Análisis
Entre renta mínima y renta básica, ¿una renta mínima automática?
Sería positivo sustituir los programas actuales por un único sistema universal más justo, más eficiente, más sencillo y más barato
Juan A. Gimeno Ullastres 2/11/2016
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El sistema económico y social dominante está provocando una exclusión laboral y social creciente. La carencia de ingresos sigue siendo la primera causa explicativa de todas las situaciones de exclusión y aquí se intenta reflexionar sobre las medidas paliativas que pueden aplicarse de forma inmediata para atender las necesidades elementales de las familias en esa situación de pobreza monetaria.
En sociedades avanzadas como la nuestra, la idea de garantizar a toda persona unos mínimos vitales está admitida desde hace tiempo. Y todas las encuestas parecen mostrar un amplio consenso en favor de algún sistema de rentas mínimas para aquellos colectivos que realmente lo necesiten.
De hecho, el sistema de pensiones, los subsidios de desempleo, las prestaciones asistenciales, los programas autonómicos de rentas mínimas, los mínimos personales y familiares en el IRPF, las diversas prestaciones que aparecen y desaparecen como cheques bebé, rentas de emancipación. Representan un sistema complejo de rentas mínimas casi generales.
Podría decirse que tenemos un sistema de rentas mínimas universales… para quienes han trabajado y pocos más. En un país como España, donde la protección familiar está a la cola de Europa y la pobreza infantil supera el 30%, es necesario terminar con esa enorme injusticia: como grandes colectivos, las mujeres no incorporadas al mundo laboral y los niños son los grandes olvidados de nuestro confuso, complejo e ineficaz sistema de garantía de rentas de carácter incompletamente universal.
Los inconvenientes son conocidos:
— Altos costes administrativos de gestión de los programas de sostenimiento de rentas, tanto para la administración pública correspondiente como para el propio sujeto beneficiario.
— Importante el retraso que se sufre desde el momento en que se inician los trámites de solicitud y el efectivo disfrute de la prestación (doce meses de media), con el consiguiente efecto de desprotección temporal.
— Desincentivo al empleo y estímulo al fraude y la economía sumergida. Habitualmente incompatibles con la obtención de empleo u otros ingresos, provocan la “trampa de la pobreza”.
— Estigmatización social de los perceptores y posibles daños psicológicos y morales consecuentes. Incluso, determinadas personas parecen evitar pasar por la vergüenza de solicitarlo y se autoexcluyen de la ayuda.
— Desigualdad territorial e incentivo a no moverse por gestionarse a nivel autonómico.
La enumeración de los inconvenientes anteriores, en lista ni siquiera exhaustiva, muestra a las claras que es necesaria una alternativa más eficiente. Una de las propuestas más eficientes para erradicar la pobreza sería la de habilitar una renta básica de ciudadanía.
Podría ser conveniente reformular la propuesta, fundiendo la garantía de mínimos y la renta básica en una propuesta
Aunque existe consenso en que debe garantizarse una renta mínima a quien lo necesite, el debate sobre la renta básica (que lleva años en el mundo académico) saltó a la opinión pública ligado a contiendas políticas partidistas, lo que genera prevenciones difíciles de rebasar. Por ello, podría ser conveniente reformular la propuesta, fundiendo la garantía de mínimos y la renta básica en una propuesta que recoja lo fundamental de ambas, políticamente aceptable y financieramente viable: una Renta Mínima Automática (REMA).
La REMA sería un ingreso que se garantizaría inicialmente, de forma incondicional y automática, a todo ciudadano, sin contrapartida ni compromiso alguno y con independencia de las circunstancias personales o de otros recursos y de la situación laboral o familiar. El disfrute efectivo final exigiría que no se superara (gradualmente) determinado nivel de renta.
La cuantía percibida absorbería todas las prestaciones no contributivas. En las contributivas, de entrada, se percibiría una parte como renta básica y el resto (hasta lo que exceda el importe actual) como parte variable. En el subsidio de desempleo, inicialmente, el impacto sería igual al descrito. No obstante, sería necesaria una reflexión más detallada respecto al funcionamiento futuro, para no provocar un quebranto excesivo al pasar a la situación de desempleo.
Frente a los inconvenientes señalados para los subsidios existentes, la REMA aporta indudables ventajas:
— Incondicionado y automático, sin necesidad de solicitud ni aprobación previa, se recibe antes de que aparezca la necesidad. Ello evita los retrasos de los sistemas vigentes con la consiguiente grave desprotección durante ese tiempo.
— Además, exige una gestión mínima frente al actual laberinto burocrático y evita también la estigmatización de la pobreza. La REMA supone eliminar la maraña de programas y normas reguladoras existentes en la actualidad, lo que favorece también el acceso y la universalidad y reduce costes de gestión. Por su propia esencia, los posibles fraudes actuales desaparecen. Ya se ha dicho que es compatible con otros ingresos, por lo que elimina la trampa de la pobreza y los posibles incentivos a la economía sumergida disminuyen sustancialmente.
Por lo tanto, parece fuera de duda que es positivo sustituir los programas actuales por un único sistema universal más justo, más eficiente, más sencillo, más barato.
Los ricos ya reciben una renta básica en el impuesto sobre la renta. El mínimo personal y familiar
Se preguntan algunos, ¿también a los ricos? Lo primero que conviene recordar es que los ricos ya reciben una renta básica en el impuesto sobre la renta. El mínimo personal y familiar (y otros beneficios relacionados) implican que cada contribuyente descuenta de su importe de lo que tendría que pagar en concepto de renta mínima vital. Un subsidio que afecta, claro, a los que hacen declaración: un colectivo donde hay más ricos que pobres. Y eso parece no escandalizar.
La verdad es que el derecho a una renta mínima garantizada corresponde a todo ciudadano por el mero hecho de serlo. De antemano, no sabemos si la persona es necesitada o no, cómo le irán las cosas a lo largo del tiempo… Hemos visto que uno de los principales problemas de las rentas mínimas actuales es el enorme coste, en tiempo, esfuerzo, dinero, personal…, dedicado a la comprobación del grado de necesidad. Parece mucho más fácil y eficaz entregar el dinero sin preguntar, y ajustar cuentas periódicamente. Si le va bien tendrá que devolver, si le fue mal, gracias a la renta previa pudo sobrevivir dignamente sin necesidad de más trámites.
Obviamente, no faltan críticas e inconvenientes respecto a la posible implantación de una renta básica. La primera de ellas, el efecto adverso que pudiera tener sobre los incentivos para el esfuerzo y la búsqueda de empleo. La mayoría de la literatura que presume este posible incentivo perverso de cualquier subsidio sustenta el razonamiento fundamentalmente en la trampa de la pobreza, por el hecho de que encontrar trabajo implica perder el subsidio. Precisamente la REMA elimina ese problema.
La existencia de las horas extraordinarias y la elevada aceptación por parte de la mayor parte de los trabajadores refuerza la idea de que en nuestras sociedades existen estímulos muy poderosos para incrementar el esfuerzo laboral si con ello conseguimos más ingresos. En cualquier caso, por su compatibilidad, el efecto desincentivo será, sin lugar a dudas, menor que en cualquiera de los subsidios a los que sustituye.
probablemente gastamos más en intentar dejar fuera de subsidios al vago que lo que nos costaría pagarles directamente una renta mínima
Por otro lado, probablemente gastamos más en intentar dejar fuera de subsidios al vago (con dudoso éxito y graves molestias y retrasos para los necesitados) que lo que nos costaría pagarles directamente una renta mínima. Y en la situación presente, los perceptores tienen derecho a una renta mínima porque el mercado de trabajo es incapaz de ofrecerles empleo. Ni siquiera indigno.
¿Puede provocar un descenso de salarios? La renta mínima refuerza el derecho de los trabajadores a rechazar las malas ofertas de trabajo así como la capacidad de mantener presiones sindicales. También posibilita elegir entre trabajos remunerados y no remunerados: el hecho de que estos últimos no se contabilicen en el PIB no significa que no contribuyan al bienestar general, sino más bien todo lo contrario.
La igualdad de género resalta que puede suponer un incentivo para el mantenimiento de la mujer en el hogar para todo el conjunto de economía de los cuidados. La primera respuesta es obvia: la renta básica no soluciona ni este ni otros muchos problemas y exclusiones. La lucha debe hacerse con otros medios y otras políticas. Y lo mismo debe decirse para la lucha por el pleno empleo o el “empleo garantizado”, indebidamente considerada alternativa cuando sería, en su caso, complementaria. En todo caso, tener una renta personal da siempre más libertad que no tenerla. Y habría que preguntar a las potenciales beneficiarias si prefieren esperar a que se llegue a una solución estructural del problema.
Pero, ¿es financieramente viable? Una renta incondicionada para todos los ciudadanos, se dice, exige un montante de recursos inabordable o/y poner en peligro otros programas del Estado de bienestar. Evidentemente, la implantación de la renta básica no debe implicar perjuicio para las prestaciones en especie, sin perjuicio de la necesaria revisión de las prestaciones monetarias.
Partamos de una cantidad de 400 euros mensuales (4.800 anuales) para una persona adulta, un 30% de esa cantidad para los menores. La cifra no es quizás la deseable idealmente. Pero obsérvese que, para una familia de dos adultos y dos menores, la renta básica supondría 12.480 euros al año, 1.040 euros al mes. Nos situaríamos en un tramo medio dentro del conjunto de la UE.
Al ahorro correspondiente de las cuantías por prestaciones absorbidas, hay que añadir igualmente el ahorro que se produce en el IRPF. La simplificación supone también una reducción importante de recursos administrativos que hoy se dedican a la gestión y control de esas prestaciones. Si la REMA fuera acompañada de una reforma en profundidad de las prestaciones contributivas, el ahorro podría ser todavía mayor. A todo lo anterior deberíamos añadir las deducciones por maternidad, nacimiento o adopción.
La redistribución que implica la implantación de la REMA provocará un estímulo al consumo, con el consiguiente efecto multiplicador sobre la demanda agregada y, por ende, sobre la recaudación tributaria.
Todo lo anterior puede suponer una financiación automática no inferior al 50% del coste total. Con coste cero (simplemente por absorción de partidas ya existentes), podríamos garantizar la renta mínima aproximadamente para el 50% de la población con menos recursos.
La simplificación supone una reducción importante de recursos administrativos
Necesitaríamos la anulación/recuperación del otro 50%. La opción de restringir la renta mínima al 50% de menores ingresos implicaría un grave error de salto y haría discutible la supresión del mínimo personal y familiar del IRPF para el 50% restante. Por ello, una opción de igual resultado, pero mejores efectos, sería calcular la devolución de forma gradual, de forma que empezara a recuperarse la renta pagada a partir de, por ejemplo, la tercera o cuarta decila de renta, de forma progresiva, alcanzando la totalidad para las dos últimas. Así, la renta básica jugaría de forma completa para el tercio de población realmente necesitada, y de forma muy relevante para el tercio siguiente. La gradualidad evitaría que ganar un euro más suponga una pérdida importante. En esta opción, el máximo de devolución sería equivalente a la renta básica efectivamente recibida, es decir, supondría tan solo su reducción total o parcial, según el nivel de renta.
La utilización del IRPF para el ajuste permite la universalidad inicial de la renta mínima, el automatismo y la simplicidad de su gestión. En la práctica, la retención en origen ya tendría en cuenta el doble juego de ingreso de renta mínima y devolución, con un resultado efectivo nulo en algunos casos y de incremento de la retención para los niveles de ingresos más elevados (puesto que ya no tendrían mínimos personales y familiares). No existiría un problema de financiación por desfase temporal.
No obstante, la manifiesta injusticia en contra de las rentas salariales que supone el actual IRPF, aconsejaría recuperar una parte de ese 50% objetivo, por una vía diferente: debería aprovecharse la circunstancia para equilibrar la presión soportada por esas rentas con la casi exención de las de origen financiero. Un gravamen sobre estas rentas permitiría la REMA, aunque sea parcialmente, para todas las rentas de trabajo. Esta opción reforzaría aún más la progresividad y equidad del sistema impositivo en su conjunto. Pero nos lleva a otro debate.
Es inaplazable el debate sobre una renta mínima de ciudadanía. No ya sobre su conveniencia, que parece evidente, imprescindible y socialmente asumida, sino sobre la mejor forma de aplicarlo de forma eficiente y generalizada. Aunque debe trabajarse sobre las causas y raíces de la pobreza y la exclusión social, es necesario y urgente un buen programa paliativo que garantice, de forma simple y automática, una vida digna a toda la ciudadanía.
Esta pieza es un resumen de la ponencia presentada en las primeras jornadas del Foro de Economía Progresista.
Juan A. Gimeno es presidente de Economistas sin fronteras.
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