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Mientras en Argentina se ha liquidado la bochornosa herencia de la dictadura militar, condenando a cadena perpetua a los responsables de la violencia institucional, torturadores, cargos públicos y colaboradores directos, en España se sigue respetando la herencia del franquismo y los torturadores y demás canalla siguen libres, gozando de sus retiros laborales, y el PP mantiene vivo el espíritu de la dictadura, desde su fundación por Fraga Iribarne, exministro de Franco, renovado en su ideología y en sus métodos, como se ha demostrado en el reciente episodio de Cataluña, con políticos encarcelados o exiliados y  con brutales palizas de los Cuerpos de Seguridad del Estado a ciudadanos inermes, el 1 de octubre. Son los mismos perros con otros collares. La coartada de la legalidad vigente, que también se usaba bajo nuestra dictadura, que tenía su propia legalidad y que tampoco dudada en aplicarla, fusilando, encarcelando y torturando a quien se le ponía por delante, no tiene justificación histórica, porque la Constitución de 1978 es, como en su día, alguien la calificó, el testamento, incluida la Monarquía, del general Franco, al que el PP se atiene muy gustosamente, sin ningún remordimiento, manteniendo la costumbre de nombrar tribunales adecuados a dedo, como ha ocurrido, con el proceso del Caso Gürtel, cambiando los jueces, o con el juicio de los Papeles del  Caso Bárcenas, sustituyendo algunos magistrados, en la Audiencia Nacional. Algo que era muy habitual en la España franquista y en la Alemania nazi. Y encima se apoyan en las sentencias, como prueba de honradez legal.