“Ninguno de los países europeos e instituciones de la UE evaluadas controlan adecuadamente el fenómeno de las puertas giratorias, esto es el traspaso entre el sector público y el privado. Los legisladores están en general exentos de restricciones pre y post empleo público y ‘períodos de cuarentena’, a pesar de ser un blanco clave de las actividades de lobby o influencia”. Esta demoledora afirmación de Transparencia Internacional, derivada de datos como el que revela que en países como Portugal el 54% de los cargos ministeriales “han sido ocupados por profesionales del sector bancario” desde 1974, ilustra la quiebra entre la ética y la política, entre lo moral y lo legal, que lleva años alejando a representantes y representados en todo occidente, y constatando la proximidad de los primeros a las élites del dinero.

El último episodio de esa promiscuidad ha sido en el fichaje de José Manuel Durão Barroso, exjefe de la Comisión Europea (2004-2014), como presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión del planeta, conocido para el ciudadano medio por su participación en el trasiego de las hipotecas basura –uno de los focos del incendio del sistema bancario en 2008-- y sospechoso de haber colaborado para camuflar el déficit real de Grecia. Ambos episodios ocurrieron, precisamente, cuando el portugués dirigía la burocracia comunitaria. 

Ninguno de los países europeos e instituciones de la UE evaluadas controlan adecuadamente el fenómeno de las puertas giratorias, esto es el traspaso entre el sector público y el privado

Casos como el de Durão, “jurídicamente posible pero moralmente inaceptable” para el presidente francés, François Hollande, son frecuentes en todos los escalones de todas las administraciones de la práctica totalidad de los países occidentales, cuyas normas sobre el futuro de sus más altos cargos responden a un mismo patrón: pueden trabajar para quien contrate sus servicios sin tener que dar explicaciones mientras les espera una sustanciosa pensión para cuando decidan retirarse formalmente de cualquier actividad privada. En países como España, recibir ese dinero público puede resultar compatible con el desarrollo de ocupaciones privadas. 

Eso permite que Felipe González medie ante el presidente de Sudán del Sur para desencallar el negocio petrolífero de un empresario iraní; que José Luis Rodríguez Zapatero viaje a la Guinea de Obiang  con dos de sus exministros para desbrozar los caminos de empresas españolas, o que José María Aznar haga de embajador de Abengoa en Libia  a cambio de una comisión del 1% del negocio. “Lo que es legal, es legal”, sentenció la dirigente conservadora Dolores de Cospedal. Obviamente. De hecho, las dudas sobre esas actividades únicamente aparecen cuando el nivel de exigencia de la ley se observa desde una perspectiva ética o moral.

Una legislación poco exigente

La legislación española en esta materia es laxa. De hecho, resulta prácticamente imposible –salvo fechoría- que una puerta giratoria pueda darle en las narices, o atraparle un dedo, a alguien que ha dirigido el Consejo de Ministros. El Estatuto de los Expresidentes del Gobierno, aprobado por decreto en 1992 y reformado por el mismo procedimiento en 2008, establece honores y derechos entre los que se encuentran la aportación con cargo al presupuesto estatal del local y el personal para una oficina, el disfrute de coche con chófer –ambos son dinásticos: heredables por sus viudas en caso de fallecer-, los servicios de seguridad que Interior estime convenientes, apoyo del cuerpo diplomático en sus viajes al extranjero y una indemnización del 80% del sueldo en los dos años posteriores al cese, si antes no ocupan otro cargo ni se emplean, y como estadio previo a una pensión vitalicia de 80.000 euros anuales. 

Resulta prácticamente imposible -salvo fechoría- que una puerta giratoria pueda darle en las narices, o atraparle un dedo, a alguien que ha dirigido el Consejo de Ministros

Todo ello sin exigencias, ni siquiera de transparencia, más allá de la incompatibilidad de recibir los 75.000 euros que conlleva el ingreso en el Consejo de Estado con cualquier actividad privada y de la obligación de declarar sus rentas a Hacienda, tal y como ocurre con sus emolumentos como consejeros de empresas y al igual que el resto de los ciudadanos. UPyD denunció hace año y medio cómo PP y PSOE rechazaban su enmienda a la regulación del estatuto de los altos cargos, con la que pretendían que los ingresos de origen privado fueran incompatibles con los públicos.

En Europa ocurre algo similar. El artículo 245 del Tratado de la Unión se limita a establecer que los miembros de la Comisión “se comprometerán solemnemente a respetar (…) los deberes de honestidad y discreción, en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones y beneficios”. Por si se saltan ese ambiguo régimen de incompatibilidades -“determinado” significa “alguno en particular“, un concepto demasiado genérico como para acarrear una sanción-, ese mismo precepto indica que el Tribunal de Justicia de la UE, podrá, “según los casos”, declarar “la privación del derecho del interesado a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo”. Aquella consiste en un ingreso de 18.000 euros mensuales cuando cumplen los 65. Durão lo hará dentro de cuatro. Hasta entonces, según estimaciones periodísticas, cobrará algo más de 30.000 euros al mes de Goldman Sachs. 

El nivel de exigencia es escaso en la práctica. Los exmiembros de la Comisión solo están obligados en los 18 meses posteriores al cese a notificar al organismo para quién van a trabajar, algo que Durão Barroso cumplió ya que ese plazo venció a primeros de mayo y Goldman anunció el fichaje en julio, dos meses antes de estallar la tormenta. Y la activación de la maquinaria está tasada: requiere una decisión mayoritaria del Consejo, que reúne a los 27 presidentes de Gobierno y/o jefes de Estado de la Unión, o una denuncia de la propia Comisión, el mismo órgano que ha abierto una investigación ética tras eludirlo con los fichajes de sus excomisarios Neelie Kroes (Agenda Digital) por Über y Karel de Gucht (Comercio ) por Arcelor-Mittal y que preside Jean Claude Juncker, el mismo que dirigía aquel Gobierno de Luxemburgo que pactó en secreto con varias multinacionales los beneficios fiscales que provocaron el escándalo LuxLeaks. Solo Francia, a través de su ministro de Asuntos Europeos, Harlem Desir, le ha exigido que renuncie al pago mediante el poco, o nada, expeditivo procedimiento del “llamamiento solemne”.

Los exmiembros de la Comisión solo están obligados en los 18 meses posteriores al cese a notificar al organismo para quién van a trabajar

¿A qué se dedica un lobista?

“Me gustaría entender plenamente la postura de la Comisión en este asunto”, señalaba hace unos días la Defensora del pueblo europea, Emily O’Reilly, para quien “algunos casos no dejan de ser problemáticos simplemente porque hayan pasado más de 18 meses”. 

Mientras tanto, Juncker anunciaba que, a partir de ahora, Durao “no será recibido como expresidente sino como lobista” en las dependencias comunitarias, una inédita recatalogación que, en la práctica, incluye no poder utilizar determinadas puertas de los edificios comunitarios pero no impide contactar con quienes sí las cruzan, siempre que lo declare en el registro de lobistas. 

El expresidente de la Comisión ha pasado formalmente de ocupar el número uno a ser uno entre 15.000, que es el número aproximado de lobistas comunitarios acreditados en Bruselas, mientras su sucesor da por buena la aseveración en la que aquel aseguraba no tener intención de buscar influencias que beneficien al banco estadounidense. Entonces, ¿por qué le interesan a Goldman Sachs los servicios de este exmaoísta reconvertido en experto en relaciones internacionales, derecho y economía?

Un lobby es un “grupo de presión”, de donde se deduce que un lobista es alguien que se dedica a presionar a favor de los intereses del lobby; sigilosamente, a poder ser. Según recoge Transparencia Internacional (TI) en su informe El lobby en Europa. Influencia encubierta, acceso privilegiado, la organización Alter-EU detectó cómo los siete miembros no gubernamentales del grupo de expertos que trabajaba sobre Conservación de Datos “representaban los intereses de empresas de telecomunicaciones”, además de hallar “numerosos ejemplos de lobistas a título personal en importantes grupos de expertos, incluidos grupos en materia de impuestos, propiedad intelectual y asuntos financieros”. 

El expresidente de la Comisión ha pasado formalmente de ocupar el número uno a ser uno entre 15.000, que es el número aproximado de lobistas comunitarios acreditados en Bruselas

“Las convocatorias a la participación del público en grupos de expertos a nivel de la UE no son comunes y la transparencia general en el proceso de selección y funcionamiento de los grupos dejan mucho que desear”, sostiene Transparencia Internacional, entidad con una definición de lobby más amplia que la de la Real Academia –“toda comunicación directa o indirecta con decisores políticos o representantes públicos, llevada a cabo por o en nombre de un grupo organizado con el fin de influenciar la toma de decisiones públicas”- y que concluye que “las iniciativas de reforma del sector financiero implementadas tras la crisis a nivel nacional y en el ámbito de la UE se han visto frustradas y debilitadas, en gran parte debido al intenso lobby impulsado por el sector financiero en Europa”.

El dominio de “individuos con mejores medios y contactos”

Con todo, TI no se posiciona en contra de los lobbies sino a favor de su regulación, de manera que quede garantizada la transparencia en su actividad. “El lobby forma parte integral de una democracia sana y está íntimamente vinculado con valores universales como la libertad de expresión o el derecho de petición ante el gobierno”, señala en ese mismo informe, en el que anota que ese modelo “permite a los grupos de interés presentar sus puntos de vista ante las decisiones públicas que les puedan afectar” y también “tiene el potencial de mejorar la calidad de la toma de decisiones”. 

Sin embargo, anota el documento, la ausencia de normas claras hace que, en la práctica, “un número pequeño de individuos con mejores medios y contactos puede llegar a dominar la toma de decisiones políticas”. “Como mínimo –añade--, esto distorsiona las decisiones públicas, y en el peor de los casos podría llevar a la captura masiva del Estado y las instituciones”, ya que “la mayor parte de la influencia sigue siendo oculta e informal. Existen conflictos de intereses serios, y ciertos grupos disfrutan de acceso privilegiado a los encargados de tomar decisiones”.

Las iniciativas de reforma del sector financiero implementadas tras la crisis se han visto frustradas y debilitadas, en gran parte, debido al intenso lobby impulsado por el sector financiero en Europa

Transparencia Internacional analizó en su estudio la calidad de las regulaciones legales sobre los lobbies en 19 estados y tres instituciones europeas con un resultado de 31%, entre el insuficiente y el muy deficiente: 26% en cuanto a la transparencia de las relaciones entre influyentes e influenciables, 33% en claridad de las normas o integridad y otro tanto en igualdad de acceso. Solo Hungría, Italia y Chipre obtienen peor calificación que España en esta materia, únicamente regulada en Austria, Eslovenia, Francia, Irlanda, Lituania, Polonia y Reino Unido. 

La percepción social del soborno

Más de la mitad de los ciudadanos comunitarios (58%) creen, por ese vacío legal, entre otros factores, que “el gobierno de su país está en gran parte o totalmente controlado por unos pocos grandes intereses”. Esa sensación se dispara en España, donde, según el Eurobarómetro de 2013, el 77% de los ciudadanos “cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país”, el 67% “considera que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas”, y un 84% estima que “el soborno y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios públicos”. Y se acentúa en el mundo de la empresa: el 91% de los ejecutivos encuestados “ve excesivos vínculos entre dinero y política” al tiempo que el 93% “cree que la corrupción y el favoritismo dañan los negocios”.

Según el Eurobarómetro el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país

“La situación poco clara del lobby en España, y los sucesivos escándalos de corrupción, producen una incómoda sensación de que el campo de juego no está equilibrado y la toma de decisiones sesgada en diversos ámbitos de políticas a favor de los más poderosos económicamente”, indica Transparencia Internacional en su estudio Una evaluación del lobby en España, en el que anota que esa ausencia de “claridad conceptual” y de controles democráticos lleva a la confusión entre la actividad de los lobistas y el tráfico de influencias.

“La transparencia y la integridad en el ámbito del lobby contribuiría a distinguir y diferenciar claramente esta actividad de otras eventualmente corruptas o faltas de ética, a equilibrar el campo de juego en la toma de decisiones, y en definitiva, a lograr mejores leyes y políticas para todos”, señala Jesús Lizcano, presidente de TI en España, que describe una realidad legal tan vacía como estremecedora: “En España no hay un registro de lobistas, no existe obligación de informar de sus actividades por quienes realizan lobby, tampoco hay órganos de monitoreo y control de esta actividad, y no hay apoyo legal e institucional suficiente para seguir la huella legislativa de las normas jurídicas”. 

“La actividad de lobby suele asociarse a la influencia indebida y a riesgos de corrupción, y normalmente tiene una connotación negativa en el imaginario público”, concluye. ¿Acaso cabría otra percepción vistos la frecuencia de los asuntos de  el intenso y tradicional trasiego de operarios patanegra y ejecutivos entre la política y la gran empresa, y la participación en ese baile de la parte alta del escalafón administrativo que se da en el país?