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La aproximación a los hidrocarburos que ha dominado el siglo XX ha sido desbordada por el conocimiento y la responsabilidad que llega desde la sociedad a las leyes de manera lenta pero inexorable.

En las últimas décadas se ha debatido mucho sobre el presunto agotamiento de las reservas de petróleo y de gas. Pero la amenaza, mucho más real, de las consecuencias del cambio climático, debido principalmente al uso masivo de estos recursos, junto con el carbón, ha dejado sin sentido ese debate sobre la mayor o menor abundancia de los combustibles fósiles. 

A nivel global, el cambio climático se está acelerando. Cambios previstos para dentro de unas décadas están sucediendo hoy día. Así, un estudio publicado en Science en noviembre de 2016 concluía que el 80% de los procesos ecológicos del planeta ya se están viendo alterados por el calentamiento global. 

La concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO₂) ha alcanzado las 406,75 partes por millón (ppm) en diciembre de 2017, según el laboratorio de referencia de Mauna Loa, en Hawaii. En el inicio de la era industrial la concentración de CO₂ era de 280 ppm. Los científicos han concluido que el límite máximo seguro de CO₂ en la atmósfera es de 350 ppm, pero ese nivel ya se alcanzó en 1988, es decir, desde esa fecha ya podemos decir que estamos generando cambio climático. El aumento sigue una pauta exponencial y, de seguir así, llegaremos en relativamente pocos años a tener una concentración de 450 ppm, cifra que va vinculada a un aumento de 2ºC de las temperaturas medias mundiales y esto, a su vez, a un cambio climático descontrolado e irreversible de consecuencias catastróficas. Este incremento de las concentraciones de CO₂en la atmósfera conlleva un aumento de las temperaturas medias del planeta.

Prueba inequívoca de ello son los datos que periódicamente publica la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Así, el pasado 18 de enero, la OMM confirmó la tendencia al alza a largo plazo del calentamiento global al verificar que los 17 años que llevamos de siglo XXI están entre los 18 años más calurosos de los que se tiene registro, siendo 2017, junto con 2015 y 2016, los que se llevan la palma. Durante 2017, la temperatura media global de la superficie de la tierra fue 1,1ºC más alta que la del promedio de la era preindustrial. 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas ha dejado bien claro que, si queremos mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales (y como, por otra parte, marca el Acuerdo de París, proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a dichos niveles), deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles, para no disparar las emisiones de CO2 a la atmósfera. En la misma línea, la Agencia Internacional de la Energía ya calculó en 2012 que por lo menos dos terceras partes de esas reservas tendrían que quedarse bajo tierra. En consecuencia, no resulta coherente seguir buscando nuevos yacimientos de combustibles fósiles. 

En ese sentido, permitir nuevas exploraciones o investigaciones de hidrocarburos sólo conllevaría  que se pudieran poner en marcha las explotaciones de los yacimientos que eventualmente se descubriesen. Eso imposibilitaría, o al menos ralentizaría de forma significativa, lograr el objetivo, fundamental para nuestra propia supervivencia, de lograr un sector energético profundamente descarbonizado, eficiente e inteligente, basado al 100% en las energías renovables en el 2050 y libre de energías sucias. 

La ciudadanía, afortunadamente, es cada vez más consciente de estas cuestiones. Así, en las conclusiones del sondeo internacional World Wide Views Climate and Energy (que fue promovido por la ONU y por el Gobierno francés de cara a la Cumbre de París sobre cambio climático de diciembre de 2015) se mostró que el 69,2% de los españoles aboga por "suspender definitivamente la exploración de todas las reservas de combustibles fósiles". 

Este estado de opinión de la sociedad española ya se ha traducido en algunos hechos concretos. Uno sería el rechazo generalizado a los proyectos de búsqueda de gas con la técnica del fracking, en todas las comunidades autónomas donde se han planteado. Otro, los movimientos surgidos contra las prospecciones de hidrocarburos en aguas profundas, por un lado en Canarias, contra los sondeos exploratorios de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote y, por otro, en las CC.AA. ribereñas del Mediterráneo, especialmente en las Islas Baleares, contra un conjunto de proyectos de diversas compañías petroleras nacionales y extranjeras. 

En esta última zona cabe destacar a la Alianza Mar Blava, una plataforma intersectorial nacida en 2013 en las Islas Baleares y constituida actualmente por más de 120 entidades del sector privado (sector del turismo, la pesca, la agricultura o el náutico), la sociedad civil y la Administración pública (incluyendo el Govern Balear, los Consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, una veintena de ayuntamientos de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Barcelona), cuyo objetivo es la protección del mar Mediterráneo y avanzar hacia una mayor sostenibilidad de nuestro sistema energético. 

El trabajo desarrollado por la Alianza Mar Blava a lo largo de estos años ha contribuido significativamente a lograr el archivo de cuatro proyectos de prospecciones de hidrocarburos en la demarcación marina levantino-balear así como a la declaración como Área Marina Protegida y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Corredor de Migración de Cetáceos, un área de más de 46.000 km2 que discurre entre el golfo de Valencia y el golfo de León enmarcada entre las costas de las Islas Baleares y las de Cataluña y la Comunidad Valenciana, y sobre cuya superficie diversas compañías petroleras han solicitado numerosos permisos de investigación de hidrocarburos. 

Cambio de paradigma

En las últimas décadas, la protección ambiental ha evolucionado desde la protección de determinadas especies y lugares concretos a la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y geodiversidad. Así, el alcance actual de la protección ambiental se extiende tanto al complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos, como al llamado  medio no viviente con el que actúan como una unidad funcional, integrando así todos los elementos de la definición establecida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y asumida por la citada Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En este contexto, hay que recordar que el entorno abiótico marino es, por tanto, parte integrante de los ecosistemas marinos y también debe ser objeto de protección. Los hidrocarburos ya no pueden ser regulados y gestionados como meros recursos susceptibles de exploración, investigación y explotación debido a su interés energético; se trata de recursos naturales no renovables que forman parte de los ricos ecosistemas marinos a conservar.

Así pues, el límite para la exploración, investigación y explotación de los hidrocarburos mar adentro ya no puede ser únicamente la capacidad tecnológica, sino que se hace necesario reservar grandes áreas de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, no sólo por la protección de los ecosistemas marinos y la diversidad biológica de estos espacios, sino por la necesaria preservación de la geodiversidad que representan estos recursos naturales no renovables.

Ello tiene además adecuado encaje con la facultad que la Unión Europea reconoce que conservan los Estados miembros para determinar dentro de sus territorios respectivos las zonas en las que quedará autorizado el ejercicio de esas actividades, en la Directiva de prospecciones, exploración y producción de hidrocarburos (Art. 2 de la Directiva 94/22/CE). 

Acogiéndose a esta visión conceptual, la Alianza Mar Blava promovió a principios de 2017, a través del Parlament balear (donde se aprobó por unanimidad), para su discusión en las Cortes Generales, una Proposición de Ley para proteger el Mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 

Lamentablemente, una vez iniciado su recorrido en el Congreso de los Diputados, el Gobierno Rajoy vetó su tramitación parlamentaria, con el apoyo de los representantes del Partido Popular y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, basándose en un informe anónimo y plagado de falsedades, en el cual solo consta el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero no lleva firma alguna, y por lo tanto deja sin identificar a la persona que lo realizó y se responsabiliza de su falaz contenido.

Anclado en una política energética obsoleta, el MINETAD se refugia en lo que califica como “innegable interés estratégico” de los hidrocarburos para continuar con las actividades de búsqueda de nuevos yacimientos de estos combustibles fósiles. Ese supuesto interés estratégico no está justificado ni con los hechos económicos (pues la posible variación de nuestra actual dependencia energética exterior mediante la explotación de potenciales recursos de hidrocarburos sería absolutamente despreciable) ni con la superioridad estratégica que tiene para toda la Unión Europea (y por tanto también para España) los objetivos de lucha contra el cambio climático para el 2020, 2030 y 2050, así como el Acuerdo de París, también ratificado por España y que nos obliga a una descarbonización profunda de nuestra economía. Y todo ello sin olvidar nuestros compromisos dentro de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020.

Entre tanto, Francia nos ha tomado la delantera. En efecto, el Gobierno francés ha aprobado ya una ley para poner fin a la producción de hidrocarburos en todo el territorio galo. Así, el 19 de diciembre de 2017, su Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley del Gobierno Macron por medio de la cual Francia se convierte en el primer país del mundo en prohibir de forma efectiva la producción de hidrocarburos en su territorio. 

La flamante y reciente ley francesa prohíbe con efecto inmediato el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional de manera que para el año 2040 habrá terminado totalmente la extracción de hidrocarburos en todo el ámbito territorial francés, tanto en el mar como en tierra firme. 

Francia se convierte así en una referencia, en un ejemplo a seguir, no tanto porque sea un gran productor de hidrocarburos, que no lo es, sino porque se trata de una medida tomada por una potencia económica con gran influencia mundial. De esta forma, Francia lanza un mensaje muy importante al resto de la comunidad internacional sobre lo que es tomarse en serio el desafío del cambio climático. 

El PSOE ha presentado en el Congreso una nueva Proposición de Ley en ese sentido, basándose en el texto que preparó Alianza Mar Blava para la del Parlament balear, pero esta vez teniendo como ámbito de aplicación todas las aguas marinas que estén bajo jurisdicción española. 

Esperemos que, en esta nueva ocasión, el sentido común y la coherencia se impongan y el Gobierno Rajoy no vete la tramitación de esa iniciativa parlamentaria y ésta se apruebe, de modo que las aguas de nuestros mares y océanos queden libres de la amenaza de las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. De este modo, España seguiría, aunque fuera sólo un poquito, el ejemplo ya citado de Francia en materia de descarbonización de nuestra economía.

En definitiva, los tiempos están cambiando y el de los combustibles fósiles está llegando a su fin. No porque éstos se estén agotando, sino porque nos urge dejar de utilizarlos. Debemos tomar medidas urgentes para eliminarlos cuanto antes de nuestro modelo energético.

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Carlos Bravo Villa (carlos.bravo@salvia-edm.eu) es biólogo, consultor ambiental, miembro de Salvia y Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava.