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Tribuna

Diez horas con Hervé Falciani

Su caso nos recuerda los costes que afrontan los denunciantes frente a la impunidad de los defraudadores. No necesitamos más héroes. Lo que necesitamos son leyes e instituciones que defiendan a las personas honradas

Miguel Ongil 16/04/2018

<p>Falciani, durante una entrevista con la BBC en 2015</p>

Falciani, durante una entrevista con la BBC en 2015

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Tras unas horas de viaje desde Madrid, nos encontramos con Falciani en el lugar de la costa mediterránea donde vive hace ya unos cuantos años. Está rodeado de su gente próxima, que le ayuda a hacer de España su hogar. Parece ser que no soy la primera persona que le pregunta, y acierta, al comparar este paraje con su Montecarlo natal. Hervé Falciani saltó a la fama mundial en 2009, cuando se dio a conocer la existencia de datos de 130.000 evasores fiscales procedentes del HSBC. Fue la primera de las grandes filtraciones que seguirían en los años posteriores (Luxleaks, Panamá Papers...) que sirvieron para destapar el papel de la gran banca y los intermediarios financieros en los esquemas de blanqueo de capitales. Fue detenido en Barcelona en 2012 cuando estaba buscado y encausado por Suiza, que lo acabó condenando a 5 años in absentia en 2015 por un delito de espionaje industrial. En 2013 fue liberado a petición de la fiscalía española por su colaboración en la lucha contra el fraude, la misma fiscalía que ahora ampara una nueva orden de detención internacional emitida por Suiza pidiendo prisión provisional. Afortunadamente el juez De Gea le dejó en libertad provisional pero con unas medidas cautelares casi equivalentes al arresto domiciliario, lo que al menos nos permite encontrarnos con él. Nos acompañan en este encuentro Noemí Santana (Secretaria General de Podemos Canarias) y José Manuel Calabuig (Profesor e investigador del Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada de la UPV). A Falciani se le ve muy a gusto rodeado de académicos, personas capaces de dar soporte científico a todas las ideas que llenan su cabeza, y de las que poco a poco iremos sabiendo más. Durante las próximas 10 horas, repartidas en dos días, hablaremos de todo: actualidad política, activismo, paraísos fiscales, sus proyectos futuros e, inevitablemente, también de Cataluña.

Esta semana, Falciani ha decidido romper su silencio concediendo entrevistas a diferentes medios. Es perfectamente consciente del interés que despierta su figura, pero se resiste a ser retratado como una víctima. Muy al contrario, ve esta situación, dice, como “una oportunidad para defender nuestros valores”. En algunos momentos tengo la sensación de ser el único que se preocupa por su situación legal, y me sorprende la serenidad con la que afronta un futuro judicial, cuanto menos, incierto. Se resiste a que esta situación le quite tiempo para desarrollar y promocionar sus proyectos. De los que hablaremos profusamente.

Resulta inverosímil que una persona que hoy se encuentra en riesgo de ser extraditado compartiera cartel con los Ministros de Interior y de Justicia hace escasas semanas. De hecho, dependerá del Consejo de Ministros que se tramite o no su extradición, aunque en última instancia la decisión definitiva será de la Audiencia Nacional. Es difícil profundizar en el análisis de su situación legal, partiendo de la base de que se le va a juzgar por segunda vez por los mismos hechos por los que ya fue exculpado en 2013. Todo un disparate legal. Es todavía más absurdo pensar que ahora se le pudiera condenar por unos hechos cuyo fruto –la “lista Falciani”– ha servido para condenar a defraudadores y ha sido legitimado por una  sentencia del Tribunal Supremo en el año 2015. Falciani nos cuenta que el delito por el que le busca Suiza está catalogado como “delito político contra el interés nacional”. Contra el interés de un paraíso fiscal. La extradición de Hervé significaría que nuestro Gobierno tomaría partido por los defraudadores en lugar de por los denunciantes. Se situaría del lado del secreto bancario y los paraísos fiscales, en vez del lado de la Agencia Tributaria y sus colaboradores. No olvidemos que su colaboración ha hecho aflorar bases imponibles superiores a 10.000 millones de euros, por lo que podemos estimar la recaudación en no menos de 1.000 millones de euros. Y estamos hablando solo de España.

Resulta inverosímil que una persona que hoy se encuentra en riesgo de extradición   compartiera cartel con los Ministros de Interior y de Justicia hace escasas semanas

Le preguntamos si se siente como un Robin Hood moderno, a lo que contesta que no, básicamente por dos motivos: en primer lugar, recalca que no huye de la justicia. En segundo, dice que “todos somos Robin Hood”, convencido de que él solo es la cara más visible de muchos activistas y denunciantes anónimos. A lo largo de este tiempo colaborando con la justicia y con las instituciones se ha ganado la simpatía de muchos funcionarios que le transmiten su solidaridad e indignación. También se preocupan por el estado de su situación legal. 

Una situación legal a la que afecta, aunque Falciani no lo quisiera, la situación de Cataluña, que se ha convertido en una variable más de esta ecuación. Se muestra convencido de que Suiza está aprovechando una situación de debilidad del Gobierno español. Parece imposible obviar el hecho de que se active ahora la orden de detención, cuando fue emitida por Suiza en mayo del año pasado, y que el ministerio mintiera sobre la fecha en que ésta fue emitida. A pesar de ello, durante nuestra conversación me sorprende la vehemencia con la que Falciani defiende a la justicia española, sabiendo que pasó cinco meses en prisión (en el módulo de delincuentes conflictivos) por un delito que ni siquiera existe en nuestra legislación. En el fondo, y a pesar de todo, creo que compartimos una idea de Estado de Derecho más eficaz cuando defiende a los más débiles en contra de los intereses de los más poderosos. “Somos los que más necesitamos que la justicia funcione”, añade.

Le muestro mi preocupación porque con el tema de Cataluña se atienda más a emociones que a razones, y cómo esto podría jugar en su contra; que dentro del Gobierno (y de la judicatura española) haya quien pueda pensar que entregando a Falciani se avanza en la resolución del problema de Cataluña, lo que significaría socavar nuestro interés nacional frente al interés de un paraíso fiscal. Al fin y al cabo, nadie representa mejor el interés nacional que aquellos que luchan contra el fraude ayudando con ello a sostener nuestro Estado de Bienestar.

Tal vez esta sea la razón por la cual Falciani está más preocupado por proyectos futuros que por su propia situación. Le preocupa más el legado de sus iniciativas que su propia situación personal. Por eso la conversación nos lleva una y otra vez a hablar de sus proyectos y sus dos grandes obsesiones: las nuevas tecnologías y los mercados financieros.

Valencia ocupa gran parte de la conversación. El Profesor Calabuig nos explica la colaboración virtuosa que se está estableciendo entre la Consejería de Transparencia, la Universidad Politécnica de Valencia y la recién creada Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Generalitat Valenciana. Un buen ejemplo de la colaboración de Falciani ha sido su asesoramiento sobre la implementación de un sistema de alertas tempranas para prevenir el fraude en la contratación pública. Se trata de una herramienta a disposición de los servicios de inspección pública que ayuda a detectar posibles indicios de, por ejemplo, fraccionamiento de contratos o de concertación entre empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial. Le hubiese gustado ir más allá, con sistemas de inteligencia artificial que permitieran al sistema aprender y mejorar por sí mismo. Este es un ejemplo de una iniciativa que empieza a implementarse en otras instituciones, como el Ayuntamiento de Barcelona, y que la OLAF (Agencia Antifraude Europea) señala como un caso de éxito en foros internacionales.

También hablamos de la experiencia positiva que está suponiendo la Agencia Antifraude valenciana, aunque solo sea por el paso de gigante que supone ser la primera institución en el país que ha otorgado a una persona el estatus de denunciante protegido en este país. La Agencia no solo dedica sus esfuerzos a la protección y la detección de fraudes, además está desarrollando un gran trabajo de investigación y divulgación en colaboración con la Universidad.

Otro buen ejemplo de esta colaboración entre Falciani, la academia y las instituciones es un proyecto que presentará en Valencia la cátedra de Transparencia y Gestión de Datos de la UPV los próximos 2 y 3 de mayo, sobre la introducción de una herramienta de trazabilidad en las administraciones públicas basada en blockchain, una tecnología que se ha hecho famosa por estar detrás del Bitcoin y de otras criptomonedas. Más allá de lo que cada uno podamos pensar sobre las criptomonedas, lo que ha demostrado esta tecnología es que ofrece un sistema transparente y auditable, permitiendo transacciones seguras que son aceptadas por todas las partes a pesar de no contar con un Banco Central ni un regulador. El mercado de blockchain se encuentra en plena efervescencia y está atrayendo inversiones multimillonarias. Se están multiplicando las aplicaciones de esta tecnología a campos muy alejados de las transacciones monetarias. En el campo de las administraciones públicas, aplicar esta tecnología supondría un salto tecnológico para la trazabilidad y el cumplimiento normativo. Imagínense disponer del historial completo de cada procedimiento administrativo o de cada contratación pública, de forma que cada documento y cada firma no pueda ser corrompida ni modificada a posteriori. Los beneficios pueden ser enormes en el campo de la transparencia, pero también en el cumplimiento normativo y la prevención del fraude.

Cuando le pregunto qué ha cambiado en los últimos diez años se para a pensar y sonríe: “Hace diez años la gente dudaba de quién era el pirata. Hoy lo tenemos clarísimo, después de ver los escándalos del HSBC blanqueando dinero del crimen organizado y el narcotráfico”. La gran banca internacional ha sido desenmascarada como el intermediario necesario en el blanqueo y evasión de capitales. Sin embargo, desde que Sarkozy proclamó, de forma grandilocuente, que iban a reformar el capitalismo lo único que hemos visto es una mayor concentración de capital y cómo los mismos ejecutores del fraude y del blanqueo de dinero simplemente se han modernizado y cambiado sus instrumentos.

Falciani está obsesionado con la idea de desarrollar y socializar herramientas tecnológicas que puedan equilibrar el campo de batalla del futuro, confrontando con los grandes evasores y las compañías transnacionales

La economía digital, las criptomonedas o el blockchain suponen un arma de doble filo. Tienen la potencialidad de dar rienda suelta a la innovación y encontrar nuevas fuentes de financiación para emprendedores y pequeñas empresas, para que puedan competir en nuevos mercados basados en la innovación. “Defender el interés económico nacional es defender que las PYMES y pequeños emprendedores puedan competir en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es la gran banca la que se está adelantando ofreciendo servicios de financiación con criptomonedas y blockchain que en el fondo suponen nuevas oportunidades para el blanqueo de capitales de origen ilícito. Falciani está obsesionado con la idea de desarrollar y socializar herramientas tecnológicas que puedan equilibrar el campo de batalla del futuro, confrontando con los grandes evasores y las compañías transnacionales que siempre han resultado beneficiados por la opacidad del sistema financiero.

La nueva “salida a bolsa” en el mercado de productos relacionados con blockchain y otras nuevas tecnologías se llama ICO (Initial Coin Offering), y supone emitir un número limitado de criptomonedas o tokens, en vez de acciones al portador. Es un sector que no está regulado, pero que están moviendo sumas estratosféricas. Un ejemplo es la criptomoneda de Telegram (Gram), el sistema de mensajería instantánea, que ha recaudado 1.380 millones de euros en dos ofertas. Esto comporta grandes riesgos,  tanto para inversores como para emprendedores, que solo por desconocer el origen de los capitales se pueden encontrar envueltos en una trama de blanqueo. Según Falciani, la regulación es necesaria porque su prohibición solo produciría “el mismo efecto que la Ley Seca”, la creación de un mercado clandestino, o bien en manos de paraísos fiscales y judiciales. Por eso, su penúltimo proyecto consiste en crear una organización en defensa de los consumidores de estos productos, otorgando un sello de calidad que ponga en contacto productos tecnológicos innovadores e inversores socialmente responsables, que sean capaces de garantizar el origen legítimo de las inversiones.

Terminamos la conversación hablando sobre quiénes son los verdaderos prófugos de la justicia. Se da la circunstancia de que tanto la primera como la segunda persona condenadas por la lista Falciani se han fugado. El segundo caso es el más sangrante, porque se encuentra fugado nada más y nada menos que en Canarias, lo que no le impide solicitar un indulto o coger el teléfono a periodistas. Por eso es tan importante hablar de Falciani, y movilizarnos a su favor. Nos estamos jugando en qué sociedad queremos vivir: en una que protege a los denunciantes o en una que proteja a los defraudadores. El caso Falciani nos recuerda los costes que afrontan los denunciantes, frente a la impunidad que disfrutan los defraudadores. No necesitamos más héroes. Lo que necesitamos son leyes e instituciones que defiendan a las personas honradas y les muestren el reconocimiento que merecen.

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Miguel Ongil es diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid. Es analista económico experto en transparencia, financiación de partidos y corrupción.

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Miguel Ongil

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