EDITORIAL
Últimas tendencias neoliberales: el copago en el derecho de asilo
20/01/2016
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La convención sobre el estatuto de los refugiados es un tratado promovido por Naciones Unidas en 1951 como secuencia ineludible de la declaración universal de derechos humanos. Los países firmantes (hoy 194) se obligan a conceder asilo a las personas que se ven forzadas a huir de su país bajo persecución por motivos de raza, religión o ideología. Europa hizo de este derecho una de sus señas de identidad. Pero ha bastado una inusual afluencia de refugiados de Oriente Próximo, puestos en fuga por las guerras de Irak y Siria, para que se levanten algunas barreras interiores que tanto costó derribar. Dinamarca ha restablecido temporalmente los controles en su frontera con Alemania y se dispone a requisar dinero a los demandantes de asilo para sufragar los costes de acogida.
Dinamarca tiene una práctica consolidada de solidaridad, a veces en situaciones extremas. Durante la ocupación nazi un 99% de los judíos daneses sobrevivieron al exterminio decretado por las autoridades alemanas, mientras en la cercana Estonia eran asesinados el 99%, según el cómputo del historiador Timothy Snyder (Tierra negra). En diciembre de 1952 fue el primer firmante de la convención sobre los refugiados, texto que trataba de proteger a los millones de personas que después de la segunda guerra mundial vagaban como fantasmas por Europa bajo la condición de perseguidos o apátridas debido al nuevo trazado de fronteras. En un continente devastado por la guerra más destructiva de la historia, políticos conservadores y socialdemócratas fueron capaces de ponerse de acuerdo para dar asilo a esa legión de miserables perseguidos y privados de cualquier derecho.
Los mismos actores políticos confluyen hoy en programas neoliberales que están desmantelando de forma acelerada los derechos sociales establecidos por sus antecesores. En este estado de cosas los refugiados se han convertido en una amenaza más que es preciso minimizar. El país pionero en la firma de la convención de Ginebra, que figura siempre entre los cinco primeros donantes de ayuda al desarrollo, publicó el pasado otoño en la prensa libanesa una campaña para disuadir a los eventuales solicitantes de asilo con el argumento de que las ayudas sociales iban a reducirse a la mitad y que la reunificación familiar se retrasaría hasta los tres años.
Como nuevo mecanismo disuasorio el gobierno del liberal Rasmussen, apoyado por el ultraderechista Partido Popular Danés, ha enviado al Parlamento un ley que autoriza a las autoridades migratorias a incautarse de joyas o sumas de dinero que excedan las 10.000 coronas (1.350 euros). A cambio de ligeras correcciones en el texto, los socialdemócratas han comprometido su voto favorable. Según la lógica gubernamental es inaceptable que los contribuyentes daneses tengan que pagar la subsistencia de unos extranjeros que cuentan con recursos propios. La última vuelta de tuerca al sistema de copago.
La norma tiene un difícil encaje en la convención de Naciones Unidas, pero ya cuenta con un precedente. Aunque nadie pareció darse cuenta, Suiza lleva aplicando este modelo desde 1995, a partir de unos bienes superiores a 1.000 francos suizos, con el agravante de que el refugiado que consigue un puesto de trabajo debe entregar durante diez años el 10% de su salario para sufragar los gastos del asilo.
Es difícil evitar que la imagen de unos refugiados obligados a desprenderse de sus pertenencias no evoque algunos de los recuerdos más ominosos de la historia europea. Setenta años después del Holocausto judío y gitano, este continente que fue capaz de superar su propia devastación con un formidable ejemplo de solidaridad se muestra incapaz de mostrar la más elemental empatía hacia los miles de refugiados que llaman a su puerta huyendo de las múltiples guerras de Oriente Medio, conflictos en los que los europeos no hemos sido actores inocentes desde que las potencias vencedoras de la Gran Guerra definieron sus fronteras en el Tratado de Versalles.
No es una cuestión de caridad o ideología, sino de legalidad, derechos humanos y obligaciones: los que establece la convención de los refugiados que hemos firmado.
La convención sobre el estatuto de los refugiados es un tratado promovido por Naciones Unidas en 1951 como secuencia ineludible de la declaración universal de derechos humanos. Los países firmantes (hoy 194) se obligan a conceder asilo a las personas que se ven forzadas a huir de su país bajo persecución por...
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