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El plan que diseñó la privatización de la salud

Ana Tudela 16/04/2015

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“Crecientes tensiones económicas derivadas del imparable aumento de los gastos sanitarios, profundas mutaciones demográficas, nuevas actitudes sociales y la presión incesante del acelerado progreso técnico-médico demandan en todo el mundo la revisión y transformación de los actuales sistemas de asistencia sanitaria”. (Del libro Crisis, S.A., El saqueo neoliberal, Ana Tudela, Akal, 2014).

Este texto, que parece de ayer, es de 1990 y forma parte de la exposición de motivos de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario CDS ante el Congreso de los Diputados que solicitaba una comisión para revisar el Sistema Nacional de Salud español. El Gobierno de Felipe González, que se mostró a favor, puso frente a dicha comisión a Fernando Abril-Martorell, (…) un histórico de la vida pública de los que transitó por las instituciones tanto en la dictadura como en democracia, incluyéndose entre los cargos que había ocupado el de vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno de Adolfo Suárez entre 1978 y 1980. 

Las recomendaciones que figuran en el informe final de la comisión, conocido como Informe Abril, salen a la luz antes de lo que se pretendía y se forma un considerable revuelo social. Primer aviso: quieren privatizar la sanidad. El Gobierno socialista, que ha promovido el informe, se asusta y lo mete en un cajón. Allí queda, palpitando. Es un mapa con todas las recomendaciones a seguir para lograr el objetivo de introducir la mano privada en el gigantesco cajón de gasto público en sanidad. 

El informe propone lo que llama “colaboración con el sector privado” en un “nuevo esquema organizativo” en el que se supone que todos ganan. “El sector privado que vinculase su actividad a las reglas del juego tendría la oportunidad de competir, en términos de seguridad jurídica, con los proveedores de titularidad pública” y esa situación de competencia “serviría también de aliciente para promover una mayor eficiencia entre los proveedores públicos”. (…)

El lenguaje y las formas de la empresa privada debían impregnarlo todo, incluida la búsqueda de “cierto estímulo competitivo entre las unidades de provisión de servicios (hospitales, centros de salud, etc.)”. El Informe Abril indicaba que, tal y como en teoría se debería dar en el ámbito privado (ya se verá posteriormente que esto no es así), había que fomentar la competencia entre los centros hospitalarios. Esa competencia “proporcionaría al usuario un mayor margen de elección entre los proveedores”, para lo que sería necesario cambiar la ley y permitir la “libertad de elección al usuario”. Esa “libertad” ha terminado teniendo una traducción en cifras en las cuentas de resultados de las empresas privadas de salud, ya que desde que la elección es posible, a los centros privados adscritos a la red pública o los públicos de gestión privada se les paga un extra (facturación intercentros) por lograr pacientes de un área que no es la suya. Y hay muchas formas de derivar pacientes de los centros de gestión pública hacia los que tienen gestión privada, sobre todo si se cuenta con inestimables apoyos desde la administración. En su Memoria de 2012, Ribera Salud, la empresa con mayor protagonismo en el proceso de privatización de la sanidad valenciana, reconocía que el 9,49% de su facturación (un total de 207 millones de euros) se debió a “ingresos por prestaciones a población distinta a la protegida”. 

En los primeros pasos hacia el modelo que defiende el Informe Abril, contaban con un inesperado colaborador. “La configuración autonómica del Estado, con la multiplicación de responsables políticos y administrativos, (…) puede suponer un aliado excepcional para la puesta en marcha de las reformas”. Y lo harán, aunque ahora dirigentes populares como Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, defiendan que “hay que centralizar más en el Estado el sistema de gestión sanitaria” (Expansión, 10 de junio de 2013).

Para “avivar la conciencia de gasto, tanto del usuario como de los profesionales implicados en la gestión” se recomendaba “una participación directa del usuario en los costes”, como si no fuese ya su bolsillo el que financia la sanidad pública, lo que supondría “una fuente adicional de financiación”. Lo curioso es que se le quite hierro en ese momento al esfuerzo que esa participación podía tener en los usuarios de la sanidad aludiendo al enriquecimiento paulatino del país que permitiría ir introduciendo el repago. Hoy la fórmula se ha utilizado en el momento de mayor debilidad económica de los ciudadanos. 

Ya entonces se recomendaba “adoptar medidas que limiten la sobreprescripción y el consumo exagerado de fármacos”, llegando, pese a “la impopularidad de la medida, a la extensión de la participación en el coste” del paciente, incluidos los pensionistas, y, como solución  a las listas de espera, “generalizar el contrato de concierto por proceso” y “concertar en casos necesarios medios ajenos circunstanciales”. Es decir, el copago, el medicamentazo ya estaban diseñados en aquel informe, que además reconocía que “la culminación de un esquema organizativo como el descrito requiere un espacio de tiempo dilatado, cambios profundos de tipo estructural, modificaciones y adaptaciones del marco normativo”.

Más de 20 años han tardado en dar todos esos pasos y en encontrar el momento perfecto para el envite final: una crisis que tiene los presupuestos atenazados por el coste de las prestaciones por desempleo, el pago de intereses a la banca y la caída de los ingresos derivada de la recesión. Pero lo que sobra, dicen, es el Estado del bienestar.

(…)

El modelo Alzira

El 9 de febrero de 1999, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, inaugura el Hospital de Alzira, centro de titularidad pública, control público y financiación públicos cuya gestión se ha entregado a un grupo de empresas capitaneado por Adeslas y que, en una de esas cosas incomprensibles en un país laico, es bendecido por el obispo de Valencia. El consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, comenta en Ràdio 9 por la mañana que quieren poner a competir a unos hospitales con otros “para ganarse a sus enfermos” y por eso van a dar a los centros “dinero en función de los ciudadanos asignados”, es decir, pago capitativo. 

El modelo de gestión sanitaria que se inaugura con el Hospital de la Ribera en Alzira, estudiado a nivel internacional, reside en varias características. La primera es que la cesión a un único agente del sector privado (un único interlocutor aunque represente a una unión de empresas) es total, desde la construcción del hospital a la atención sanitaria, pasando por todos los servicios que no tienen carácter sanitario. El único candidato que acude a la licitación es una Unión Temporal de Empresas (UTE) a cuyo frente se coloca Adeslas con el 51% del capital, seguida por Bancaja y la CAM con el 45% (unidas en Ribera Salud), y Dragados y Lubasa, que cogen participaciones minoritarias del 2%. La inversión inicial pasa de los 41 millones de euros previstos a 72 millones que las arcas públicas tienen que ir pagando a la UTE en forma de canon anual. Nadie se lleva las manos a la cabeza, los sobrecostes son lo habitual en España.

Los profesionales de la sanidad denuncian cómo se están derivando pacientes a centros privados mientras se infrautilizan recursos de los centros públicos

La segunda característica es respecto al servicio sanitario y no sanitario. Al establecerse una cuantía de pago por cada paciente potencial, basada en la población del área de influencia del hospital, y determinarse su incremento anual, se está garantizando al adjudicatario un ingreso fijo durante más de una década (el plazo de concesión), lo que no sólo va contra toda teoría de oferta y demanda sino que impedirá al bolsillo del ciudadano beneficiarse en el futuro de reducciones de costes en la gestión sanitaria. La tercera característica es que, cuando los cálculos se hacen mal, no son las concesionarias que los realizaron para adjudicarse el concurso las que corren con el coste, sino la generosidad de políticos que les modifican las condiciones a su favor y pagan con el bolsillo del ciudadano. 

La primera fase del modelo Alzira, que va desde 1999 a 2003, arroja una gestión ruinosa que se achaca a un error de cálculo, al adjudicar sólo la gestión hospitalaria, dejando fuera los centros de asistencia primaria y con ello la principal herramienta de control de ingreso de pacientes y pruebas. El sector privado se encuentra con que no tiene margen de actuación, no puede primar lo que le sale más rentable, tiene que atender lo que le manda la red de asistencia primaria. La cápita de 204 euros por paciente potencial establecida en la adjudicación resulta no ser suficiente. La unión de empresas adjudicataria pierde un millón de euros el primer año, 900.000 euros el siguiente, 450.000 el siguiente y 2,7 millones en el cuarto ejercicio tras la adjudicación. 

¿Qué se hace cuando la gestión privada sale mal? Rescate. El Gobierno de la Generalitat paga a la adjudicataria 43,9 millones de euros por los activos pendientes de amortizar, tal y como establecen las condiciones de la adjudicación. Pero en la memoria de 2002 Adeslas reconoce que recibió 25,4 millones más como indemnización por lucro cesante que no figuran ni en las condiciones de la adjudicación, ni se incluyeron en la cantidad anunciada en su día por la Generalitat, ni tienen lógica ninguna, puesto que no puede haber suspensión de beneficio donde no hay beneficio. La Consejería de Sanidad de la Generalitat guarda silencio al respecto y lo que hace es volver a sacar la explotación del hospital a concurso, esta vez incluyendo la atención primaria del área (13 centros de salud), con un pago por paciente potencial muy superior al del proceso anterior, en concreto, 379 euros por paciente y año. Con las revalorizaciones establecidas en la concesión, que se hacen depender del IPC o bien del presupuesto para salud de la Generalitat, la cápita alcanzaba en 2012 los 639 euros por paciente y año (según la memoria de Ribera Salud). Aquí no hay crisis ni recorte. La cantidad sigue subiendo año tras año como está pactado.

La UTE adjudicataria del segundo concurso, la única que se presentó al proceso, volvió a ser la misma. Tenía el dinero para pagar a la administración los 72 millones de euros que se piden por la cesión de la gestión del hospital y había ganado tiempo con el cambio puesto que, si la primera concesión era por 10 años, esta segunda es por 15 prorrogables a 20. La Comunidad Valenciana siguió esta fórmula y actualmente tiene externalizados los servicios sanitarios y no sanitarios de cinco áreas de salud. 

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), hoy integrada en la CNMC, daba a conocer en el otoño de 2013 un informe sobre cómo se estaban licitando tanto la construcción como la gestión sanitaria y no sanitaria de los centros del sistema de salud en España. Al hablar de la Comunidad Valenciana, el informe destaca, como señal de que no se están siguiendo los pasos adecuados para garantizar una competencia efectiva, que “a cinco de las seis licitaciones en la Comunidad Valenciana concurrió sólo una agrupación de empresas y las seis licitaciones han sido adjudicadas a agrupaciones de empresas participadas todas ellas por la empresa Ribera Salud”. Es accionista además de Erescanner Salud, principal concesionaria de resonancias magnéticas de la Generalitat Valenciana, de la plataforma de compras centralizadas B2B Salud y del laboratorio central de la Comunidad de Madrid, donde comparte accionariado con Unilabs.

Durante la crisis quería crecer a través de la ahora truncada privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales de la comunidad madrileña. Para obtener caja, previamente, en diciembre de 2012, Ribera Salud vendió a Sanitas su 40% en el área de salud del Hospital de L’Horta Manises y el 50% en el Hospital de Torrejón de Ardoz por 77,6 millones de euros. L’Horta Manises es un ejemplo más de cómo la crisis y el revuelo creado ha favorecido a la iniciativa privada para avanzar en su camino de ganar terreno a lo público. 

La Comunidad Valenciana gestiona la salud a través de la Agencia Valenciana de Salud que, según recoge la Sindicatura de Comptes de la Generalitat en su último informe al respecto, referido a 2012, gestionó un presupuesto definitivo en el año de 7.437 millones de euros, el 40,8% del presupuesto total de la Generalitat. Cada año se gasta más de lo que se presupuesta en sanidad y no se regularizan las facturas en el plazo establecido, que es hasta marzo del año siguiente. Como en muchas otras administraciones, el mecanismo extraordinario de pago a proveedores creado por el Gobierno aflora, entre otras, deuda sanitaria. En esa deuda sanitaria se han colado ampliaciones de los contratos de las concesionarias del servicio de salud, pasando posteriormente a consolidarlas sin licitación mediante. Los beneficiarios son dos hospitales en los que participa Ribera Salud. Entre las deudas que se reconocen en el presupuesto de 2012 se incluye el pago por la atención que el Hospital de L’Horta Manises está dando a la población de Mislata desde el 1 de mayo de 2010, pese a que no forma parte de su contrato. La Sindicatura, al hacer la fiscalización, descubre que se han contabilizado dos facturas mediante “expediente de resarcimiento” por importes de 17,7 millones y 26,9 millones de euros por asistir a esa población adicional en 2010 y 2011, a pesar de que el contrato no se formaliza hasta 2012. En marzo de ese año, la Agencia Valenciana de Salud aprueba modificar, con efecto 1 de mayo, el contrato firmado en 2006, “con objeto de asignar al concesionario la gestión de la asistencia integral de la población de la zona de Mislata”, que cuenta con 43.626 habitantes. Sin necesidad de acudir a ningún concurso, el precio del contrato para 2012, ya de forma oficial, se incrementa “en la cantidad de 18 millones de euros”. Según un informe previo de la Sindicatura, el vice interventor general para la Administración Sanitaria y el Consejo Jurídico consultivo elaboraron sendos informes en 2010 mostrándose en contra de la ampliación del contrato. Los vecinos de Mislata llevan años denunciando, con manifestaciones y protestas, que les estaban derivando desde el área de salud de La Fe a Manises para favorecer a la iniciativa privada. Aún se manifestaban a principios de 2014 pidiendo la dimisión del conseller de Sanidad por haber incumplido su palabra de dotar el antiguo Hospital Militar y convertirlo en hospital de referencia con una inversión que se había previsto de seis millones de euros. Según la Sindicatura de Comptes, ahora el Hospital Militar también ha sido cedido al concesionario del área de L’Horta Manises, es decir, a Sanitas (tras comprar su participación a Ribera). 

Lo mismo ha ocurrido con Elche. La AVS modificó el contrato de gestión de la salud del área Elche-Crevillent en noviembre de 2010, asignando al concesionario la población de la zona 6 con fecha 1 de junio de 2010 y le incrementó el precio del contrato para ese año en 5,2 millones. Sin embargo, el cambio no se tramita y es en 2012 cuando la fiscalización de la Sindicatura detecta dos facturas de “expediente de resarcimiento” por 5,2 millones y 8,6 millones “por ampliación de la población asistida durante los ejercicios 2010 y 2011”. En 2012 sí se procede a modificar el contrato adjudicando el área de forma definitiva por 6,6 millones.

Estas buenas condiciones que ha disfrutado Ribera Salud no le han salido tan bien en Madrid. Al paralizar la justicia el proceso de privatización de 2013, Ribera Salud, que había resultado adjudicataria de los hospitales de Arganda (Hospital del Sureste) y Vallecas (Hospital Infanta Leonor) por diez años, deja de contar con los 2.350 millones que podía haber ingresado junto con sus socios: Iecisa (El Corte Inglés) e Igesan (OHL).

Otra de las fórmulas de colaboración público-privada que se están viendo potenciados estos últimos años son los conciertos. Los profesionales de la sanidad denuncian cómo se están derivando pacientes a centros privados que están bajo este paraguas mientras se infrautilizan recursos de los centros públicos. Lo cierto es que el dinero destinado a los conciertos ha crecido significativamente en autonomías como Madrid. La cantidad destinada por el Sermas al pago de conciertos pasó, entre 2005 y 2010, de 514,7 millones de euros a 1.320,1 millones. En 2011, la cifra se dejó en menos de la mitad pero al año siguiente, última memoria publicada hasta la fecha por el Sermas, volvía a subir con fuerza a 972,8 millones. Estas cifras, además, no son las que se presupuestaron inicialmente, sino el dato de gasto final. 

Madrid tiene el caso singular de la Fundación Jiménez Díaz, un centro íntegramente privado adscrito a la red pública. Según un artículo publicado por El Mundo (5-11-2013) titulado ‘Sanidad triplica el dinero para la Fundación Jiménez Díaz’, que cita datos oficiales de la Consejería de Sanidad, la asignación presupuestaria destinada a esta institución ha pasado de 98,1 millones de euros en 2003 (el año en que Esperanza Aguirre prometió acabar con las listas de espera) a 311,9 millones en 2012. El centro ha ido incrementando la población que atiende entre otras cosas porque se le ha ido derivando población, por ejemplo del Hospital Puerta de Hierro cuando éste se trasladó a Majadahonda. La Jiménez Díaz pertenece a Capio (hoy IDC Salud), una de las empresas más conocidas del sector privado sanitario, que gestiona en Madrid además el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y el Infanta Elena de Valdemoro. Los profesionales consultados suelen citar este centro, incluido dentro de los grandes hospitales, como ejemplo de gestión privada de un servicio público, aludiendo al establecimiento de periodos máximos de estancia tras los que se obliga a dar el alta a los pacientes y otras fórmulas de ahorro. Lo cierto es que en la Memoria del Sermas, la Jiménez Díaz, que forma parte de los hospitales del Grupo 3 junto a grandes centros como La Princesa, La Paz, el Gregorio Marañón o el 12 de octubre, ostenta el récord más bajo en estancia media de pacientes ingresados, con 5,46 días, cuando su inmediato seguidor del mismo tipo de centro, el Hospital Clínico San Carlos, tiene una estancia media de 7,22 días. 

La derivación de pacientes a clínicas privadas ha sido causa de polémica en los últimos tiempos. Los profesionales aseguran que el sistema centralizado de cita previa está encargándose de enviar pacientes a hospitales concretos. En el artículo ‘Todas las endoscopias, a la privada’ (El País, 6 de febrero de 2013), Elena G. Sevillano contaba cómo los centros de salud de Parla y Griñón habían recibido una circular en la que se les informaba de la pronta externalización de los estudios endoscópicos con la intención de disminuir las listas de espera. Según la citada información, en la que se recoge un descenso del 25% de las endoscopias digestivas practicadas en el último trimestre de 2012 (con la circular ya en vigor) con respecto al mismo periodo de 2011, se dan casos de pacientes a los que se derivó a centros privados como el Hospital de Valdemoro (IDC Salud, antes Capio) desde la central telefónica de citas sin conocimiento de los médicos que trataban a dichos pacientes. Se incluyen casos en los que el paciente citado por el hospital público no aparece porque se le ha llamado para derivarle a un centro privado cuando ya tenía fijada la prueba. 

Un cambio de modelo rodeado de sospechas y denuncias

No se trata sólo de que privaticen la sanidad, ni de que lleven preparando el terreno para conseguirlo desde hace tanto tiempo y aprovechen la crisis para darle un buen empujón a sus intenciones. Es además la forma en que se está realizando el cambio. Adjudicaciones durante largos periodos que blindan a los adjudicatarios, modificación de los contratos en mitad de la concesión si las cuentas no les salen, leves penalizaciones en caso de incumplimiento que permiten cobrar el canon pactado incluso con una gestión muy deficiente del servicio, se repiten contrato tras contrato. Y además, falta de transparencia, puertas giratorias entre la política y los beneficiarios de la relación del sector privado con la sanidad pública. 

En Madrid se aprovecharon de la crisis para darle un empujón a la privatización de la sanidad, facilitando la falta de transparencia en los procesos y la existencia de puertas giratorias entre los políticos y las empresas beneficiadas

Madrid privatizó por un lado en 2005 la construcción y la gestión de los servicios no sanitarios de siete hospitales (Henares, Infanta Cristina, Del Tajo, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Del Sureste y Puerta de Hierro) y la construcción más la gestión integral de servicios sanitarios y no sanitarios de tres (Infanta Elena de Valdemoro en 2005, Torrejón en 2009 y Rey Juan Carlos en 2010). Además, como se ha comentado, en 2013 se pretendió privatizar también la gestión sanitaria de seis de los siete hospitales licitados en 2005, proceso que fue finalmente paralizado por la justicia ante las evidentes irregularidades. 

Empezando por lo más simple, de todas las condiciones cuestionables que se han dado en los procesos de privatización de la sanidad en España uno de los aspectos más extraños es que, siendo todo aparentemente ventajas, a cada concurso acudan tan pocos candidatos. La CNC hace casi un chiste estadístico respecto a la falta de concurrencia en el último proceso privatizador de Madrid. “No parece ser compatible con un procedimiento competitivo robusto la escasa participación que se ha producido”. Se licitaron cinco lotes y se determinó que ningún candidato podía ser adjudicatario de más de tres hospitales. “Sólo se presentaron tres empresas para los cinco lotes, no existiendo concurrencia de ofertas (es decir, más de un candidato) para ningún lote”. El resultado, el esperable cuando no se compite: “No hubo reducciones significativas en ninguno de los mismos de la variable precio (la cápita) propuesta por el licitador”.  Ribera Salud hizo una oferta de precio por paciente potencial y año cuatro céntimos de euro por debajo del máximo establecido en los pliegos del concurso para el Hospital de Vallecas y un céntimo menos para el del Hospital de Arganda. Sanitas rebajó su oferta 2,41 euros por paciente potencial y año para el Hospital del Henares, en Coslada.

La CNC no acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid de nada porque no es el objeto de su informe pero en las anotaciones a pie de página deja claro que algo raro ha pasado en el proceso madrileño puesto que “la probabilidad de que se produjera el resultado observado es extremadamente reducida. (…) Por ejemplo, si existieran seis posibles licitadores, la probabilidad de que sólo se presentaran tres candidatos a los cinco lotes, que ningún lote quede sin oferta y que sus ofertas no coincidieran para ningún lote es del 0,0002%”. 

Además se incumplió otra de las recomendaciones de Competencia, al dividir en lotes la licitación de forma que alguno de los cinco subastados tenía “un tamaño relativamente parecido”, lo que incrementa “las probabilidades de colusión (pacto) entre licitadores”. Ribera Salud se hizo con los hospitales por los que había pujado (el del Sureste en Arganda del Rey y el Infanta Leonor de Vallecas), lo que le habría supuesto un ingreso a diez años de 2.349 millones de euros; Hima San Pablo, la puertorriqueña que pensaba hacer negocio del turismo sanitario, resultó adjudicataria de los tres por los que pujó: el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y del Tajo (Aranjuez), lo que habría supuesto un ingreso en diez años muy similar al de Ribera: 2.454 millones de euros, y el tercer adjudicatario, Sanitas, se quedó sólo con Coslada (no ha pujado por ninguno más), lo que suponían 815 millones en diez años, una cantidad inferior. Ahora bien, su equilibrio en Madrid se habría logrado porque seis meses antes se había hecho con el 100% del hospital de Torrejón tras comprar su parte a Ribera Salud. 

Las relaciones entre adjudicatarios van más allá. Según desveló Valenciaplaza.com, un directivo de Ribera Salud fue empleado de la filial que Hima San Pablo creó en España para presentarse al concurso y lo fue sólo durante cuatro meses. En concreto, durante los cuatro meses previos a la adjudicación. El día 19 de agosto de 2013, cuando se conoció el resultado del proceso de licitación de los hospitales de Madrid, volvió a su puesto en Ribera Salud. Se trata de Santiago Delgado, adjunto a la Gerencia del Hospital Vinalopó (de Ribera Salud) durante 13 años; ex director de Márketing y Comunicación del Hospital de La Ribera (el que inauguró el modelo Alzira); y ex jefe de Servicio del Gabinete de Comunicación de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Generalitat Valenciana.

(…)

Madrid vuelve a fallar en todos los pasos que deben seguirse para controlar la calidad en los dos procesos de licitaciones de los seis hospitales, tanto para la construcción y gestión no sanitaria como en el proceso paralizado de licitación de la gestión sanitaria, explica Competencia. Uno de esos pasos recomendables es la existencia de “penalizaciones creíbles por desviaciones respecto a los objetivos de calidad”. Los pliegos fijan “un límite máximo por deducción sobre la prima per cápita por incumplimiento de niveles de calidad del 20%”. Es decir, el adjudicatario podría incumplir todos y cada uno de los indicadores de calidad y aún así ingresar el 80% de la cápita. 

Por último, la CNC alude a uno de los males endémicos que parasita el dinero público en España: “las modificaciones sobrevenidas”, los sobrecostes. Aunque en este país se haya perdido el norte durante muchos años en ese aspecto, Competencia recuerda el principio general según el cual “sólo podrán producirse modificaciones posteriores a la adjudicación si han sido previstas en los pliegos” o en su defecto por “errores u omisiones en la redacción del contrato o sus especificaciones técnicas, inadecuación del proyecto por causas objetivas, fuerza mayor o caso  fortuito, conveniencia de incorporar avances producidos con posterioridad o necesidad de ajustarse a normativas posteriores a la adjudicación”. De los 38 contratos sobre los que la CNC tuvo información sobre este punto, en 24 hubo modificaciones sobrevenidas, es decir, sobre costes y en siete no sólo una vez sino en dos ocasiones. 

Respecto a la existencia de puertas giratorias entre cargos de la administración y empresas que se benefician de los procesos de privatización, el ex consejero de Sanidad Juan José Güemes renunciaba a su puesto en Unilabs tras conocerse que había sido contratado y que ésta se encarga de los análisis clínicos de seis hospitales públicos de Madrid, una privatización de la que se había ocupado el propio Güemes desde su puesto en la administración. Por su parte, Manuel Lamela, también ex consejero de Sanidad, creó una empresa tras dejar el cargo dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario, por la que ha recibido subvenciones y créditos. Entre sus clientes están Capio Sanidad o la Clínica La Luz. Se sienta también en el consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que gestiona los servicios del Hospital del Tajo, tal y como desveló Mariela Rubio en La Ser. Lamela había inaugurado el hospital, cuya concesión logró Hispánica para construir el edificio y gestionar los servicios no sanitarios. Pero Alfonso García Pozuelo, el propietario de Hispánica, fue imputado en la trama Gürtel y vendió el 100% de la empresa a Assignia. Meses antes de que se inicie el proceso de privatización de la gestión sanitaria de hospitales en Madrid, incluido el del Tajo, Assignia buscó a un gestor experto en gestión sanitaria. Y no pudo hallar uno mejor: Lamela. Tras el fichaje, contará también La Ser, el Gobierno de la Comunidad de Madrid contrató a Assignia para el mantenimiento de las instalaciones de Presidencia del Gobierno, para el mantenimiento del Hospital de la Princesa, así como para varios centros de atención primaria. 

Las relaciones entre la política y la esfera privada tienen otro rosario de ejemplos en Cataluña, encabezado por el consejero de Sanidad, Boi Ruiz, que fue presidente durante años de la patronal sanitaria y que empezó en el cargo público recomendando a los catalanes suscribir un seguro privado. 

La carta de Taguas

Esa melaza que vuelve tan pegajosa la relación de las empresas con algunas administraciones es harto conocida pero enseñó las costuras en 2011 cuando el candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, exhibió una carta enviada por el que había sido director de la Oficina Económica de Moncloa durante la presidencia de Zapatero y entonces presidente de la patronal de las constructoras (Seopan), David Taguas (fallecido a comienzos de 2014). La carta se dirigía al ya ex consejero de Sanidad autonómico, Fernández-Lasquetty. Fechada el 13 de abril de 2011, era una petición expresa de más dinero para las “siete concesiones de nuevos hospitales promovidas con gran éxito por la Comunidad de Madrid (Hospital Universitario Puerta de Hierro, Hospital Infanta Sofía, Hospital del Henares, Hospital Infanta Leonor, Hospital Infanta Cristina, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo)”. Las cuentas, dice Seopan, no salen. Lejos de toda práctica esperable en un mercado en competencia, las adjudicatarias deciden usar unidas el poderoso lobby constructor para pedir al responsable de Sanidad de la comunidad “una reunión, con carácter urgente, en la primera fecha que te sea posible”. 

La construcción de los hospitales y el servicio no sanitario recayeron en los habituales del sector de la construcción: Sacyr, OHL, FCC, Acciona. Las constructoras ponían la inversión inicial a cambio de un canon anual. El tuteo en una carta que entra por el registro de la Consejería de Sanidad ya resulta llamativo, pero comentada la anécdota, lo importante es que Taguas explica que el “objetivo es resolver lo antes posible estos temas mediante la vía que consideres adecuada”. ¿Qué temas? La primera cuestión es que un cambio en las normas contables del sector va a afectar negativamente a “la rentabilidad del accionista en las concesiones con activos financieros (hospitales)” por lo que, considera Seopan, debe caer sobre el lomo de los ciudadanos “restablecer el equilibrio económico de los contratos para volver a situar la Tasa Interna de Retorno (TIR) para el accionista en los términos de la oferta adjudicataria”. Ese retorno ha pasado del 11,22% al 7,61%.

Taguas alude también a “inversiones realizadas durante la fase de construcción, no reconocidas, y déficit de canon anual”. Distingue dos tipos de inversiones adicionales: las que les ha pedido la Comunidad de Madrid, que además reconocen que ya se ha reequilibrado en seis de las siete concesiones, y las que no han sido ordenadas por la Administración, que al parecer se han acometido en todos y cada uno de los siete hospitales y por las que se pide reconocimiento por “importe de 59 millones de euros”. Además se pide reconocimiento de inversiones adicionales de 21 millones, tres millones por incremento del coste anual de los servicios y otros 1,7 millones al año por la repercusión en los planes de viabilidad. 

Dicen profesionales de la sanidad madrileña consultados durante la elaboración de este libro que en un centro privatizado no se puede pedir nada que no estuviese expresamente en los pliegos de los contratos. Cualquier modificación puede suponer un coste desorbitado. ¿Qué imprevistos se encuentran las concesionarias al iniciar la gestión? Se habla en concreto de los servicios de restauración, que “están atendiendo a los pacientes en muchas más unidades que las propias habitaciones de hospitalización” como la UCI, los paritorios, neonatología o urgencias. O el concurso estaba mal diseñado o las adjudicatarias desconocían que en un hospital deben dar desayunos, comidas, meriendas y cenas también en estas áreas. El caso es que les supone un problema, por ejemplo, “el importante consumo realizado en el servicio de urgencias por los pacientes que se encuentran a la espera de ingresar en las habitaciones hospitalarias” y que toman “cuatro comidas diarias por paciente”, dice la carta. Se pide que se consideren todas ellas “alimentos extra” y que su coste se establezca por “un precio acordado entre las concesionarias y la Administración”.

Otro punto no recogido de forma apropiada en los pliegos, según Seopan, es el de los materiales que se mandan a la central de esterilización, que proceden “de ámbitos no contemplados en la documentación contractual como neonatología y hospitalización obstétrica”. Parece que a nadie se le ocurrió que en un hospital era necesaria la “esterilización de biberones” o la de los “quirófanos ambulantes”. Las concesionarias no entienden el amplio uso del concepto de “gestión integral del servicio de esterilización” que no les permite incluir, por ejemplo, los partos dentro de la facturación extraordinaria.

Un modelo para ahorrar que sale más caro

Entre los sobrecostes y la escasa transparencia, nunca ha estado claro que privatizar salga barato al erario público. Julián Ezquerra, secretario general de Amyts (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid), tiene serias dudas sobre las cifras de ahorro que se dan. Para empezar porque se comparan hospitales que no son comparables entre sí. “No es lo mismo el 12 de octubre, La Paz o el Clínico que el Hospital de Arganda, el coste depende de las patologías que tiene un centro asignadas y el volumen de población que atienden. Los hospitales nuevos de Madrid tienen un nivel de complejidad muy inferior a los históricos”. 

Los Consejos Generales de los Colegios de Médicos y Enfermeros presentaron en abril de 2012 un estudio alternativo para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud ahorrando desde dentro. Aseguraban que de seguirse las 85 medidas propuestas se podía llegar a un ahorro del 30% sobre el presupuesto actual. Entre las medidas se incluía la creación de una Agencia del Sistema Nacional de Salud con verdadera capacidad ejecutiva, una central de compra de medicamentos que funcionase realmente, y no con las compras con cuentagotas que efectúa en la actualidad, una política verdaderamente agresiva de medicamentos genéricos y la eliminación de las peonadas, que son esas horas extra para quitarse listas de espera que se inventaron para cumplir la promesa de Esperanza Aguirre y que se han sustituido en Madrid por la deriva hacia clínicas concertadas.

En otro ejemplo de falso ahorro, la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana emitía un informe en 2013 en el que se hacía un cálculo para demostrar que los diagnósticos con equipos de resonancia magnética cedidos al sector privado resultan bastante más caros, más del doble, que si se realizasen las pruebas con equipos públicos. Ese derroche, denunciado durante más de una década por los radiólogos de los centros públicos valencianos, parte del concurso del año 2000 auspiciado también por el Gobierno autonómico de Zaplana. Eresa, empresa con un largo historial de conciertos en diagnóstico por imagen con la Generalitat; Inscanner, ligada al entonces diputado del PP Luis Concepción, y Beanaca, del fundador de la Clínica Benidorm Carlos Paz, muy cercano a Zaplana, lograban la concesión hasta 2008 por 166 millones de euros. Las desviaciones anuales fueron constantes y cuantiosas. Al finalizar el contrato, las compañías que habían prestado el servicio hasta ese momento se aliaron en una misma UTE a la que se unió Ribera Salud. El presupuesto del nuevo contrato, que se prolonga hasta 2018, es aún mucho mayor: 497 millones de euros.

“Crecientes tensiones económicas derivadas del imparable aumento de los gastos sanitarios, profundas mutaciones demográficas, nuevas actitudes sociales y la presión incesante del acelerado progreso técnico-médico demandan en todo el mundo la revisión y transformación de los actuales sistemas de...

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Autor >

Ana Tudela

Ana Tudela es periodista, graduada de la Universidad Complutense de Madrid en 1996. Autora del libro 'Crisis S.A. El saqueo neoliberal' (Akal, 2014). Ha vivido la fundación de dos periódicos, el cierre de uno de ellos y la fundación de la edición española de la revista Forbes. Ha trabajado para el Opus, el liberalismo neocon y para un trotskista y nunca habría adivinado quién iba a tratar peor a sus trabajadores. Intentó dejar el periodismo y vivir del cuento pero no le ha resultado fácil. Ahora estudia Economía a distancia.

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