Se ha hecho tantas veces referencia al tópico de  “fechas históricas” que nadie quiere ya fijar una más. No obstante, sí que me atreveré a decir que el referéndum de la OTAN marca un antes y un después en nuestra política exterior, y que esta convocatoria y la fecha del mismo constituyeron, tanto cronológica como históricamente, el fulcro de una serie de acciones políticas, claves en nuestra evolución democrática, durante la década de los 80 del pasado siglo.

Tanto el golpe de Estado del 23F del año 81, como el ingreso en la OTAN en mayo de 1982, la firma del Tratado de Adhesión a la CEE en junio de 1985 y la revisión del Convenio con EE.UU. en diciembre de 1988 son acontecimientos que están vinculados, como antecedente o consecuencia del referéndum de la OTAN celebrado el 12 de marzo de 1986, del que ahora celebramos su trigésimo aniversario.

Es muy difícil y complejo contrastar acciones políticas en situaciones disímiles pero ya nadie se atreve a negar que el referéndum y nuestra entrada en la UE corrieron caminos paralelos.

Si a esos procesos les unimos las negociaciones del tratado bilateral hispano-norteamericano y la situación militar --y política-- tras el golpe del 23F, tendremos dibujado un cuadro de variables  históricas que debidamente combinadas puede dar lugar a las más diversas interpretaciones.

El presidente Suárez, tras las elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, estaba más centrado en la política interior de cara a la implantación de un sistema político democrático que en una potencial adhesión a la OTAN.

Y así, no es hasta la primavera de 1980, cuando Francia veta el proceso de ampliación de la CEE paralizando la adhesión de España a las Comunidades, en que el Gobierno español decide utilizar el ingreso en la OTAN como moneda de cambio para presionar a la Alianza y obtener la adhesión a la CEE.

Pero los problemas del veto francés no eran los únicos. A ellos se unieron las dificultades que atravesaba la política interna con la moción de censura presentada por los socialistas, el fuerte varapalo recibido por UCD en las primeras elecciones autonómicas celebradas en Cataluña y el País Vasco, las reclamaciones de Andalucía por mayores cotas de autogobierno y, consecuentemente, la posición de Suárez se hacía cada vez más débil.

Acosado tanto dentro como fuera de su partido, Suárez tomó dos decisiones relevantes (¡un mes antes del 23F!): decidir, con cierto secretismo, la integración de España en la OTAN (comunicación verbal al ministro de AA.EE. y al Rey, el 23 de enero) y presentar su dimisión al Rey, el 27 de enero. 

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 provocó un parón del proceso de adhesión a corto plazo pero, a medio plazo, hizo patente la necesidad de reciclar y "occidentalizar" a las Fuerzas Armadas para evitar futuras actuaciones antidemocráticas. Se pensaba que las FA de los países de la OTAN podían servir, en ese sentido, como “modelo e imagen” para las españolas.

A partir de entonces los acontecimientos se desarrollan con celeridad. Se inició un gran debate nacional, con indudables connotaciones electorales, que se reflejó en la aparición de importantes movimientos y campañas anti-OTAN que dieron lugar a una disminución paulatina del número de partidarios de la adhesión, que pasó del 20% en julio de 1981 al 13% en septiembre del mismo año. Pero, un año después, el 30 de mayo de 1982, España pasó a convertirse en el miembro número 16 de la OTAN. 

A nivel interno, el principal partido de la oposición –el PSOE- radicalizó su postura y calificó el ingreso en la OTAN como "barbaridad histórica" y "tremendo error",  al tiempo que manifestaba que "el eventual ingreso en la OTAN convertiría España en una colonia de los Estados Unidos". No obstante, la victoria en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 le obligó a recoger una “indeseable herencia” de Calvo Sotelo: España se había incorporado a la OTAN con la mayoría de la opinión pública y de los partidos políticos en contra, y sin una definición clara y precisa de la aportación española y de los términos de inserción. Así que sus primeras medidas fueron anunciar a los aliados la intención del nuevo Gobierno de detener la integración en la organización militar, mientras realizaba un análisis de los intereses estratégicos de España y convocaba un referéndum, tratando con ello de enviar un mensaje de permanencia y compromiso de ser un “aliado seguro y fiel” de la OTAN, al tiempo que intentaba sacar provecho político de esa decisión como moneda de cambio para la integración en la CEE.

El definitivo giro atlantista se produjo en 1984, cuando se puso énfasis en la relación entre la permanencia en la OTAN y la integración  en la Comunidad Europea y, ya más tarde, en el debate sobre el estado de la nación de octubre de 1985.

En ese debate, Felipe González expuso su famoso "Decálogo" sobre la política de paz y seguridad, cuyos primeros puntos fueron incluidos en la formulación de la pregunta del referéndum que quedó formulada de la siguiente manera: 

"¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?", siendo los términos:

• No incorporación a la estructura militar integrada.
• Prohibición de instalar, almacenar o introducir armamento nuclear en territorio español.
• Reducción progresiva de la presencia militar norteamericana en España.

Este giro no fue fácil porque el clima público y político del país se caracterizaba por la confrontación y la diversidad de opiniones. La postura del Partido Comunista (PCE), claramente antiatlantista, era radicalmente contraria a la permanencia, participando activamente en las movilizaciones de la sociedad. Alianza Popular (AP), que siempre había hecho gala de una vocación claramente atlantista, decidió, poco antes del referéndum, y ya como Coalición Popular (CP), cambiar su posición y adoptar una postura abstencionista, en una clara intención de perjudicar y castigar al Gobierno, privándole así de un número de votantes importante. 

La consulta del día 12 de marzo arrojó unos resultados distintos de los pronosticados: sobre un 59,42% de votos emitidos,  un 52,49% fue a favor, un 39,1% en contra y un 6,53% en blanco.

¿Y cuál fue la actitud de los militares en este referéndum? 

Pues, como mínimo, habría que definirla como poco homogénea. A nivel individual, la idea predominante es que muchos de ellos se acercaron a la postura abstencionista de Coalición Popular. A nivel corporativo, la Armada y el Ejército del Aire eran más partidarios de la integración en la Alianza, mientras que las posiciones en el Ejército de Tierra eran mucho menos favorables. 

Quizás por ello, Narcís Serra, uno de los líderes de la transición militar, y que no era partidario del referéndum por los riesgos que conllevaba la consulta, pensaba que la entrada en la OTAN era un factor básico “en la transformación del perfil militar de los ejércitos españoles y en la modernización de su pensamiento, doctrina y organización”.

Además de una importante decisión de política interior y exterior, lo que sí parece evidente es que la entrada en la OTAN constituyó también una potente medida de política militar, al señalar el camino de la apertura internacional y de la conexión con los ejércitos de los países democráticos. En un periodo en que los ejércitos españoles debían digerir cambios políticos tan contrarios a su “forma de pensar”, era imprescindible dotar las reformas de un contenido técnico y profesional que no fuera cuestionado. Unas reformas que tenían un objetivo bien sencillo: que las fuerzas armadas españolas, y sobre todo el Ejército de Tierra, no mirasen hacia el interior del país sino hacia fuera, que realizasen un proceso de conversión hacia la defensa del país, solo posible integrados en una alianza más amplia, y se olvidasen del mantenimiento del orden interno. 

Otro factor clave, vinculado al referéndum, fue la necesidad de reformular las relaciones bilaterales con los EE.UU., unas relaciones desequilibradas, en las que España desempeñaba el papel de comparsa y que eran prolongación de los acuerdos firmados por Franco con Eisenhower en 1953. Lo que en este año era una clara dependencia respecto a las actuaciones norteamericanas y  a sus voluntades en cuanto al manejo de las bases e instalaciones, se convirtió en 1988 en un equilibrio medido de cargas y responsabilidades con un respeto estricto a la igualdad soberana entre ambos países.

Unos acuerdos que habían sido revisados periódicamente, pero siempre con la habilidad de Estados Unidos para hacerlo en los momentos políticos que le convenían (cuando la otra parte estaba más débil). Pero no fue lo mismo en el período de 1985 a 1988, ya que se encontraron con un hueso difícil de roer gracias a la perseverancia de nuestros negociadores, y más concretamente del embajador Máximo Cajal.

Máximo Cajal estaba persuadido de que el ingreso en la OTAN era uno de los precios que había que pagar por ingresar en la CEE. Así lo exigía, en su opinión, la solidaridad con los socios comunitarios, todos ellos, menos Irlanda, partes en el tratado de Washington.

La estrategia de Máximo Cajal iba, por tanto, dirigida a que el nuevo convenio modificara lo que, hasta entonces, parecía intocable presencia norteamericana en suelo español, pero también, al interés de España por la integración en la Alianza Atlántica –y en la entonces Comunidad europea-- para no perder así, una vez más, el tren de la Historia.

Un Convenio de Cooperación para la Defensa con EE.UU. (1988) que, aprovechando momentos de debilidad política, volvió a revisarse en los años 2012, “para contribuir significativamente al sistema de defensa contra misiles balísticos de la OTAN”, y  2015, “para ampliar el número de tropas desplegadas en la base de Morón hasta un máximo de 2.200 militares, 500 civiles y 26 aeronaves”. 

Unas revisiones que incumplen uno de los mandatos aprobados en el referéndum, hace treinta años: “La reducción progresiva de la presencia norteamericana en España”

“Cosas veredes, amigo Sancho”.