La decisión de José Manuel Durão Barroso, el hombre que representó el máximo poder ejecutivo en la Unión Europea entre 2004 y 2014, de incorporarse a la presidencia de Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, con graves responsabilidades en la última crisis financiera, está causando consternación. El conflicto no ha hecho más que empezar. El sindicato del personal de las instituciones europeas ha dirigido un escrito al presidente de la Comisión Europea y a todos sus miembros exigiendo “lo más rápido posible una revisión de las reglas de ética sobre el compromiso de los más altos dirigentes de la Institución con el fin de que un precedente como este no se pueda producir nunca”. Crecen las voces que piden llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El malestar no proviene sólo de la lógica indignación que puede provocar el comportamiento oportunista de un político, cuyas andanzas han estado marcadas desde su origen por el cambio de chaqueta. La cuestión de fondo verdaderamente preocupante es que en este momento los gobiernos y las principales instituciones de los países democráticos se encuentran cada vez más debilitados y amenazados por el creciente poder de las grandes corporaciones financieras, tecnológicas, industriales o energéticas.

Las decisiones fundamentales que afectan a los ciudadanos se toman cada vez más fuera de los organismos democráticos. Esto no es una caricatura. Lo estamos viendo en directo en las actuales negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), una iniciativa que fue precisamente puesta en marcha por las corporaciones multinacionales de ambos lados del Atlántico, que son las que mantienen el pulso de las negociaciones. Los documentos internos de las sesiones han revelado que el 93% de las consultas sobre los contenidos las han realizado las multinacionales. Los gobiernos y parlamentos van camino de convertirse en comparsas de unas decisiones y acuerdos tomados en otras mesas por las grandes corporaciones guiadas por la búsqueda de beneficios y no de los intereses ciudadanos.

La decisión de Barroso es un síntoma doblemente indicativo de la pérdida de reputación de la Comisión Europea, el principal motor de la construcción europea, y del reforzamiento de una de los monstruos financieros más temibles y peligrosos, como han puesto de relieve sus actuaciones ilícitas antes de (y durante) la última crisis.

De todos los grandes conglomerados financieros, Goldman Sachs es el que más se ha especializado en colocar a sus directivos en los puestos de máxima responsabilidad de los gobiernos y al mismo tiempo en capturar políticos para su organización. Henry Paulson, Robert Rubin y Timothy Geithner fueron altos directivos de Goldman Sachs antes de ser nombrados secretarios del Tesoro de Estados Unidos. También el presidente del BCE, Mario Draghi, estuvo al frente de Goldman Sachs en Europa cuando el banco diseñó la estrategia para camuflar el déficit griego en 2002. La lista de políticos que han pasado antes o después por Goldman Sachs es abrumadora. Romano Prodi, ex primer ministro italiano y presidente de la Comisión Europea antes de Barroso; Peter Sutherland, excomisario de Competencia; Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, por sólo citar algunos.

Vistos los acontecimientos, es lógico sospechar que quizá algunas decisiones políticas importantes se tomaron antes en el banco estadounidense que en los gobiernos. Hay elementos más que suficientes para recelar. Cuando, por ejemplo, a finales de 2011 estallaron las crisis de Italia y Grecia, la Comisión Europea, presidida por José Manuel Barroso, colocó como primeros ministros en estos países a dos economistas sin pasar por las urnas, Mario Monti y Lucas Papademos, respectivamente. Ambos relacionados con Goldman Sachs. Monti había sido asesor del banco estadounidense y Papademos era el gobernador del Banco de Grecia cuando este país contrató los servicios de Goldman Sachs para disfrazar el déficit.

El periodista belga Marc Roche escribió a principios de esta década el libro El Banco. Cómo Goldman Sachs dirige el mundo, en el que describe la tupida red de contactos de la entidad financiera con el poder político y su presencia activa en los acontecimientos más graves de las crisis financiera internacional.

El poder y la influencia de Goldman Sachs eran bien conocidos gracias a este libro y otras publicaciones posteriores. Pero recientemente hemos sabido que este banco ha estado muy vinculado a una peligrosa trayectoria, plagada de prácticas tramposas, sometido a numerosas investigaciones oficiales, y que tuvo importantes responsabilidades en la crisis financiera mundial desatada en 2008. El pasado abril se conoció que el banco sufrió uno de los mayores castigos de las autoridades estadounidenses por engañar a sus clientes. El banco se vio forzado a aceptar pagar una sanción y compensar a los inversores perjudicados por un total de 5.060 millones de dólares por los engaños efectuados a sus clientes entre 2005 y 2007. El Departamento de Justicia concluyó que Goldman Sachs era responsable de haber asegurado falsamente a los inversionistas que los productos que les vendía estaban respaldados con hipotecas sólidas cuando sabía que tenían elevadas posibilidades de resultar fallidas.

Por otra parte, Goldman Sachs fue uno de los creadores y vendedores de los CDO (obligaciones de deuda garantizada) sintéticos, que “amplificaron las pérdidas cuando se produjo el colapso de la burbuja inmobiliaria”, según el informe oficial del Gobierno sobre la causa de la crisis económica y financiera en Estados Unidos (The Financial Crisis Inquiry Report). Según este informe, sólo Goldman Sachs empaquetó y vendió 73.000 millones de dólares en CDO entre 2004 y 2007.

Esta elevada sanción no ha sido ni mucho menos el único tropiezo de Goldman Sachs. Su historial está repleto de buenas acciones. En 2002 ideó un artificio contable para camuflar el déficit del Gobierno conservador griego de Kostas Karamanlis. Un asunto que nunca se ha aclarado. En 2009, el banco aceptó pagar 60 millones de dólares a las autoridades para que el fiscal general de Massachusetts cerrase una investigación sobre una  promoción de préstamos fraudulentos a viviendas. En 2013 fue investigado por una supuesta manipulación del precio del aluminio en el mercado de materias primas. En enero de 2016 el banco aceptó pagar una multa de 15 millones por su participación en operaciones de ventas al descubierto. Y más recientemente el banco está siendo investigado por una emisión de bonos de 3.000 millones de dólares para el fondo soberano de Malasia, 1MDB.

La manera desvergonzada de funcionar del banco fue puesta de manifiesto por un alto ejecutivo, Greg Smith, que abandonó el banco en 2012 hastiado de “oír cómo se hablaba de timar a los clientes”.

Este banco con este dechado de virtudes es el que ha escogido Barroso para su nueva etapa profesional. No es de extrañar que su decisión haya provocado irritación a alguno de los miembros de la actual Comisión Europea. Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, ha señalado que Barroso debería haber hecho una reflexión “política, ética y personal”, cuando aceptó el trabajo de Goldman Sachs.

Lo cierto es que la trayectoria política del ex primer ministro portugués no inspira mucha confianza. Tras su paso por la Federación de Estudiantes Marxistas Leninistas, organización juvenil del Movimiento Reorganizativo del Partido del Proletariado, de inspiración maoísta, dio un fuerte giro a su actividad política para incorporarse a los 24 años al Partido Socialdemócrata (PSD), de centro derecha.

Al frente del PSD, Barroso ganó las elecciones generales en Portugal en 2002. Al año siguiente, como primer ministro, fue el anfitrión de la tristemente famosa reunión de las Azores en la que, junto a Bush, Blair y Aznar, se urdió la guerra de Irak sobre la base de todo tipo de falsedades para justificar la agresión como acaba de demostrar el informe Chilcot en el Reino Unido.

Su mandato de una década al frente de la Comisión Europea significó una pérdida progresiva de identidad y del peso político de esta institución frente al creciente protagonismo de los gobiernos, especialmente el de Alemania. La herencia que dejó Barroso fue una Comisión cada vez más desautorizada, insensible ante el auge del desempleo y la pobreza en Europa, empeñada en aplicar a rajatabla las recetas neoliberales basadas en la austeridad y olvidando el desarrollo de la Europa social que había impulsado Jacques Delors.

Lo terrible es que la decisión de Barroso es otro empujón más hacia la deslegitimación de unas instituciones europeas cada vez más desprestigiadas. Los ciudadanos ven cada vez más con razón que estas instituciones están sobre todo al servicio de los intereses financieros y de las grandes corporaciones. Por si faltaban muestras, Barroso acaba de aportar las últimas pruebas.

Produce además un notable escándalo que un alto empleado que disfruta de una pensión comunitaria próxima a los 18.000 euros mensuales busque ingresos adicionales en un banco cuyas malas prácticas era justo lo que la Comisión había prometido perseguir cuando hablaba de acabar con “el capitalismo salvaje”. Pasándose al servicio de este capitalismo sin escrúpulos, Barroso ha dado su última patada a la legitimidad de la Comisión Europea, de la que hoy está más necesitada que nunca.

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Andreu Missé es fundador y director de Alternativas Económicas.