“Se ha iniciado una alerta de prioridad uno por un fallo de seguridad en su colegio”. El 9 de marzo de 2015, ya entrada la noche, desde el Departamento de Educación del Estado de Nueva Jersey (EEUU) llamaron por teléfono al coordinador de exámenes del distrito de Warren, para advertirle de que uno de sus institutos, el Watchung Hills Regional High School, había sufrido una brecha de seguridad.  

El centro educativo no había sido asaltado. Tampoco había registrado ningún incidente violento. La llamada estaba relacionada con un tuit de uno de los estudiantes, que ese día se había sometido a una de las pruebas del examen PARCC (Alianza para el Diagnóstico de la Preparación para los estudios Universitarios y las Profesiones). El estudiante, supuestamente, había tomado una fotografía del examen y la había publicado en la red. 

En la centralita de la empresa suministradora de las pruebas, la multinacional Pearson, habían sonado todas las alarmas y el dispositivo de seguridad contactó con el centro educativo. Solicitaron que se retirase el tuit y que se tomaran las medidas disciplinarias adecuadas. Después se comprobó que otros dos estudiantes del mismo instituto habían tuiteado frases relacionadas con el examen. Los tres fueron amonestados.

El relato de lo ocurrido apareció, pocas horas después, en el blog del veterano periodista Bob Braun: “Pearson, espiando en las redes sociales de los estudiantes que realizan los test PARCC”. En cuestión de horas, el blog se colapsó con el inesperado aluvión de medio millón de visitas.

Pearson llegó a los Estados Unidos en el año 2000 procedente desde Yorkshire, en Inglaterra. Allí el negocio familiar iniciado en 1844, en el área de la construcción, se había expandido en distintas áreas que incluyeron la compra de periódicos, parques de atracciones e incluso el museo de cera Madam Tussauds, en Londres. En 1988 la empresa dio un paso hacia el sector de la educación y, aunque es dueña del diario Financial Times y de la editorial Penguin House Publishing, en la actualidad se dedica principalmente a este sector. Hoy emplea a cerca de 40.000 personas en todo el mundo.

Un año después de que la empresa aterrizara en Estados Unidos, comprando por 2.5 millones de dólares una empresa de test académicos, el Gobierno de George W. Bush puso en funcionamiento la ley 'Que ningún niño se quede atrás' (NCLB, en sus siglas, en inglés), una norma que, entre otras cosas, requería que todos los estudiantes entre infantil y los 18 años realizasen varios test estandarizados cada año para evaluar su rendimiento y progreso. 

Aquella fue una de las claves que empujaron a Pearson a expandirse con rapidez en la mayoría del territorio norteamericano. En la actualidad, según la publicación digital Político, la mitad de los 8 billones de dólares de ventas mundiales de la compañía procede de su división educativa en Norteamérica.  

Pearson se expande como una enorme tela que cubre todo lo relacionado con la educación en los Estados Unidos, aunque su nombre es sobre todo conocido por los test estandarizados. Un informe de The Brookings Institution de 2012 afirma que la compañía tiene contratos con 21 Estados, además de Nueva York y Puerto Rico (un 39% del total, casi triplicando a su competidor más cercano), y recibe un beneficio anual de 258 millones de dólares al año por esta operación. 

La multinacional elabora, corrige y vigila el cumplimiento de los test, también vende el material de preparación para los exámenes, los manuales para los profesores y el software que evalúa el trabajo, rendimiento y comportamiento de los estudiantes. Su metodología es tan estricta que cuando los alumnos se someten a una de sus pruebas, los profesores deben firmar un acta en la que se comprometen a no leer ni una sola de las preguntas de examen. Durante cada una de las pruebas (matemáticas, y lengua inglesa y literatura) los tutores deben caminar continuamente alrededor de la clase, sin detenerse nunca a observar las hojas de examen de sus pupilos.

Un niño de 5ºGrado (5º de Primaria) en Estados Unidos pasa aproximadamente 80 horas de colegio en los test a lo largo del año. Esto se repite cada curso, hasta el último antes de la universidad. Durante el curso que ahora termina, por ejemplo, una escuela de primaria de Nueva Jersey dedica seis días completos de enero a junio a estos test estandarizados. Cada uno de estos días los alumnos se enfrentan a una o varias pruebas de 60 a 75 minutos. Durante el tiempo restante del día, los profesores tienen prohibido enseñar material nuevo del currículum. No es de extrañar puesto que, después de solventar estas pruebas, los estudiantes están intelectualmente agotados. Según el programa televisivo Last Week, Tonight, que emitió un especial sobre los test el pasado mes de mayo, los exámenes llegan a producir tal estrés entre el alumnado que el hecho de que un niño vomite sobre el examen ha dejado de ser algo inesperado.

En cada escuela pública donde se lleva a cabo uno de los tests, la administración vigila que sus profesores cumplan las reglas estipuladas por la empresa examinadora. Las repercusiones han llegado hasta la encarcelación de ocho profesores de Atlanta, Georgia. La justicia solventó así en mayo un escándalo en el que 180 profesores y administradores manipularon los resultados de los alumnos.

Hay mucho en juego en estas pruebas, ya que sus resultados determinan no solo si el alumno puede pasar o no al siguiente nivel; los test reflejan también la eficiencia del profesorado (la curva de rendimiento de un alumno fija parcialmente la validez del maestro. Su empleo puede quedar en la cuerda floja si sus alumnos obtienen resultados pobres). Dependiendo de las calificaciones de los test, y en el caso de rendimiento pésimo, una escuela puede perder financiación del Estado e incluso verse obligada a cerrar. 

Solo a finales de agosto, cuando el siguiente curso escolar esté en ciernes, se emitirán los informes relativos a los alumnos examinados durante este curso. Algo que critica el personal docente, con el argumento de que si no se conocen las preguntas de los exámenes, difícilmente se puede entender dónde están los problemas de un alumno en concreto y de cada escuela en general. 

Camino a la privatización 

“La educación solía ser un tema local que se ha ido homogeneizando en cuanto a metodología y contenido”, dice el periodista Bob Braun, que ha trabajado en el área de la educación desde los años 60. Buscando las causas que han favorecido esta transformación, recuerda las revueltas de 1967 en Newark (Nueva Jersey). “Las ciudades estaban segregadas con población negra, mientras en las zonas adineradas las escuelas eran principalmente blancas. Cuando [George W.] Bush introdujo la ley NCLB yo voté a favor, porque me parecía un buen indicador para saber qué escuelas necesitaban más recursos”. 

Aquella fue la promesa de la ley cuando entró en funcionamiento: pruebas de diagnóstico para detectar las escuelas con mayores necesidades, de manera que se pudiera intervenir inyectando más recursos en ellas. Pero los datos que estudian su implementación muestran que los test son también una herramienta para eliminar las escuelas que no rinden bien, que generalmente coinciden con las de mayor índice de pobreza y mayor diversidad. 

El profesor Bruce Baker, de la Universidad Rutgers, detalló en un reciente estudio el reparto desigual de fondos en varios Estados donde los distritos con más recursos reciben la mayor parte del dinero. Los estudiantes más necesitados, como en el caso de las ciudades de Filadelfia y Chicago, reciben menos. Solo como ejemplo, Chicago cerró 50 escuelas públicas en 2014. Filadelfia cuenta con 20 menos en 2015.

“Los test se han convertido en una herramienta para desmantelar el sistema de escuelas públicas, mientras se allana el camino para otro de escuelas concertadas”, asevera Bob Braun, quien argumenta que ha visto cómo la educación norteamericana ha dejado de estar basada en una saludable estructura comunitaria para convertirse en un producto corporativo. 

La “falta de estandarización” de un país con tanta diversidad educativa fue una de las razones que, según se lee en su extracto, favoreció el desarrollo de los Estándares Estatales Comunes, el conjunto de mínimos para la enseñanza de lengua y literatura inglesa y matemáticas, que se implementaron en 2007, como un añadido a la ley 'Que ningún niño quede atrás', que serviría para medir quién estaba en qué nivel. Entre 2007 y 2014 43 Estados, además de Hawai, los territorios de Guam, Samoa, Islas Mariana y Vírgenes y el departamento de educación de Defensa (DoDEA, en sus siglas, en inglés), adoptaron estos estándares.

'Los test no enseñan'

En Long Island, Nueva York, el superintendente de Herrick Schools,  Jack Bierwith, se lamenta por un grave problema, para el que no encuentra solución a corto plazo. “Las compañías que producen los test tienen demasiado poder y esto pone en peligro el futuro de algunos estudiantes. La educación en nuestro país es una mezcla de público y privado, y las empresas, claro, están en en el terreno de lo privado. La discusión sobre los test estandarizados se ha vuelto tan venenosa que me preocupa. No soy ningún experto en test pero está claro que necesitan mejoras, y es necesario que estas mejoras sean discutidas con el profesorado. Necesitamos poder establecer una conversación y eso ahora mismo es imposible”. 

Cientos de miles de estudiantes norteamericanos han realizado los test este curso (por ley un 95% de los alumnos debe hacerlo), si bien cada vez es más alto el número de padres y alumnos que se movilizan en contra de los mismos.  

“Tests don't teach” (Los exámenes no enseñan), dice en las chapas que repartió la Asociación de la Educación en Nueva Jersey en su última convención anual, el pasado noviembre. De acuerdo con la última encuesta realizada por esta asociación, publicada en febrero de este año, un 86% de los padres estima que los test estandarizados “quitan el control de los principales sujetos, padres y profesores, que saben preparar a los alumnos para la universidad y sus carreras mejor que las compañías y los burócratas”. Se han creado campañas en contra de los exámenes y existen plataformas de padres que han optado por no llevar a sus hijos a los exámenes cuando tiene lugar uno de estos test. 

 “Un puñado de nosotros decidimos que nuestros hijos no hicieran los test. Muchos no estaban seguros de si iría bien, pero el tema fue creciendo y creciendo”, dice Toni Smith, madre de dos hijos en edad escolar, que lideró el boicot a los exámenes en un colegio de Harlem este (Nueva York). Cuando llegó el día de las pruebas, un 80% del alumnado había decidido no presentarse.

“No hay suficiente información sobre los test, sobre su contenido ni sobre nuestras opciones a la hora de que nuestros hijos no los hagan. Pero estamos esforzándonos para que las pruebas sean más transparentes y que la legislación cambie”, dice Smith.

La ley NCLB se encuentra en este momento a la espera de que se lleve a cabo un urgente proceso de revisión, que se ha ido retrasado desde 2007 por la incapacidad del Gobierno para ponerse de acuerdo. El pasado mes de abril, el Senado, en un acuerdo bipartito sin precedentes, aprobó por unanimidad varios cambios en la ley. En el Congreso, sin embargo, los republicanos están divididos en cuanto al margen de modificación de la norma, cuya revisión se espera antes del curso 2015-2016. El senador demócrata de Montana John Tester lidera en este momento la única enmienda a la ley NCLB para reducir el número de test educativos a uno por ciclo: primaria, secundaria e instituto. 

Mientras profesores, padres y alumnos buscan una reducción en el número de test estandarizados y su impacto en la educación del niño y su escuela, una corriente paralela vigila de cerca el 'Gran Hermano' en el que se han convertido las empresas examinadoras.  

Una mina de información desprotegida

Un típico día para un estudiante podría ser así: Cuando Johnny sube al autobús de la escuela, su placa de identidad emite una frecuencia que controla su localización; en la clase, su ordenador portátil pone a su alcance tanto instrucción como test, después graba los resultados y los envía a una entidad externa junto a su estatus racial, económico y de discapacidad. Cuando habla en clase sin levantar la mano, su profesor cataloga este hecho y le penaliza a través de una aplicación diseñada y controlada por la compañía de software. A la hora del almuerzo, sus preferencias alimenticias están grabadas y su huella dactilar escaneada para autorizar el pago. Su ritmo cardiaco y otro tipo de datos biométricos están monitorizados en la clase de educación física; cuando vuelve a casa, Johnny tiene deberes esperándole en la web en la plataforma de Google Apps o un programa similar.

De esta manera describían Rachael Sickland y Leonie Haimson el presente y el futuro de la educación, en su reciente artículo 'Ofreciendo una educación bajo vigilancia”. Sickland y Haimson, codirectoras de la Coalición de Padres por la Privacidad de los Estudiantes (www.studentprivacymatters.org), están entre los muchos grupos norteamericanos que piden a las instituciones más protección para los estudiantes frente a las compañías de tecnología educativa.  

“La agencia NSA está aprendiendo de la industria de la tecnología aplicada a la educación”, advierten las activistas, que trabajan informando y sensibilizando a padres y alumnos de los riesgos que conlleva la masiva cantidad de información que las compañías examinadoras recogen y almacenan de cada alumno, así como la escasa regulación que protege la privacidad de estos datos, y la posibilidad de que se comercie con ellos. 

Entre los datos que la empresa suministradora de los test estandarizados almacena están su etnia, su condición de inmigrante, su situación económica,  si tiene alguna discapacidad, informes curriculares sobre expulsiones de la escuela, infracciones, el número de minutos que ha tardado en responder a cada pregunta, el tipo de programa y ordenador que ha utilizado para resolver el examen... Una información que cruza y complementa, cada año, test a test. 

“No hay motivo por el cual un distrito educativo deba compartir este tipo de información sensible sobre sus alumnos con una compañía que simplemente está contratada para administrar un test. El acceso de Pearson a la información del estudiante debería estar limitado a lo estrictamente necesario para su identificación. ¿Por qué necesita su estatus económico o de inmigración? ¿Como puede nadie justificar que la empresa deba conocer si tiene una discapacidad o su historial médico para administrar un test? El Estado está forzando a nuestras escuelas sin sentido ni ética para revelar información sensible de nuestros niños a Pearson sin un objetivo práctico”, explica Sickland en relación al Estado de Colorado, donde reside y donde el primer año en que los test llegaron al final de secundaria “miles de estudiantes boicotearon las pruebas. La problemática es tal “patata caliente” que el departamento de Educación ha anunciado que no revelará los resultados de las pruebas.  

Preguntado por el tipo de datos que almacena y qué hace con ellos, Pearson no ha contestado para la elaboración de este reportaje, aunque en una presentación reciente en Colorado defendió que “la información de los alumnos relativa a los test es propiedad del Estado, Pearson no puede usarla si no está autorizado para ello (…) La privacidad de los datos de los estudiantes está entre los requisitos del contrato (...) No compartimos la información de los estudiantes con nadie, salvo bajo autorización del Estado (...) No la compartimos con otras empresas ni para el desarrollo de otros productos ni de publicidad (…) no vendemos la información de los test a nadie”. 

Un alto ejecutivo de Pearson afirmó en 2012 que su compañía era el mayor custodio de información estudiantil del mundo. En su presentación del pasado mes de marzo en Colorado, la entidad defendió que allí se acoge a las leyes de protección de datos de estudiantes estadounidenses (FERPA y Student Data Protection, Accessibility, Transparency, and Accountability Act de 2014).

Si bien esto supone cierta protección, tanto Sickland como Haimson y multitud de organizaciones no gubernamentales afirman que no es suficiente. Los contratos que Pearson firma con los Estados no ofrecen ningún mecanismo para que el Estado pueda comprobar si la empresa respeta esta política. Pese a ser la única empresa de su tipo con asiento en el Global Partnership for Education (una organización internacional con participación del Banco Mundial y las Nacionales Unidas que pretende fomentar la igualdad en la educación), Pearson no figura entre las más de 100 empresas educativas firmantes en la petición de privacidad para el estudiante (Student Privacy Pledge) promovida por Barack Obama e implementada el pasado enero, como salvaguarda contra la minería de datos. 

El reciente artículo de Político sobre Pearson, 'No profit left behind',  elabora incluso sobre ciertas teorías de conspiración que sugieren una siniestra mano de la empresa en la política estatal y federal de educación. En él, el profesor de historia de la educación en la Universidad de Nueva York Jonathan Zimmerman advierte: “Cuando el Gobierno federal empieza a proponer cosas como examinar a todos los niños es como abrir una mina de oro. Las personas que hemos elegido son quienes han creado el paisaje que ha permitido a Pearson prosperar”.

El periodista y bloguero Bob Braun asegura que es “como una pescadilla que se muerde la cola”: a pesar de que Pearson parece ser en estos momentos el objetivo último de todas las críticas en el sector educativo estadounidense, es necesario que la sociedad “mire más allá”. Nadie sino el Gobierno estatal y federal requieren de Pearson y el resto de compañías de test que recopilen información tan detallada de los alumnos a los que examinan.  

En España, Pearson suministra materiales educativos a diversas comunidades autónomas. A nivel mundial, es además el nuevo administrador del Test PISA 2015. ¿Está preparado el resto del mundo para que alguien controle lo que tuitean los estudiantes de medio planeta?