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El pasado lunes se cumplían 6 años del 15M, del no nos representan, de aquella impugnación social al sistema de representación política emanado de la Transición.

Este mismo lunes 15 de mayo por la noche el representante de Ciudadanos en el Congreso Fernando de Páramo decía lo siguiente sobre la eutanasia en el programa de radio de la Cadena SER Hora 25: “Hace falta una ley humanitaria, rigurosa y de consenso”. El representante socialista Eduardo Madina añadía: “Es justo reconocer que no lo hemos hecho bien por la complejidad jurídica y por la aproximación moral en este asunto”. Carles Campuzano, representante en el Congreso por PDeCat, tras apostar directamente por la despenalización, admitía: “Se ha avanzado en la legislación de los testamentos vitales, pero las leyes se nos quedan cortas”. Para finalizar, Andrea Levy, diputada del Partido Popular, llegó a afirmar que los últimos estatutos de su formación contemplaban ya cómo afrontar la eutanasia y afirmaba: “Es cierto que hay que dar una cobertura y un amparo legal a los enfermos y también a los profesionales médicos”.

Eso de la postverdad se me quedaba corto al escucharlos.

Las declaraciones en esta tertulia radiofónica se produjeron al hilo de la campaña por una muerte digna que ha emprendido Luis de Marcos, un enfermo grave de esclerosis múltiple. De Marcos relataba en una entrevista que adelantaba la propia Cadena SER que los dolores insoportables que sufría estaban convirtiendo el final de su vida en un horror: “Esto es peor que una cárcel, esto es una cárcel dentro de mi propio cuerpo, lo único que me funciona es el cerebro, al que todavía no le ha atacado la enfermedad”. Solicitaba así explícitamente la regulación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido (SMA): “Que mi sufrimiento tenga algún sentido y que todo esto que estoy pasando sirva para algo, que los políticos despierten porque lo pienso y me indigna que no esté legislado”.

Desde concepciones solidarias la gran mayoría de los católicos españoles, se pone del lado de la despenalización 

A la mañana siguiente de las compasivas declaraciones de aquellos representantes públicos en la radio, el martes 16 de mayo, durante la reunión que en las semanas de Pleno realiza la Mesa del Congreso para organizar la actividad parlamentaria, se decidía prorrogar el plazo de enmiendas a la Proposición de Ley (PL) de Ciudadanos, llamada orwellianamente de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. La decisión se tomó tras una petición expresa de aplazamiento por parte de PP, PSOE y Grupo Mixto.

¿Qué significa políticamente esta acción burocrática dentro del Congreso?

La admisión a trámite de la PL de Ciudadanos parecía haber retirado en principio la posibilidad de regular la eutanasia. El articulado es una copia literal y desordenada de diversas leyes autonómicas ya vigentes donde se abordan aspectos básicos de autonomía del paciente, cuidados paliativos o declaraciones de voluntades anticipadas. Recordemos que De Páramo (C’s) era precisamente quien pedía “una ley rigurosa”. El Congreso había decidido por mayoría unas semanas atrás tumbar la PL presentada por Unidos Podemos-ECP-EM y que sí regulaba la eutanasia. Apenas unos días más tarde casi todos los grupos decidíamos tramitar la de Ciudadanos. La llamada triple alianza entre PP, PSOE y C’s había funcionado perfectamente coordinada en esta como en otras veces, con el apoyo esta vez de PDeCat. Efectivamente Madina, una vez más no lo habíais hecho bien.

Ante este bloqueo encontramos sin embargo un resquicio. La vida parlamentaria te enseña que hay que conocer el Reglamento a fondo para tratar de usarlo creativamente. Es algo parecido al control previo de constitucionalidad solicitado para el CETA. Si existe en el Reglamento, no te lo pueden negar.

El caso es que contemplamos que si registrábamos una enmienda a la totalidad de la PL de Ciudadanos, donde mediante un texto alternativo mejorásemos lo propuesto en paliativos por la formación naranja –la clave para una cobertura universal es la inversión pública o la garantía de asistencia a domicilio todo el año, no la palabrería legislativa-- y si además reintroducíamos con modificaciones nuestra propuesta de despenalización de eutanasia y SMA, entonces tendría que volver a debatirse en el Pleno todo de manera conjunta. Podríamos así tener una PL de eutanasia este mismo año.

La prórroga de la mañana del martes retrasa una vez más la posibilidad de este debate y, por tanto, la posibilidad de la ley. Postverdad, Orwell o pura hipocresía, como prefieran.

Según una encuesta de Metroscopia publicada este mes de febrero, el 91% de los votantes del PSOE, el 89% de los de Ciudadanos y el 66% de los del PP están a favor de la regulación de la eutanasia. Estamos ante un tema donde el abismo entre los representantes y sus representados es inmenso; donde los primeros no escuchan, no se sienten vinculados con los segundos. Su debate público me está recordando al tratamiento de los refugiados y el asilo: un lenguaje humanitario que pretende lastimosamente empatizar y a la hora de la verdad produce acciones políticas que refuerzan los muros y siguen provocando muertes en el Mediterráneo.

Sugería Hanna Pitkin en su clásico sobre el Concepto de representación que la falta de este vínculo entre representantes y representados impedía adjetivar la representación política como democrática. Su ausencia es lo que nos ha permitido hablar del dominio de una representación oligárquica en nuestro país, pues era con esta oligarquía con la que la mayoría de los gobernantes mantenía relaciones antes que con la ciudadanía. El fenómeno de la corrupción, tanto la legal como la ilegal, es lo que nos ayuda a visualizarlo de manera más clara.

La vida parlamentaria te enseña que hay que conocer el Reglamento a fondo para tratar de usarlo creativamente

Por otra parte, una cosa es defender cierta independencia del representante respecto a votantes, programa y colectivos sociales en el tráfago de las decisiones diarias, conociendo en el fondo y respetando sus compromisos públicos adquiridos --lo cual en ningún caso es lo idóneo--, y otra mantener una posición política radicalmente contraria al 90% de tus votantes.

Teniendo esto en mente, desde Unidos Podemos-ECP-EM decidimos que íbamos a construir una ley que surgiera de la sociedad civil y sus saberes.

Contactamos así allá por el mes de noviembre con la asociación Derecho a Morir Dignamente, dirigida por Luis Montes y Fernando Marín. Les planteamos nuestra iniciativa, que recogíamos de legislaturas anteriores, y comenzamos a conformar el grupo de trabajo que nos ayudaría a redactar la PL desde el principio.

No era un campo fácil. Al no ser un área de amplios colectivos de base y sí estar dominada en cambio por especialistas, temíamos guiarnos en exceso por los expertos. Con estas precauciones escogimos a cerca de 20 referentes profesionales y sociales en campos tan variados, pero necesarios para esta propuesta, como el médico, el jurídico, el filosófico y el bioético, la enfermería, la psicología o el sociológico. Catedráticos y catedráticas, profesionales sanitarios destacados por su experiencia, prestigio y compromiso, miembros de asociaciones, fundaciones y comités que llevaban décadas luchando por la despenalización de la eutanasia, algunos con persecuciones judiciales y políticas detrás, iban así a estudiar el asunto desde perspectivas distintas.

Mantuvimos las primeras reuniones formales en el mes de diciembre. Tras trabajar un borrador durante las Navidades, celebramos un encuentro para discutirlo y corregirlo ya en el mes de enero. En estos meses leímos informes, estadísticas, libros y artículos, leyes internacionales pioneras en la materia. Discutimos sobre los pros y contras de cada medida una y cien veces. Las diputadas del Grupo Confederal ensayaban un modo de funcionamiento que queríamos extender: había una presente por cada espacio político, fomentando la generosidad y la colaboración, el trabajo confederal, pactando de manera transparente lo que suele ser más complicado en el Congreso, cada aparición, cada participación en prensa.

Organizarnos así ha provocado contrastes con las propuestas de  otros partidos como el siguiente. Mientras el artículo de definiciones de la PL de Ciudadanos estaba copiado tal cual de la Ley de Andalucía de 2010 sobre muerte digna, nosotros habíamos invitado a Madrid a uno de los redactores de aquella Ley. Propiciamos su encuentro en el grupo de trabajo con profesores del Comité de Bioética de Catalunya que tenían criterios de definición diferentes. Y tomamos nota, escuchamos las sugerencias generales de unos y otros. E íbamos decidiendo.

Cada vez que surgía una controversia penal contábamos con catedráticas de prestigio con años de compromiso en el Grupo de Estudios de Política Criminal. Sabíamos de las opiniones de los pacientes, conocíamos los dilemas de los paliativistas y enfermeras, contábamos con estudios no solo cuantitativos, también cualitativos, sobre la evolución del apoyo a la regulación de la eutanasia en nuestro país.

Quizá de las primarias del PSOE salga una nueva dirección más proclive a reducir el abismo que les separa de aquellos a quienes dicen representar

De esta manera supimos que un núcleo pequeño de población mayor, predominantemente rural y sin estudios, de fuertes convicciones católicas, era el que se oponía a la eutanasia defendiendo la sacralidad de la vida. Conocimos que desde concepciones solidarias la gran mayoría de los católicos españoles, sin embargo, se ponía del lado de la despenalización. Aprendimos a distinguir entre aquella población urbana, joven y con estudios, que desde valores liberales e individualistas defendían la eutanasia como un asunto de autonomía individual, de propiedad del propio cuerpo, y aquel otro segmento urbano cercano al 15M y la izquierda que elaboraba un discurso más republicano, que giraba en torno a una concepción relacional de la autonomía, a nuestra vulnerabilidad compartida, donde se vislumbraba la eutanasia como un derecho a una vida digna hasta el final, como un hito por el que la ciudadanía nos dotamos de nuestras propias leyes sin tutelas, como un proyecto de vida en común, sin políticos que nos digan si estamos preparados o no para hablar públicamente de la muerte.

Pudimos debatir sobre aspectos específicos de las leyes internacionales con quienes llevaban años estudiándolas y habían escrito sobre ellas. Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, cada vez más estados en Estados Unidos… Teníamos la suerte de contar con un equipo de diputadas donde la representación descriptiva pasaba la prueba: enfermera, médico, filósofa y socia de DMD. Aprendimos a distinguir entre enfermedad incurable que lleva a la muerte de lo que es el sufrimiento físico que la propia persona --no el médico, ni tú ni yo-- considera insoportable. Tuvimos grandes debates sobre el sufrimiento psicológico que finalmente fue incluido en esa primera PL. La sala se llenó de silencio y congoja al abordar el tema de los menores, cada cual recordando seguramente a sus pequeños, y me di cuenta de que legislábamos desde la emoción y la verdad, no solo desde la razón. Decidimos en este caso, no sin cierto dolor, aparcar este debate para después de que se aprobara la ley. Se llevaron verdaderos estudios comparados sobre las comisiones de evaluación en las diversas experiencias internacionales para escoger la más conveniente, la más garantista, la que mejor podía blindarse ante cualquier intento de boicot.

Las diputadas del grupo de Unidos Podemos-ECP-EM una vez registrada la iniciativa comenzaron una ronda de entrevistas, de difusión de artículos, de actos de encuentro con ciudadanos y ciudadanas a quienes explicarla, de quienes recabar críticas y sugerencias. La prensa se revelaba fundamental para dar a conocer la PL. También el uso de medios propios, por lo que creamos una página web y grabamos un vídeo.

Y llegó el momento de pelear desde el ala izquierda del Parlamento con las triquiñuelas burocráticas de unos y otros. En primer lugar, una vez registrada la PL el Gobierno disponía de un plazo de dos meses para decidir si vetaba la iniciativa por considerar que alteraba los ingresos o gastos del ejercicio presupuestario en curso. Al mismo tiempo había que calcular dentro de un Grupo Parlamentario, que aún estaba engrasándose, los huecos que nuestro cupo de presentación de iniciativas permitía en los Plenos por venir, así como la idoneidad de su presentación frente a otras PL.

La Ley de eutanasia se está convirtiendo en un emblema de la crisis de representación que sufrimos

Una de nuestras preocupaciones entonces era presentar la PL antes que la de Ciudadanos. El mismo día que anunciamos en prensa la ronda de reuniones con el grupo de trabajo, a inicios de diciembre del pasado año, la formación naranja decidió registrar su PL de dignidad de la persona al final de la vida donde, como se ha dicho, no se contemplaba la eutanasia. La presentación de su iniciativa antes que la nuestra podía impedir que la defendiéramos. No dábamos crédito, pero así estaban entendiendo esto del Parlamento nuestros adversarios.    

Finalmente logramos esquivar los diversos obstáculos de la burocracia parlamentaria y se llevó a Pleno la PL. La defendieron en una tarde épica de marzo Marta Sibina, Alberto Garzón y Pablo Iglesias. Se mencionó a Ramón Sampedro, a José Antonio Arrabal, enfermo de ELA que se suicidaría en la clandestinidad unos días más tarde. Votó en contra el PP, se abstuvieron Ciudadanos, PSOE y PDeCat. Hasta un partido de raíces democristianas como el PNV votó a favor, pero no fue suficiente.

Una semana después sería el turno de la PL de Ciudadanos. Ya habíamos pensado el recurso de la Enmienda a la totalidad, y así lo anunció Eva García Sempere en la tribuna. Esta fue ya fácil elaborarla, teníamos el trabajo prácticamente hecho. Hemos así incorporado la retirada del sufrimiento psicológico intolerable como condicionante para solicitar la eutanasia. Hemos recogido las conclusiones del Índice internacional sobre la calidad de la muerte de 2015 publicado por The Economist que concluye que lo esencial para una cobertura universal de paliativos son los recursos públicos y la formación integral de los profesionales sanitarios en ellos, no la escritura de leyes superfluas.

El PSOE ha reconocido en la ponencia marco de su próximo Congreso que, ahora sí, la sociedad está preparada para el debate sobre la eutanasia. Quizá de sus primarias salga una nueva dirección más proclive a reducir el abismo que les separa de aquellos a quienes dicen representar. Quizá les deje de importar menos quién presenta las cosas y más lo que piensan, solicitan y necesitan los ciudadanos. A menudo el Congreso te hace perder el norte. Es una institución difícil, recorrida por el narcisismo y la competencia, por intrincadas burocracias donde creen ganar los más listos. Por eso hay que transformarlo en fondo y forma, pero eso es ya otro asunto.

Lo que hoy quería destacar es cómo la Ley de eutanasia se está convirtiendo en un emblema de la crisis de representación que sufrimos. Muestra de manera clara el no nos representan que gritábamos hace no tanto en las calles. Y a la vez quiero creer que nos ayuda a atisbar lo que podemos lograr si intentamos poner en marcha una representación más democrática, honesta y rigurosa.

Y mientras, seguimos esperando. La próxima prórroga de enmiendas se ha llevado al 29 de mayo. Si ese día cierran el plazo, el siguiente Pleno tendremos de nuevo la posibilidad de que se tramite una Ley de Eutanasia en nuestro país.

Y si a lo largo de estos meses esta se consigue finalmente aprobar, habremos sorteado un punto de inflexión fundamental a la hora de acercarnos a ese país soñado por el que tanto luchamos. Un nuevo país donde los representantes no nos calmarán con buenas palabras por la noche en la radio para, a la mañana siguiente, hacer justo lo contrario desde las sombras de la institución. En este país que anhelamos se lograrán en cambio leyes que mejoren la vida de gente como Luis de Marcos sabiendo escuchar, estableciendo vínculos más fuertes y cercanos con la ciudadanía, dejándole cada vez más el protagonismo.

Creyéndonos, al fin y al cabo, la democracia.