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El TTIP, mucho más que un acuerdo de comercio

España renuncia a poner restricciones de acceso al mercado en sectores clave como el agrícola, el turístico o el de servicios médicos. La decisión del Gobierno expone a las pymes a las grandes corporaciones estadounidenses.

Pilar Solà Paños 13/11/2015

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El 23 de octubre concluyó en Miami la undécima ronda de negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, en sus siglas en inglés). La negociación abarcó temas tan amplios como los servicios, la agricultura, las compras del sector público y el tratamiento de las inversiones. El objetivo final del acuerdo es el incremento de la integración de ambas economías mediante la intensificación de los flujos comerciales, de servicios y de inversión. 

Como la agenda deja en evidencia, el TTIP no es exclusivamente un pacto comercial centrado en la supresión de las barreras arancelarias, sino que busca la armonización de todas aquellas leyes, medidas y regulaciones que restringen el comercio de bienes y servicios, es decir, lo que se denomina las barreras no arancelarias. Estas barreras son las que garantizan que los productos y servicios de terceros países que acceden al mercado doméstico cumplan las garantías alimentarias, de calidad, de salubridad pública, así como las normas medioambientales y de protección de la competencia válidas en el territorio.

De hecho, mientras que las barreras arancelarias entre Europa y EEUU son casi inexistentes en todos los sectores, las diferencias entre ambas legislaciones y regulaciones son múltiples y profundas. Baste recordar, por ejemplo, las disparidades en la legislación laboral, la medioambiental o en las normas relativas a productos alimentarios.

Por tanto, si el objetivo es armonizar las leyes y regulaciones para facilitar el comercio, la legislación tanto en Europa como en EEUU debería ser modificada. Y, dado que el TTIP abarca múltiples sectores, incluyendo los regulados, la transformación que supondría su puesta en marcha en Europa sería, como reconoce la propia Comisión Europea, de una magnitud sin precedentes.

Pero, ¿transformación, en qué sentido? Ahí es donde, efectivamente, identificamos el contenido altamente político del acuerdo. Si el objetivo declarado del TTIP es la liberalización progresiva del comercio de bienes y servicios, el riesgo de que, en aras de esa liberalización, se desregule el mercado o se regule a la baja es muy elevado. Este riesgo es tanto más crítico si tenemos en cuenta que el ámbito del TTIP también incluye aspectos tan sensibles para el desarrollo equilibrado y equitativo de la sociedad como son la sanidad y la educación.

Sectores y servicios excluidos del TTIP

Hay algunos sectores, como el audiovisual o, más recientemente anunciado, la protección de datos, que han sido eliminados de la negociación del TTIP por las profundas implicaciones que tendría la apertura del mercado europeo. Adicionalmente, el TTIP contempla la posibilidad de que bien la UE o bien cada Estado miembro puedan especificar qué servicios y/o sectores serán excluidos del acuerdo o verán su aplicación restringida o sujeta a determinadas condiciones. Es decir, qué servicios van a ser liberalizados y cuáles no. De este modo, la UE trata de proteger los servicios públicos, dando un instrumento a los gobiernos para que puedan evitar que corporaciones extranjeras suministren o inviertan en sectores regulados como la sanidad, la educación, los servicios sociales o los servicios relacionados con el suministro de agua.

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, lo explicaba de este modo en enero de este año: “Las exclusiones (del TTIP) se utilizan para asegurar que los Estados miembros (a todos los niveles, desde el gobierno central a las autoridades locales) puedan continuar administrando sus servicios públicos de la manera que consideren conveniente. (…) Nosotros nos aseguramos de que los gobiernos no tengan que abrir sus servicios públicos (...) a los inversores privados si ellos no lo desean y que, en el caso de que si lo deseen, no haya nada que les impida revertir su decisión en un futuro. Los Estados miembros tienen la posibilidad de adaptar las exclusiones de acuerdo con sus necesidades como parte de las negociaciones comerciales de la UE”. Malmstrom se dirigía de este modo a Lord Livingston, ministro de Comercio e Inversiones del Reino Unido, con motivo de las críticas generadas por la exposición del sistema de sanidad pública británico (NHS por sus siglas en inglés) al TTIP.

El TTIP no es el único acuerdo que contempla la posibilidad de excluir determinados servicios públicos de su ámbito de aplicación. De hecho, el recientemente concluido Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre Europa y Canadá (CETA, en sus siglas en inglés) de características similares al TTIP, también contiene anexa una lista de servicios excluidos. En ella hallamos, por ejemplo, la emisión de licencias de taxi en determinadas regiones belgas.

Por tanto, si un Estado miembro quiere preservar un sector o un servicio de su liberalización, tiene la posibilidad de excluirlo total o parcialmente del TTIP.

La posición de España

El análisis de los sectores excluidos del TTIP por parte de los Estados miembros de la UE deja en evidencia diferencias significativas. Si nos centramos en el caso de España, observamos que son pocas las exclusiones y las limitaciones de acceso al mercado interno. Tampoco en los sectores que pueden resultar más atractivos para el capital extranjero y que por tanto están más expuestos a las grandes corporaciones americanas.

En el sector agrícola, por ejemplo, España no establece ninguna restricción a la apertura del mercado doméstico, mientras que Francia, con una industria vinícola también importante, determina que tanto la constitución de empresas agrícolas por parte de ciudadanos de EEUU como la compra de viñedos por parte de inversores de ese país estará sujeto a autorización.

España tampoco define ninguna restricción de entrada en el sector de los servicios médicos, aspecto cuanto menos sorprendente si tenemos en cuenta el elevado índice de desocupación en el sector. En cambio, Alemania establece que sólo podrán acceder a su mercado las personas físicas y previa confirmación de necesidad económica. Francia estipula que es necesario poseer la nacionalidad francesa, aunque se fijará un sistema de cupos para extranjeros.

En cuanto a la producciones de bienes, en general, no existe ninguna restricción por parte ni de la UE ni de casi ningún Estado miembro, tampoco de España. Lo mismo ocurre con el sector turístico, tan crítico para la economía española.

El siguiente paso

Los próximos meses van a ser cruciales para la negociación del TTIP. Por un lado, vamos a ver cómo la negociación se acelera, ya que tanto Estados Unidos como la Comisión Europea desean que concluya antes de que finalice el mandato del Presidente de los EEUU, a comienzos del 2017. Obama se ha manifestado abiertamente favorable al acuerdo, mientras que los republicanos han mostrado públicamente sus reticencias. Además, la reciente firma por parte de EEUU de la Asociación Económica Transpacífica (TPP en sus siglas en inglés) otorga al TTIP la primera prioridad en la agenda comercial de EEUU. Podemos anticipar, por tanto, que los escollos que han aparecido en la negociación, como los mecanismos de arbitraje (ISDS, en sus siglas en inglés) o los relativos al sector financiero, se dirimirán en los próximos meses.

Por otro lado, el papel de los parlamentos de los Estados miembros en la negociación y aprobación de estos acuerdos ya está sobre la mesa. La Comisión Europea ha elevado al Tribunal de Justicia Europeo (TJE) la pregunta sobre su competencia para firmar acuerdos de las características del TTIP o si, en cambio, estos deben ser discutidos y ratificados por parte de los Estados. La pregunta se refiere al Acuerdo de Libre Comercio recientemente concluido con Singapur y se espera que el TJE emita su dictamen próximamente.

La información y la discusión sobre el TTIP son cruciales. Y no sólo para asegurar y fundamentar el debate ciudadano, esencial en democracia, sino también para garantizar, entre otras cosas, que las pequeñas y medianas empresas españolas, vertebradoras del tejido económico, estén debidamente informadas de los riesgos que conlleva la apertura del mercado a las grandes corporaciones estadounidenses.

En España el análisis riguroso y no instrumentalizado del TTIP y de su impacto socioeconómico no está ocupando el espacio que merece en la discusión política, ni en la económica, ni tan siquiera en los medios de comunicación. Y el debate es fundamental. Como afirmaba Paul Krugmann a propósito del TPP: “Queremos estar seguros de que la gente que negocia el acuerdo presta atención a inquietudes que son razonables, y que se preocupa por el interés nacional más que por los intereses de las corporaciones.”

Pilar Solà Paños es economista y consejera editorial de CTXT.

 

Autor >

Pilar Solà Paños

Es economista, especialista en comercio internacional, y consejera editorial de CTXT.

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