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Francia Elena Márquez / Activista colombiana

“Tenemos un gran desafío: transformar las políticas de muerte en políticas para la vida”

Pedro Adrián Zuluaga Bogotá , 5/09/2018

<p>Francia Elena Márquez.</p>

Francia Elena Márquez.

Imagen cedida por Francia Elena Márquez

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En 2014 Francia Elena Márquez salió huyendo de La Toma, un territorio que sus antepasados ocuparon desde el siglo XVII. Allí, en las montañas de la cordillera occidental, al sur de Colombia y cerca al litoral Pacífico, se ha trabajado por siglos la minería y la agricultura de subsistencia, primero dentro del régimen esclavista, y desde mediados del siglo XIX por una comunidad afrodescendiente que decidió permanecer en el lugar conservando sus prácticas económicas y culturales. Tanto el oro de sus montañas como los suelos cercanos de las tierras planas son objeto de la codicia de un modelo de desarrollo económico depredador que encierra lo que Francia Elena nombra como “las políticas de muerte”. Ella se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha social y comunitaria en contra de ese modelo. 

En su resistencia han utilizado herramientas legales y políticas, desde marchas pacíficas hasta un paciente trabajo jurídico que les ha permitido obstruir el avance de lo que el saliente gobierno de Juan Manuel Santos llamó, con precisión metafórica, “las locomotoras económicas”. Los aliados de ese modelo de desarrollo no se han quedado atrás e históricamente han echado mano de todo un aparato legal y militar para desalojar, desplazar y destruir unas formas de vida comunitaria de larguísima tradición, que se ven como un obstáculo para el despliegue de la explotación del oro y la extensión de un monocultivo –el de la caña de azúcar, que tiene usos como agrocombustible–, con graves impactos ambientales y culturales.

La historia personal de Francia Elena Márquez resume las múltiples paradojas de Colombia y la manera como las élites económicas y políticas se ha relacionado con las comunidades afro, indígenas y campesinas, principales víctimas del largo conflicto armado que se ha ensañado en el país. En 1991, después de la desmovilización del grupo guerrillero de izquierda M-19, se negoció y aprobó la actual Constitución política que incluyó el artículo transitorio número 55, por el cual quedó abierto el camino para el posterior reconocimiento, en la Ley 70 de 1993, de la propiedad colectiva de la tierra para las comunidades negras. 

En los recientes acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC se incluyó un capítulo étnico que reconoce cómo el conflicto armado ha afectado de forma cruenta y diferenciada a afros e indígenas y aporta nuevas herramientas legales. En suma, las tensiones históricas entre el centro y las periferias, y lo letrado y lo popular, que marcaron el origen de los países latinoamericanos, permanecen vivas y el caso específico de la comunidad de La Toma es un ejemplo de ello. En la voz de Francia Elena, que en 2018 ganó el prestigioso premio Goldman que se entrega a líderes de todo el mundo que defienden el medio ambiente, resuenan saberes y luchas antiguas que, lejos de ser una defensa idealizada o romántica del pasado, se abren como posibilidades de futuro. Márquez aspiró a una curul en el congreso de Colombia y participó activamente en la campaña presidencial del candidato de izquierda Gustavo Petro. A pesar de que en ambos casos fue derrotada, ella confía en que el cambio de las políticas de muerte a unas políticas para la vida, que transformen estructuralmente el modelo económico, es inminente. En esta entrevista describe el largo recorrido de sus luchas.

Usted siempre ha afirmado que el territorio y la vida no se pueden separar y que las luchas sociales que representa se remiten a largos procesos históricos. Hagamos entonces un recuento de la relación suya y la de su comunidad con su propio territorio.

Como pueblo negro sin territorio no somos nadie, no podemos recrearnos como pueblo y recrear la cultura. Es el territorio lo que nos permite ser comunidad

Es un territorio ancestral ocupado por la gente negra desde que fue traída  en condición de esclavitud. La trajeron a hacer minería en todas las montañas donde hoy están los municipios de Suárez y Buenos Aires. En Suárez está La Toma. También hacían agricultura en las haciendas esclavistas del valle del río Cauca. Cuando se abolió la esclavitud se indemnizó a los esclavistas y a la gente negra no se le reconoció nada, pero siguieron con su trabajo en las minas y las haciendas. Esa es la voz que nos han transmitido los mayores y las mayoras: que las tierras que tenemos no fueron un regalo, que costaron años de sufrimiento y trabajo. Nos han dicho que el territorio es la herencia de los ancestros y las ancestras y que tenemos que cuidarlo como espacio de vida. La gente negra continuó con dos prácticas de subsistencia. La agricultura, según el modelo de finca tradicional que hay en la región (que el cultivo de caña se comió) y la minería artesanal y ancestral que ha pasado de generación en generación. La gente negra siguió con las prácticas por las cuales fue esclavizada, y las usó para construir comunidad, autonomía y posibilidades de subsistencia. Por eso tenemos un arraigo cultural, social y espiritual tan fuerte con la tierra. Como pueblo negro sin territorio no somos nadie, no podemos recrearnos como pueblo y recrear la cultura. Es el territorio lo que nos permite ser comunidad. Hay prácticas específicas como los actos fúnebres que son parte de un legado cultural y ancestral. En un acto fúnebre tenemos como costumbre no dejar a los muertos solos. Cuando uno se viene a una ciudad eso cambia porque a las once de la noche están cerrando las funerarias. Uno no puede cantar el alabao o la salve. En los actos fúnebres hacemos un ritual a las doce de la noche: describimos el cuerpo del muerto a través del canto, y así despedimos su alma. En las ciudades eso no pasa. Podemos seguir siendo individuos pero no comunidad porque no tenemos territorio. 

¿Cómo se vive en este momento en esa comunidad de La Toma, que ha sido víctima de tantos despojos y violencias?

En 2009 el Gobierno le entregó el territorio nuestro a la tercera empresa más grande del mundo en explotación minera, la sudafricana AngloGold Ashanti y le otorgó un título minero al señor Héctor Sarria*, diciendo que nosotros no éramos comunidad negra porque no teníamos un título colectivo ni un reconocimiento del Ministerio del Interior. Ahí también hay una discusión de cómo funciona el racismo estructural. ¿Una institucionalidad colonial y racista, dependiendo de los intereses económicos, define si soy o no soy? Nos fuimos a Popayán a buscar los archivos históricos y encontramos que La Toma era una de las principales minas esclavistas y que antes se llamaba Xelima. Los documentos probaban que desde 1636 había presencia de personas esclavizadas en esa mina. Hemos estado ahí haciendo las mismas prácticas: minería ancestral y agricultura.

Esto quiere decir que La Toma no se formó con un palenque de personas esclavizadas que huían sino como una comunidad negra que permaneció en la zona después de la esclavitud.

Exactamente. Nosotros nos quedamos en el lugar donde se hacía minería. Había cimarrones y cimarronas** libertarias que pensaron y reconstruyeron el territorio como espacio de vida. La lucha por la tierra siempre la gente la ha hecho ahí. Los abuelos de nosotros nos dicen: “A nosotros nos tocó ir a la cárcel porque aquí había unos terratenientes que nos querían quitar esas tierras y a nosotros nos metían presos”. Y las mujeres nos dicen: “Cuando ellos estaban presos nosotras estábamos buscando oro para pagar abogados y sacarlos de las cárceles”. Esto no empezó conmigo ni con nosotros, mi abuelo fue a chupar cárcel; ahora nos toca dar las mismas peleas. Permanentemente estemos en una disputa territorial con los intereses económicos y foráneos que quieren hacer minería en estas montañas.

Hablemos de la otra amenaza que enfrentan: el monocultivo de caña de azúcar que destruye la tradición de agricultura de subsistencia tradicional de la zona.

Quieren romper la montaña de La Toma para desviar el río a la represa Salvajina y aumentar el caudal del embalse. Los mayores dicen que el río Ovejas para nosotros es padre y madre, es la única dignidad que nos ha quedado

Sí. Nosotros estamos más en la cordillera. A la zona plana el monocultivo de caña llegó en los años setenta, y fue la misma estrategia de despojo. Allá la gente no hacía minería sino agricultura porque ahí estaban las haciendas esclavistas. En los años ochenta en Suárez se construyó la represa Salvajina que en su momento se le vendió a la gente como un proyecto que iba a generar desarrollo. Los mayores nos dicen: “Salvajina nos llevó a la miseria y el empobrecimiento”. Antes cogíamos balsadas y desde el río bajábamos comida hasta las ciudades. Vivíamos con las madres viejas del río Cauca. Hoy no. Al río lo represaron, perdimos las fuentes de ingreso y las tierras que cultivábamos, las zonas donde hacíamos minería quedaron inundadas. Después de 36 años se está haciendo un proceso de consulta previa*** para medir los impactos que la represa generó en las comunidades. Y a pesar de esos impactos sigue el proyecto de desviación del río Ovejas. Quieren romper la montaña de La Toma para desviar el río a la represa Salvajina y aumentar el caudal del embalse. En la lucha para impedir esto llevamos como comunidad 20 años. Los mayores dicen que el río Ovejas para nosotros es padre y madre, es la única dignidad que nos ha quedado.

¿En este proyecto estuvo inicialmente la empresa española Unión Fenosa?

Unión Fenosa empezó y le compró a la EPSA (Empresa de Energía del Pacífico). Salvajina se concibió supuestamente para regular al río Cauca y evitar las inundaciones, pero en realidad era para hacer avanzar el monocultivo de caña de azúcar. Fueron secando humedales para sembrar caña. Salvajina contribuyó al despojo de la tierra de la gente negra en la zona plana. Empezaron a decir que había que sembrar caña porque eso era el desarrollo; se dejo de sembrar el cacao, porque también el cacao se enfermó. La Caja Agraria (hoy Banco Agrario) empezó a hacer préstamos a las comunidades con las escrituras como garantía; cuando la gente no podía pagar la despojaban de la tierra que hoy es de los ingenios azucareros. Vivimos al lado de una represa que genera no sé cuántos megavatios de energía, pero la gente de Suárez y Buenos Aires está pagando la energía más cara del país. Entonces Salvajina era de Unión Fenosa pero la vendieron al Sindicato Antioqueño.****

Nacimiento y formación de una líder

¿En qué momento de su vida usted se transforma en una líder de su comunidad?

Yo quería ser cantaora y actriz, hacía teatro y bailaba. Con el proyecto de desviación del río Ovejas, mi comunidad y otras comunidades se organizaron para impedirlo. Hicimos el que creo fue el primer proceso de consulta previa en el país. La comunidad exigió la evaluación de los impactos que podría generar ese proyecto. Se armaron grupos de mayores, parteras, maestros, jóvenes. Y todos esos grupos nombraban delegados que eran como la voz de toda la comunidad. Este proceso nos fortaleció. De mi comunidad la delegada era otra muchacha pero a mí me gustaban los paseos y el alboroto. Entonces yo le dije a ella que quería participar en las reuniones. Ahí conocí a Carlos Rosero, a Plutarco Sandoval, a un poco de líderes afro que eran los que habían impulsado la Ley 70. Era toda esta gente que luchó porque se le diera paso al artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991. Carlos me dijo: “Si usted quiere andar con nosotros tiene que hacer algunas tareas”. Y me pusieron a escribir lo que decía la gente, a hacer obras de teatro. Eso me fue empoderando. Para mí escuchar a los mayores de mi comunidad siempre ha sido muy inspirador, escuchar a Paulina Balantá, a mi abuela, a mi mamá que es partera. Son toda gente que habla con mucho orgullo y con mucha fuerza de su territorio. Es gente que no sabe leer ni escribir, pero son personas sabias. Uno las escucha y sabe que tiene que asumir su compromiso.

 

Hablemos de la acción legal por la cual lograron suspender los títulos mineros entregados sin consulta previa con las comunidades. ¿Cómo fue ese proceso?

En 2010 salió la sentencia que reconoce que La Toma es un territorio ancestral y suspende los títulos mineros. Hoy, lo que hemos visto es que como la Corte no atacó de fondo la legalidad de esos títulos mineros, la sentencia sirvió para parar el desalojo pero han seguido los problemas

Una vez el Gobierno entregó títulos mineros a empresas y particulares, empezaron los desalojos en La Toma y la gente empezó a solicitar amparos administrativos. Yo ya estaba vinculada al proceso de comunidades negras a nivel nacional que era muy fuerte en la lucha por los derechos étnicos territoriales. El derecho a la consulta previa es de los derechos que siempre se han impulsado. En el momento de algunos desalojos uno escuchaba a las mayoras diciendo: “si quieren váyanse ustedes pero a mí me matan aquí. Este es el territorio donde tengo sembrado el ombligo”. Yo miraba eso y pensaba que si ellas podían luchar, cómo yo, que tenía toda la fuerza, no iba a hacer nada. Cada vez que llegaba la fuerza pública a decirnos que teníamos que irnos, nosotros les decíamos: “pero ustedes son colombianos iguales que nosotros”.  Ellos decían que solo cumplían ordenes. Yo me sentía impotente y entonces dije: “no, yo voy a estudiar derecho, porque tengo que saber cuál es el lenguaje que usa esta gente. Yo no sabía ni qué era un derecho de petición”. Allá iban abogados a apoyarnos y entonces surge la idea de hacer una acción de tutela para exigir el derecho a la consulta previa porque estos títulos mineros se habían entregado sin ese requisito. Efectivamente me vine a estudiar derecho y en segundo semestre nos sentamos con estos abogados a formular esa acción de tutela. En primera instancia nos la negaron en Popayán diciendo que era improcedente, que el Ministerio del Interior había certificado que no éramos comunidad negra. Yo me enfrentaba a los funcionarios cuando llegaban: “es que ustedes no nos están viendo”. Me tocaba la piel y les decía: “cómo que no somos comunidad negra. ¿Más negros de aquí nos quiere?” Impugnamos ese fallo y con la ayuda de la Defensoría del Pueblo conseguíamos documentos que suspendían los desalojos temporalmente. En 2010 salió la sentencia T-1045A que reconoce que La Toma es un territorio ancestral y suspende los títulos mineros. En su momento pensamos que había terminado el problema. Pero la Corte ordenó suspensión, no atacó la legalidad de esos títulos mineros que se habían entregado entre 2002 y 2008 en pleno paramilitarismo en esta región del Norte del Cauca. Han pasado ocho años y lo que hemos visto es que como la Corte no atacó de fondo la legalidad de esos títulos mineros, la sentencia sirvió para parar el desalojo pero han seguido los problemas. En estos últimos años llegó la minería ilegal a pesar de que la Corte dijo que ningún tercero podía hacer minería hasta que no se hiciera consulta previa. Eso hizo que tomáramos la decisión de hacer una movilización en 2014 para denunciar esta minería.

¿Esa fue la marcha de los turbantes que llegó hasta Bogotá?

Exactamente. A ese proceso se sumaron mujeres de toda la región. Uno de los acuerdos a los que llegamos fue parar la minería ilegal, pero esta siguió como si nada. Se hicieron operativos pero no una acción integral. Le pedimos al gobierno que no quemara las retroexcavadoras porque sabíamos que los dueños iban a tomar represalias contra nosotros. Pero fueron y quemaron algunas; quemaban una y llegaban cinco. Terminaron declarándonos objetivo militar, empezamos a recibir amenazas y a mí, que era la que estaba moviendo todo, fueron a buscarme a mi casa. Eso hizo que me tocara salir desplazada. Sigo yendo al territorio, escondida a veces, pero no estoy allá. Es de las cosas duras que me ha tocado. Una es madre cabeza de familia, con dos hijos, y siente que la vida se le acaba. Por la marcha logramos unos acuerdos para que se hiciera un estudio sobre el impacto de la minería, que se construyeran casas de medicina ancestral para sanarnos de toda la violencia que hemos sufrido. Pero el gobierno de Santos no nos cumplió. Tengo más de veinte actas después de más de dos años en reuniones, que se han quedado en el papel. No hay un estudio profundo de los impactos de la minería que dé cuenta de cuáles son los niveles de mercurio que tenemos, ni de los impactos culturales y al medioambiente que genera la minería en esa región del norte del Cauca, las casas de medicina ancestral no se construyeron. Un estudio preliminar de la Universidad del Valle reveló que hay altos niveles de mercurio en el agua que tomamos. Nos están matando. Nos están envenenando. Solicitamos la revisión de los 267 títulos mineros que se habían entregado en el departamento del Cauca otorgados sin consulta previa con las comunidades negras. Nos dijeron que eso no estaba en discusión.

Los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC tienen un capítulo étnico. ¿Cuál fue su participación en este proceso y cómo ve el componente étnico de estos acuerdos?

Yo fui a La Habana a la mesa de negociaciones con las FARC apenas terminó la marcha de los turbantes. Llevé una carta de autoridades afrocolombianas donde como gente negra solicitábamos la participación en el proceso de paz. El Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo me respondió que el acuerdo de paz era un acuerdo general y que las comunidades negras ya teníamos derechos reconocidos en la Constitución del 91. Pero el conflicto armado afectó desproporcionalmente a los pueblos indígenas y afrocolombianos y eso implicaba que debíamos ser parte en los acuerdos. Hicimos mucho lobby hasta que logramos con muchas organizaciones afro e indígenas un capítulo étnico. Fue como el artículo transitorio 55 de la Constitución del 91 que se metió a última hora y en las últimas páginas de la Constitución. Asimismo se metieron a última hora tres páginas que son el capítulo étnico para la paz. Parte de la presión vino de la bancada afroamericana del congreso de Estados Unidos. Santos necesitaba que le aprobaran el presupuesto para el Plan Paz Colombia; la bancada afroamericana le dijo al gobierno colombiano: “Ustedes no tienen en su gobierno a ningún negro y no están permitiendo que los indígenas y los afro participen en el proceso de paz”. Le pusieron como condición reconocer el capítulo étnico en los acuerdos y nombrar gente negra en el gobierno. Yo creo que la paz no es solo la dejación del conflicto armado; pero es un paso importante y más para nosotros que hemos estado en territorios que han vivido estructuralmente el conflicto armado, un conflicto que no empezó hace sesenta años sino que lleva para nosotros como pueblos étnicos 500 años. Hoy el acuerdo de paz se está volviendo trizas y no se está avanzando en el capítulo étnico que tiene unas salvaguardas y mecanismos sobre cómo implementar los acuerdos en los territorios de comunidades afro e indígenas.

¿Qué herramientas nuevas ofrecen los acuerdos de paz a las comunidades negras con respecto a lo ya reconocido en la Constitución de 1991 y la Ley 70?

Se plantea el derecho a la objeción cultural que tenemos los pueblos étnicos cuando un proyecto nos afecta. En el capítulo de tierras de los acuerdos se estaba planteando la expropiación por tierras inusadas. Ocho millones de hectáreas de la región del Pacífico para nosotros no son espacios inusados, son bosques o territorios con gran biodiversidad que cumplen una función social y medioambiental; para el gobierno, desde la visión de su modelo económico eran tierras inusadas porque no desarrollan una actividad económica. Eso abría el camino a más despojo territorial. La otra expropiación era por uso indebido o incumplimiento de la función social del territorio. A muchos territorios nuestros por causa del mismo conflicto armado ha llegado la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. Terminamos siendo nosotros los expropiados porque desde el mismo Estado se permitió que una actividad como esa llegara al territorio. El Gobierno plantea un programa de formalización predial. Nosotros tenemos preocupaciones de que esa formalización sea individual. Frente a todos los títulos mineros que se han entregado en nuestros territorios, esa formalización individual, que es una escritura pública, no va a parar un proyecto de interés general como supuestamente es la minería. La formalización individual mete en el mercado la tierra. Si en La Toma no hay titulación colectiva, y si mañana le entregan esas tierras a una multinacional, ninguna escritura pública individual puede evitar ese proyecto. En cambio un título colectivo es imprescriptible, inembargable e inajenable y ahí sí hay garantías o por lo menos dos derechos constitucionales en disputa en donde se puede ponderar cuál es el derecho que prevalece. A uno o lo despojan forzosamente o lo despojan comprándole la tierra. Entonces colocamos como salvaguarda en el capítulo étnico que la formalización estará enfocada en saneamiento del territorio, titulación colectiva y protección de los derechos étnicos territoriales. Eso ya estaba en la Constitución pero colocarlo de manera específica a la luz de un acuerdo de paz blinda más los territorios frente a las amenazas que tenemos.

Cuando se decía que La Toma no era una comunidad negra ¿qué se argumentaba?

Que no teníamos un título colectivo y por tanto no éramos comunidad. Eso es parte del racismo estructural del que siempre hablo. Cuando el Ministerio del Interior dice que no hay comunidad nos toca hacer una pelea jurídica hasta que, si contamos con buena suerte, el caso llega a la Corte Constitucional. Es una lucha y un desgaste en donde se pone en riesgo la vida porque uno vez que uno decide empezar un proceso de esos termina siendo objetivo militar. El otro argumento es que el subsuelo es del Estado, y entonces allá en Bogotá unos cuántos definen a quién se lo entregan. Y también está el argumento de que la minería es de interés general y no se puede obstaculizar su desarrollo. Eso se ha vuelto una excusa para violentar los derechos de pueblos que viven en territorios donde hay un interés económico. Si es interés general cómo es que la represa Salvajina se construyó y la gente no tiene electrificación. Nosotros estamos al lado izquierdo de Salvajina y a pesar de que hay un charco lleno de agua no tenemos agua potable.

Este año usted buscó una curul en la Cámara de Representantes, en donde no salió elegida, y después tuvo una participación muy activa en la campaña a la presidencia de Petro y su movimiento Colombia Humana. ¿Cómo ve su futuro político en términos electorales?

Ahora mismo se está asesinando a líderes. Hay un sistema corrupto. Sin embargo tengo esperanza: hay un pueblo movilizado

Me postulé como candidata a la Cámara sin condiciones económicas ni maquinaria política. No fue una decisión mía sino de muchos colectivos. Como gente negra somos casi el 30 por ciento en este país y solo tenemos garantizadas dos curules en el congreso –y son en la Cámara– y en los últimos años esas curules las han usurpado la mafia y los partidos tradicionales. Esas dos curules deberían ser la voz de nuestro pueblo, y el congreso un espacio donde se debiera estar denunciando todas las violencias que vivimos. Queríamos empezar a hacer gobierno propio desde abajo, transformar junto con la gente. Tenemos un gran desafío: transformar las políticas de muerte en políticas para la vida. Yo no salí elegida y Petro tampoco. Seguiré haciendo lo que sé hacer que son procesos organizativos y comunitarios por los derechos étnicos y comunitarios, por el medio ambiente, por los derechos humanos. Si mañana vuelvo a postularme en un proceso electoral será porque la comunidad lo decida. Creo que hay que fortalecer los procesos para que precisamente eso que no se logró en las elecciones de presidencia, ahora en 2019 se consolide en las elecciones regionales, para que esos programas que impulsaba la Colombia Humana se puedan concretar en gobiernos locales. Yo no apoyo como individuo a Petro sino a una propuesta que permita hacer transformaciones estructurales. Voy a seguir apoyando esa lucha para avanzar en discusiones como la reparación histórica, que nunca se ha dado. Como afrocolombianos vivimos en condiciones precarias, con las necesidades básicas más insatisfechas del país.

¿Hay garantías para hacer política en Colombia?

No. Ahora mismo se está asesinando a líderes. Hay un sistema corrupto. Sin embargo tengo esperanza: hay un pueblo movilizado. La gente que ha hecho la misma política siempre, está recibiendo el mensaje de que por más mentiras, engaños y violencia que imparta va a llegar el momento de cambio. No sé si lo vamos a alcanzar a ver nosotros pero va a llegar. Es un desafío también para el mundo, estamos ante realidades como el calentamiento global y el cambio climático. Nuestra casa común se está destruyendo. Tenemos que hacer algo para salvaguardarnos como seres humanos y para salvaguardar la vida en sentido amplio. 

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* Hermano de Jesús Amado Sarria, esposo de Elizabeth Montoya, conocida como la Monita Retrechera, quien fuera intermediaria entre narcotraficantes y la campaña presidencial de Ernesto Samper, que recibió recursos para su financiación de la organización criminal conocida como el Cartel de Cali.

**Se conoce como cimarronaje a la resistencia de las personas esclavizadas que podía consistir en un escape para atenuar o mejorar las condiciones de esclavitud, o en huidas colectivas que condujeron a la fundación de palenques libertarios, con autonomía y organización propia.

***La consulta previa es el derecho fundamental a la decisión y participación de los pueblos étnicos cuando los afecta alguna medida legislativa y administrativa o algún proyecto, obra o actividad dentro de sus territorios.

****El Grupo Empresarial Antioqueño-GEA, también conocido como Sindicato antioqueño, es un grupo de empresas la mayoría de ellas asentadas en el departamento de Antioquia, pero cuyo impacto e inversiones se extiende nacional e internacionalmente. La represa Salvajina actualmente está en manos de Celsia, la empresa de energía del Grupo Argos, que hace parte del GEA.

Autor >

Pedro Adrián Zuluaga

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