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El delito de sobrevivir (Final)

“Prefiero estar preso”

El abogado de Ricardo Arzu-Suazo logra anular la deportación de su cliente. El joven hondureño puede volver a EEUU. Debe pagar el viaje y aceptar ser encarcelado hasta que se resuelva su petición de asilo

Álvaro Guzmán Bastida Nueva York , 30/08/2017

<p>Migrantes centroamericanos y mexicanos abarrotan el techo de ‘La Bestia’.</p>

Migrantes centroamericanos y mexicanos abarrotan el techo de ‘La Bestia’.

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Ricardo sabía que estaba coqueteando con la muerte. Tras verse obligado a huir de la iglesia en la que había encontrado refugio, se le agotaban las opciones de encontrar un lugar seguro. Decidió volver a marcharse de Honduras. “No puedo estar tranquilo yo en mi país, porque en todos lados están los mareros”, contaba meses después. De nuevo atendiendo las súplicas de Catalina, el pastor Juan Carlos Ruiz, del Nuevo Movimiento Santuario, contactó con una iglesia a las afueras de Torreón, en el estado mexicano de Coahuila. Durante la siguiente  semana, mientras Ricardo se cobijaba en una granja del amigo de un primo, Catalina y su hijo mayor reunieron sus exiguos ahorros, suficientes apenas para otro viaje a lomos de ‘La Bestia’. Coincidiendo con su tercera partida, Donald Trump daba la sorpresa al ganar las elecciones a la Presidencia de Estados Unidos con una promesa estrella: construir un muro en la frontera con México para mantener alejados de suelo estadounidense a “criminales” y “violadores” como Ricardo.

Estuvo a punto de caerse del tren varias veces. Presa de los nervios, apenas había comido en los días previos al viaje. Estaba desnutrido; deshidratado. Las noches mexicanas de octubre son frescas, y a menudo húmedas. El tren de mercancías en el que andaba encaramado dos noches después de salir de Honduras tenía las paredes onduladas y resbaladizas. Envuelto en una manta de polvo y rocío, el joven se esforzaba en domar al tren endiablado. Cada traspié aumentaba su nerviosismo. Agarrando con fuerza los salientes del techo del tren  sobre los que apoyaba sus manos, con los pies colgando a un lado del estrecho vagón, pensaba en la caída por el barranco, cuando  huía de los disparos de los mareros un año antes. Siguiendo el ritmo del traqueteo del tren, apretaba los dientes y se repasaba con el dedo la huella de la operación. No había dejado de cojear desde entonces. Como quien repite una rutina de concentración a modo de mantra, dibujaba mentalmente una y otra vez la trayectoria del clavo en su fémur derecho. ¿No sería cruel haber llegado hasta aquí para morir aplastado por ‘la bestia’?

Envuelto en una manta de polvo y rocío, el joven se esforzaba en domar al tren endiablado. Cada traspié aumentaba su nerviosismo

“¡Salta!” ¡Salta!” Le gritó otro viajero, más experimentado en el trayecto. “Pasamos ya cerca de Torreón”. Ricardo levantó la vista, pero apenas logró atisbar nada. Era noche cerrada y las nubes tapaban la luna, única fuente de luz para identificar una planicie despejada en la que apearse del tren. No fue capaz de saltar. Para cuando lo hizo, alumbrado por los primeros rayos de sol un par de horas después, estaba ya a cientos de kilómetros de Torreón.

Mientras, al norte del Río Grande, el trabajo de Matthew Nickson empezaba a traducirse en acciones concretas. El 24 de noviembre de 2016, el abogado presentaba una querella en un juzgado de Texas contra el director de ICE, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y el director de la Oficina de Houston encargada de deportaciones. La demanda reclamaba que el Estado diera marcha atrás en la deportación de Ricardo. Tres días antes, la congresista demócrata Sheila Jackson Lee mandaba una contundente carta al director de la oficina de ICE en Houston. Tras solicitar también la readmisión inmediata de Ricardo en EEUU y su puesta en libertad mientras se resolvía su solicitud de asilo, Lee añadía: “Estoy profundamente consternada por los informes que indican que los agentes de ICE forzaron físicamente al señor Arzu-Suazo para que firmase documentos que agilizaron su expulsión. Pido respetuosamente que se facilite el regreso del Sr. Arzu-Suazo y se le trate de forma compasiva. No es un criminal, sino un solicitante de asilo. ICE debe corregir su deportación ilegal”.

Incapaz de llegar caminando al refugio de Torreón, a unos trescientos kilómetros al sur del lugar donde acertó a apearse del tren, Ricardo ponderó sus posibilidades. Pensó en gastarse el poco dinero que le quedaba en un billete de autobús, pero descartó la opción de viajar solo en bus como demasiado arriesgada: cada vez había más secuestros de indocumentados en México, a menudo en este transporte, que eran además un lugar de ‘caza’ de la policía migratoria ansiosa por cumplir sus cuotas de deportaciones. Tras consultar con su madre, decidió refugiarse en casa de otro de los contactos mexicanos del padre Juan Carlos Ruiz. Desde allí, siguió sus conversaciones telefónicas con Matthew Nickson, que registró los últimos a ataques y amenazas sufridas por el joven, incluida el hostigamiento al cura que le había dado cobijo en su iglesia en Honduras.

Mientras el joven se aferraba a la vida, su batalla “in absentia” con las autoridades de EEUU se intensificaba, liderada por Nickson. El 7 de diciembre, Nickson pedía una orden cautelar para la readmisión de Ricardo en EEUU. Ese mismo día, la congresista Lee remitía una segunda carta al director de la oficina de ICE en Houston. Lee se mostraba incrédula ante las explicaciones del funcionario de Inmigración, que le había dicho en la respuesta a su primera misiva que los agentes bajo su mando no tenían constancia de la reclamación de Ricardo cuando le deportaron. “Les corresponde a los tribunales y no a los agentes de ICE, que no son abogados, determinar si se ha renunciado de manera inteligente y fundada al derecho de apelación”, escribía la congresista. “No doy crédito a que los oficiales de ICE no estuvieran al tanto de la apelación, que además se produjo dos días antes de su deportación”. Lee concluía reiterando su petición de que se readmitiese a Ricardo en EEUU, y dejando claras sus dudas sobre el comportamiento de los agentes de ICE, así como su honestidad: “Pido que se me entreguen las grabaciones de cualquier encuentro entre los agentes de ICE y el señor Arzu-Suazo en los días previos a su deportación”.

Al día siguiente, el juzgado de Texas se declaraba no competente para resolver la reclamación civil que había interpuesto Nickson. Cuando, unos días después, un tribunal federal de apelación se negaba a emitir una orden inmediata de readmisión, Nickson recurrió al Tribunal Supremo, que a su vez denegó la admisión a trámite de su reclamación. Nickson se estaba encontrando con un problema de jurisdicción con raíz política: en la década que siguió a mediados de los noventa, bajo los gobiernos de Bill Clinton y Bush hijo, y al tiempo que criminalizaba la inmigración irregular, EEUU restringió sobremanera la capacidad de los inmigrantes de recurrir judicialmente deportaciones ilegales. Desde entonces, explica el abogado, los tribunales federales son muy reticentes a admitir a trámite casos como el de Ricardo. Nadie negaba el mérito legal de su reclamación, pero los diversos tribunales, incluidas las más altas instancias judiciales de EEUU, se declaraban incapaces de resolver el caso. Pero entonces, señala, “¿quién puede revertir una expulsión ilegal?”. El abogado estaba dispuesto a averiguarlo. Pero el caso se estaba enquistando. Con Ricardo en el limbo mexicano y un infierno esperándole en Honduras, era algo que Nickson no podía permitirse.

bajo los gobiernos de Bill Clinton y Bush hijo, y al tiempo que criminalizaba la inmigración irregular, EEUU restringió sobremanera la capacidad de los inmigrantes de recurrir judicialmente deportaciones ilegales

Catalina no aguantaba la espera. Una mañana de finales de febrero, después de consultar con el sacerdote Juan Carlos Ruiz, llamó a la casa en la que estaba guarecido su hijo. Pidió hablar con la señora. “Le di las gracias por cuidar de él, y le pedí por favor que me lo llevara al refugio de Torreón, a ver si ahí podían ayudarle a conseguir asilo”. La señora asintió y le prometió que pediría a su esposo que acompañase al joven hasta Torreón en autobús el fin de semana. Ni siquiera llegaron a montarse. Cuando habían caminado veinte minutos hacia la estación, un grupo de policías se acercó para reclamar la documentación de Ricardo. El joven trató de explicar a los agentes que tenía un caso judicial pendiente en Estados Unidos, y estaba bajo amenaza en Honduras. “Quiero ir a Torreón para que me ayuden a pedir asilo”, les pidió. No sirvió de nada: en menos de dos horas, estaba esposado en un avión camino de Tegucigalpa. Era la segunda vez que lo deportaban de México en menos de dos años.

Ricardo se había convertido en un apestado en su país. “No puedo ni llegar a mi casa por miedo de que me vengan a matar”, contaba meses después. Apenas le quedan familiares y amigos a los que pedir cobijo. Los ahorros de Catalina, con los que había mantenido el homérico órdago para salvar la vida, también tocaban a su fin, carcomidos por las llamadas desde prisión, los pagos a los coyotes y las remesas para alimentar a su hijo. Ricardo anunció a su madre que se iba a buscarse un trabajo, pero esta le disuadió de hacerlo, por miedo a que eso alertase a la M-18. “La mara está en todo en Honduras: cuídate y aguanta porque vamos a salir de esto”, le dijo. Cuando la prima que le había alojado durante unas semanas en el nordeste hondureño se enteró de que huía de la mara a mediados de mayo, le pidió que se fuera de su casa inmediatamente. La situación se volvió límite. “Tuve que mendigar, dormir en la calle. Gracias a Dios, unos amigos de mi hermano en San Pedro Sula se enteraron de mi situación y me dijeron que venga a su casa para darme asilo y que no tuviera que estar en la calle”. Pero tampoco pudo seguir allí por mucho tiempo. “Desde entonces he estado en la calle, cambiando de ciudad cada pocos días o semanas y no he llegado a estar en un lugar donde esté tranquilo”, lamentaba meses después. “No puedo estar tranquilo yo aquí en Honduras. Aquí no hay amigos; no hay familia: sólo los mareros circulando por todos lados”. Deprimida e impotente, su madre apenas lograba ya levantarse de la cama. “Él ha andado para arriba y para abajo, y yo no me siento tranquila”, dice entre lágrimas. “Ha sido muy duro para mí. A veces tenía ganas de ir para allá y traérmelo yo en el tren. Pero sé que eso no puede ser”.

Nickson puso toda la carne en el asador. En contacto habitual tanto con Catalina como con Ricardo, el abogado sabía de la precariedad de su cliente, así que decidió apretar el acelerador en todas las instancias judiciales posibles. “Decidimos renunciar a cualquier posible compensación económica para la familia”, explica. “El único objetivo era sacar al joven de peligro y llevarlo de vuelta a EEUU cuanto antes”.

La estrategia dio sus frutos. Tras un torrente de recursos en diversos juzgados y una serie de diligencias prometedoras, Nickson recibió una llamada del representante de ICE a primeros de marzo. El Estado quería ofrecerle un pacto extrajudicial. Si Nickson retiraba su recurso ante el juzgado de apelación del quinto circuito, que reclamaba responsabilidades civiles, Ricardo sería readmitido a Estados Unidos, desde donde tendría la oportunidad de retomar su solicitud de asilo. Nickson se apresuró en trasladar la noticia a Catalina y a Ricardo, que por entonces dormía en casa de los abuelos de su sobrina en San Pedro Sula. Era una victoria extraordinaria. El Estado reconocía la expulsión irregular de Ricardo, y estaba dispuesto a revertirla. Catalina recibió la noticia con júbilo. “Me dijo el abogado que querían hacer un intercambio”, recuerda. “Que quitaba la demanda contra el gobierno y entonces me devolvían a mi hijo. Yo le dije inmediatamente que bien, que se diera prisa porque yo dinero no quería. Lo que quería es salvar la vida de mi hijo”. Nickson aceptó el trato: retiró el recurso del quinto circuito a cambio del compromiso por escrito de readmitir a Ricardo. Por si acaso, el abogado se guardó un as bajo la manga: la otra demanda, que hacía referencia a la causa abierta por la mala praxis del juez del “plasma”, seguía pendiente de resolución en el Tribunal de Apelación de Inmigración, en Virginia.

Aún quedaban cabos sueltos. El “me devolverían a mi hijo” con el que Catalina había resumido el acuerdo con el Estado tenía mucho de voluntarista. El gobierno se negaba a hacerse cargo de la repatriación de Ricardo: debería ser él quien se costease el vuelo a de vuelta a EEUU. Para más inri, lejos de “devolverlo” a su madre, ICE dejó claro a Nickson que Ricardo volvería a ser detenido al instante siguiente de pisar suelo estadounidense, y que lo trasladarían a la cárcel de Livingston desde la que lo deportaron ilegalmente. Nickson se encontraba ante una tesitura delicada: podía entrar en una nueva contienda sobre los detalles de la repatriación. Quizá lograse concesiones importantes, pero el proceso podría empantanarse, poniendo en riesgo a su cliente.

A mediados de marzo, mientras esperaba la confirmación de los trámites gubernamentales para garantizar su readmisión al país, Ricardo recibió otro espaldarazo judicial: el tribunal de Virginia fallaba a su favor y apuntalaba su futura solicitud de asilo. El fallo, basado en las declaraciones juradas de Ricardo y Catalina, además de la revisión de su declaración –vía “plasma”— ante el juez en septiembre de 2016, no podía ser más contundente. El tribunal dejaba en un lugar muy comprometedor tanto al juez que decretó su deportación como a los agentes que la ejecutaron: “Aunque la orden de expulsión indica que el demandante había renunciado a su derecho de apelación, tras analizar los hechos, determinamos que tal renuncia a la apelación no fue consciente ni voluntaria”. De acuerdo con la Convención Contra la Tortura, el tribunal detectaba méritos suficientes para otorgar el asilo a Ricardo, y remitía su caso a la siguiente instancia.

A Nickson le entraron las dudas. Su instinto de abogado ganador –cuando no defiende a inmigrantes se gana la vida en el feroz mundo del derecho inmobiliario texano— le llevó a pensar que era el momento de exigir más concesiones. Quizá lograse que fuera el mismo estado que deportó a Ricardo el que se encargara de costear su vuelta a Estados Unidos; o incluso que pudiera vivir en Nueva York con su madre mientras se resolvía su solicitud de asilo. El letrado había olido sangre, y se quería lanzar a matar. Le movía además un profundo sentido de la Justicia: “Se están eternizando en tramitar su regreso, y es una indecencia que lo vayan a volver a detener y llevárselo preso”, argumentaba desde su despacho de Houston a finales de mayo. El abogado hizo un último intento de persuadir a su cliente de que le dejara apretar las clavijas al representante de ICE. Le pidió a Catalina que hablase con su hijo para convencerlo. La respuesta de Ricardo desde Honduras fue categórica: “Má, dígale al abogado que no me importa que me encierren allá el tiempo que sea. Prefiero estar preso. Pero aquí ya no puedo estar”.

Los permisos tardaron casi dos meses en concretarse. El 13 de julio, Ricardo viajaba de Tegucigalpa a Houston, en un vuelo pagado por una colecta capitaneada por el padre Juan Carlos Ruiz, del Movimiento Nuevo Santuario. Hasta entonces, solo había volado obligado, para que lo deportaran. Era la primera vez que se subía a un avión por voluntad propia, con un destino que no habían elegido por él. Dos años después de salir de casa, con tres deportaciones y sendos viajes en ‘La Bestia’ a las espaldas, un clavo en la rodilla y el alma rota, Ricardo volvía a Estados Unidos. Su libertad fue tan deliciosa como efímera. ICE le esperaba en la pista de aterrizaje. En menos de dos horas, volvía a ingresar en la prisión privada para inmigrantes de la que lo sacaron de malas maneras en octubre de 2016. Cuando Nickson fue a verlo a la cárcel al día siguiente de su regreso, se encontró con un Ricardo exhausto, casi adormecido. El abogado se interesó por su estado emocional. “No se preocupe”, respondió Ricardo. “Para mí es una alegría saber que me han dado la oportunidad y que de verdad a alguien le importo Hasta aquí no he visto a nadie que me haya apoyado, que haya tenido confianza. Estoy muy feliz por dentro”. Nickson le explicó que quedaba por delante un arduo proceso de solicitud de asilo, para el que probablemente necesitaría otro abogado especialista. “Seguiremos luchando”, respondió el joven. “Lo que yo quiero es estar en Nueva York con mi mamá, Dios me lo permita, y hacer mi vida mejor, superarme y olvidar todo lo que ha pasado. Me gustaría volver a estudiar, porque no pude hacerlo por cuestiones de las pandillas, y buscar un trabajo. Y me gustaría hacer terapia para volver a correr, porque tengo ya dos años con el pie quebrado, con este clavo de platino en el fémur”.

De vuelta a Houston al volante de su cupé negro, Nickson reflexionaba sobre la odisea vivida por su cliente: “Queda mucho por luchar, pero creo que Ricardo tiene muchas posibilidades de lograr el asilo”. Tras una larga pausa, el abogado adoptaba un tono más sombrío. “Ricardo tuvo suerte de encontrar alguien que le representara. No puedo probarlo, pero creo que casos como el suyo suceden con mucha más frecuencia de lo que la gente cree y el Estado admite. Hay un clima de impunidad con esta gente sin representación legal, no sólo los centroamericanos. El problema aquí es la impunidad. Parte del motivo por el que encarcelamos en masa a esta gente es que no queremos que vengan más, y así les mandamos un mensaje de que nos son bienvenidos”.

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Álvaro Guzmán Bastida

Nacido en Pamplona en plenos Sanfermines, ha vivido en Barcelona, Londres, Misuri, Carolina del Norte, Macondo, Buenos Aires y, ahora, Nueva York. Dicen que estudió dos másteres, de Periodismo y Política, en Columbia, que trabajó en Al Jazeera, y que tiene los pies planos. Escribe sobre política, economía, cultura y movimientos sociales, pero en realidad, solo le importa el resultado de Osasuna el domingo.

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