El Estado pudo haber decidido que el asunto Puigdemont se solucionara en Bélgica, en Suiza, en Finlandia, o en Dinamarca. Pero decidió que fuera en Alemania. Fue, por tanto, su apuesta. Su gran apuesta. Pues bien, esa apuesta ha resultado fallida. El tribunal alemán encargado de dar respuesta a la euroorden no vio que hubiera caso de rebelión. Es decir, no vio por ninguna parte la violencia necesaria para que hubiera un caso de rebelión efectivo. O, lo que es lo mismo, la invocación a la rebelión para describir y penalizar la crisis catalana ha quedado como un fenómeno local e inexportable. Conviene, por tanto, describir qué es ese fenómeno local, esa explicación gubernamental que –ya queda claro– no se comparte en Europa, pero que parece ser la respuesta política a un problema político que seguirá a toda máquina dentro de nuestras fronteras. 

La invocación del delito de rebelión es la culminación de otro proceso: la respuesta gubernamental al Procés. Esa respuesta, a pesar de lo narrado por los medios públicos y concertados afines al Gobierno, no ha sido ordenada ni eficaz, y no ha respondido a un criterio democrático. Se inició con una no-respuesta. El Gobierno no quiso hablar con representantes ni instituciones políticas sobre un problema solucionable. El Gobierno rechazó la política. Posteriormente, sustituyó el diálogo por la intervención de las cuentas y de la Autonomía (el 155) y la aplicación del Código Penal, una dinámica que fatalmente conduce a la politización y la instrumentalización de la Justicia. Esta política gubernamental no-política, de penalización jurídica de la política, pasó a ser política de Estado con el discurso del Rey del 3 de octubre. Se trató de un discurso dramáticamente importante. El Rey dio por cerrada e irreformable la democracia española, y situaba fuera de ella y de la ley a quién no compartiera ese dogma prístino. Se colocaba fuera de la democracia, por tanto, un amplio catálogo de posibilidades de disidencia, que en su contexto también abarcaba la protesta civil. La formulación, en el auto del juez Llarena, del delito de rebelión –y, en la Audiencia, del delito de sedición, a través del auto de Lamela–, era una suerte de culminación de todas esas respuestas desordenadas a un problema político. La rebelión quedaba así fijada como solución a cualquier tensión política, a través de una falsaria e ingeniosa descripción de lo que es tumulto y violencia. Con este concepto de rebelión, no se hubiera producido no sólo el Procés, sino tampoco la PAH o el 15M, las protestas contra el muro del AVE en Murcia o, incluso, la jornada de 8 horas.

Cuando el poder tiene en las manos una fantasía peligrosa, es necesario dar la alarma

La decisión alemana sobre Puigdemont explica, por tanto, que el intento de aplicar el delito de rebelión es una fantasía peligrosa. Y explica que el Estado –algo más amplio que el Gobierno, algo que implica ya a la monarquía y a la Justicia– no tiene nada que ofrecer ante un problema político, salvo una fantasía peligrosa. Cuando el poder tiene en las manos una fantasía peligrosa, es necesario dar la alarma. En CTXT lo advertimos hace meses, sin éxito.

Estos días han sido detenidas varias personas en Catalunya. Miembros de los Comités de Defensa de la República. Se les acusa de rebelión, ese paisaje conocido. Pero también de terrorismo, a su vez una depuración del depurado concepto rebelión. La reforma del Código Penal de 2015, aprobada por el PP, el PSOE y –ironías de la vida– CiU, estiliza, en efecto, el concepto terrorismo hasta extremos sumamente amplios y, por tanto, opinables. Por eso mismo, es preciso señalar que en Catalunya no se da ninguna condición ni ingrediente para poder afirmar que hay un grupo terrorista en activo. De hecho, es posible sospechar que se está empezando a utilizar –primero en informaciones en medios, luego en declaraciones gubernamentales, ahora ya en detenciones– el terrorismo para acotar un tema que nada tiene que ver con él, como es el derecho a la protesta, la manifestación y la disidencia.

Es posible que, incluso, el proyecto del Estado sea volver a desempolvar el terrorismo, como antaño, para promover la cohesión social, bajo la forma de un enemigo ante el que cerrar filas, ante el que cerrar, incluso, una idea restrictiva de la democracia. Se hizo, sí, y con resultados muy pobres para la democracia, durante los años de plomo, con cierre de diarios, prohibición de partidos, adopción de doctrinas penales condenadas por Europa. Y la ampliación desmesurada del campo semántico de la palabra terrorismo, más allá de lo real y razonable.

Es preciso que, en esta crisis social, democrática y política, en la que el Estado parece evidenciar que carece de respuestas y de capacidad de diálogo, no se recurra a abusos de Estado. Llamar rebelión o terrorismo a lo que no lo es, a lo que es una crisis social, democrática y política, es ya el primer abuso. Si el Estado pretende penalizar a más de dos millones de personas, que de una forma u otra, empiezan a ser englobadas bajo el manto de la rebelión y el terrorismo, quiere decir que apuesta por convertirse en una excepcionalidad europea. Y no hace falta ser muy imaginativos para adivinar que la actual escalada represiva puede desembocar en un Estado de excepción permanente.