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El cielo en la frontera entre Siria y Líbano era un tapiz negro y sin relieve. La noche del 16 de diciembre era tan oscura como el camino que aguardaba a Rhagda Mohammd en su huida del país. Ni la luna ni las estrellas brillaban sobre el desierto. Llegó al paso aduanero de madrugada, a bordo de un pequeño coche junto a su hija Sham, que entonces tenía 17 años. Avanzó hacia los soldados libaneses como si caminara hacia un destino que ella no hubiera escrito, sin miedo ni alegría. “Sufrí cinco horas de humillaciones por mi origen palestino. En Beirut fui a la Embajada española y gracias a la doble nacionalidad de mi esposo fallecido y de Sham me expidieron un visado. De allí, a Estambul y luego a Madrid”, relata.

Rhagda no pertenece al cupo de 17.337 refugiados que el Gobierno español se comprometió a reubicar –15.888 desde centros de Grecia e Italia-- y a reasentar –1.449 de los campos de Jordania, Líbano y Turquía-- hace dos años. Aunque el plazo para ejecutar aquel acuerdo de emergencia humanitaria concluye el próximo mes de septiembre, a fecha de hoy sólo han llegado 1.167 personas a España, el 6,5% de la cifra fijada. Es decir, el Ejecutivo del PP debería acelerar el proceso de forma meteórica, a razón de 2.500 refugiados cada mes, para cumplir con el compromiso adquirido en 2015. Nadie cree, excepto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que lo logrará. Pero aunque el incumplimiento europeo con la crisis humanitaria es masivo, el resultado puede repercutir negativamente en la imagen internacional de España. “No tenemos ni un solo motivo para sentirnos orgullosos de nuestra política de asilo y migración”, sentencia Javier Galparsoro, presidente de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR) y uno de los padres de la organización en todo el Estado.

Legalmente, la solicitud de asilo debería resolverse en seis meses pero en la práctica se demora entre año y medio y dos años en España

Los datos en este drama histórico no sólo arruinan la firmeza mostrada por el Gobierno de Rajoy con otras directrices europeas como el déficit presupuestario, sino que arrojan un manto de duda sobre las afirmaciones realizadas por el presidente sobre la actitud acogedora de su Ejecutivo “como refugio de la libertad y el amparo de quien lo necesita”. Si a la informalidad mostrada hacia los reasentamientos y reubicaciones de refugiados se suman las solicitudes de asilo pendientes de resolver, el panorama que se divisa es el de un desgarro sin fin. “Hay más de 20.000 expedientes en situación de espera, con la consiguiente angustia que produce a personas cuyas vidas dependen, en muchos casos, de la resolución”, añade Galparsoro. Legalmente, la solicitud de asilo en España debería resolverse en seis meses, pero en la práctica se demora entre año y medio y dos años. 

Demasiado tiempo para personas en situación de emergencia, como Rhagda Mohammd, que aún viven bajo el estrés que trajeron de su país y el tormento que genera desconocer el destino de unos familiares de los que llegan noticias con cuentagotas. Un túnel de angustia que atraviesan sin recibir ningún tipo de ayuda pública. “Ni siquiera tengo tarjeta sanitaria ni bono de transporte ni recibo clases de idioma para aliviar mi integración. Simplemente estoy en España y vivo con mi hija. La única ayuda que he recibido en estos meses me la han proporcionado algunos vecinos y la oficina diplomática de Palestina. El Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid me dicen que mientras no se resuelva mi situación poco pueden hacer”.

El problema para Rhagda y los miles de solicitantes de asilo que aguardan con los brazos cruzados la resolución de sus expedientes es la subjetividad oficial a la hora de interpretar qué y quién es refugiado. El ejemplo más nítido se produjo hace dos años tras el hundimiento de un barco con 950 personas, el más mortífero de los que se tiene constancia, frente a la costa de Libia. Según se supo días después, la mayor parte de las víctimas procedía de Eritrea, un país que para el Gobierno no produce refugiados sino “inmigrantes económicos”, según aseguró el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. “Los que están muriendo en estas embarcaciones, si mira usted las nacionalidades, vienen fundamentalmente de países que lo que tienen son necesidades económicas, de Eritrea, del África subsahariana, de Gambia. El asilo es una cosa, es un fenómeno para dar refugio a personas que se sienten perseguidas políticamente, y la inmigración económica es otra”, subrayó. 

Poco ha variado esta percepción en un Ejecutivo que, como demostró Rajoy en un artículo publicado el pasado mes de febrero, valora el compromiso español con la acogida en función del porcentaje de nacionalizaciones concedidas en los últimos años. “Somos un país orgulloso de su capacidad de acoger y de integrar", escribía el presidente del Gobierno. "Más de 660.000 hombres y mujeres entre 2011 y 2015 mostraron su opinión sobre España como refugio de la libertad y país de oportunidades (…) Según Eurostat, más del 23% de las concesiones de nacionalidad a nivel europeo son españolas, dato muy por encima de grandes países de la Unión”.

El error del presidente fue utilizar una cifra oficial de 2014, previa a la explosión de la crisis humanitaria en el Mediterráneo, como réplica a los continuos reproches que recibe de la Comisión Europea de Migración por la lentitud exasperante del proceso de concesión de asilo y, de paso, suavizar un poco esa imagen insolidaria que le separa de algunos países de la UE, e incluso Canadá. 

Entre los especialistas que trabajan con los refugiados no existen dudas de que la actitud de España con la migración es claramente reacia. “Es cierto que ahora se ha volcado con los venezolanos, pero incluso en este caso tampoco está resolviendo sus solicitudes porque está a la espera de que se resuelva el conflicto en su país y así desestimar en bloque a todos ellos. Y lo mismo sucede con los ucranianos. Desatiende el proceso de resolución porque eso provoca un rechazo como lugar de acogida. España es, más bien, un aparcadero de solicitantes de asilo”, señala José Miguel Sánchez Tomás, miembro de Inmigra Legal.

Otra maniobra disuasoria del Gobierno, que la Defensora del Pueblo colocó en el disparadero en el balance anual de 2016, es la falta de un reglamento para desarrollar la Ley de Asilo aprobada en 2009, que limitó la posibilidad de pedir protección internacional en las embajadas y consulados españoles repartidos por el mundo. Según se indica en el informe de Becerril, esta deficiencia “dificulta gravemente la gestión de las obligaciones de protección internacional suscritas por España”. 

Otra maniobra disuasoria del Gobierno que la Defensora del Pueblo colocó en el disparadero en 2016 es la falta de un reglamento para desarrollar la Ley de Asilo aprobada en 2009

Para algunos expertos, esta grave deficiencia es consecuencia, en cierta manera, de la incapacidad comunitaria para poner en marcha el reclamado ‘sistema europeo común de asilo’, que debe unificar las diferentes legislaciones sobre el asilo y evitar que, dependiendo del país, se convierta en una lotería incierta. “Hay tal diversidad entre Estados respecto a las condiciones de acogida, los procedimientos y la detención o no de los solicitantes que hoy por hoy es difícil comprenderlo", dice Galparsoro. "Pero lo más alarmante es que un país como España, que es frontera con África, carezca de un reglamento desde hace 7 años. Hablamos de uno de los elementos nucleares del Derecho y, particularmente en este asunto, no sólo debe regular el procedimiento de asilo sino también la situación de los menores o el tráfico de personas”. 

Mientras se avanza en esta legislación comunitaria, los refugiados sólo reaparecen en los monitores del mundo cuando estalla el escándalo del terrorismo o la guerra siria muestra su rostro más obsceno. A veces, también cuando la xenofobia enseña sus dientes en algún lugar de Europa. Después, vuelven a sumergirse en el silencio. Como si no existieran.

Rara es la semana que en el Parlamento Europeo no se presenta algún informe sobre refugiados. El último, la semana pasada. Se debatió un profundo análisis codirigido por la socialista Elena Valenciano y el popular Agustín Díaz de Mera donde se censura con vehemencia la falta de solidaridad de los Estados y se recomienda abrir nuevas rutas seguras que eviten la ratonera infernal del Mediterráneo. También se habló del papel de la OTAN y de Frontex en este asunto, de la necesidad de externalizar las fronteras a terceros países y de la importancia de no abandonar la ayuda al desarrollo en los países menos desarrollados de África.

“Pero lo hicieron de una forma terrible", relata Miguel Urbán, europarlamentario de Unidos Podemos, "vinculando la seguridad fronteriza con el terrorismo y la migración irregular, o utilizando la cooperación al desarrollo como una herramienta casi de chantaje. Tan negativo fue el contenido que decidimos votar no. La única respuesta de Elena Valenciano fue decirnos que cómo podíamos votar en contra junto a la extrema derecha. Y así estamos, con dos representantes, una del PSOE y otro del PP, defiendo idéntica política de inmigración”. 

Escuchar el relato de estas batallas inoperantes no representa para Rhagda sino un acto más de que el compromiso humanitario suscrito por España es engañoso. “Quiero que la guerra se acabe para regresar a mi país”, concluye esta mujer que, pese a todo, mira al futuro aferrada a una ilusión que cada día parece más lejana.