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Ajustes y policía, la receta de Macri para Argentina

El magnate impone su agenda neoliberal tras dos años en la Casa Rosada con recortes para 17 millones de argentinos, y una brutal represión contra las protestas

César G. Calero 20/12/2017

<p>Imágen de la manifestación del día 14/12/2017, antes de las cargas policiales.</p>

Imágen de la manifestación del día 14/12/2017, antes de las cargas policiales.

César G. Valero

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“Me agarraron. Me golpearon. Me tiraron contra una camioneta. Me manosearon. Yo estaba a cuatro cuadras de mi casa. Salí de laburar y estaba volviendo a mi casa. No tenía nada que ver. Yo no hice nada, nadie hizo nada”. Damiana Barcellos salía de trabajar el jueves pasado en el centro de Buenos Aires cuando se encontró en medio de un torbellino: la brutal represión de la Gendarmería (policía militarizada) contra los manifestantes que protestaban por el recorte de las pensiones que se iba a debatir ese día en el Congreso. La imagen de su detención, grabada por un vecino, se hizo viral enseguida. Una joven con un vestido blanco maltratada y manoseada por un grupo de gendarmes en plena calle. Fue detenida sin razón alguna. Un veterano periodista, Carlos Campolongo, denunció el caso por Twitter, dio detalles de la identidad de la chica e hizo una petición que dejó helado a más de uno y trajo a la memoria los tiempos más sombríos de la historia reciente de Argentina: “Ella es Damiana Barcellos, se la vio por última vez en la marcha cuando se la llevaron las fuerzas de seguridad. Dale RT, así la encontramos”. Barcellos, estudiante de 25 años, fue liberada 20 horas más tarde. Fue una de las 45 personas detenidas, humilladas y golpeadas durante la jornada más violenta que se recuerda en la capital argentina desde los tiempos de aquel diciembre de 2001 en que un presidente huyó en helicóptero de la Casa Rosada mientras la policía abría fuego contra una multitud de indignados.

Las escenas de “cacería policial”, como las ha calificado la oposición, se repitieron el lunes tras otra gigantesca manifestación frente al Congreso de los Diputados, donde volvía a debatirse un ajuste fiscal que dejará a unos 17 millones de argentinos (entre pensionistas y beneficiarios de planes sociales), casi el 39% de la población, con una importante merma en sus ingresos el año que viene. Macri abandona el gradualismo y comienza a aplicar su auténtica agenda neoliberal tras dos años en la presidencia. Su aplastante triunfo en las elecciones legislativas de octubre parece haberle dado alas. No hace sino seguir los preceptos marcados por el Fondo Monetario Internacional (FMI): recortar las pensiones para reducir el déficit público, una receta que ya se aplicó en América Latina en los años 90 y que empobreció a millones de personas.

Pero el neoliberalismo es un monstruo de dos cabezas: el ajuste necesita de la represión. A Macri y a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, montonera en los años 70 y hoy máxima valedora de la mano dura contra las protestas, no les duelen prendas a la hora de haber transformado Buenos Aires en una ciudad militarizada, con cientos de policías patrullando las calles en motocicletas y disparando a bocajarro sus perdigones de goma. Pablo Piovano, fotógrafo del diario Página 12, recibió el jueves una decena de impactos de esos proyectiles en su cuerpo: “Un policía me vio con la cámara y me disparó a medio metro”, denunció. La marcha de ese día había comenzado de manera festiva. Un día caluroso de diciembre donde los grupos concentrados cantaban y coreaban sus consignas en las inmediaciones de un Congreso vallado.

A primera hora de la tarde, antes de que arrancase la sesión, la única “provocación” era la pintada que hizo un joven precisamente en las vallas metálicas tras las que se parapetaban cientos de robocops con sus cascos y escudos. “Maldito el soldado que vuelve sus armas contra el pueblo”, decía parafraseando a Simón Bolívar. Lástima que los gendarmes no alcancen a leer la pintada. Como viene siendo habitual en las grandes marchas que se han celebrado en Buenos Aires en los últimos tiempos, grupos de encapuchados, sospechosamente organizados, actúan de agentes provocadores. Para los veteranos activistas argentinos, no se trata de nada nuevo bajo el sol. Es la vieja fórmula de los infiltrados que incendian la mecha y a los que luego se suman otros grupos por la inercia de la acción-represión. Las redes sociales estallaron con denuncias sobre la actuación de esos infiltrados.

La violencia policial no respetó ni siquiera a los diputados de la oposición que salieron del recinto el jueves para tratar de impedir que continuaran las cargas. Mayra Mendoza, kirchnerista, se acercó a la valla y fue recibida con gas pimienta por una policía que se siente totalmente respaldada por Bullrich y Macri para reprimir con una violencia inusitada en Argentina. Una suerte parecida corrieron otros legisladores de la oposición.

A los detenidos aquel día se les ha acusado de delitos como resistencia a la autoridad e intimidación pública. Para María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), “son cargos con una gravedad que justifica que se los mantenga detenidos y fortalezcan el amedrentamiento y el aleccionamiento que el Gobierno busca”.

La batalla urbana se repitió el lunes 18 casi como un calco de las refriegas del día 14. Los movimientos sociales convocaron a decenas de miles de personas. Y al cabo, la zarabanda estalló cuando los vándalos reventaron la concentración pacífica. Entre las decenas de heridos hubo también policías, pero son mayoría los manifestantes, entre los que hay también jubilados. La reforma de las pensiones aprobada el martes por el Congreso (con los votos del oficialismo y de algunos diputados peronistas) contempla un recorte de 100.000 millones de pesos (unos 5.000 millones de euros) en el sistema de pensiones, una medida que hará perder poder adquisitivo a millones de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. Los cálculos de los economistas estiman que dejarán de percibir entre el 10 y el 12% de lo que recibían. Ni las protestas callejeras ni la huelga general del domingo y lunes decretada por la Confederación General del Trabajo (CGT) lograron frenar el ajuste.

Acallar la protesta

Gastón Chillier es el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un prestigioso organismo de defensa de los Derechos Humanos creado en 1979. En una charla con CTXT, Chillier sostiene que esa represión vivida en Buenos Aires en los últimos días termina de consolidar una política gubernamental que pone en riesgo las garantías de la protesta social en Argentina. “No empezó ahora –explica Chillier–, ya hubo represión a principios de año, a los docentes, a las mujeres que se manifestaron por sus derechos, o en las marchas por la aparición de Santiago Maldonado. Ahí ya hubo infiltrados y detenciones arbitrarias, y una represión feroz incluso contra los periodistas. La policía no termina de distinguir entre los violentos que tiran piedras y el 99% de las personas que se manifiestan pacíficamente”.

Para Chillier, Argentina está empezando a mostrarse como uno de esos países donde la protesta social es acallada con violencia: “Teniendo en cuenta su pasado, es una mala imagen para el país. El Gobierno debería priorizar las demandas sociales en lugar de reprimirlas (...) Estos días hemos visto cómo la sociedad argentina no está dispuesta a perder la calle cuando hay políticas como esta reforma de las pensiones”.

Los casos de gatillo fácil (las muertes provocadas por disparos de la policía) han aumentado en los últimos dos años, según la Correpi.

El agravamiento de los casos de violencia institucional comenzó poco después de que Macri desembarcara en la Casa Rosada en diciembre de 2015. Los casos de gatillo fácil (las muertes provocadas por disparos de la policía) han aumentado en los últimos dos años, según la Correpi. Una estrategia represiva que quedó totalmente al descubierto hace seis meses en la Patagonia. El caso del joven artesano Santiago Maldonado sacó a la luz los planes del Gobierno para estigmatizar y criminalizar al pueblo mapuche. Maldonado estuvo desaparecido durante 78 días hasta que a mediados de octubre lo hallaron ahogado en el río donde se le vio por última vez huyendo de una feroz persecución policial (otra vez a cargo de la Gendarmería).

El número tres del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, había declarado unos días antes de aquella redada que meterían en la cárcel a todo mapuche que encontraran cometiendo “un delito flagrante”, como el corte de una carretera. Hay una foto de Noceti al pie de la comunidad mapuche de Cushamen el día en que desapareció Maldonado. El Gobierno nunca dio explicaciones de por qué estaba allí ese alto cargo. La protesta de los mapuches, con la que se había solidarizado Maldonado, tenía un reclamo: la liberación del lonko (jefe tribal) Facundo Jones Huala, encarcelado y pendiente de extradición a Chile, donde se le acusa de participar en acciones violentas junto a los grupos mapuches del otro lado de los Andes.

Sólo un mes después de que apareciera el cuerpo sin vida de Maldonado en las frías aguas del río Chubut, la violencia del Estado contra los mapuches se cobraba una nueva víctima. El joven Rafael Nahuel era asesinado el 25 de noviembre por la espalda por agentes de la policía en un terreno de Villa Mascardi, cerca de la turística ciudad de Bariloche. La policía aseguró entonces que los mapuches, armados hasta los dientes, les habían atacado en “formación militar”. Ese parte policial fue asumido al pie de la letra por Bullrich: “No tenemos que probar lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad”, se despachó la ministra. Días después, el juez Gustavo Villanueva registró el predio ocupado por los mapuches y encontró solo los casquillos de 9 milímetros utilizados por la policía. El asesinato de Nahuel está todavía impune.

La violencia institucional no sólo es jaleada por Macri y su ministra de Seguridad. El libreto es repetido por los dirigentes e intelectuales oficialistas en los medios de comunicación argentinos (casi todos alineados con el macrismo). En un tono que roza el esperpento, el escritor Federico Andahazi, muy cercano a la Casa Rosada, llegaba a comparar al RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), un grupo que nadie sabe muy bien si existe en realidad, con el ISIS. Y el Wallmapu (la nación mapuche a la que aspiran los integrantes de esa etnia en Argentina y Chile) con el califato islámico de Al-Baghdadi. Para Chillier, “ese discurso del Gobierno es el peor mensaje que se le puede dar a unas fuerzas de seguridad que en Argentina todavía no han sido reformadas”.

En el fondo de la cuestión mapuche y la estrategia de criminalización de este pueblo originario emprendida por el Gobierno subyace un conflicto centenario.

En el fondo de la cuestión mapuche y la estrategia de criminalización de este pueblo originario emprendida por el Gobierno subyace un conflicto centenario. A finales del siglo XIX el pueblo mapuche fue diezmado durante la denominada Conquista del Desierto, y sus tierras entregadas a comuneros blancos que acabarían vendiéndolas a capitales extranjeros, como los de la compañía Benetton, poseedora de casi un millón de hectáreas en la Patagonia. Rica en recursos naturales, esa tierra rebelde y trágica de la que tanto escribiera el gran historiador Osvaldo Bayer es hoy de nuevo objeto de deseo para ese capitalismo salvaje que ha encontrado en la Argentina de Macri una zona franca donde aposentar sus reales.

El viraje autoritario del Gobierno de Cambiemos ya ha traspasado fronteras. Lo saben bien las decenas de activistas internacionales que fueron vetados (y algunos de ellos deportados) por la Casa Rosada en vísperas de la cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada recientemente en Buenos Aires. Las manifestaciones contra las políticas neoliberales de la OMC fueron duramente reprimidas en la capital argentina. Las protestas, habituales en una ciudad con un promedio de seis cortes de piquetes al día, son ahora respondidas con balas de goma, camiones equipados con cañones de agua, gases pimienta, bombas de estruendo, porras… Debido a la presión internacional de varios gobiernos, como el noruego, Macri tuvo que dar marcha atrás en algunas deportaciones y vetos.

Para Deborah James, coordinadora de la organización Nuestro Mundo No Está en Venta (Our World is Not For Sale–OWINFS), la red que agrupa a organizaciones de la sociedad civil en las cumbres de la OMC, esos vetos y deportaciones ordenados por la Casa Rosada no tienen precedentes en esas reuniones de alto nivel. La justificación oficial se basó en las supuestas “disrupciones” que generarían en Buenos Aires esos activistas. “Habría sido interesante que el Gobierno argentino mostrara alguna prueba de que las organizaciones de la sociedad civil han llamado explícitamente a la violencia alguna vez. Pruebas que obviamente no existen”, comenta James a CTXT desde Nueva York.

Acabada la cumbre, todavía se aguarda que Macri muestre alguna de esas pruebas. De momento, la única “disrupción” que sufre Argentina es la que impone su agenda neoliberal: ajuste y represión.   

Autor >

César G. Calero

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