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El Caso Mongolia / Una sentencia ejemplar

“El término ‘ultrajante’ es subjetivo y no puede constituir una base para indemnizar a un personaje público”

En 1988, el Tribunal Supremo de Estados Unidos fijó la doctrina que impide pagar indemnizaciones a los famosos objeto de sátira o caricaturas

ctxt 21/03/2018

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485 U.S. 46
Hustler Magazine, Inc. contra Falwell (No. 86-1278)
Alegatos: 2 de diciembre de 1987
Sentencia: 24 de febrero de 1988

Resumen:

El demandado, un sacerdote conocido en todo el país y comentarista de temas políticos y de interés público, inició una acción legal ante el Tribunal Federal de Distrito contra los demandantes, una revista de circulación nacional y su editor, en la que solicitaba reparación de daños por, inter alia, libelo y daño psicológico intencionado a raíz de la publicación de la “parodia” de un anuncio publicitario que, entre otras cosas, retrataba al demandado como si hubiera participado, en estado de ebriedad, en un encuentro incestuoso con su madre en una letrina. El jurado desestimó la acusación de libelo del ahora demandado, basándose de forma específica en que la parodia no podía "interpretarse razonablemente como una descripción de hechos… o acontecimientos reales"; sin embargo, falló a su favor en lo referente al daño psicológico y determinó que debía percibir una indemnización por daños y perjuicios. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia y rechazó el argumento de los demandantes en el que afirmaban que para que se le pueda adjudicar al actual demandado una indemnización por daño psicológico, debe de haber "dolo directo", que surge del caso New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 254. El tribunal rechazó por irrelevante el argumento de que, puesto que el jurado halló que la parodia no describía hechos reales, el anuncio publicitario era una opinión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución y entendió que la cuestión era dirimir si la publicación del anuncio era suficientemente ultrajante para constituir un daño psicológico intencionado.

Resolución: 

A fin de proteger la libre circulación de ideas y opiniones en cuestiones de incumbencia e interés público, la Primera y Decimocuarta Enmiendas prohíben que las figuras y funcionarios públicos perciban indemnizaciones por el daño resultante del perjuicio psicológico intencionado a causa de la publicación de una caricatura como la parodia del anuncio publicitario en cuestión, si asimismo no puede demostrarse que la publicación contiene una afirmación falsa realizada con "dolo directo", es decir, con conocimiento de que la afirmación era falsa o con total indiferencia respecto a su veracidad o falsedad. 

El interés del Estado en proteger a las figuras públicas del daño psicológico no es suficiente para negar la protección otorgada por la Primera Enmienda al discurso manifiestamente ofensivo y que tiene por objeto infligir daño psicológico cuando dicho discurso no pueda interpretarse, de forma razonable, como la afirmación de hechos reales acerca de la figura pública en cuestión. 

En este caso, el demandado, a efectos de la Primera Enmienda, es claramente una "figura pública" y la determinación de los tribunales inferiores de que la parodia del anuncio publicitario no era razonablemente creíble debe ser aceptada. 

El término "ultrajante" en el ámbito del discurso político y social tiene una subjetividad inherente que permitiría que un jurado impusiera una responsabilidad en función de los gustos u opiniones de sus miembros, o quizá en función del desagrado que les causara una expresión en particular, y no puede, de acuerdo con la Primera Enmienda, constituir una base para que se conceda una indemnización por daños por una conducta como la que nos ocupa aquí. 

797 F.2d 1270, revocada.

El juez REHNQUIST, presidente del Tribunal, comunicó el veredicto del tribunal con la adhesión de los jueces BRENNAN, MARSHALL, BLACKMUN, STEVENS, O'CONNOR, y SCALIA. Posteriormente, el juez WHITE presentó una opinión concurrente con la sentencia, p. 57. El juez KENNEDY no participó en el análisis o resolución del caso. 

Opinión

EL JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL REHNQUIST presentó la opinión del Tribunal:

El demandante, Hustler Magazine, Inc., es una revista de circulación nacional. El demandado Jerry Falwell, un sacerdote conocido en todo el país por su labor como comentarista de asuntos políticos y de interés público, inició acciones contra el demandante y su editor, Larry Flynt, para solicitar una indemnización por atentado contra la intimidad, libelo y daño psicológico intencionado. El Tribunal del Distrito falló en contra del ahora demandado respecto a la atentado contra la intimidad y sometió las otras dos peticiones a la consideración de un jurado. El jurado falló a favor de los demandantes respecto a la difamación, pero a favor del demandado en el daño psicológico intencionado y concedió la indemnización por daños. Ahora hemos de analizar si esta indemnización se ajusta a las Enmiendas Primera y Decimocuarta de la Constitución de Estados Unidos. 

La portada interior del número de noviembre de 1983 de Hustler Magazine presentaba la "parodia" de un anuncio del licor Campari que mostraba el nombre y la imagen del demandado titulado "Jerry Falwell relata su primera vez". Esta parodia estaba inspirada en unos anuncios reales de Campari que incluían entrevistas con famosos que hablaban de sus "primeras veces". Aunque al final de cada entrevista se sabía que se trataba de la primera vez que probaban el Campari, los anuncios claramente jugaban con la connotación sexual de la expresión de "la primera vez". Copiando el formato y diseño de estos anuncios de Campari, los editores de Hustler escogieron al demandado como personaje famoso y confeccionaron una supuesta "entrevista" con este en la que relata que su "primera vez" había sido durante un encuentro incestuoso con su madre en una letrina. La parodia de la revista Hustler retrata al demandado y a su madre como borrachos e inmorales y sugiere que el demandado es un hipócrita que únicamente predica cuando está ebrio. Al pie de la página, en letra pequeña, en el anuncio aparece una exención de responsabilidad: "parodia publicitaria – no hay que tomárselo en serio". El índice de la revista también incluye el anuncio en el apartado "Ficción; parodia publicitaria y de personalidades".

Poco después de que se publicara el número de noviembre de la revista Hustler, el demandado llevó esta acción de reparación de daños al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Virginia contra Hustler Magazine, Inc., Larry C. Flynt y Flynt Distributing Co., Inc. El demandado manifestaba en su solicitud que la publicación de la parodia del anuncio publicitario en Hustler le otorgaba el derecho a una indemnización por libelo, atentado contra la intimidad y daño psicológico intencionado. La causa fue elevada a juicio.  

Al cierre de la etapa de pruebas, el Tribunal de Distrito emitió un veredicto directo a favor de los demandantes por atentado contra la intimidad. Posteriormente, el jurado falló en contra del demandado respecto al libelo, especificando que la parodia del anuncio publicitario no podía "interpretarse razonablemente como una descripción de hechos reales [sobre el demandado] o de acontecimientos reales en los que [este] participara". App. to Pet. for Cert. C1. No obstante, el jurado se pronunció a favor del demandado respecto al daño psicológico intencionado y estableció que debía percibir una indemnización de 100.000 dólares por daños y perjuicios, así como 50.000 dólares por parte de cada uno de los demandantes. La petición presentada por los demandantes para que se dictara una sentencia contraria al veredicto fue denegada.

En la apelación, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos correspondiente al Cuarto Circuito confirmó la sentencia dictada contra los demandantes. (Falwell vs. Flynt, 797 F.2d 1270 [1986]). El tribunal rechazó el argumento de los demandantes de que el "dolo directo" establecido en el caso New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) debe ser demostrado antes de que el demandado se recupere del daño psicológico. El tribunal manifestó su acuerdo en que, puesto que el demandado es una figura pública reconocida, los demandantes tienen "derecho a gozar del mismo nivel de protección, en virtud de la primera enmienda, por daño psicológico intencionado que el que obtuvieron por libelo". (797 F.2d at 1274). Sin embargo, esto no quiere decir que una aplicación literal de la regla del dolo directo sea adecuada en el contexto de la demanda por daño psicológico. En opinión del tribunal, la decisión en el caso del New York Times destacó la importancia constitucional, no la falsedad de la afirmación o el desprecio hacia la verdad por parte del demandado, sino el elevado nivel de culpabilidad que entrañaba el requisito de conducta "consciente… o temeraria". En este caso, la exigencia del New York Times queda satisfecha por el requisito de la ley estatal y la determinación del jurado de que los demandados actuaron de forma intencionada o temeraria. 

Después, el Tribunal de Apelaciones rechazó el argumento de que, puesto que el jurado determinó que la parodia del anuncio publicitario no describía hechos reales actual sobre el demandado, el anuncio constituía una opinión que está protegida por la Primera Enmienda. Tal y como lo expresó el tribunal, eso era "irrelevante", dado que la cuestión es "si la publicación [del anuncio] era suficientemente ultrajante para constituir un daño psicológico intencionado". Ídem en 1276. Después, los demandantes presentaron una solicitud de nueva vista en sesión plenaria, pero fue denegada por un tribunal dividido. Dada la importancia de los asuntos constitucionales en cuestión, concedimos el certiorari. (480 U.S. 945 [1987]).

Este caso nos plantea un nuevo interrogante relacionado con las limitaciones de la Primera Enmienda sobre la autoridad de un Estado para proteger a sus ciudadanos del daño psicológico intencionado. Debemos decidir si una figura pública puede reclamar una indemnización por daños psicológicos causados por la publicación de la parodia de un anuncio que le resulte ofensiva a dicha persona y sin duda burda y repugnante a ojos de la mayoría. El demandado pretende que se determine que el interés de un Estado en proteger a las figuras públicas del daño psicológico es suficiente para negar la protección que otorga la Primera Enmienda a expresiones manifiestamente ofensivas que tienen por objeto causar un daño psicológico, aun cuando dichas expresiones no podrían haberse interpretado como afirmaciones de hechos reales sobre la figura pública en cuestión. A esto nos negamos.

El elemento central de la Primera Enmienda es el reconocimiento de la importancia fundamental de la libre circulación de ideas y opiniones en cuestiones de incumbencia e interés público.

[L]a libertad de expresar las propias opiniones no solo constituye un aspecto de la libertad individual –y, de este modo, un bien en sí misma-, sino que además es esencial para la búsqueda común de la verdad y la vitalidad de la sociedad en su conjunto. (Bose Corp. vs. Consumers Union of the United States, Inc., 466 U.S. 485, 503-504 [1984]). Por lo tanto, hemos tenido especial cuidado en asegurarnos de que la expresión individual de ideas quede exenta de sanciones impuestas por el gobierno. La Primera Enmienda no reconoce la existencia de una idea "falsa". (Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 339 [1974]). Como expresó el juez Holmes: “cuando los hombres son conscientes de que el tiempo ha conciliado muchas creencias enfrentadas, pueden llegar a creer -incluso más intensamente de lo que creen en los fundamentos de su propia conducta- que el bien último se alcanza mejor mediante la libre circulación de ideas: que la mejor prueba de la verdad es lograr que el pensamiento sea aceptado en sí mismo en la competencia del mercado…” (Abrams vs. United States, 250 U.S. 616, 630 [1919], dictamen contrario).

El tipo de debate político sólido que fomenta la Primera Enmienda está obligado a generar un discurso crítico con aquellas personas que ocupan un cargo público o aquellas figuras públicas que están “estrechamente involucradas en la resolución de asuntos públicos importantes o que, por motivo de su fama, determinan ciertos acontecimientos en ámbitos de interés para la sociedad en su conjunto” (Associated Press v. Walker, resuelto conjuntamente con Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130, 164 [1967] El juez Warren, presidente del tribunal, coincidió en el resultado). El juez Frankfurter lo expresó sucintamente en el caso Baumgartner v. United States, 322 U.S. 665, 673-674 [1944], cuando afirmó que "[u]na de las prerrogativas de los ciudadanos estadounidenses es el derecho a criticar a las figuras y medidas de carácter público". Dichas críticas, inevitablemente, no serán siempre razonables ni moderadas; las figuras públicas, así como los cargos públicos estarán sujetos a "ataques vehementes, cáusticos y en ocasiones tremendamente incisivos", New York Times, supra, at 270. “[E]l candidato que se jacta de poseer unos impecables antecedentes y una intachable integridad no puede gritar, de modo convincente, ‘¡Falso!’ cuando un adversario o un periodista diligente intenta demostrar lo contrario (Monitor Patriot Co. v. Roy, 401 U.S. 265, 274 [1971]).

Por supuesto, esto no significa que cualquier declaración acerca de una figura pública esté exenta de sanciones por daños. Desde el caso New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), hemos sostenido sistemáticamente que una figura pública puede pretender que un orador asuma la responsabilidad por el daño a su reputación ocasionado por una publicación falsa y difamatoria, pero solamente si dicha afirmación fue realizada "a sabiendas de su falsedad o con desconsideración temeraria acerca de su veracidad o falsedad". Íd., en 279-280. Las declaraciones falsas de hechos son particularmente inútiles; interfieren en la función de búsqueda de la verdad del mercado de las ideas y causan daños en la reputación de una persona que no pueden repararse fácilmente mediante retractaciones, por más convincentes o efectivas que estas resulten (véase Gertz, 418 U.S., en 340 , 344, n. 9). Sin embargo, pese a que las afirmaciones falsas tienen escaso valor en sí mismas, resultan "no obstante inevitables en todo debate libre" (íd., en 340), y una norma que impusiera una responsabilidad objetiva a un editor por declaraciones falsas de hechos tendría un indudable efecto "disuasorio" sobre el discurso relativo a las figuras públicas, que sí tiene valor constitucional. La libertad de expresión requiere "espacio para respirar" (Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps, 475 U.S. 767, 772 [1986]; cita de New York Times, supra, en 272). Este "espacio para respirar" lo otorga una disposición constitucional que permite que las figuras públicas sean indemnizadas por libelo o difamación únicamente cuando puedan demostrar que la afirmación era falsa y que fue realizada con el grado de culpabilidad necesario.

El demandado argumenta, no obstante, que en este caso debería aplicarse otro estándar, porque aquí el Estado busca evitar no solo el daño a la reputación, sino también el grave daño psicológico sufrido por la persona que es objeto de una publicación ofensiva (Cf. Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562 [1977], en el cual se determinó que el estándar de "dolo directo" no se aplica al acto ilícito civil de apropiación de un derecho de publicidad). En opinión del demandado, y en opinión del Tribunal de Apelaciones [485 U.S. 46, 53], en tanto y en cuanto la afirmación vertida haya tenido por objeto causar un daño psicológico, haya sido ultrajante y haya causado, de hecho, un daño psicológico grave, no tiene importancia, desde el punto de vista constitucional, si la declaración fue un hecho o una opinión, o si fue verdadera o falsa. La esencia del acto ilícito civil radica en la intención de causar un agravio, y el interés del Estado en evitar el daño psicológico simplemente supera cualquier interés que una persona pueda tener en un discurso de este tipo.

En general, la ley no considera que la intención de causar un daño psicológico deba recibir excesiva atención, y resulta bastante comprensible que la mayoría de las jurisdicciones, si no todas, hayan optado por considerarlas civilmente punibles en casos en que la conducta en cuestión sea lo suficientemente "ultrajante". No obstante, en el ámbito del debate acerca de los asuntos públicos, muchos actos realizados por motivos que están lejos de ser admirables se encuentran protegidos por la Primera Enmienda. En Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964), sostuvimos que, incluso en casos en que las manifestaciones verbales o escritas de una persona estén motivadas por el odio o las malas intenciones, sus expresiones estaban protegidas por la Primera Enmienda:

"El debate sobre asuntos públicos no estará libre de inhibiciones si el orador afronta el riesgo de que se demuestre ante un tribunal que su discurso estuvo motivado por el odio; aun cuando efectivamente hubiera hablado con odio, las declaraciones basadas en creencias genuinas contribuyen al libre intercambio de ideas y a la  determinación de la verdad" (íd., en 73).

De este modo, si bien ese motivo tan negativo puede considerarse determinante a efectos de la responsabilidad por actos ilícitos civiles en otros ámbitos del derecho, consideramos que la Primera Enmienda prohíbe tal resultado en el ámbito del debate público acerca de figuras públicas.

Si sostuviéramos lo contrario, casi con total seguridad ocurriría que los autores de sátiras y tiras cómicas políticas estarían obligados al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios sin que fuera necesario probar que su trabajo difamó falsamente a la persona a quien hace referencia. El diccionario Webster define el término caricatura como "la descripción o imitación de una persona, un estilo literario, etc., deliberadamente distorsionada, a través de

la exageración de rasgos o peculiaridades, para lograr un efecto satírico" (Webster's New Unabridged Twentieth [485 U.S. 46, 54] Century Dictionary of the English Language 275 (2.a ed. 1979). El atractivo de la tira cómica o caricatura política a menudo está basado en la explotación de rasgos físicos poco atractivos o acontecimientos políticos bochornosos, lo cual, se estima, afectará a los sentimientos de la persona a la que hace referencia. Muchas veces, el arte de los caricaturistas no es racional ni imparcial, sino incisivo y arbitrario. Un caricaturista expresó la naturaleza de este arte en los siguientes términos:

"La caricatura política es un arma de ataque, de desprecio, ridiculización y sátira; es menos efectiva cuando intenta dar una palmada en la espalda a un político. Suele ser tan bien recibida como la picadura del aguijón de una abeja, y siempre despierta controversias en algún lugar" (Long, The Political Cartoon: Journalism's Strongest Weapon, The Quill 56, 57, noviembre de 1962).

Varios famosos ejemplos de este tipo de discurso ofensivo fueron los dibujos de Thomas Nast, probablemente el más destacado caricaturista estadounidense hasta el momento, que durante muchos años, en la etapa posterior a la Guerra Civil, trabajó para Harper's Weekly. En las páginas de esta publicación, Nast llevó a cabo una "vendetta" gráfica contra William M. "Boss" Tweed y sus corruptos asociados en el "Tweed Ring" de la ciudad de Nueva York. Un historiador lo describió como el autor de "un ataque sostenido en el cual su pasión y su efectividad destacan en la historia de las artes gráficas de EE. UU." (M. Keller, The Art and Politics of Thomas Nast 177, 1968). Otro escritor explica que el éxito de la caricatura de Nast se logró "por el impacto emocional de su presentación. Desafía constantemente los límites del buen gusto y los modales convencionales" (C. Press, The Political Cartoon 251, 1981).

A pesar de su naturaleza, que en algunas ocasiones resulta cáustica, desde la antigua tira cómica en que George Washington aparecía representado como un asno hasta la actualidad, las representaciones gráficas y las caricaturas satíricas han tenido un papel destacado en el debate público y político. Las críticas al Tweed Ring por parte de Nast; la caracterización, realizada por Walt McDougall's, del banquete compartido por el candidato presidencial James G. Blaine y un grupo de millonarios en Delmonico como "El banquete real [485 U.S. 46, 55] de Belshazzar", y muchos otros trabajos han tenido, indudablemente, un efecto sobre el desarrollo y los resultados del debate contemporáneo. El aspecto alto y desgarbado de Lincoln, las gafas y los dientes de Teddy Roosevelt, y la mandíbula saliente y la boquilla de fumar de Franklin D. Roosevelt han sido inmortalizados por las tiras cómicas políticas con un efecto que no podía haber obtenido un fotógrafo ni un retratista. Desde el punto de vista de la historia es evidente que, sin ellos, nuestro discurso político habría sido mucho más pobre.

El demandado arguye, no obstante, que la caricatura en cuestión en este caso era "ultrajante" en un grado tal que justificaba distinguirla de otras tiras cómicas políticas más tradicionales. No existe duda alguna de que la caricatura del demandado y su madre publicada por Hustler es, en el mejor de los casos, una prima lejana de las tiras cómicas políticas descritas anteriormente, con una relación bastante dudosa con estas. Si fuera posible establecer un estándar basado en principios que separaran una cuestión de la otra, el discurso público probablemente se vería poco afectado o no se vería afectado en absoluto. Pero dudamos de que exista tal estándar, y estamos bastante seguros de que el calificativo peyorativo "ultrajante" no lo proporciona. El carácter de "ultrajante" en el área del discurso político y social tiene una subjetividad intrínseca que permitiría que un jurado estableciera una responsabilidad basándose en sus propios gustos u opiniones, o quizás sobre la base de su desaprobación de una expresión en particular. Así, un estándar sobre lo "ultrajante" se contrapone a nuestra postura sostenida de permitir que se adjudiquen indemnizaciones por daños y perjuicios sobre la base de que el discurso en cuestión podría tener un impacto psicológico adverso sobre el público (véase NAACP v. Claiborne Hardware Co., 458 U.S. 886, 910 [1982]: "El discurso no deja de estar protegido… por el mero hecho de que podría abochornar a otras personas u obligarlas a tomar una acción determinada"). Además, tal como lo señalamos en el caso FCC v. Pacifica Foundation (438 U.S. 726 [1978]): 

"[E]l hecho de que la sociedad considere que un determinado discurso es ofensivo no resulta razón suficiente para suprimirlo. De hecho, si lo que ofende es la opinión de quien se expresa, esa consecuencia es una razón para brindarle protección constitucional, [485 U.S. 46, 56] dado que es un principio central de la Primera Enmienda que, en el mercado de las ideas, el gobierno debe adoptar una actitud neutral" (íd., en 745-746).

Véase también Street v. New York, 394 U.S. 576, 592 (1969):

"Se establece firmemente que… la expresión pública de ideas no puede prohibirse simplemente porque dichas ideas sean, en sí mismas, ofensivas para algunas de las personas que las escuchen".

Es cierto que estos principios tantas veces reiterados de la Primera Enmienda, al igual que muchos otros, se encuentran sujetos a limitaciones. En Pacifica Foundation reconocimos que el discurso que sea "vulgar", "ofensivo" y "escandaloso" "no tiene derecho a recibir protección constitucional absoluta en cualquier circunstancia" (438 U.S., en 747). En Chaplinsky v. New Hampshire, (315 U.S. 568 [1942]), concluimos que un Estado podía castigar lícitamente a una persona por usar "términos 'beligerantes': aquellos cuya sola utilización implica un agravio o tiende a incitar una inmediata ruptura de las relaciones pacíficas" (Íd., en 571-572). Estas limitaciones no son más que un reconocimiento de lo observado en Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc. (472 U.S. 749, 758 [1985]), de que esta Corte "reconoce, desde hace mucho tiempo, que no todo el discurso tiene el mismo nivel de importancia en relación con la Primera Enmienda". No obstante, el tipo de expresión al que se hace referencia en este caso no parece, según nuestro análisis, estar regido por ninguna excepción a los principios generales de la Primera Enmienda establecidos anteriormente.

Nuestra conclusión es que las figuras públicas y los funcionarios públicos no pueden ser resarcidos por el acto ilícito civil de daño psicológico intencional en razón de las publicaciones como la que aquí se analiza, sin probar, además, que la publicación contiene una declaración falsa realizada con "dolo directo", es decir, teniendo conocimiento de que la afirmación era falsa o con desconsideración temeraria respecto de su veracidad o falsedad. Esto no es simplemente una "aplicación a ciegas" del estándar del New York Times (véase Time, Inc. v. Hill, 385 U.S. 374, 390 [1967]), sino que refleja nuestro criterio razonado de que dicho estándar es necesario para brindar un adecuado "espacio para respirar" a las libertades protegidas por la Primera Enmienda [485 U.S. 46, 57].

Aquí resulta claro que el demandado Falwell es una "figura pública" a efectos de lo dispuesto por la Primera Enmienda. El jurado se pronunció en contra del demandado respecto de su denuncia por libelo al determinar que la parodia publicitaria de Hustler no podía "interpretarse razonablemente como una descripción de hechos reales acerca del [demandado] o de acontecimientos reales en los cuales [él] participó" (App. to Pet. for Cert. C1). El Tribunal de Apelaciones interpretó que el jurado había resuelto que la parodia publicitaria "no era razonablemente creíble" (797 F.2d, en 1278), y de acuerdo con nuestra costumbre, aceptamos esta decisión. De tal modo, el demandado queda relegado a su demanda de indemnización adjudicada por el jurado por el daño psicológico intencional debido a una conducta "ultrajante". No obstante, por las razones anteriormente establecidas, esta demanda no puede constituir, a la luz de la Primera Enmienda, una base para que se adjudique una indemnización por daños y perjuicios, cuando la conducta controvertida es la publicación de una caricatura como la parodia publicitaria en cuestión. En función de lo expuesto, se revoca el fallo del Tribunal de Apelaciones.

El JUEZ KENNEDY no participó en el análisis ni en la resolución de este caso.

Voto concurrente del JUEZ WHITE.

Según mi punto de vista, la resolución del juicio New York Times Co. v. Sullivan (376 U.S. 254 [1964]) tiene escasa relación con el presente caso, dado que aquí el jurado determinó que el aviso publicitario no contenía afirmaciones fácticas. No obstante, estoy de acuerdo con el Tribunal en que la sentencia del tribunal inferior, que penalizó la publicación de la parodia, no puede inscribirse en el marco de la Primera Enmienda.

-----------------------------

Notas

1. Mientras el caso estaba en trámite, la parodia del anuncio publicitario se publicó en Hustler Magazine por segunda vez.

2. El jurado no halló responsable a Flynt Distributing Co., Inc., por lo tanto, no es parte en esta apelación.

3. Según las leyes de Virginia, en una acción por daño psicológico intencionado, el demandante debe demostrar que la conducta del demandado (1) es intencionada o temeraria; (2) ofende a los estereotipos generalmente aceptados de decencia o moralidad; (3) tiene una relación causal con el daño psicológico del demandante; y (4) ha provocado un daño psicológico grave. (797 F.2d at 1275, n. 4 (donde se cita Womack vs. Eldridge, 215 Va. 338, 210 S.E.2d 145 [1974]).

4. El tribunal inferior también rechazó varios argumentos adicionales que los entonces demandantes no plantean en la apelación.

Traducción de Paloma Farré. 

 

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1 comentario(s)

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  1. MARIAN NELSON

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    Hace 3 años 1 mes

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