencias sociales se sitúa en el 10%. El gasto social de casi 11.000 euros por persona lo reduce desde el 26% en que se sitúa la pobreza que genera el sistema capitalista sin aplicar ninguna corrección.

¿Cómo distribuye España su gasto social? El 36% de esos 6.000 euros por persona va a pensiones y el 14%, a subsidios por desempleo. El 50%, pues, del gasto público va destinado a políticas sociales contributivas. En Noruega, en cambio, a estas políticas apenas se destina el 36%. A políticas de familia, España apenas dedica el 5,43% de su gasto social, frente al 12,38% del país nórdico. Y a exclusión social, mientras nuestro país apenas destina el 0,84% de esos 6.000 euros que gasta por persona, Noruega dedica un 2,84% de los 11.000 que invierte por persona al año.

España ha puesto demasiado el acento en la política social ligada al trabajo, y muy poco en el resto. De ahí que, de acuerdo con Pau M. Klose, la pobreza se ha concentrado en el espacio de la economía sumergida. Y, más en particular, la pobreza en España se sufre, fundamentalmente, en familias con historias laborales precarias. El trabajo es el que integra en la sociedad capitalista y la política social no corrige esa deficiencia.

En este sentido, es oportuno señalar que España es el tercer país de la Unión Europea, sólo detrás de Irlanda y Croacia, con mayor porcentaje de la población viviendo en familias con bajísima intensidad laboral (un 15,7 por ciento), frente al 10,4%, en que se encuentra la media comunitaria, según un informe publicado por Social Europe Journal. Ahí es donde la pobreza encuentra un terreno abonado.

Según Marí-Klose la prueba de que otro tipo de subsidios, otro tipo de Estado de Bienestar, funciona está en el País Vasco. Esa autonomía cuenta con un interesante programa de rentas mínimas que ayuda a 31,9 personas por cada 1.000 habitantes, muy por encima de los 4,6 que, de media, están cubiertos en España por este tipo de iniciativas. Quizás tenga algo que ver en que la tasa de pobreza en el País Vaco se encuentre en el 10,5%, la mitad de la media española, y que la tasa AROPE, en el 16,8%, diez puntos por debajo de la media española.

"Nuestro sistema de subsidios y prestaciones e impuestos es muy débil en comparación con otros de la Unión Europea. Es un sistema muy contributivo, basado en prestaciones y subsidios por desempleo", explica Olga Cantó, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y experta en pobreza. Y todas estas características son las que provocan que el Estado de Bienestar español sea muy poco redistributivo.

La última reforma laboral, de facto, desregula el mercado de trabajo en España. Por eso, una hipótesis de trabajo de muchos sociólogos apunta que la tasa de pobreza se va a disparar en nuestro país, al estar vinculados los subsidios al hecho de haber contado con un empleo de calidad en el pasado. Sobre todo, cuando se tiene la evidencia de que los puestos de trabajo que se están creando en estos momentos son mayoritariamente temporales, a tiempo parcial y, en general, mal pagados. Los últimos informes de paro registrado indican que el 90% de los nuevos puestos de trabajo que se crean son temporales.  

Marí-Klose comenta que la flexibilidad laboral no tiene necesariamente que dar lugar a un crecimiento de la pobreza si hay crecimiento económico y transferencias sociales desvinculadas del lugar que se ocupa en el mercado de trabajo. Pero, precisamente, ésta última sería aún una tarea pendiente para los legisladores del futuro si es que su deseo es la construcción de un modelo social más equitativo y más útil.  

En inserción laboral lleva trabajando en Madrid durante tres décadas la Fundación Tomillo. “La pobreza ahora tiene que ver con el trabajo. Hace treinta años, formábamos a los jóvenes para trabajar y encontraban un empleo. Ahora no hay carro al que subirse”, se lamenta José Manuel López, director del centro de estudios de la fundación.

Y es que, como hemos destacado a lo largo de este texto, el profesor de la Universidad de Málaga vincula las tasas de pobreza a la estructura productiva del país. El escaso peso en España de la industria, un sector de mejores salarios y mayor estabilidad que el de los servicios, explica, según García Lizana, la elevada tasa de pobreza que tenemos en España y que es, prácticamente, estructural. Estructural por estar vinculada a una estructura económica del país con una base productiva muy endeble.  

Otra de las razones por las que la tasa de pobreza en España es importante y consistente, siempre en el entorno del 20%, nunca por debajo del 17%, es la existencia de grandes diferencias de ingresos, lo que provoca que, en relación con los países de nuestro entorno, exista un elevado porcentaje de personas de baja renta. Y que éstas sean muy pobres en comparación con las de más elevada renta.

El indicador más utilizado para medir la desigualdad de ingresos es el llamado 80/20, que mide la diferencia de rentas entre el 20% más rico (en ingresos) y el 20% más pobre. En 2013, tras los cambios metodólogicos, los ingresos del 20% más rico equivalían a 7,2 veces los del 20% más pobre. En 2013, tras las modificaciones estadísticas, bajó hasta las 6,3 veces, en todo caso una cifra más elevada que en 2004, cuando este indicador se situaba en las 5,2 veces.

¿Cómo es la pobreza en España?

Como explica Juan José López, miembro del equipo que elabora los informes de la Fundación Foessa, perteneciente a Cáritas, la pobreza siempre se mide en términos relativos, es decir, depende de la evolución de los ingresos medios en un país. Siempre es relativa a las condiciones que rodean al individuo. Como en los últimos años las rentas medias han caído, Gonzalo Fanjul, investigador y activista contra la pobreza, comenta que los pobres de hoy son más pobres que los pobres de antes de la crisis. De hecho, de acuerdo con los datos del INE, los ingresos medios por hogar han bajado, desde 2008, desde los 30.045 euros hasta los 26.775 euros del año 2012. El umbral de riesgo de pobreza para hogares de una persona se situaba en 2009 en los 8.877 euros, frente a los 8.114 euros de 2013. Para hogares formados por dos adultos y dos niños se ha reducido desde los 18.641 hasta los 17.040 euros entre 2009 y 2013. La tasa de pobreza sigue, consistentemente, en el entorno del 20%.

Las que se han recogido son las cifras obtenidas  con la nueva metodología de cálculo de las rentas personales y familiares de la Encuesta de Condiciones de Vida. Contrasta, y mucho, con las cifras que se conseguían con la metodología anterior. Conviene echarlas un vistazo.

Foessa mide también la pobreza anclada, sin evaluar las variaciones de la renta media. Así, si tomásemos como referencia los ingresos del año 2008, la tasa de pobreza habría aumentado un 35%, hasta situarse en el 28%.

Aunque para medir el riesgo de pobreza y exclusión social no se tiene en cuenta únicamente la variable de los ingresos sino, además, la privación material así como la situación laboral. Son las cuestiones que valora el indicador AROPE (en riesgo de pobreza y exclusión social, de acuerdo con sus siglas en inglés), como recuerda Gonzalo Fanjul. Se incluye en el indicador el riesgo de pobreza, que consiste en no alcanzar el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo y que son las cifras que acabamos de dar. Además, se incluye la carencia material severa en la que incurren los hogares que sufren al menos cuatro de estos conceptos (no puede irse de vacaciones al menos una semana al año; no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; ha tenido retrasos en el pago de gastos de su vivienda o en compras a plazos; no puede tener coche, teléfono, una televisión en color o una lavadora). También se añaden los hogares sin trabajo o con baja intensidad en el empleo, que son aquéllos en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo y que sufren un 15,7% de los hogares en España.

En el año 2013, el indicador AROPE en España e situó en el 27,3% de la población residente en nuestro país. En el año 2008, el momento en que tocó su punto más bajo, se ubicaba en el 22,9%. En 2004, se colocaba en el 24,4%. Si la tasa de pobreza monetaria se ha mantenido prácticamente estable en todo este tiempo, el último tirón al alza del AROPE ha dependido, seguramente, es sólo una hipótesis, del trabajo y de las condiciones materiales de existencia no directamente ligadas a los ingresos.

Según Marí-Klose, la verdaderamente inquietante en España es la pobreza severa, que es la que sufren, en su inmensa mayoría los niños y los inmigrantes. Hasta ahora, en términos generales, hemos estado hablando de cifras de pobreza moderada, de colectivos con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana. Pero, ¿qué ocurre con la pobreza severa?, ¿qué porcentaje de la población que vive en España cuenta con ingresos por debajo del 30% la renta mediana? De acuerdo con el experto de Foessa, Juan José López, en la actualidad, por debajo de los 333 euros mensuales, que es a lo que corresponde ese 30% de la renta mediana, viven cinco millones de personas.

Autor >

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo, periodista especializada en finanzas y socióloga.

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