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Tribuna

15 de abril: otra gran movilización catalana por las libertades democráticas

El objetivo del Gobierno y los jueces es atemorizar a la población que defiende el derecho de autodeterminación para desmovilizarla. Los pasos a dar por el independentismo deben ser muy medidos

Daniel Raventós 16/04/2018

<p>Manifestación en Barcelona por la libertad de los políticos encarcelados. 15 de abril de 2018</p>

Manifestación en Barcelona por la libertad de los políticos encarcelados. 15 de abril de 2018

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1. Una (nueva) gran manifestación el 15 de abril de 2018. Con un lema: “Por los derechos y las libertades, por la democracia y la cohesión, ¡os queremos en casa!”. Centenares de miles de personas (¿350.000?, ¿500.000?, ¿750.000?): muchas personas, una movilización impensable en cualquier otro lugar de Europa en estos momentos. La voluntad de una gran parte de la población catalana por la autodeterminación y la democracia, sigue gozando de mucha vitalidad. La consigna más gritada: “libertad presos políticos”. Hay nueve personas encarceladas, entre ellas el vicepresidente del anterior gobierno de la Generalitat y la presidenta del Parlament, siete en el exilio, entre ellas el presidente de la Generalitat destituido por el gobierno español. Todas elegidas en las urnas según las reglas del juego autonómicas. Todas sin la menor utilización de la violencia. Hay además centenares de personas encausadas. La represión continúa de forma implacable.

En Cataluña la realidad no se puede retorcer tanto a gusto del escribidor constitucionalista de turno

2. Poco después de la gran manifestación (una de tantas en Cataluña desde hace ya muchos años) del 11 de septiembre de 2013, un editorial de Sin Permiso que firmaba con Antoni Domènech y Gustavo Buster, apuntaba: “En este ambiente general de retroceso, fatiga, desesperanza y resignación populares de la atormentada periferia de la Eurozona hay que ver el acelerado — e inopinado— surgimiento en Cataluña, no ya de un creciente estado de opinión secesionista respecto del Reino de España, sino del más potente, persistente, esperanzado y bien organizado movimiento político-social popular de masas registrado en la Eurozona en los dos últimos años: de aquí el extraordinario impacto internacional de la multitudinaria cadena humana por la independencia (Vía catalana) en la prensa internacional: The New York Times, Le Monde, Financial Times, La Reppublica, Der Spiegel, The Guardian, etc.  Esto es un hecho. Quien lo niegue, necesita urgentemente un oculista, o un otorrino, tal vez un psiquiatra”. Hace casi cinco años de estas palabras. Actualmente son legión los que fuera de Cataluña, en el Reino de España, siguen afirmando y jurando que lo de la lucha por la autodeterminación nacional catalana está fracasada, derrotada o palabra con significado parecido. Ni qué decir de los que dicen que es (aún en abril de 2018) una maniobra de las élites catalanas. En Cataluña también los hay, pero menos. En Cataluña la realidad no se puede retorcer tanto a gusto del escribidor constitucionalista de turno. No son solamente los medios y las derechas rancias y carpetovetónicas, también algunas izquierdas. No hace mucho que un autor de una revista de izquierdas, por poner un ejemplo, aseguraba que “El independentismo catalán actúa como si no se diera cuenta de que ha sido derrotado políticamente...”. Y la represión española no arredraba en absoluto al autor que más adelante aseguraba: “Es cierto que la prisión preventiva, previa a una condena penal firme, es una decisión muy dura y altamente discutible. Aunque también se les aplicó a golpistas del 23F sin que protestara nadie”. Pongo el enlace para que cualquiera pueda comprobar que no añado ni pongo una coma. Fue publicado el 28 de marzo de 2018. Con presos políticos y exiliados cuya actuación, sea la opinión que merezca cada uno estos políticos y políticas (hay de derechas, de izquierdas y de extrema izquierda, por cierto), solamente alguien con finura analítica deteriorada equipararía a los golpistas fascistas del 23-F. Unos con armas, otros con métodos pacíficos y mediante urnas para poner en funcionamiento (equivocadamente, se puede opinar, seguro) el derecho democrático a la autodeterminación: es igual. Son lo mismo y “sin que protestara nadie”. Realmente delirante.

3. Esta manifestación del 15 de abril ha sido apoyada también por entidades no independentistas, como notoriamente son los sindicatos mayoritarios en Cataluña, CCOO y UGT. Las presiones que han recibido por parte de medios de comunicación y políticos españoles (y catalanes, notablemente del PP y Ciudadanos) y de parte de sus propias organizaciones españolas son un dato para hacer reflexionar fríamente a quien defiende las libertades democráticas. 

4. Las libertades democráticas están siendo atacadas en Cataluña, pero, y aquí sí que hay muchas coincidencias en los análisis de personas de posiciones políticas diferentes, en el resto del Reino de España. ¿Hace falta enumerar los casos de músicos, periodistas, cómicos… que han sido condenados a años de cárcel simplemente por emitir opiniones o por manifestarse democráticamente?

Miles y miles de personas que han participado en huelgas generales o de transportes podrían ser acusados de terroristas

5. Pero hay casos especialmente peligrosos para las libertades. La acusación de terrorismo a integrantes de los Comités en defensa de la República (“comandos”, como los llama el ultra nacionalista español y gran recambio para continuar el régimen del 78, el dirigente de Ciudadanos, Rivera) es escandaloso. Acusar de terroristas, o pretenderlo al menos, a ciudadanos y ciudadanas por haber interrumpido la circulación en autopistas y carreteras… significa que miles y miles de personas que han participado en huelgas generales o de transportes a lo largo de los últimos años podrían ser acusados de terroristas. Parece de locos, pero así ocurre en el Reino de España en abril de 2018. Mención especial merece el caso de los jóvenes de Alsasu. Copio de un periódico: “El pueblo de Alsasua copó titulares a partir del 15 de octubre de 2016 después de protagonizarse una pelea en el bar Koxka de la localidad, donde estaban implicados jóvenes de la localidad y dos guardias civiles fuera de servicio y de paisano con sus parejas. El 16 de abril comienza el juicio a ocho jóvenes alsasuarras, acusados de terrorismo. Tres de ellos se encuentran desde hace más de 500 días en prisión provisional a la espera del juicio. Entre los ocho encausados, hay una petición de 375 años de prisión”. Esto pasa en el Reino de España en abril de 2018.

6. Es sabido que recientemente “la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha exigido que se reconozcan los derechos políticos de Jordi Sánchez, al que no se ha dejado participar en las sesiones parlamentarias. Una recomendación de ese tipo no es discutible, aunque la justicia española sigue sin aceptarla con la excusa de que tiene 6 meses para cumplirla”. Pero el juez Pablo Llarena impidió nuevamente a Jordi Sánchez asistir al pleno del Parlament para su investidura el pasado viernes 13 de abril. Sánchez es uno de los presos políticos catalanes que está en la cárcel desde el 16 de octubre. Lleva, por lo tanto, muchos más días en la cárcel que, por ejemplo, los que pasó José Barrionuevo, condenado en firme por los crímenes del GAL, unos crímenes digamos más violentos para cualquier persona normalmente constituida que lo que hicieron Jordi Sánchez o Jordi Cuixart, en la cárcel también desde la misma fecha. Pérez Royo apuntó con motivo de esta decisión judicial: “El juez Pablo Llarena ha sustituido la voluntad del legislador, la voluntad general, por su voluntad particular”. Conclusión que de ser cierta permite aventurar la consecuencia de que las libertades y la democracia que se practican en el Reino de España son, digámoslo con humor, manifiestamente mejorables. O, con más realismo, claramente deplorables.

7. La Mesa del Parlament aprobó presentar una querella contra el juez Llarena por no dar permiso por segunda vez a Jordi Sánchez para acudir al Parlament al debate de su posible investidura. Después de la decisión mencionada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Considera el Parlament que los derechos de los votantes de Cataluña han sido atacados. La Abogacía del Estado español piensa interponer una denuncia por, no es broma, ¡malversación! Un Parlament que no puede interponer ni una denuncia porque considera que sus derechos están perjudicados. No estamos hablando de algo remotamente parecido a soberanía sino de institución intervenida hasta en sus más pequeñas decisiones. El golpe que supuso la decisión del tribunal alemán de no conceder la extradición del Presidente cesado por el gobierno español y detenido en Alemania debido a una euroorden, no se está transformando en mayor moderación sino en menos comedimiento, si alguna vez lo tuvieron, por parte de los poderes españoles en su ofensiva internacional. E internamente con más fanfarronería granespañola, es decir, con mayor represión.

Con el miedo, el gobierno español y los jueces a su servicio esperan desmovilizar a esta población

8. El objetivo es atemorizar a la población que defiende el derecho a la autodeterminación. Con el miedo, el gobierno español y los jueces a su servicio esperan desmovilizar a esta población. Y con ella se conseguiría una victoria contra una población que ha mantenido unas movilizaciones constantes a lo largo de los últimos 10 años que no se han visto en toda Europa. Sería efectivamente una gran victoria del gobierno español y una derrota de las resistencias democráticas. De las resistencias democráticas catalanas y españolas. La ley efectivamente habría ganado, la legitimidad quedaría derrotada.

Las esperanzas de un derecho de autodeterminación  low cost han sido un gran error de la dirección mayoritaria del movimiento independentista

9. La lucha será larga. Las esperanzas en Cataluña de un derecho de autodeterminación low cost, alimentadas por la derecha soberanista, han sido un gran error de la dirección mayoritaria del movimiento independentista catalán. Ahora ya no lo duda ni su más fanático defensor. Cuando se apuesta por la lucha pacífica contra una fuerza que dispone de ejército, policía, guardia civil y un sistema judicial con una larga tradición represiva, todo lo que no sea apostar por una larga lucha de resistencia y por ganar alianzas y apoyo por la autodeterminación, no parece muy prometedor. Y los pasos a dar deben ser muy medidos. Cualquier asomo de nacionalismo excluyente, debe ser condenado sin el menor titubeo. Decía un comunicado de los CDRs de Cataluña “a las republicanas y republicanos de todo el estado” con motivo del 87 aniversario de la proclamación de la Segunda República española: “Desde los CDR no compartimos la República Catalana desde un nacionalismo excluyente. Creemos en la República por los mismos valores que vosotras: para avanzar en los derechos sociales y tejer una solidaridad, de igual a igual, entre los pueblos del Estado Español. Y nuestra propuesta no es sencilla: acabar con el régimen del 78, opresor de TODOS los pueblos del Estado Español y de TODA la clase trabajadora”. El régimen del 78, como desde aquí no nos hemos cansado de repetir, tiene dos grandes justificaciones de existencia: la unidad de España y la monarquía. Que se resumen en uno: la monarquía es la unidad de España. En otras palabras: la negación del derecho de autodeterminación y de la república. Cualquier paso en la comprensión acerca de la íntima relación entre la lucha dentro de Cataluña por la autodeterminación y en el actual Reino por la república, será decisivo para la suerte del régimen de la segunda restauración borbónica. Para la lucha por la democracia en Cataluña y, también, en el Reino de España. Para que deje de ser reino y no vuelva nunca más. Como también decía este comunicado de los CDRs de Cataluña: “¡Por el derecho a la autodeterminación, vivan las Repúblicas y la hermandad entre los pueblos!”. De momento, y desgraciadamente, sólo es una consigna. Que puede transformarse en una gran lucha de resistencia. En Cataluña ya lo es para gran parte de la población.

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Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, editor de Sin Permiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC.

Este artículo está publicado en Sin Permiso.

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