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Tribuna

Terrorismo, rebelión y el derecho a protestar

El estrechamiento evidente de las libertades públicas y de los derechos civiles, así como el uso constante de una justicia excepcional, están convirtiendo a este país en una democracia autoritaria al estilo turco

Beatriz Gimeno 11/04/2018

Malagón

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Del hecho de que pretendan imputar por terrorismo a varias personas vinculadas a los CDR impresionan varias cosas. Personalmente me impresiona mucho el hecho de que yo misma, como millones de personas en este país, he hecho a lo largo de mi vida cosas muy parecidas a esas; que las han hecho amigas y amigos, compañeros de organización; que mi propio hijo las ha hecho y las sigue haciendo. He hecho cosas así desde que tengo uso de razón política y lo he hecho en momentos mucho más convulsos que los actuales, con el terrorismo de ETA matando a decenas de personas al año y con la extrema derecha matando a gente también. He participado en decenas de manifestaciones desde mi adolescencia con saltos por toda la ciudad, y algunas de ellas han terminado en la quema de contenedores o lunas rotas; he ocupado un par de veces sedes de organismos oficiales y he participado en el corte de muchas calles en muchas manifestaciones. También he participado, desde luego, en varios piquetes de huelga. En cualquier democracia hay decenas, a veces cientos, de manifestaciones al año y algunas de ellas terminan en desórdenes públicos que se resuelven de manera proporcional tanto policial como penalmente. En una democracia, las actuaciones vinculadas a las protestas así como la contención o represión de las mismas son, o deben ser, siempre proporcionales y deben estar diseñadas para tratar de preservar, además, uno de los derechos fundamentales: el derecho a la protesta política. Y atravesamos lo peor del páramo del terrorismo utilizando los instrumentos de un estado democrático y de derecho (excepción hecha del GAL y de los últimos años).

Y llegó la perversión del delito de odio utilizado contra quienes defienden a las minorías o incluso contra estas propias minorías

Pero fue terminarse el terrorismo de ETA, y PP, PSOE y C’s se apresuraron a firmar un pacto, y a consensuar distintas reformas del Código Penal, que han ido criminalizando la protesta política y que ha dado estatuto de terrorismo a los “desórdenes públicos”. (También se aprobó la prisión permanente revisable en el pack). Lo que estos partidos firmaron fue una definición de terrorismo para cuando ya no había terrorismo y era por tanto necesario crear otros “enemigos de la democracia” a los que se quisiera señalar, un poco según convenga a quien gobierne.  Y cuando llegaron los recortes y las protestas, llegaron las multas por manifestarse, las multas por acudir a manifestaciones, y la cárcel por un tuit o por hacer canciones. Y llegó la perversión del delito de odio utilizado contra quienes defienden a las minorías o incluso contra estas propias minorías. El estrechamiento evidente de las libertades públicas, de la libertad de expresión, de los derechos civiles, así como el uso constante de una justicia excepcional, están convirtiendo este país en una democracia autoritaria al estilo turco; y resulta impresionante vivir esa deriva, comprobar cómo nos vamos deslizando hacia ese momento en el que algo que hace nada era propio de países de larga tradición democrática, como las protestas políticas (algunas de las cuales terminan en algarada o desorden), ahora se han convertido en  terrorismo.

Gracias a esas leyes, unos chicos que se pelearon a golpes en un bar en Alsasua han acabado en la cárcel con amenaza de pasar en ella el resto de sus vidas mientras la prisión provisional, que debe ser excepcional y no una condena previa, se está usando como castigo, sin juicio, sin condena; otra anormalidad propia de un régimen poco democrático. Yo no era terrorista entonces, cuando me manifestaba u ocupaba un edificio en medio de una protesta estudiantil,  ni lo son ahora quienes hacen lo mismo. Es la democracia la que ha enflaquecido, las protestas no son más violentas ni más peligrosas. Y eso que siempre hemos dado por hecho, el derecho a la protesta política, ya no está asegurado. Impresiona estar viviendo ese momento que responde a una pregunta que puede que nos hagamos dentro de algunos años: ¿cómo fue posible? 

Para cualquier democracia consolidada, la protesta política es un derecho democrático a proteger y no un delito. Y la protesta incluye la posibilidad de criticar al Estado, a los aparatos del Estado o a las instituciones, así como de manifestarse contra ellos. Recordemos que el delito de rebelión consiste, en todas las democracias, en alzarse violentamente contra el orden democrático (lo que hizo Franco, lo que hizo Tejero) ese que protege, entre otras cosas,  la protesta, las huelgas y las manifestaciones, la desobediencia…, cosas estas proscritas, precisamente, en los regímenes autoritarios… España, con el gobierno del PP y con la inestimable ayuda del PSOE y Ciudadanos, se encamina con paso firme a convertirse en una democracia de la que, si seguimos así, sólo van a quedar los huesos, es decir, la posibilidad de meter un voto en una urna cada cuatro años.

Cortar carreteras, levantar la barrera de un peaje o quemar ruedas o un contenedor serán actos vandálicos o desórdenes; son delitos, pero no es terrorismo. Si convocar manifestaciones que terminan con quemas de neumáticos es igual que poner una bomba, entonces podemos asegurar que quienes nos gobiernan hacen un uso repugnante de las víctimas del terrorismo (siempre lo han hecho, por otra parte) y que los usan para crear un estado de miedo que les permita conseguir más fácilmente sus objetivos políticos, ya sea descabezar el independentismo o acelerar su rapiña de lo público. De repente, conductas que han llevado a cabo los sindicatos y los trabajadores en todas las huelgas, y miles de manifestantes en cualquier protesta, aquí y en cualquier país europeo, se han convertido en terrorismo y rebelión. Cualquiera que haya participado en la organización de una huelga, por ejemplo, hubiera podido pronunciar las palabras que se han filtrado de la ahora detenida: “Participar en acciones ‘pacíficas’ de ‘bloqueo’ y boicot en carreteras e infraestructuras básicas catalanas como Mercabarna o el puerto de Barcelona”. ¿Terrorismo sin armas y sin ánimo de dañar a nadie?

El corte de carreteras en Cataluña es terrorismo, pero el 8 de Marzo varios piquetes feministas cortamos calles importantes de Madrid

Y sobre todo impresiona, y cualquiera puede comprobarlo fácilmente, la absoluta arbitrariedad en la aplicación de la justicia, lo que produce una grave deslegitimación del sistema judicial en su conjunto. Hemos visto quema de neumáticos en decenas de manifestaciones: de agricultores, mineros, transportistas… y nadie ha dicho que los manifestantes fueran terroristas. Esto es justo lo que no debe hacer un Estado de Derecho, castigar a unas personas para que sirvan de ejemplo disuasorio, de manera que finalmente la misma conducta no merezca el mismo reproche penal dependiendo de quién lo cometa, dependiendo de su cercanía al partido gobernante, dependiendo de la suerte, dependiendo del juez que te toque, dependiendo de la posición económica que ocupas o de la red de protección que tengas. El PP está mostrando y enseñando que la justicia, “su” justicia, es tan patrimonio suyo como lo son las instituciones o los recursos públicos. No es la Justicia, no es el Estado de Derecho, ni son los jueces; es su justicia y son sus jueces. El corte de carreteras en Cataluña es terrorismo, pero el 8 de Marzo varios piquetes feministas cortamos calles importantes de Madrid; lo que dice Losantos no lo es, pero lo que canta Valtonyc, sí,; los ultras entrando en Blanquerna y agrediendo a cargos públicos no es nada, pero lo de Alsasua es terrorismo muy grave. El mismo tuit irá a la Audiencia Nacional (ese tribunal de excepción indigno de una democracia) dependiendo de a quién pertenezca el dedo que le da al teclado. A partir de ahora se usará el Código Penal para convertir en terrorista no a quien lo sea, sino a quien convenga al gobierno de turno.

Pregunta el ministro Zoido, ese lumbrera, que si lo de Puigdemont no es violencia qué lo es entonces. Podríamos responderle que violencia es matar, herir a las personas o pretender hacerlo pero que, ya puestos, también lo es dejar a la gente sin casa, sin trabajo, sin pensión, sin acceso a la sanidad, pero quién sabe, es muy posible que decir eso pueda ser constitutivo de algún delito inventado ayer mismo. Protestar es un derecho básico en una democracia y ante la evidente degradación de esta, no se me ocurre otra cosa que seguir protestando, que seguir inculpándonos como ha hecho el mundo del rap con el vídeo de Los Borbones son unos ladrones. Inculparnos masivamente de los mismos delitos que llevan a inocentes a la cárcel, protestar, protestar y protestar; en la calle‏ y en las instituciones, resistirnos a la arbitrariedad, a la injusticia y al autoritarismo.

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Beatriz Gimeno es feminista, escritora y diputada de Podemos.

 

Autora >

Beatriz Gimeno

Escritora, activista y diputada de Unidos Podemos en la Asamblea de Madrid.

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