Hace unos días se publicó uno de esos artículos que tanto abundan en las últimas décadas en los que, para tratar de combatir al sistema de pensiones públicas, se recurre a trampas del pensamiento y al engaño.

Nadie puede poner en duda que es legítimo criticar que una sociedad se gaste buena parte de sus recursos en proporcionar ingresos a las personas que ya no pueden obtenerlos por sí mismas, pero creo que igualmente se puede acordar que no lo es tanto mentir para defender esa preferencia.

Esto último es lo que ocurre con el artículo reciente de César Molinas en El País (Los ‘baby boomers’ desestabilizan España), en el que se falsean argumentos para criticar al sistema público de pensiones y se quiere hacer creer que su supuesta insostenibilidad se debe al egoísmo de un grupo social compuesto por millones de personas acostumbradas, para colmo, a imponer sus preferencias a los demás mediante la violencia.

Los argumentos que utiliza Molinas son endebles y tramposos y voy a comentarlos rápidamente.

En primer lugar, afirma que la idea extendida de que las pensiones en España son bajas “es una opinión desinformada, equivocada e interesada”. Podríamos entrar a comparar la cuantía de las nuestras con las de otros países y veríamos que esa afirmación es efectivamente discutible porque depende de con quién nos comparemos y, sobre todo, porque hay un abanico tan amplio de casos que los niveles medios no son del todo homologables. Pero lo curioso es que el propio Molinas pone en cuestión su afirmación cuando unas líneas más abajo dice que “si son más bajas que en otros países, es porque los salarios en España son más bajos que en otros países”. ¿En qué quedamos? Molinas asegura primero que decir que las pensiones españolas son más bajas que en otros países es una opinión desinformada, equivocada e interesada, pero luego proporciona la razón de por qué aquí son más bajas. 

En segundo lugar, Molina afirma (y lleva razón) que “los pensionistas españoles recuperan todas las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social a los 12 años de jubilarse, cuando aún les queda una esperanza de vida de 10 años más”. Lo que significa, dice, que la financiación de estos últimos años “es un regalo añadido que también corre a cargo del Estado”. 

Se trata de una afirmación cierta pero tramposa porque critica que un sistema de pensiones de reparto, basado en la solidaridad, haga lo que debe hacer un sistema de reparto basado en la solidaridad: proporcionar la pensión sin dependencia estricta de lo cotizado por quien la recibe. Esto sólo se podría plantear como un problema indeseable si el sistema se basara en el ahorro privado de cada persona, de modo que se disfrutara de la pensión en proporción exacta a lo que cada cual hubiera ahorrado. Pero este no es el caso de nuestro sistema público de pensiones. Mencionar esa realidad para poner en solfa el sistema público de pensiones basado en la solidaridad, como hace Molinas, es tan demagógico y absurdo como decir que una persona gasta lo que ha cotizado a la Seguridad Social o a través de impuestos cuando la sanidad pública lo opera por segunda vez, cuando acude cuatro veces a la administración de justicia o cuando es atendido diez veces por la policía… y que, a partir de ahí, lo que recibe es un regalo del Estado. Se puede estar a favor o en contra de un sistema basado en el reparto y en la solidaridad, es decir, en el acceso universal a los bienes públicos con independencia de lo cotizado, pero, si se acepta, no se puede criticar que el sistema funcione como debe funcionar.

El tercer argumento de Molinas es que lo anterior “sólo es sostenible en la medida en que la base de la pirámide de población sea mucho más amplia que su parte superior”. Una afirmación que es completamente falsa, una mentira más, porque la sostenibilidad financiera de un sistema público de pensiones no depende sólo de ese factor demográfico. El propio Molinas dijo antes que las pensiones dependían de la cuantía de los salarios y lo cierto es que la sostenibilidad o equilibrio financiero de un sistema de reparto como el español depende, además, de la productividad, de la distribución de la renta, o de la tasa de crecimientos económico, entre otros factores.

Se puede estar de acuerdo con la cuarta tesis de Molinas, cuando dice que “la situación de las finanzas públicas españolas, con una deuda que no para de crecer, es dramática”. Pero también es materialmente falso que el enorme crecimiento de la deuda se haya debido al gasto en pensiones. De 1995 a 2017, la deuda española ha aumentado la escalofriante cifra de 848.694 millones de euros. Pero el 64% de esa cantidad (539.908 millones de euros) corresponde a intereses. Por tanto, antes que culpar a las pensiones públicas del incremento dramático de la deuda se debe apuntar a su causa real: la existencia de un modelo de crecimiento cuyo motor es el crédito como consecuencia de haber concedido a un grupo social tan poderoso políticamente como la banca privada el privilegio de financiar al Estado creando dinero de la nada.

Las pensiones públicas y el Estado de Bienestar están en peligro porque las políticas económicas que se vienen aplicando en las últimas décadas generan menos actividad económica e ingresos y una productividad más baja

Afirma Molinas que el déficit de nuestro sistema contributivo de pensiones es “una enormidad”. No puedo criticar que tenga esa opinión sobre la cuantía, pero sí que hace trampa cuando utiliza la expresión “déficit”. ¿Hablaría Molinas del déficit de la administración de justicia, del déficit de la Policía, del déficit de la casa Real o del déficit del ejército español o de nuestra diplomacia? Seguro que no. Podría hablar de suficiente o insuficiente financiación para mantener el nivel de provisión deseado de cada uno de esos bienes públicos. ¿Por qué lo hace entonces cuando habla de pensiones públicas? Sencillamente, porque las palabras tienen poder performativo, es decir, capacidad para conformar la realidad, y Molinas sabe perfectamente que si habla de déficit de las pensiones públicas lo que inmediatamente crea es una “realidad”: que se gasta en ellas más de la cuenta y, por tanto, que hay que gastar menos. Si se hablara de financiación insuficiente del sistema de pensiones, por el contrario, la conclusión sería diferente: hay que buscar más recursos si deseamos mantenerlo. No es que Molinas mienta con este argumento es que actúa como un auténtico trilero del lenguaje.

El último argumento –si es que se puede llamar así a lo que sostiene Molinas– es ya la guinda. En su opinión, la culpa de todo esto que pasa con las pensiones públicas es que hay un grupo social muy amplio en España, los baby boomers, que no sólo es la generación más numerosa de nuestra historia sino también la más egoísta y que, además, tiene “gran destreza en el lanzamiento de bolas de rodamiento con potentes tirachinas” o para abollar “los cascos de los policías”.

Decir que toda esta generación española ha logrado los derechos de los que disfruta mediante la violencia es algo tan exagerado y ruin (sabiendo, por ejemplo, que protagonizó una Transición tan pacífica como la española) que ofende a la inteligencia y es muy difícil de poner cuestión sin ofender, a su vez, a quien lo afirma. Por eso prefiero centrarme en algo que desliza entre líneas (o, mejor dicho, sostiene expresamente) Molinas y que es lo que me parece más peligroso de sus afirmaciones. Dice literalmente que esa generación ha impuesto sus preferencias al resto de los demás porque controla las urnas y que eso es algo que “España no puede permitírselo”.

El círculo se cierra: como las pensiones públicas son deseadas por una gran mayoría social que expresa esta preferencia en las urnas, lo que España no puede permitirse, en opinión de quienes no quieren pensiones públicas, es la democracia.

Este es el único momento del artículo en que Molina dice la verdad. La mayoría de la población expresa democráticamente en las urnas que desea el mantenimiento de las pensiones públicas y el Estado de Bienestar, y para ello es imprescindible un reparto más igualitario de la renta y la riqueza y políticas económicas diferentes. Es por eso que la democracia, para quienes no quieren asumir esa mayor equidad y el sacrificio que les supone reducir la desigualdad, es un estorbo que, como dice con total sinceridad Molinas, no se pueden permitir.

Es innegable que las pensiones públicas se encuentran hoy día en una situación de financiación insuficiente si su única fuente de ingresos son los salarios. Pero eso no ocurre porque se esté produciendo el cambio demográfico al que alude Molinas. Las pensiones públicas y el Estado de Bienestar están en peligro porque las políticas económicas que se vienen aplicando en las últimas décadas generan menos actividad económica, productividad más baja e ingresos más reducidos y peor repartidos. Si se cambian esas políticas (a costa, eso sí, de quienes ahora se benefician muy privilegiadamente de ellas), no habrá problemas en el futuro para financiar más y mejores pensiones.

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Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.