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Chorizópolis (V)

El escarnio de don Rodrigo

Los actos finales de esta tragicomedia aún se deben escenificar. “En todo momento se mostró cortés y educado, con la mirada ausente en algunos momentos”, señala uno de los agentes que participaron en los registros de la semana pasada

David M. Moreno 26/04/2015

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La noche del miércoles 15 de abril, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (la DAVA) tenía sus ojos puestos en lo que se ha bautizado como ‘el pasillo marroquí’, la ruta que utilizan grupos yihadistas para mover barcos repletos de hachís que salen de Marruecos con destino a Libia y a Egipto, donde la droga hace una escala intermedia antes de viajar a Europa. Se había detectado un buque mercante sospechoso de 91 metros de eslora y color rojo chillón con bandera de Togo. Ese mismo día 15, muchos medios españoles y algunos extranjeros se habían hecho eco e intentaban ‘rascar’ algo más de la exclusiva que un día antes, el 14 de abril, había adelantado el diario digital Vozpópuli: el Sepblac, la unidad de inteligencia fiscal del Ministerio de Economía, investiga si Rodrigo Rato cometió blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal. Sí. El alma económica de los Gobiernos de Aznar se había acogido a la amnistía fiscal. Como Luis Bárcenas. Como Jordi Pujol Ferrusola.

Tras monitorizar toda la madrugada al barco, el Green Cedar fue abordado el jueves 16 por dos patrulleros de Vigilancia Aduanera a 80 millas de Cartagena (Murcia). A bordo, los narcos llevan 15.000 kilos de hachís, cuyo valor en el mercado hubiera alcanzado 23 millones de euros. Eran las 11.30 de la mañana. A esa misma hora, en Madrid, dos agentes de aduanas de la Brigada Móvil Central de la DAVA seguían a un Renault Laguna color azul, con matrícula del Ministerio del Interior, después de recibir la orden precipitadamente el día anterior, el miércoles 15, cuando la noticia sobre el ‘amnistiado’ Rato empezaba a tomar visos de escándalo. En el Laguna viajaban dos policías nacionales y Rodrigo Rato. El exvicepresidente del Gobierno tiene escolta policial como ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que le confiere la categoría de ex jefe de Estado. La escolta es solo para sus desplazamientos, no para su domicilio, situado en el número 33 de la calle Don Ramón de la Cruz de Madrid.

La DAVA no tenía pensado seguir a Rato. Ni el miércoles 15, ni el jueves 16. De momento, no estaba entre sus planes. Fue la filtración a la prensa, “calculada”, según fuentes de la dirección de la DAVA, lo que motivó que Vigilancia Aduanera, que tenía el foco en el Mediterráneo siguiendo a un buque cargado de hachís y también en el Atlántico, donde desde el martes 14 controlaba la trayectoria de un velero cargado con 2.250 kilos de cocaína, desviase su mirada y tuviese que montar un rápido operativo para registrar en cualquier momento dos residencias de Rato y las sedes de seis empresas relacionadas. La orden había partido de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (la ONIF).  

La DAVA no tenía pensado seguir a Rato. Ni el miércoles 15, ni el jueves 16

La Agencia Tributaria había abierto una investigación a principios del año 2014 tras detectar sospechosas diferencias entre lo declarado por Rato en 2012 tras acogerse a la amnistía fiscal y lo que solo un año después, en 2013, Rato incluyó en su declaración especial de bienes en el extranjero. Algo no cuadraba. En junio de 2012, la Agencia Tributaria había elaborado una instrucción que dejaba claro que los amnistiados (en principio, exonerados penalmente tras regularizar su situación con Hacienda) podían ser investigados en el marco de otras comprobaciones rutinarias que no tenían que ver con la amnistía. Es decir, que cuando Rato informó en el año 2013 de sus bienes en el extranjero Hacienda comprobó que había mentido un año antes al acogerse a la amnistía.  

En la lista de 715 ‘mentirosos’

Hacienda, es decir, Cristóbal Montoro, pasó al Sepblac, es decir, a Luis de Guindos, su investigación tributaria para que indagara si Rato había cometido un delito de blanqueo de capitales, o varios, entre los ejercicios fiscales 2009-2013. Rodrigo Rato pasó así a ser una de las 2.680 investigaciones que en esos momentos realizaba el Sepblac, y a formar parte de una lista de 705 amnistiados con claros indicios de haber mentido (hoy ya son 715). Durante todo 2014, sendas investigaciones (la de Hacienda, a través de la ONIF; y la de Economía, a través del Sepblac) fueron madurando, y mucho. 

Pero entonces, a principios de 2015 surgió lo que algunas fuentes de la Agencia Tributaria han calificado como la teoría de la explosión controlada. Ya era vox pópuli en algunos mentideros de Hacienda que tarde o temprano se iba a destapar lo de Rato. Si lamentablemente, dicho con ironía, no se pudieron detener las filtraciones fiscales sobre el líder de Podemos Juan Carlos Monedero, lo de Rato, uno de los 705 amnistiados, era cuestión de tiempo. La teoría de la explosión controlada dice que Montoro también era consciente de que Hacienda, que presume de ser el órgano más discreto del Estado (el artículo 95 de la Ley General Tributaria consagra la confidencialidad de los contribuyentes), puede ser a veces muy imprudente. Según esa teoría, Montoro decidió tomar la iniciativa y controlar los tiempos. Está bien, que caiga Rato, dos semanas de escarnio público que se aprovecharán para colocar en la escena mediática cierto argumentario. ¿Cuál? Hacienda somos todos, y el Gobierno del PP es un Gobierno de Estado, que persigue el fraude independientemente de quien lo cometa. Si el PP y el Gobierno sabían que la noticia de Rato defraudando iba a hacerles daño, ellos elegirían el momento. 

La teoría también contempla una segunda parte: cuando se acerquen las elecciones municipales y autonómicas de mayo ya saltará a la palestra mediática otro nombre de la lista de 715 amnistiados. Si puede ser, un socialista.

Fuera de esta teoría, lo cierto es que la filtración a la prensa (ya es irónico que lo que era vox pópuli en altas esferas de Hacienda acabara en un diario llamado Vozpópuli) desencadenó todo. La ONIF acude a la Fiscalía de Madrid, encabezada por Manuel Moix y José Javier Polo, que evalúan junto a los fiscales de delitos económicos del TSJ de Madrid si con la investigación ya realizada hasta el momento se puede redactar una denuncia. El escrito se elabora entre la tarde del miércoles 15 y la mañana del jueves 16. La denuncia cae en el juzgado número 35, que casualmente instruye actualmente una importante causa de blanqueo de capitales y fraude fiscal que ha tenido ramificaciones en otros dos juzgados madrileños.

El escrito se elabora entre la tarde del miércoles 15 y la mañana del jueves 16. La denuncia cae en el juzgado número 35, que instruye una importante causa de blanqueo de capitales y fraude fiscal 

El juzgado 35 dicta las diligencias previas 2183/2015 contra Rato, y ordena la detención para que los ocho registros ordenados se realicen de manera “eficaz”. Más escarnio público. Alguien recordó que Oleguer Pujol Ferrusola tenía en su teléfono móvil un botón que con apretarlo tras meter una clave borraba los archivos de los ordenadores programados previamente. Mejor prevenir. El jueves 16 por la tarde, a pesar de que los policías nacionales que protegen a Rato han alertado horas antes a sus superiores de que han identificado el coche de los agentes de Aduanas que les seguía, Rodrigo Rato Figaredo es detenido. “En todo momento se mostró cortés y educado, con la mirada ausente en algunos momentos”, señala uno de los 30 agentes e inspectores de la DAVA y de la ONIF que participaron en los registros y en el circo mediático de su arresto. Seguramente el yoga que ahora practica Rato le ayudó a mantener la calma. Luego vino lo de la polémica mano sobre la cabeza de Rato en el momento en que era introducido en el coche para continuar con otros registros. “Es el protocolo. Hubo dos equipos de la Brigada Móvil Central de la DAVA, agentes con más de 25 años de experiencia, en el operativo. Le metieron en un Opel Insignia, y no sabemos qué pasa pero muchos detenidos se dan un golpe en la cabeza al entrar en este tipo de vehículo. Fue por precaución. Muchos de los hechos de esa tarde fueron un poco precipitados. El veterano agente de aduanas que acompaña a Rato va con la cara descubierta, no como otros de sus compañeros que van tapados. Pidió unas gafas de sol pero nadie las tenía a mano”, explican fuentes solventes.

Hay indicios que avalan que todo fue improvisado. “Si se le detiene para un registro más eficaz y para que no destruya pruebas, para qué se le suelta a las pocas horas y se le advierte de que al día siguiente continuarán los registros. ¿No podría haber destruido pruebas por la noche?”, se pregunta un inspector de la ONIF. Además, la ley permite que la entrada y el registro policial en casa de Rato pueda llevarse a cabo simplemente con su consentimiento, sin necesidad de auto judicial, por lo que su detención habría sido innecesaria. Tras el registro de su domicilio, los agentes podrían haberle indicado que, también voluntariamente, acudiera a su despacho de la calle Castelló para el siguiente registro, y el coche de Aduanas podría haber salido con Rato dentro por el garaje sin ninguna exposición pública. Dice un jurista que la detención, cuando no hay oposición ni resistencia, ni riesgo de fuga, ni perturbación de la actividad policial, ni riesgo de destrucción de pruebas, solo sería explicable para la inmediata puesta a disposición judicial después del registro. Pero no fue el caso. La última reflexión es clara: si no iba a escapar, si accedió voluntariamente al registro, si no incomodó el trabajo de los agentes, si no había riesgo de que después destruyera pruebas, si no iba a acabar delante de un juez… ¿por qué fue detenido? Escarnio público.

Si se le detiene para un registro más eficaz y para que no destruya pruebas, para qué se le suelta a las pocas horas y se le advierte de que al día siguiente continuarán los registros

El resto de la historia es conocida. En estos días se ha desgranado con creces la investigación de la ONIF sobre Rato: que si tiene un patrimonio de 27 millones de euros, que si tiene un hotel en Berlín, que si hacía las labores de comisionista en anuncios de publicidad, que si llegó a tener 14,2 millones en Suiza, que si estaba transfiriendo a otras manos su patrimonio para no hacer frente a la fianza del caso Bankia, que si recurrió a testaferros, incluida su secretaria, que si se relaciona con más de 40 empresas, que si los sospechosos pagos que le hizo el banco de inversiones Lazard destaparon el blanqueo, que si Rato había vaciado su Sicav una semana antes de su arresto, que si Anticorrupción se ha mosqueado con Hacienda, que prefirió acudir a la Fiscalía de Madrid.

Los actos finales de esta tragicomedia aún se deben escenificar. Ahora la Fiscalía General del Estado quiere que el juzgado de instrucción número 31 de Madrid (el 35 se lo pasó al 31) lleve la causa porque la investigación sobre el patrimonio personal de Rato y su familia no tiene nada que ver con sus dos imputaciones en la Audiencia Nacional en dos piezas del caso Bankia, a pesar de que la Fiscalía General ha asignado el caso a Anticorrupción porque Rato trataba de mover sus bienes para no pagar la fianza de 134,6 millones. ¿En qué quedamos? Y mientras, Bankia, que el 26 de marzo envió un requerimiento notarial a Rato para que pague la fianza, requerimiento que vence el 26 de abril, recalca que intentará embargarle en unos días. El escarnio sigue. 

La noche del miércoles 15 de abril, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (la DAVA) tenía sus ojos puestos en lo que se ha bautizado como ‘el pasillo marroquí’, la ruta que utilizan grupos yihadistas para mover barcos repletos de hachís que salen de Marruecos con destino a Libia y a Egipto, donde...

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Autor >

David M. Moreno

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