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Desigualdad, injusticia, pobreza extrema, cambio climático. Los problemas a los que se enfrenta el mundo desde hace décadas siguen tan presentes como siempre. Ni los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2000, ni los discursos de jefes o ex jefes de gobierno ante cientos de delegaciones extranjeras, los premios Nobel de la Paz o los documentales de Al Gore, nada ha conseguido cambiar la jerarquía de dificultades a las que se enfrentan las sociedades modernas, desde las más ricas hasta las más pobres. Ahora, pasados más de dos años desde que, en septiembre de 2015, unos 150 jefes de Estado de todo el mundo aprobaran la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (heredera de los Objetivos del Milenio), parece un buen momento para detenerse y hacer caja.

La Agenda 2030 se trata de un plan global, como no podía ser de otra forma viniendo de la ONU, con unos objetivos, una vez más, universales y de alguna forma homogéneos. Claro que, igual que le sucediera a su antecesor, los objetivos recogidos en la Agenda no consiguieron el estatus de jurídicamente obligatorios. Aun así, parece que esta nueva agenda pretende simplificar y afianzar el futuro de nuestras sociedades en tres grandes problemáticas: la sostenibilidad económica, la social y la medioambiental. 

En Lisboa, al hablar de sostenibilidad resulta difícil no hacerlo de gentrificación. Por cierto, que ya va siendo hora de que la RAE se pronuncie y nos ilumine con un término para designar este fenómeno a los castellanoparlantes. Nos van a echar a todos de nuestros barrios y no vamos a saber cómo insultar al culpable con una palabra patria: gentrificación, turistificación (aunque ésta no incluiría los barrios que, como en la madrileña Malasaña o el East End de Londres, el desplazamiento no es sólo culpa del turismo), elitización, desalojo a secas, lavanderización (como señaló José Mansilla en un artículo para El Diario, refiriéndose a la apertura de negocios tradicionalmente fuera de la lógica de la ciudad, como las lavanderías en Barcelona). En cualquier caso el proceso parece implacable, y en Lisboa aterrizó con una profundidad y una rapidez que pocos esperaban. 

Aquí estamos todos boquiabiertos, incluso los que han salido ganando con este proceso de modernización, aceleración, monetización y temporalización de muchos aspectos en la vida de los residentes en la capital. Los desalojos indiscriminados tanto de residentes como de comercios, sobre todo en barrios céntricos como Mouraria, Alfama, Santa Catarina o Anjos, no fue un problema temporal de la crisis económica internacional.

El procedimiento es sencillo: señor con cartapacio y boli se acerca a un céntrico edificio de paredes desconchadas; señor, a sueldo de un grupo inmobiliario, hace preguntas en el vecindario y confirma la posibilidad de negocio; grupo inmobiliario compra edificio; residentes del edificio tienen preferencia de compra, pero no capacidad; residentes no consiguen financiación de los bancos en los –cortos– plazos que da la ley para conseguirla; grupo inmobiliario se hace con la propiedad del edificio entero; grupo inmobiliario planea la reforma del edificio y en dos o tres meses el inmueble se vacía de inquilinos y se llena de obreros y maquinaria. En uno o dos años el edificio estará listo para los nuevos inquilinos, muchas veces extranjeros adinerados que sólo pasan uno o dos meses al año en estos nuevos apartamentos de lujo.

Aquí ya se habla de bullying inmobiliario. Parte de la culpa la tiene la propia Cámara Municipal (Ayuntamiento), que actúa más como un mero agente inmobiliario que como un gestor de barrios, vendiendo parte del patrimonio inmobiliario y guardando el resto sin usar para futuras ventas. En el barrio de Alfama, el 25% de las viviendas son usadas para alojamiento turístico, según las conclusiones para el Instituto de Geografia e Ordenamento do Territorio (IGOT) de la investigadora Ana Gago. Según declaró Ana Gago el pasado 17 de noviembre al diario local lisboeta O Corvo: “es imposible saber con seguridad cuántas personas han tenido que salir de Alfama o de cualquier otro barrio, porque no hay ninguna herramienta de cálculo para estos casos. Ni siquiera en los censos nos dan una respuesta”.

Según el Balcão Nacional do Arrendamento (Portal Nacional del Alquiler), el año pasado se decretó el desalojo de 1.931 familias en todo el país, casi el doble de los datos recogidos en 2013. Para las asociaciones de defensa de la vivienda, el número real de desalojos es bastante superior al contabilizado, ya que aún hay muchísimos casos estancados en los tribunales. 

Por supuesto hablar de habitabilidad y sostenibilidad en las ciudades no es posible si no existe una población urbana estable, y no esporádica, como está ocurriendo en algunos barrios de Lisboa invadidos por la lógica del sector turístico. Y es éste, sin duda, el problema más urgente a que se enfrenta la capital de Portugal. 

En este sentido, Luís Mendes, profesor e investigador en el Instituto de Geografia e Ordenamento do Território de la Universidade de Lisboa, asegura que “nadie hablaba de vivienda hace 5 años, aún diría que hasta hace dos años. Cuando se habla de turismo frente a habitabilidad, se habla del medio ambiente, se habla de economía, pero no se habla de la sostenibilidad social, que básicamente es permitir a las comunidades y a los barrios mantener su red de identidad y sociabilidad. Los territorios que tienen más éxito, en todos los niveles, son territorios resilientes, es decir, que pueden mantener viva su identidad”. 

Parece inevitable sugerir la idea de que, a diferencia de los grandes movimientos del siglo XX, donde se buscaba la acción prodigiosa, la batalla de todas las batallas que iba a solucionar todos los problemas mundiales de una vez y para siempre, el siglo XXI nos ha traído una visión más costumbrista de la realidad. En Lisboa, “accionado por una serie de mecanismos de atracción de inversión extranjera, y también por el propio viraje neoliberal en las políticas, nos lanzamos a la búsqueda internacional de una élite que podríamos denominar élite capitalista transnacional”, asegura Mendes. Una descentralización hacia fuera, la falta de habitabilidad y el momento en que “la vivienda dejó de ser una necesidad social y colectiva para tornarse en un buen financiero”: éste parece ser el enemigo que está detrás de todas las dificultades en el camino hacia un desarrollo sostenible en Lisboa.

Desde el “no nos representan” de las asambleas ciudadanas en España hasta los movimientos artísticos del Do it yourself, la economía compartida, los huertos comunitarios y la soberanía alimentaria, el nacimiento de monedas locales, la medicina complementaria, la democracia participativa o la filosofía del decrecimiento, todo apunta a una tendencia hacia el reempoderamiento de las personas y de los barrios. En definitiva, que la sostenibilidad económica, social y medioambiental pasa inevitablemente por una mayor autogestión. Y Lisboa no es una excepción, aún al contrario, como afirma Luís Mendes, “en los últimos cinco años está creciendo un movimiento asociativo de lucha por el derecho a la vivienda, y que a su vez se están congregando en movimientos de mayor escala con mucho peso mediático”.

En efecto, a pesar de la presión inmobiliaria que pugna por expulsar a estas asociaciones de sus sedes en los barrios más céntricos de la ciudad, discriminadas de forma natural por el hecho de que la capital “está siendo un aliado para estas geografías de finanza global”, existe ahora un movimiento social histórico y único en Lisboa. “Entre ellos está Morar em Lisboa (Vivir en Lisboa), del que formo parte (además de otros 30 investigadores y 40 asociaciones)”, afirma Luís Mendes, “y que, con una carta abierta firmada ya por más de 4.000 personas, consiguió colocar el derecho a la vivienda en la primera línea de la agenda política”. Según el investigador, “en Lisboa la industria turística se alía a la industria inmobiliaria creándose sinergias que las fuerzas de inversión canalizan hacia el alojamiento turístico, en detrimento de la vivienda habitacional”. 

Como ha ocurrido y está ocurriendo en otras ciudades como Barcelona, Londres, Berlín, París, etc., etc., “este modelo llegó en un momento en que el país estaba viviendo una crisis en el modelo capitalista, y en su momento resultó muy importante para garantizar la supervivencia de muchas familias. Lo que está ocurriendo ahora es diferente, ahora estamos en un momento de concentración de la propiedad, basta con analizar un poco la plataforma Airbnb”. Revertir, canalizar o aprovechar este proceso para los residentes es el reto al que la economía social, innovadora e inteligente tendrá que enfrentarse.

Desde hace unos cinco años, los ingresos por el turismo y la inversión extranjera que dinamiza el mercado inmobiliario han revolucionado por completo los procesos de desarrollo de la ciudad. Y lo cierto es que se han dado pasos para revertir estos ingresos en beneficio de los residentes. Uno de ellos ha sido el de poner a disposición de la ciudadanía parte de estos ingresos, ceder cierto grado de decisión en momentos y circunstancias concretas. Se trata de lo que aquí se conoce como orçamento participativo (presupuestos participativos). 

Lisboa fue la primera ciudad europea en implementar unos presupuestos participativos, cuando los lanzó por primera vez en el curso 2007/08, y hasta hoy la iniciativa se ha extendido a 27 gobiernos locales

Lisboa fue la primera ciudad europea en implementar unos presupuestos participativos, cuando los lanzó por primera vez en el curso 2007/08, y hasta hoy la iniciativa se ha extendido a 27 gobiernos locales y 4 juntas de freguesia (órganos de gobierno de barrios) de todo el país. Este año, la Câmara Municipal de Lisboa (gobernada por el Partido Socialista y el Bloco de Esquerda, una especie de versión local del pacto de gobierno nacional que mantiene al socialista António Costa como Primer Ministro), ha puesto a disposición de los ciudadanos 31 millones de euros para proyectos de decisión por voto. El 4% del total de 775 millones que la Câmara tiene de presupuesto para 2018, muy por encima de, por ejemplo, los presupuestos participativos de Madrid, cuyos 100 millones destinados a la ciudadanía en 2017 sólo significaron el 2.1% de los 4.700 millones del presupuesto total. Piscinas en la ribera del río Tajo, ciclovías, centros de actividades, creación de puntos limpios, restauración de cines míticos de la ciudad. Incluso un gran jardín en la freguesia de Penha de França, que el año pasado dio la campanada al ganar en votación contra el proyecto de construcción de un parking de estacionamiento. Todo un logro de la presión vecinal.

Aunque no todos opinan que los presupuestos participativos sean un bálsamo tan eficaz. Luís Mendes tiene una visión crítica ante estas iniciativas. “En este momento, aunque la democracia representativa está asumiendo en los últimos años formas muy populistas y muy asustadoramente reaccionarias, estas formas de democracia participativa (entre las que incluyo los presupuestos participativos) no están dando respuesta a las exigencias de los electores. Creo que de cierta manera no es estructural, y la única forma de que consigamos alterar la realidad es por la vía de la ley y del Estado, desde el punto de vista de la democracia representativa”. 

Lo que sí es cierto es que se trata de una buena herramienta para dar visibilidad a áreas tradicionalmente olvidadas por la Câmara Municipal y los grandes focos mediáticos, zonas y barrios que pocas veces son mencionadas como polos de inversión o de importancia en la planificación urbana. 

Por otro lado, para bien o para mal, la democracia participativa da cierta sensación de comunidad a los residentes, una sensación que en estos momentos de la historia de Lisboa parece casi necesaria para su supervivencia como ciudad habitable e integradora. Según Nuno Sequeira, miembro de la dirección de la Asociação Nacional de Conservação da Natureza Quercus, “lo que ha pasado en Lisboa, y en otras ciudades de Portugal, es que la ciudad ha aumentado hacia el exterior, y ha provocado que los centros urbanos hayan quedado despoblados. Gran parte de la población se desplazó hacia el exterior, comenzaron a construirse cada vez más infraestructuras, calles, carreteras, infraestructuras de electricidad, agua, gas, etc., con el enorme impacto medioambiental que conlleva este tipo de desarrollo”. 

Una vez más, esta vez desde el punto de vista medioambiental, la permanencia de los residentes dentro de los focos urbanos de Lisboa se hace necesaria para hablar de políticas integradoras y participación ciudadana. Como afirma Sequeira, “también el aumento de espacios verdes, de servicios en este sentido, son una razón más para que las personas comiencen a reaproximarse a las ciudades. Tenemos que hacer converger el desarrollo ambiental, el económico y el social, porque no es un buen modelo de desarrollo este aumento exponencial que hemos tenido de las ciudades hacia el exterior”.

La construcción de espacios verdes no sólo tiene una dimensión habitacional. Es un bien que, como parecen estar comprendiendo tanto la Cámara Municipal como los vecinos de la capital, contribuye a tener una ciudad más limpia, más respirable, un ecosistema lógico e incluso más seguro. “Por el hecho de que Lisboa está junto al río Tajo, ya de forma recurrente la ciudad sufre inundaciones en algunas zonas, y se prevé que éstas continúen y sean cada vez mayores. Por lo tanto, es necesario ir un poco más al frente con la reconversión de algunas zonas urbanas de la ciudad, precisamente crear espacios verdes para favorecer la extracción del agua”, asegura Nuno Sequeira. Ciertamente, las grandes lluvias que cayeron en la región de Lisboa a finales del pasado agosto provocaron más de 35 inundaciones graves, y eso que es una ciudad que toda ella cae hacia el río. 

Como en el Madrid de Carmena, Lisboa lleva cerca de tres o cuatro años apostando por una ciudad más limpia, menos contaminante y, como paso muy importante para esto, más libre de automóviles a gasolina. “Consideramos que Lisboa va en el buen sentido. A nivel de la calidad del aire ha habido un esfuerzo político de limitar el acceso de vehículos, sobre todo los más antiguos, a las zonas centrales de la ciudad, aunque también creemos que tiene que haber una mayor inversión en toda la red de transporte público”. No olvidemos que en Lisboa entran, diariamente, 370.000 automóviles a motor. 

Lisboa lleva cerca de tres o cuatro años apostando por una ciudad más limpia, menos contaminante y, como paso muy importante para esto, más libre de automóviles a gasolina

Esta política se nota de forma creciente en todos los barrios de la capital, y es, casi a la par que la vivienda, el tema más polémico que uno pueda sacar en la mesa de un bar. Las zonas de aparcamiento verdes, amarillas y rojas van avanzando desde el centro hacia el exterior de la ciudad como ondas en un lago. Luís Mendes, también muy activo dentro de los movimientos sociales, barriales y vecinales, confirma que, “después de algunas obras de rehabilitación, como en las Avenidas Nuevas (Avenida da Liberdade), el número de lugares de estacionamiento que queda no llega para los residentes, porque ha habido una auténtica masificación del automóvil durante las últimas décadas. (Esta política) está teniendo una reacción importante por parte de la población, aunque la Câmara ha hecho obras de regeneración del espacio público muy interesantes”. 

Se refiere a la reconversión de espacios dedicados a la circulación y estacionamiento de automóviles en zonas de descanso para peatones, parques infantiles, zonas verdes o ciclovías que cada vez son más frecuentes en la ciudad. El primer servicio público de alquiler de bicicletas, el Gira, puesto en marcha por la empresa municipal EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa), comenzó a andar el pasado octubre, apoyado por una creciente red de ciclovías que sobre todo recorren toda la zona marginal que acompaña al río Tajo. Aunque aún con numerosas críticas, y ciertamente nada infundadas, el camino tomado y el sentido de éste parece bastante claro. 

El pasado 1 de noviembre se reunieron en Lisboa varios agentes del mercado del transporte y la movilidad en la conferencia Mobility on the Move. Compartir y conectar fueron las palabras estrella que sonaron con más fuerza para que las grandes urbes puedan combatir los problemas de tránsito, estacionamiento y, sobre todo, polución. Hasta ahora han sido las empresas privadas de movilidad, como Drive Now, Ecooltra o el servicio mobi.me del dentro de investigación CEiiA, los que más han contribuido a sistemas de movilidad compartida en la capital portuguesa. Motos eléctricas, bicicletas, coches eléctricos o a gasolina, las pequeñas empresas y plataformas de economía y servicios compartidos crecen a pasos de gigante, tanto que no faltará mucho para que en una ciudad como Lisboa, de tan sólo 506.000 habitantes, las ubicadas en el centro comiencen a tocar techo y corran el riesgo de meterse en una burbuja. 

Todo indica que, según la tendencia actual, el desarrollo sostenible en las ciudades pasa indefectiblemente por devolver a un plano local, en la medida de lo posible, los métodos de producción, la prestación de servicios y la toma de decisiones. Esto implica unos costes no sólo por la naturaleza propia de todo cambio en los paradigmas, sino también porque el modelo que prioriza a los barrios cuenta con unos sobrecostes en comparación con la estructura, ya tradicional, en que productos, servicios y por supuesto leyes entran de forma masiva desde algún lugar allende los muros y las carreteras de circunvalación (mercados internacionales, decisiones centralizadas, baja representatividad electoral, sistemas financieros transnacionales).

También implica, y requiere, una sociedad civil más activa y comprometida, un dinamismo que muchas veces se hace imposible en ciudades/ suburbios dormitorio, en que el tiempo que los vecinos pasan haciendo vida de barrio es mínimo, además de poco gratificante. Lisboa ha sido siempre muy criticada por acaparar gran parte de las inversiones aprobadas a nivel nacional, ya lo decía en octubre de 2017 el Presidente de la Cámara Munipal de Coimbra, Manuel Machada: “El virus del centralismo es una dolencia crónica en Portugal”. Pero esta tendencia, tanto dentro del país como dentro de la propia capital, por suerte está cambiando. 

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