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Los números mágicos de las pensiones

La Seguridad Social exime a los trabajadores mejor pagados de cotizar cada año cientos de millones de euros a cambio de que sus futuras pensiones no superen los 2.567 euros al mes

Eduardo Bayona 23/11/2016

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El sistema de pensiones español tiene un régimen progresivo pero no del todo. Lo tiene solo hasta cierto punto. Concretamente, hasta que uno cobra una media de 3.642 euros mensuales brutos –prorrateo de pagas extraordinarias incluido- o 43.704 al año. A partir de ahí, tanto las aportaciones como los futuros cobros se limitan. Es decir, que quien gana 3.642 al mes cotiza lo mismo que el que ingresa 36.420 o más y cobrará los mismos 2.567 al retirarse. Eso, al mismo tiempo que limita los gastos, genera una merma de ingresos de miles de millones de euros cada año que hace que, en la práctica, esa supuesta progresividad resulte regresiva. 

Ese tope de la base de cotización, pese a su aparente altura -según el INE (Instituto Nacional de Estadística) poco más del 7%de los trabajadores quintuplica el Salario Mínimo Interprofesional-, revela una de las injusticias del sistema de protección social español: la limitación de las aportaciones a cambio de que los futuros cobros no rebasen un determinado nivel genera una renta extra de más de mil millones de euros para quienes más cobran en el país y permite un ahorro siete veces superior a las empresas que les pagan.

Quien gana 3.642 al mes cotiza lo mismo que el que ingresa 36.420 o más y cobrará los mismos 2.567 al retirarse

Un total de 607.337 personas declararon a Hacienda en 2014 –último año con datos disponibles- rendimientos del trabajo superiores a los 60.000 euros por los que percibieron un total de 48.525 millones de euros, mientras otros 2.848.079 tributaron por salarios de entre 30.000 y 60.000 que les aportaron un total de 109.902. Los ingresos de origen laboral de la mayoría de esos trabajadores, que suponen el 17,83% de la plantilla y cobran el 41,53% de la masa salarial, se encuentra por encima del tope de cotización, ya que el sueldo medio del segundo grupo es de 40.134. 

El actual sistema de pensiones hace que, aunque sus salarios se mantengan por encima de esos 43.704 euros anuales durante los últimos quince años de su vida laboral –la media de ese periodo marca la paga-, ninguno de ellos podrá cobrar cuando se retire una pensión de jubilación de más de 2.567,28 euros mensuales. Unos ingresos que, por otra parte, no alcanzan trabajando el 58,5% de los asalariados y autónomos del país. 

Sin embargo, al mismo tiempo, esas reglas del juego suponen solo para el grupo de quienes cobran más de 60.000 euros al año un ahorro particular de 1.364 millones de euros por ejercicio -al quedar el grueso de su salario exento de cotizar- y otro de 11.141 para sus empresas. Es decir, que algo más de 12.500 millones de euros quedan cada año al margen del sistema solo con ese grupo de asalariados, al que habría que añadir una cifra probablemente superior del tramo de los que cobran entre 30.000 y 60.000.

Báñez: diagnóstico erróneo por parcial

¿Piensan los expertos exclusivamente en esos dos grupos –por ser los de mayores posibilidades económicas- cuando proclaman la idoneidad de que los trabajadores contraten planes de pensiones privados para complementar las prestaciones del sistema público? ¿Plantearán los sabios la posibilidad de combinar el mantenimiento de los topes para cobrar a partir de determinado nivel de ingresos con la extensión de la progresividad de la cotización a todo el espectro salarial? No y no parecen las respuestas correctas, aunque Mariano Rajoy se descolgó esta semana con un críptico “se puede hablar de eso”. Tras años de desplome, los ejes del debate parecen girar en torno a la posibilidad de crear un nuevo impuesto que las financie y de modificaciones de su actual contabilización.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se alinea en el segundo grupo, según se deduce de las propuestas que expuso este martes ante la comisión del Pacto de Toledo: asignar las reducciones y las bonificaciones a Hacienda en lugar de a la Seguridad Social -permitiría un ahorro contable de unos 2.000 millones de euros al año- y trasladar a los Presupuestos del Estado las pensiones no contributivas de viudedad, orfandad y otros familiares, cuya factura mensual supera los 1.660 millones de euros. 

Tras años de desplome, los ejes del debate giran en torno a la posibilidad de crear un nuevo impuesto que las financie y de modificaciones de contabilización

Es decir, que cuando el debate versa sobre cómo gestionar un gasto mensual de  8.598 millones -6.060 de ellos en jubilaciones y 876 en bajas- y de asegurar su pago, ofrece artificios contables como colofón de un análisis que parte de un error: atribuye el desplome financiero del sistema a la destrucción de empleo –lo cual es parcialmente cierto- pero obvia los efectos de la precarización.

¿Cómo se cotiza?

La Seguridad Social limita las bases de cotización entre un mínimo del SMI -655,20 euros mensuales- incrementado en una sexta parte -764,40 euros- y un máximo de 3.642 al mes o 121,40 diarios. 

Sobre esas cifras, la empresa paga un 23,6% al Seguro para cubrir las llamadas contingencias comunes –desempleo, garantía salarial y formación- y retiene al trabajador para esta misma finalidad un 4,7% de lo que le paga, cifra a la que en el régimen general se suma otro porcentaje de en torno al 1,65% -puede llegar al 7% en oficios como la construcción, la minería y el transporte- para cubrir las necesidades de accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

Esos porcentajes varían en algunos regímenes como el agrario, históricamente el de mayor temporalidad hasta la precarización de los servicios, mientras que los autónomos suelen optar por una base de cotización en función de sus ingresos y encargos.

Es decir, que los ingresos de la Seguridad Social y el futuro de las pensiones que gestiona dependen del nivel salarial de la población. Y este se ha reducido de una manera notable en los últimos años como consecuencia del proceso de precarización iniciado con las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, en cuyos efectos salariales pueden distinguirse varios escalones.

Los efectos de la precarización

Entre 2011 y 2014 quienes no llegaron al salario mínimo interprofesional pasaron de ser cuatro millones a 4,47, y de cobrar 21.087 millones a 22.997, mientras que los 11,8 millones de trabajadores que percibían entre 6.000 y 30.000 euros al año caían a 11,4 y su nómina pasaba de 207.635 a 200.083. En ese mismo periodo, apenas 50.000 empleados desaparecían del bloque de los 2,89 millones con sueldos de entre 30.000 y 60.000 euros brutos mensuales, cuyos ingresos se reducían en algo más de 2.500 millones al pasar de 112.502 a 109.902. Por último, la cifra de perceptores de remuneraciones superiores a esa cifra ha bajado de 685.546 a 607.337 mientras sus ingresos pasaban de 54.379 millones a 48.526.

Ese proceso de precarización ha resultado demoledor para el sistema de cotizaciones: han bajado los sueldos de los casi 16 millones de trabajadores que reciben los salarios más bajos –muchos más cobran mucho menos- y que dependen de la viabilidad del sistema público para mantenerse cuando se retiren al tener escasa capacidad de ahorro, mientras tienden claramente a la baja los salarios del bloque intermedio y apenas se reduce -77.209, un 11,2%- el número de beneficiados por el tope en la aportación. Llama la atención que entre estos últimos hayan subido los sueldos.

Ese proceso de precarización ha resultado demoledor para el sistema de cotizaciones: han bajado los sueldos de los casi 16 millones de trabajadores que reciben los salarios más bajos

Traducido a números, el recorte salarial de los trabajadores que cobran menos de 30.000 euros brutos al año -5.642 millones en tres años- le supone a la Seguridad Social una merma de ingresos de 1.689 -358 de los empleados y 1.331 de las empresas-, mientras que los efectos de un recorte ligeramente superior -5.853 millones- en los salarios de más de 60.000 en esa misma recaudación no llegan a dos terceras partes del anterior: 1.023 millones -217 de los asalariados y 806 de los contratantes-.

Esos datos, aunque los datos de Hacienda no permiten calcular el impacto del recorte salarial del tramo medio, el de los que cobran de 30.000 a 60.000 euros brutos al año, dejan bastante claro qué sectores de los trabajadores soportan el peso del sistema de pensiones.

¿Con topes, sin topes o con determinados topes?

¿Es viable aplicar progresividad para las cotizaciones y mantener un tope en las pensiones de jubilación? Tanto como lo es limitar a personas y familias que no superen determinados niveles de renta –normalmente con base en el Iprem - el acceso a determinados subsidios y ayudas sociales –becas de estudio incluidas- que se financian vía impuestos. Depende de una decisión política. Similar, en el fondo y en la forma, a las que se han aplicado en el último cuarto de siglo para limitar el cobro del desempleo, cuyos recursos salen del mismo fondo y cuyas cotizaciones y pagos se calculan también a partir de la base de cotización.

La eliminación de los topes, en cualquier caso, ha sido una reclamación tradicional de los sindicatos que también han hecho suya los partidos de la izquierda cuando no han gobernado

La eliminación de los topes, en cualquier caso, ha sido una reclamación tradicional de los sindicatos que también han hecho suya los partidos de la izquierda cuando no han gobernado.

Algunos datos sugieren que extender la progresividad en la cotización a todos los tramos salariales y mantener el tope en la pensión -2.567 euros, casi cuatro veces el salario mínimo- facilitarían que el sistema ganara liquidez. Entre otros, el hecho de que la cotización equivalga a algo menos de la tercera parte del sueldo -29,95%, un 23,6% vía empresa y un 6,35% directamente del salario- mientras la pensión alcanza el 70%, un desequilibrio que crecería en caso de liberar el tope de los cobros y que, desde hace unos años, ya se está viendo acentuado por tres factores: la reducción del periodo cotizado y el descenso del nivel salarial, que merman los ingresos, y el aumento de la esperanza de vida de los jubilados, que eleva los gastos. 

Ante este panorama, y después de las dos extracciones por 9.700 millones de euros que el Gobierno hizo el pasado mes de julio, en la llamada hucha de las pensiones, el fondo de reserva que permite a la Seguridad Social cubrir sus necesidades en caso de estrechez, queda dinero solo para un año. Mantiene, a falta del previsible tercer mordisco para la extra de navidad, una reserva de 25.000 millones -menos de la mitad de los 52.000 que acumulaba seis años antes- y afronta una diferencia operativa esencial: ahora no hay sobrantes que añadir al fondo. Ni parece que vaya a haberlos a corto plazo.

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