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“Los nuevos Presupuestos que presentamos a la Cámara son los  presupuestos más sociales de la historia de la democracia española”.  ¿Suena esta frase? Es de Cristóbal Montoro, claro. Creo que no habrá periódico, televisión o radio que no la haya recogido estos días. Y no será por su novedad. Lo que entrecomillamos arriba no corresponde a los Presupuestos que acaba de presentar el Gobierno. La pronunció, así, literalmente, el mismo Montoro el 23 de octubre de 2012, el año de los macro recortes, de la llegada en tromba del PP para reducir derechos sociales y prestaciones públicas. Y hablaba de los Presupuestos del año siguiente, 2013. Para este Gobierno decir que los Presupuestos son los más sociales se ha convertido en algo así como para los periodistas deportivos que cada trimestre califican un encuentro de fútbol como el partido del siglo. La realidad es que ni los Presupuestos que presentaba Montoro aquel 2012, ni los que acaba de presentar para este 2018 son los más sociales de la historia de la democracia.

Para comprobarlo hay varias maneras. La más falaz consiste en comparar el porcentaje de gasto social sobre el total del Presupuesto. Es falaz porque si un Presupuesto es bajo en cuantía total y hay gastos sociales comprometidos que no se pueden suprimir, como es el caso de las pensiones, resultará que, aunque el gasto social sea rácano, puede aparentar un aumento en porcentaje sobre unas cuentas todavía más rácanas. Visto así, los Presupuestos con un porcentaje mayor de gasto social fueron los de 2011, con el 58 por ciento del total de gasto. Este año, el gasto social supone el 55,6 por ciento. 

Otra forma, admitida en cualquier estadística seria, empleada por ejemplo en la oficina estadística europea, Eurostat, es la de calcular el porcentaje de gasto social sobre el dinero que genera ese año todo el país, lo que se llama Producto Interior Bruto. Visto así, el gasto social de 2018 no sólo no es el más alto, sino que es el más bajo desde el año 2009, es decir, desde que la crisis abarcó un año completo. El dinero que ha destinado el Gobierno a gasto social representa el 16,2% de todo el dinero que va a generar España este año, de todo el PIB. 

También podemos mirarnos al espejo de la Zona Euro para compararnos. El gasto público español (aquí incluyo también a comunidades autónomas y ayuntamientos) supone el 40% de PIB. En el conjunto de la eurozona, el gasto público representa el 47%. Significa que otros destinan más dinero de la riqueza del país a satisfacer el bien público. En gasto social, incluidos salud y educación, España destina el 27% de su PIB, el conjunto de la Eurozona el 32%. Sólo en pago a los parados nos mantenemos en puestos de cabeza: en segundo lugar, por la lógica de nuestra descomunal bolsa de desempleo. En el resto estamos por debajo de la media.

Vayamos al detalle. Las pensiones, el mayor de todos los gastos públicos, supone 145.000 millones de euros. Aumenta el 3,7% respecto a 2017. Tampoco es el año que más sube. En 2009 subió el 8%, en 2008 el 7%, en 2014, el 5%. La subida del gasto en pensiones se explica en todos los casos por la incorporación de nuevos pensionistas, a razón de 100.000 más cada año. Con la peculiaridad de que sus salarios eran más altos que ahora, porque trabajaron en la época de vacas gordas, y tienen pensiones relativamente mejores. El PP ha atajado este aumento, casi congelando las pensiones, con una exigua subida del 0,25 por ciento. Pero el movimiento de protesta de los pensionistas le ha atemorizado y este año ha hecho una excepción: ha destinado 1.097 millones de euros extras para subir las pensiones más bajas, entre un 3 y un 2%. No parece demasiado, si se tiene en cuenta que los afectados cobrarán por término medio 13 euros más al mes. A otros pensionistas  y asalariados que ganan algo más y que deben pagar por ello el IRPF, se les reduce el impuesto en una media de 440 euros, es decir 31 euros mensuales. Ganan más, aunque poco, y reciben mejor trato que las pensiones más bajas. Todo un ejemplo de regresividad, es decir de reparto injusto. 

Si exceptuamos las pensiones, que inevitablemente crecen, el resto del gasto social queda casi congelado. Aumenta un 0.5%, que no da ni para compensar el aumento del coste de la vida, que se espera del 1,5 por ciento. De hecho, desde que llegó al poder el PP, ese gasto social, excluidas las pensiones, ha disminuido el 27%. 

Repasamos. 

El acceso a la vivienda. Debería ser esencial cuando 160.000 familias han sido expulsadas de sus casas y los jóvenes que trabajan reciben bajos salarios y apenas pueden costearse una o viven en un alquiler encarecido. Este año, ha descendido de nuevo la dotación presupuestaria en vivienda y es ya raquítica: 473 millones, frente a 1.210 millones en 2011.

Fomento del empleo. Dinero para facilitar un puesto de trabajo: ha caído un 22% desde que el PP llegó al Gobierno. Este año sube la “astronómica cifra” de 217 millones de euros, un 3,9%.

Dependencia. Dispone de 1.400 millones de euros, un 6,7% menos que en 2011. 

Becas. Ha alcanzado por primera vez la cuantía que tenía al llegar Rajoy al Gobierno. Se destinan 1.450 millones, un 3,6% más.

Sanidad y Educación se financian casi en su totalidad con dinero de las comunidades autónomas. Fueron el blanco de los recortes. Ahora “cuando las cosas comienzan a ir bien” en expresión de Rajoy, todavía disponen de 4.500 millones menos que en 2011. 

Desempleo. El pago a los parados disminuye un 3,4%. Viene ocurriendo hace ya algunos años. La explicación oficial es que ahora hay menos paro. Lo cierto es que cuando el PP tomó el mando, el 70% de los parados registrados cobraban un subsidio, por término medio de 865 euros mensuales. Ahora lo cobran únicamente el 58% y reciben menos: 821 euros.

En realidad los grandes beneficiados del actual presupuesto son los gastos militares. Con 9.635 millones aumentan el 10%. Y copan el primer lugar en inversiones, en armamento, con 2.164 millones. En este caso más de lo que dispone el Ministerio de Fomento para construir carreteras o ferrocarriles, que no llega a los 2.000 millones.

En Investigación y Desarrollo el dinero destinado es todavía un 17% menos que en 2011, pese a que entonces el Gobierno de Zapatero ya había metido la tijera. En realidad aumenta un 8% respecto a 2017. Pero se da una circunstancia: mientras que el I+D civil, que acapara la mayor parte lógicamente, sube el 6%, el I+D militar aumenta el  47%. 

Me refería antes a los grandes beneficiados del actual presupuesto, al señalar los gastos militares. No es del todo correcto. En realidad los grandes beneficiados son los miembros del Tribunal Constitucional. En el momento en que su papel está siendo clave para la estrategia del Gobierno, este ha decidido subir el sueldo de sus magistrados, un 13% a su presidente y un 12% a los magistrados rasos. Aquí no cabe análisis presupuestario alguno, más allá de calificarlo de indecencia.