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Los hijos de otros

La política migratoria de EE.UU. con respecto a los menores alcanza un punto moral de no retorno

Matt Cameron (The Baffler) 29/08/2018

Pedripol

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El primer bebé nacido de inmigrantes en lo que hoy es Estados Unidos desapareció antes de aprender a hablar. La niña de cuatro años Virginia Dare se perdió en Virginia hace 428 años junto con el resto de la colonia Roanoke. Es un hecho comprobable, tan cierto como cualquier otro hecho de la historia estadounidense.

Aquí, en la actualidad, lo que sucede es otra cosa. Hace poco, los medios estadounidenses cubrieron sin descanso el drama de otros 1.475 presuntos inmigrantes como Virginia Dare (menores no acompañados que el Gobierno de Estados Unidos había supuestamente “perdido” después de que llegaran al país). Esta afirmación no era tanto un hecho, sino una conclusión, extraída de la comparecencia ante el Congreso de un funcionario del departamento de Salud y Servicios Humanos, a partir de un informe sobre el estado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (el departamento del SSH que se encarga de custodiar y liberar de forma segura a los niños inmigrantes). Este funcionario fue incapaz de “determinar con certeza el paradero” de los niños que habían sido puestos en libertad en Estados Unidos bajo la custodia de patrocinadores verificados. Nadie excepto la prensa (e inevitablemente Twitter) los estaba llamando “perdidos”, pero la posibilidad de que un número de niños como para llenar una escuela primaria hubieran sencillamente desaparecido dentro de nuestras fronteras no dejaba mucho espacio para reflexiones ni para entrar en matices.

Esta noticia salió a la luz semanas después de que el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunciara una de las políticas migratorias más abyectas y crueles desde que se produjo el internamiento de los estadounidenses de ascendencia japonesa durante la guerra: la separación forzosa de los niños cuyos padres estuvieran solicitando asilo y que hubieran sido encarcelados tras entregarse en la frontera sur, y la intención del Gobierno federal de dejar huérfanos de forma deliberada a estos niños al declararlos menores no acompañados.

Nadie parece haberse dado cuenta de que esto estaba sucediendo antes de que se pudiera asociar con Trump

Estas dos noticias no estaban directamente relacionadas, pero eran lo suficientemente parecidas como para reunirse en un curioso conjunto en el mundo de las redes sociales bajo la etiqueta #WhereAretheChildren. Los cargos electos, los activistas y los optimistas incorregibles de #TheResistance, que afirman que “América fue siempre grande”, comenzaron a exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) hiciera algo. La campaña se complicó por el hecho de que no existía un claro problema que solucionar (y ninguna solución clara aunque lo hubiera) y porque el ICE en realidad no tenía nada que ver (por una vez) con la separación de estas familias.

Sin embargo, aun sin estar directamente relacionadas, estas noticias tampoco eran totalmente ajenas. Nadie parece haberse dado cuenta de que esto estaba sucediendo antes de que se pudiera asociar con Trump, pero la agencia Associated Press informó a principios de 2016 de que la ORR, durante la presidencia de Obama, ya había admitido que existía un grupo significativo de niños que no estaban bajo su cuidado y que estaban en paradero desconocido desde al menos 2013. (Antes de esa fecha no se realizaba ningún seguimiento rutinario).

Aunque resulte preocupante, que sucedan cosas así no es del todo inesperado cuando, quienes reciben a estos niños son, en su mayoría, familias indocumentadas, extremadamente prudentes, y cuya vida en EE.UU. se basa casi exclusivamente en su capacidad para evitar a las autoridades migratorias federales. En paradero desconocido no quiere decir “perdido”; imposible de encontrar no significa “inseguro”.

La ORR no es directamente responsable de estos niños tras su liberación (aunque durante su testimonio, el SSH reconoció tener que “analizar de nuevo esa situación”). Por lo general, la agencia utiliza patrocinadores, proveedores locales de servicios sociales y asesores jurídicos para que se hagan cargo una vez que los funcionarios de la ORR terminan su trabajo de cerciorarse de que los niños van a casas seguras. (Y si tenemos en cuenta la reciente y totalmente inapropiada recolección y utilización de la información de la ORR por parte del ICE, hay razones de peso para mantener alejada a la burocracia federal de inmigración de las vidas de los niños y sus familias más allá del momento de su liberación).

el Gobierno de los Estados Unidos ha demostrado un firme compromiso con exiliar de forma permanente a los niños inmigrantes y enviarlos hacia una penuria segura y una muerte probable

Una vez que se entiende todo lo anterior, la política de Sessions, que seguramente creará decenas de miles de nuevos menores no acompañados, supone una nueva oportunidad para examinar cómo la maquinaria de deportación ha procesado y tratado a estos niños en los últimos tiempos. A lo largo de las tres Administraciones gubernamentales en las que he trabajado como abogado de inmigración, el Gobierno de los Estados Unidos ha demostrado un firme compromiso con exiliar de forma permanente a los niños inmigrantes y enviarlos hacia una penuria segura y una muerte probable.

Mi primer cliente menor de edad fue una niña de seis años con una chaqueta rosa que dormía en brazos de su madre en el vestíbulo de la Corte de Inmigración un martes por la mañana, mientras yo hablaba de su futuro con la abogada del ICE a la que habían asignado el caso. Los dos padres de la niña estaban en EE.UU. gracias al Programa de Protección Temporal, un limbo migratorio legal (ya eliminado por Trump) que ni les proporcionaba un posible camino hacia la ciudadanía ni la posibilidad de patrocinar a su hija para obtener un visado. Cuando falleció su último abuelo en El Salvador, la niña viajó al norte con la hermana de su madre, la detuvieron brevemente en la frontera y luego la liberaron y entregaron a sus padres a la espera de que se iniciara el procedimiento de deportación ante un juez de inmigración.

Yo sabía que la abogada del ICE acababa de ser madre y no pude evitar apelar a su propia humanidad cuando expuse mis argumentos en favor de una resolución conjunta que sirviera para archivar el procedimiento. Le pregunté cómo se sentiría como madre si estuviera en esa situación.

Ella fijó la mirada en la pared y luego me miró directamente a los ojos sin responder a mi pregunta:

“He deportado niños más pequeños que ese”, afirmó.

Luego miró de nuevo por encima de mis hombros y, otra vez, mirándome fijamente a los ojos:

“Y lo haré de nuevo. Es mi trabajo”.

Eso fue hace doce años. En esa ocasión conseguí que mi cliente se quedara con sus padres, pero desde entonces el ICE lo ha intentado una y otra vez, una y otra vez, y muchas veces más, cumpliendo lo prometido, en innumerables casos que han llegado a mi oficina y a muchas otras oficinas del país. Los retratos presidenciales que cuelgan de las paredes de los juzgados de inmigración de Estados Unidos han ido cambiando; la incesante utilización de niños inocentes para alimentar la maquinaria de deportación, no.

Gracias a un acuerdo bipartito y al abrumador apoyo de los líderes espirituales estadounidenses, George W. Bush firmó en 2008 el conjunto de medidas protectoras más importante que se ha concedido nunca a los niños extranjeros no acompañados (el Programa UAC). La nueva legislación garantizaba las mejores condiciones disponibles para los niños que estuvieran en esa situación, además de un juicio exhaustivo y justo ante un juez de inmigración para los niños que vinieran de países que no tuvieran frontera directa con EE.UU..

Pero los nuevos protocolos del Programa UAC no se convirtieron en una cuestión importante de política nacional hasta 2011, cuando los observadores migratorios llamaron la atención sobre una tendencia ascendente: una rápida y creciente ola de adolescentes provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que se dirigían hacia la frontera sur de Estados Unidos. Luego, el número de menores extranjeros no acompañados estalló de forma exponencial en solo dos años: de 12.000 cuando comenzó la “oleada” en 2012, a casi 70.000 en 2014.

Setenta mil. Una generación entera de niños, jóvenes, preadolescentes y adolescentes que huía para no acabar en pandillas violentas y también de los secuestros, de la tortura y de sufrimientos sexuales y físicos inimaginables que sus gobiernos (corruptos y cuasi inexistentes tras años de intervención militar, política y económica estadounidense) fueron en la práctica incapaces de evitar.

En un magistral informe publicado durante el apogeo de la crisis, la académica del programa Fulbright, Elizabeth Kennedy, descubrió una recurrencia desoladora en las entrevistas que mantuvo con diversos padres de Centroamérica: la culpa que sentían por querer mantener unidas a sus familias en sus países de origen aunque sabían que sus hijos estarían más seguros en casi cualquier otro lugar del mundo. Enfrentados ante la imposibilidad de poder elegir entre exiliarles o enterrarles, muchos padres desesperados hacían lo que fuera por encontrar un método que les permitiera enviar a sus hijos al norte. La mayoría llegaban con amigos de confianza o con personas del círculo familiar más amplio, pero muchos otros con traficantes pagados por padres desesperados. Algunos incluso llegaban solos.

el departamento de Seguridad Nacional durante la presidencia de Obama no tardó en aplicar lo que la historia juzgará como la peor solución posible: declarar la “oleada” como una crisis de seguridad nacional, en lugar de una crisis humanitaria

Cuando esta nueva ola de llegadas de menores estaba alcanzando su cima, el departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) durante la presidencia de Obama no tardó en aplicar lo que la historia juzgará en última instancia como la peor solución posible: declarar la “oleada” (el término oficial utilizado internamente para describir esta inmigración en masa de menores) como una crisis de seguridad nacional, en lugar de denominarla una crisis humanitaria. Se comenzó a retener en la frontera a niños y familias en unas nuevas, aunque remotas, instalaciones para la “detención de familias”, que se encontraban en el desierto a muchos kilómetros de distancia, no solo de abogados de inmigración cualificados, sino incluso de servicios básicos como por ejemplo hoteles y gasolineras.

Sus audiencias de deportación eran desagradables, brutales y expeditas. Los abogados del ICE, durante la presidencia de Obama, comenzaron a presentar escritos oponiéndose frontalmente a la liberación de las familias detenidas con argumentos repetitivos como que dejar salir a estas mujeres y niños con tobilleras electrónicas para que regresaran a los juzgados en su tiempo libre “pondría en peligro la seguridad nacional”. Esto parecía querer decir que, de alguna manera, la información de que estaban siendo liberados llegaría a sus países de origen, provocaría un efecto llamada y muchas más mujeres y niños huirían para salvar sus vidas. Esa definición de “poner en peligro la seguridad nacional” era totalmente desconocida para mí hasta ese momento. (La candidata presidencial Hillary Clinton apoyó plenamente esta postura durante su campaña de 2016, y añadió que deportar niños lo más rápido posible serviría para “mandar un mensaje” a sus países de origen).

Para los niños que finalmente fueron liberados a la espera de una revisión ulterior de sus peticiones de asilo, el DHS durante la presidencia de Obama creó los “expedientes relámpago” (rocket dockets) en los juzgados de inmigración de todo el país, con el objetivo de devolver a los niños a sus emisores lo más rápido que fuera burocráticamente posible. Cualquier alternativa presentaba el riesgo de crear una sensación de comodidad, protección o incluso de pertenencia a un país, que incluso entonces ya estaba comenzando a contemplar la posibilidad de una futura presidencia de Trump. Y como sucede con cualquier otro componente de la inmensa maquinaria de deportación de EE.UU., la infraestructura que construyó y rápidamente amplió la presidencia de Obama para deportar niños a toda prisa ahora está por completo en manos de Donald Trump y Jeff Sessions.

La historia de Virginia Dare ha cobrado nueva vida como la primogénita de un país por y para blancos, y su nombre se ha convertido en una desafortunada consigna racista

La historia de Virginia Dare ha cobrado nueva vida como la primogénita de un país por y para blancos, y su nombre se ha convertido en una desafortunada consigna racista para el tipo de gente que piensa que el futuro minoritariamente blanco de EE.UU. no es solo una inevitabilidad demográfica, sino una catástrofe. El fundador de la publicación supremacista blanca VDare (nombrada de forma explícita en su honor) dejó clara su opinión al decir que “la cultura estadounidense” está “en peligro como consecuencia de los no blancos”, y su popular página web fomenta el tipo de nativismo de extrema derecha abiertamente racista que ha pasado de ocupar el lejano extremo del pensamiento conservador a dominar la corriente mayoritaria del partido republicano en los últimos tres años.

El congresista republicano Steve King escribió un tuit de apoyo al xenófobo holandés Geert Wilders pocos meses después de la investidura de Trump en el que decía: “No podemos restablecer nuestra civilización con los hijos de otros”. Fue una muestra abierta y manifiesta de la más clara y evidente declaración de supremacía blanca, en la red social de un representante electo, que estaba ahí para que cualquiera pudiera leerla. Ese tuit habría sido una auténtica noticia hace unos años, pero hoy en día no es más que otro tema de conversación del Partido Republicano. Esos exabruptos no se circunscriben tampoco a intolerantes profesionales como King, que probablemente aún se encuentran en la derecha marginal. El presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan dijo algo parecido seis meses después cuando animó a las “mujeres estadounidenses” a tener más hijos. Y lo hizo pocas semanas después de respaldar amplios recortes a la tasa de inmigración legal y de bloquear de forma pasiva una solución legislativa a la Ley Dream, que habría garantizado las vidas y el futuro de más de un millón de jóvenes estadounidenses en ciernes que nacieron por casualidad en los países equivocados, hijos de padres equivocados.

Los hijos de otros; mujeres estadounidenses: las partes silenciosas suenan cada vez más alto.

Y así llegamos a esta nueva frontera, un lugar que cualquier persona con conciencia debería reconocer como un punto moral de no retorno. Un país que no solo arrancaría a los niños de los brazos de sus padres, sino que además, y de forma intencionada, los dejaría huérfanos y los exiliaría única y exclusivamente para “mandar un mensaje”; un país así no solo se arriesga a perderlos, sino a perderse a sí mismo.

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Matt Cameron es el socio gerente de Cameron Law Offices, un bufete de Boston con tres abogados de inmigración. Es profesor de Política Migratoria en la Universidad Northeastern y miembro de la junta directiva del Student Immigrant Movement.

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Este artículo se publicó en inglés en The Baffler.

Traducción de Álvaro San José.

Autor >

Matt Cameron (The Baffler)

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