En Andalucía existe un mundo paralelo. Una especie de microcosmos que no sabe nada de PER, ni de paro ni de crisis. Un universo oculto en urbanizaciones exclusivas, en suntuosas villas protegidas por inexpugnables muros, o en embarcaciones de lujo. Camuflado entre la multitudinaria comunidad de extranjeros atraídos por las playas, el privilegiado clima y, critican muchos, la obsolescencia del modelo de investigación policial, la laxitud de las autoridades hacia los crímenes de cuello blanco y la falta de controles sobre el origen de los flujos de inversión.

Es la Costa del Sol, los cerca de 160 kilómetros de playas y cemento (fruto del boom turístico y de la especulación urbanística) de la provincia de Málaga que han atraído desde los años sesenta no sólo al turismo internacional más pudiente, sino también a decenas o, según la versión, centenares de organizaciones mafiosas de todo el mundo.

Los atractivos de la zona para el crimen organizado son múltiples. Por una parte, por sus características geográficas, que han favorecido el contrabando incluso antes de la llegada de estas bandas y de la explosión del turismo. “La Costa del Sol es más bien estrecha pero muy larga”, indica la profesora del grado en Criminología de la Universidad de Málaga María José Benítez al explicar los factores de riesgo para el arraigo del fenómeno mafioso. “Entrar en la provincia de Málaga es muy fácil”, y no sólo por mar, sino también por tierra y por aire, pues el aeropuerto de Málaga tiene conexiones con todo el mundo y es el cuarto de mayor tráfico de España (con casi 14 millones de pasajeros el año pasado).

A esto, añade Benítez, se suma el factor turismo, puesto que “se mueve mucho dinero y habitualmente que haya extranjeros es algo común, por lo que no hay ese control social informal, como puede ser el vecindario”.

No menos importante es la especulación urbanística de la zona, una de las mayores de España y “un caldo de cultivo perfecto porque a través de ella se puede blanquear dinero”, sostiene la experta.

A estos motivos, una fuente del Sindicato Unificado de Policía (SUP) con más de cuatro décadas de experiencia en la zona, que prefiere mantener el anonimato, agrega otros dos. Por un lado, la cercanía con Marruecos, productor de hachís, que “desde los años sesenta hizo que la Costa del Sol fuese un punto de desembarco, empaquetado, transporte y negociación entre los grupos delincuenciales de Holanda, Inglaterra, Alemania e Italia”.

Por otro lado, el hecho de tener un paraíso fiscal como Gibraltar a la vuelta de la esquina. Desde la apertura de la frontera con el peñón en 1982, tras 13 años de cierre, éste “se convierte en el banco de las actividades ilícitas, donde se producen tanto las negociaciones de las transacciones como el blanqueo de los capitales”, señala el policía.

Este veterano de la lucha contra las mafias en la zona recuerda que en los primeros años fueron sorprendidos por el crimen organizado porque era un fenómeno desconocido en España y para el que no estaban preparados. “Empezamos a ver que había un problema gordo y que estábamos desbordados en los 80”. Sin embargo, lamenta, sus advertencias no tuvieron mucho eco en los sucesivos gobiernos.

Lo sabe bien Antonio Romero, un exdiputado malagueño de Izquierda Unida que en 1989 ya advirtió del problema en el Parlamento. “Cuando yo denuncié las mafias en la Costa del Sol Felipe González dijo que esto de las mafias no existía, que era un invento mío y que además perjudicaba al turismo, que creaba muchos puestos de trabajo”.

Sin embargo, reivindica que el tiempo le ha dado la razón porque en la zona, dice, se han desarticulado a lo largo de los años 1.200 células del crimen organizado, se ha detenido a grandes jefes mafiosos de toda Europa y finalmente se acabó creando una fiscalía antimafia en la Costa del Sol.

Romero publicó en 2009 un libro al respecto junto con el periodista Miguel Díez, Costa Nostra (Atrapasueños), que es como la mafia italiana llama al litoral malagueño. En él asegura que fue precisamente el crimen organizado italiano el primero en implantarse en ese territorio, en los años 60, con la venia del régimen de Francisco Franco. 

“Hay unos jefes mafiosos que llegan a un pacto con el franquismo, que pone como condiciones que no haya derramamiento de sangre y que todo el dinero que trajeran, sea negro o no, se invirtiera aquí”.

“Había gente que quería convertir Marbella en un foco de turismo internacional y eso atrae inversiones de dinero extranjero para hacer las urbanizaciones de lujo, los chalets y los hoteles. Y ese dinero era mafioso, criminal y se blanqueaba allí”, asevera.

A cambio, los mafiosos italianos tenían en la Costa del Sol un santuario, un lugar donde descansar sin el temor a ser perseguidos por la policía.

De hecho, las primeras operaciones por parte de grupos extranjeros que recuerda el policía del SUP fueron protagonizadas por franceses procedentes de Marruecos y Argelia, los pieds-noirs, que tuvieron que salir de esos países tras sus respectivas independencias en los años 60 y de los que una pequeña parte fue a parar a la costa sur española. Entre estos había antiguos integrantes de las infaustas OAS, un grupo terrorista de ultraderecha que contaba con nexos con la delincuencia de su país y la protección del régimen español.

“En el 72 ya había un grupo de franceses que controlaban la prostitución. Son los que empiezan a crear una infraestructura, a ver que esto es un gran negocio, que políticamente se da una apertura y que se ve venir el despegue económico de la Costa del Sol”, indica.

A los mafiosos italianos, los delincuentes franceses y los contrabandistas marroquíes se les sumaron los ingleses cuando se abrió la frontera con Gibraltar. 

Con el avance de la integración europea y la desaparición de fronteras se fueron incorporando nuevas nacionalidades. Actualmente, según datos del Ministerio de Interior de 2014, hay en Málaga entre 51 y 100 grupos del crimen organizado. Sin embargo, esas cifras son puestas en duda. Izquierda Unida aseguraba en un informe de 2006 que eran 700 las mafias que operaban en ese territorio.

Sus  principales rubros, afirma Romero, son “el tráfico de drogas (del hachís se han extendido a la mucho más lucrativa cocaína, que de América Latina llega en una de sus rutas a Marruecos para luego entrar en Europa a través de la Costa del Sol), la trata de blancas, las obras de arte, los coches de alta gama, el mercado negro de armas y sobre  todo el blanqueo en urbanismo criminal”.

Es a partir de la década de los 90 cuando finalmente se quiebra el “pacto” para que no haya derramamiento de sangre, sobre todo a causa de la llegada de las mafias del este de Europa, más sanguinarias y brutales.

Romero denuncia que “hay un índice muy alto de violencia y de ajustes de cuentas en la Costa del Sol con más de 50 asesinatos al año”. No obstante, reconoce que estos homicidios se producen entre las propias mafias.

Por ello, estos crímenes no han llegado a provocar una alarma social. “La sociedad no percibe que una bala pueda ir dirigida contra ellos”, afirma Benítez, lo cual constituye “otro factor de riesgo que permite que estas bandas se desarrollen”.

El único periodo en el que los negocios sucios en la Costa del Sol alarmaron verdaderamente a España fue cuando entre 1991 y 2006 el Ayuntamiento de Marbella estuvo en manos primero del Grupo Independiente Liberal (GIL), creado por Jesús Gil, y luego de un fracción de tránsfugas de este partido.

El empresario y presidente del Atlético de Madrid, sus sucesores en la alcaldía de Marbella (Julián Muñoz y Marisol Yagüe) y el todopoderoso asesor de urbanismo Juan Antonio Roca convirtieron ese consistorio en una organización destinada a facilitar el blanqueo de dinero del crimen organizado.

“Gil hizo una cosa que no se había hecho nunca en la Costa del Sol, porque nunca había habido una mafia en el ayuntamiento, con un jefe mafioso, que era Gil, que conecta y negocia con todas las mafias internacionales, empezando con la rusa”, apunta Romero.

Las operaciones Malaya y Ballena Blanca pusieron fin a este grupo criminal, que operaba de forma escandalosamente ostentosa, y la corrupción urbanística de la zona bajó bastante. “Pero ha continuado”, advierte Romero. “Cada vez que se vende un edificio en Marbella, es un golpe de lavadora. Se compra un edificio y a lo mejor en tres semanas se vende tres veces, cada venta por un precio mayor hasta legalizar todo el dinero”.

Todas las fuentes reconocen que detener esta actividad supondría un fuerte golpe a la economía local. El exdiputado pone como ejemplo que por cada venta de una casa en Andalucía, la Junta cobra el impuesto de transmisión patrimonial y el gasto jurídico documentado. “Recauda 3.000 millones de euros anuales por esos impuestos y 1.000 millones proceden de Marbella”, dice.

Ante esto, el policía consultado denuncia que no sólo no se destinan los recursos necesarios para la lucha contra el crimen organizado, que son ingentes para pagar a colaboradores y a personal, incluidos los traductores de las más de 80 lenguas y dialectos que usan los grupos mafiosos en la Costa del Sol. Además, añade, el sistema de investigación, la dispersión de cuerpos de las fuerzas de seguridad y las herramientas jurídicas para ello (interceptación de llamadas, protección legal para las acciones de los agentes encubiertos) son ineficaces. “Estamos a años luz de otros países”, lamenta.