Mientras media Europa asume con mayores o menores dificultades la llegada masiva de refugiados provenientes de Oriente Próximo y África, la pequeña Suiza parece estar exenta de un flujo de migrantes digno de mención. Al menos por el momento. Pero cada vez son más notorios los controles policiales en las grandes estaciones de tren, y no es raro ver grupos de jóvenes hombres africanos o árabes deambulando por las calles con carpetas llenas de documentos mientras intentan desentrañar la maraña burocrática helvética.

Pero una vez más, el pequeño país alpino genera titulares en medio mundo. Y lo cierto es que raramente lo hace por los aspectos más positivos de su sociedad (que también los tiene) o sus logros científicos. En este caso en particular, la razón que causa escándalo global y genera páginas y más páginas en la prensa es el descubrimiento de que Suiza aplica una política de “confiscación” de bienes a los aspirantes al muy codiciado estatuto de refugiado en el riquísimo país alpino.

Esto no es nuevo, y dicha política está en vigor desde 1995. Pero la decisión del Gobierno danés de estudiar la aplicación de unas reglas similares a las suizas a sus actuales refugiados sacó de la amnesia colectiva a los hijos de Heidi. El inesperado instrumento que trajo la polémica fue la emisión de 10 vor 10 en la TV pública suiza alemana, la SRF.

El reportaje que sacó a la luz dicha práctica explicó a los asombrados suizos que la política aplicada consiste en quedarse con todos los bienes de los migrantes por valor superior a 1.000 francos suizos, o unos 900 euros. La medida incluye joyas y objetos de valor, salvo aquellos que tengan un significado emocional y personal muy especial, como pueden ser las alianzas de boda. Todo ello estrictamente catalogado y entregado contra riguroso recibo; como debe ser en la muy ordenada Suiza. Eso sí: lo bueno de la historia es que en caso de que los aspirantes al asilo decidan partir antes de siete meses, el Gobierno les devuelve la totalidad de sus bienes. Nobleza obliga.

Como es fácil imaginar, la noticia hizo primero correr ríos de tinta en Suiza y enseguida saltó a las páginas de la prensa internacional. La Secretaría de Estado de las Migraciones (organismo estatal que gestiona la cuestión de los refugiados) hizo saber en un comunicado de prensa que “efectivamente, la SEM procede a cobrar una tasa especial si un demandante de asilo está en posesión de bienes que superen los 1.000 francos suizos”. Según dicho comunicado, en 2015, sobre 45.000 candidatos al refugio que hubieran podido verse afectados por esta política, solo 112 hicieron efectiva la entrega de sus bienes. La suma total recaudada fue cercana a los 200.000 euros.

El dinero confiscado debería entonces servir para cubrir “en la medida de los posible” los costos asociados a la manutención y alojamiento de los aspirantes a refugiados, así como contribuir también a “financiar el costo asociado a la gestión administrativa de las demandas de asilo”. Otra medida polémica es que si los aspirantes a refugiados pueden finalmente ejercer una actividad lucrativa, están obligados a pagar una tasa especial equivalente al 10% de sus ingresos hasta llegar a unos 14.000 euros por trabajador. Esta medida deja de aplicarse una vez que obtienen el preciado estatus de refugiados. De más está aclarar que la Organización Suiza de Apoyo al Refugiado (OSAR) critica esta medida, a la que juzga “indigna”. Y no son los únicos. Destacados miembros del Partido Socialista piden la abolición de esta política, vista como “restrictiva y poco integradora”.

Aunque, al mismo tiempo, no son pocos los miembros del público que aplauden a las autoridades. En los foros de comentarios de los grandes diarios y en las redes sociales no es difícil encontrar ciudadanos que consideran necesario que “el aspirante a refugiado contribuya a pagar los costos que genera”, o que destacan lo justo de un sistema de toma y daca en la que el refugiado “debe devolver lo que ha recibido, llegado el momento”. Tampoco faltan quienes abogan por el “inmediato retorno” a sus países de origen una vez finalizados los conflictos armados.

Cabe recordar que en Suiza el partido mayoritario es el SVP / UDC, o Partido del Pueblo de Suiza, que posee casi un cuarto de los escaños en el Parlamento de Berna. Este partido es una formación de derecha nacionalista enemiga jurada de la UE y que aboga por límites claros a la inmigración en un país que cuenta con más de un 20% de residentes nacidos fuera de sus fronteras. A finales de 2014, sumaban casi dos millones, el 66% procedentes de países comunitarios. Ciudades como Ginebra rompen todos los récords occidentales con más de un 50% de ciudadanos no nacidos en Suiza --la mayoría ciudadanos de la UE, una gran parte diplomáticos--, a los que se suman los trabajadores “fronterizos” que vienen diariamente a trabajar desde Francia, Italia o Alemania. Unos trabajadores que son también fuente creciente de hostilidad en un país con un envidiable 3,5% de paro.

Aunque en defensa del modelo helvético cabe recordar un hecho poco conocido, y es que unas reglas similares a las del escándalo de los refugiados se aplican también a los propios nacionales. Si un suizo dispone de ahorros, bienes o propiedades, debe usarlos para hacer frente a sus propias necesidades antes de recurrir al dinero público.

Un ejemplo concreto podría ser un anciano que necesita ser ingresado o servicios médicos prolongados, por ejemplo, en una casa de retiro. Mientras el paciente disponga de medios, debe hacerse cargo de sus propias facturas, e incluso de ser necesario debe poner sus bienes a disposición. Solo una vez agotados esos recursos financieros propios, el Estado asume los gastos. De más está aclarar que dicha medida no se aplica en el caso de pacientes sin recursos.

En todo caso, y volviendo a los demandantes de asilo, la pregunta que se hacen los medios de comunicación es por qué se añade una carga suplementaria a unos migrantes que ya han sido “robados previamente por los traficantes de personas”, como se comentaba el pasado fin de semana en un artículo de Le Temps, uno de los principales cotidianos del país.