La decisión de Manuela Carmena de presentarse de nuevo a la alcaldía de Madrid bajo una agrupación independiente de electores ha desatado algunas controversias entre quienes se felicitan por la iniciativa y quienes critican lo que consideran una actitud personalista que no quiere sujetarse al control de movimientos sociales o de partidos. Mi propósito no es entrar en la polémica sino analizar cómo se han puesto en juego algunos de los dilemas más profundos a los que se enfrenta la política en nuestro contexto peninsular, europeo y tal vez mundial.

Aunque la presentación de una personalidad sin un partido que le respalde puede ocurrir en toda la escala de la representación –Macron fue elegido presidente de Francia por un proceso con ciertas similitudes–, el caso de Carmena es particularmente relevante porque afecta al nivel municipal de la política, un estrato que tiene singularidades que explican mucha de las pasiones excitadas por la decisión de la alcaldesa.

La política municipal se diferencia de los otros escalones por la inmediatez de sus resultados, que afectan de forma directa a la vida cotidiana y a los espacios básicos donde se construye y reproduce nuestra vida. El ciudadano sabe que la economía tiene importancia y que la tiene la geoestrategia, pero lo que ve todos los días son las cacas de perro, los retrasos y averías en los autobuses y el metro, la lejanía, mala dotación o inexistencia de centros culturales y deportivos, el precio de las guarderías, la escasez y la especulación con la vivienda, el ruido y contaminación, el descuido de los parques. La política municipal es el ámbito más cercano a lo que Aristóteles entendía cuando nos definía a los humanos como animales políticos. La política en el municipio es la forma de ordenar los espacios donde se hacen visibles las relaciones sociales.

Dada esta condición, el municipalismo es la actitud política que resalta, acentúa y da preeminencia a la política municipal sobre los otros niveles. Y tiene mucha razón. En un mundo de superpoderes que el ciudadano observa de lejos, entre aterrado e indiferente, la política municipal la siente muy cercana. Cada decisión se hace visible de la noche a la mañana, como cuando a uno le asfaltan la calle una noche de agosto. Es un nivel en el que parecen hacerse posibles los ideales de participación. Las asociaciones y movimientos vecinales o sectoriales pueden tener voz y voto en las decisiones municipales, por lo que no es extraño que sea un lugar de refugio de quienes aún creen en las formas políticas autogestionarias e incluso asamblearias. Lo escribo sin ningún retintín pues estoy convencido de la importancia del nivel municipal.  El municipalismo es menos parroquiano de lo que parece. Las grandes iniciativas de política en la ciudad o el campo son, por efecto de ejemplaridad, algunas de las iniciativas más estratégicas en nuestro mundo de superpoderes. El caso de Porto Alegre, de hace unos años, hizo más por la renovación de las políticas de izquierda que todas las grandes proclamas de los partidos tradicionales.

En un mundo de superpoderes que el ciudadano observa de lejos, entre aterrado e indiferente, la política municipal la siente muy cercana

No es pues casual que el municipalismo sea la opción de una corriente política que podríamos llamar “movimentismo”, que no es sino la línea que proclama la preferencia de las representaciones de las asociaciones del nivel básico (vecinales, culturales, activismos, etcétera) sobre las estructuras de los partidos tradicionales en la configuración de candidaturas a los gobiernos municipales.  En las últimas elecciones en España surgieron por todas partes coaliciones como Ahora Madrid, que, según la Wikipedia, se define como “candidatura ciudadana de unidad popular», constituida en “partido instrumental sin vida orgánica”,​ con el objetivo de presentarse a las elecciones municipales de 2015. En múltiples ciudades y pueblos se produjeron coaliciones análogas. En ellas estaban y no estaban presentes los partidos tradicionales o nuevos, negociando los puestos en las listas y las líneas de programas.

Este es el fulgor y gloria del municipalismo. Quienes lo defienden, sea bajo una modalidad movimientista o bajo la más tradicional de representación mediada por partidos, tienen razón en dar prioridad a los municipios frente a los niveles superiores. Es en ellos donde posiblemente se pueda transformar en un sentido positivo la vida de la gente a través de la acción política intencional.

El drama

Vayamos ahora al drama. El caso Carmena se repite por doquier, por lo que merece la pena que examinemos la textura de las tensiones que lo aquejan. Dada la estructura mediática de la política actual, y el sistema electoral municipal, la persona del alcalde adquiere una importancia central en los procesos electorales. Aunque los contendientes se enfrenten por el número de concejales, al final, la figura del potencial alcalde o alcaldesa termina siendo un elemento determinante de la constitución de coaliciones o iniciativas electorales. Así, suele ocurrir que las coaliciones elijan a un personaje público que tenga una dimensión simbólica en el espacio del municipio, bien por su trayectoria local o por su aura general. El PSOE lo entendió muy bien en las primeras elecciones municipales de la Transición cuando asignó a Tierno Galván la candidatura a la alcaldía. Aparece así un dilema político de difícil solución. Las coaliciones tienden por su propia naturaleza a un control negociado y conjunto de la política, considerando que tanto el regidor como sus concejales son “meros” representantes de la iniciativa que les ha situado en el poder. Pero, para alcanzar el poder han debido de elegir a un personaje que tiene entre sus virtudes el valor simbólico de sus artes y trayectoria personal. Que es lo que ese personaje pone en juego cuando acepta la designación.

El dilema ya está armado. Las políticas asamblearias, autogestionarias, e incluso partidistas, priman en la designación de representantes, o bien la trayectoria militante o bien (caso extraño, pero posible) el ser un cualquiera(en las pocas experiencias de designación por loterías). La persona elegida lo es por su afiliación y lealtad a la base que le elige. Suele ser alguien activo, o un fiel burócrata de aparato en quien se confía que no sacará los pies del plato. Pero todo esto es incompatible con la elección de alguien con una fuerte personalidad y de extenso capital simbólico. Ambas cosas no se reparten colectivamente. Se poseen personalmente y no son transferibles. Si las coaliciones eligen a “uno de los nuestros” se arriesgan (de hecho, no se arriesgan, están ya destinados) al fracaso electoral. Si eligen al poseedor o poseedora de capital simbólico se arriesgan a no tener el control de su trayectoria.

La persona elegida bajo estas condiciones de “popularidad” es muy consciente de lo que significa la popularidad: la relación con el pueblo es directa, sin la mediación de los tejidos asamblearios o partidistas. Sabe que su elección queda atrás y que el futuro depende de esta inmediatez de su aura simbólica. Podemos lo entendió bien y optó por hacer de la necesidad virtud teorizando el papel del líder como un componente nuclear del populismo: el líder cataliza la articulación de las demandas populares, y esto hace de la simple persona un personaje histórico. Ahora bien, la opción de “morder la bala” y aceptar el liderazgo tiene un precio: el líder entiende pronto que tiene un margen de maniobra que le libra del peso del control de la base que le eligió. No hay ningún asombro en que, en cuanto tenga la posibilidad, se rodee de forma estable e institucional de un grupo de agentes de su confianza absoluta, es decir, que convierta el capital simbólico en capital político. Los dos congresos de Vistalegre de Podemos son ejercicios de libro de esta dinámica.

La historia de la pasada legislatura del Ayuntamiento de Madrid ejemplifica también estas tensiones constitutivas de los condicionantes electorales. La alcaldesa sintió muy pronto la distancia entre la valoración que se hacía de su actitud y capital simbólico y la que se hace de las medidas más o menos acertadas, más o menos torpes, de sus concejales. Tarde o pronto tenía que elegir entre mantener su capital o mantener su fidelidad a la base que la designó. En el corazón del liderazgo se repite entonces el dilema: obedecer a las bases significa perder capital simbólico y político, y posiblemente también las elecciones. Adoptar una política personalista significa entrar en un camino irreversible de independencia.

La persona elegida bajo estas condiciones de “popularidad” es muy consciente de lo que significa la popularidad: la relación con el pueblo es directa, sin la mediación de los tejidos asamblearios o partidistas

Felipe González y Pablo Iglesias han sido dos maestros del negociado del poder simbólico. En los momentos clave de la dinámica de su partido han ejercido siempre el voto de oro: “Bueno, si no aceptáis lo que propongo, me voy”, sabiendo que extendían sobre la estructura del partido una nube de terror a perderlo todo. El marxismo; la permanencia de Alfonso Guerra en los momentos de los primeros casos de corrupción; el referéndum de la OTAN; la lista cerrada de miembros del Consejo; las normas de elección de miembros; la legitimación moral y plebiscitaria de la compra de una casa familiar…

El drama no acaba aquí. La personalidad elegida por su capital simbólico aprende pronto también los dilemas que nacen de la estructura intrínsecamente contradictoria de ese capital simbólico. El capital simbólico excede a las partes en conflicto, pero no suprime los conflictos. Ada Colau se encontró pronto entre la espada del independentismo y la pared del no secesionismo que prevalece en Barcelona ciudad. José María González Kichi, no tardó en encontrar las vueltas de lo simbólico, entre la fuerza social de las cofradías y su adscripción anticapitalista, entre su antimilitarismo y la necesidad de puestos de trabajo en Astilleros. Manuela Carmena sufrió del mismo modo y desde el primer día de mandato las tensiones de lo simbólico: entre el rupturismo cultural, con el consiguiente escándalo de la apacibilidad ciudadana; entre las exigencias del poder estatal que asfixiaba a los municipios con el ínclito Montoro y la autonomía de una política presupuestaria propia. En cada una de estas contradicciones, alcaldesas y alcaldes tuvieron que dejar pelos en la gatera para huir de las amenazas inminentes a su poder político y simbólico. Que las medidas adoptadas fuesen vistas como traición por quienes designaron su posición era un precio menor que el de perder la relación directa con los electores.

Todo esto se da sin la menor duda en todos los niveles de la representación y el liderazgo políticos. Pero en el nivel municipal el drama adquiere los colores de tragedia precisamente por el carácter especial del espacio político municipal. Mi conclusión no es muy optimista. Las tensiones constitutivas no se eliminan, se negocian. Es difícil saber si existirá la suficiente inteligencia política para hacerlas explícitas y encontrar modos de hacer compatibles la cercanía del ejercicio del poder, y la posibilidad de participación y autogestión, con los excedentes simbólicos que adquieren las personas al cargo del poder en estos espacios intermedios. En pocos lugares se observa tan claramente la importancia del carácter y la personalidad de quienes se sientan a negociar. Uno de los mariscales de Napoleón observaba con una perspicaz intuición política: “Al coronel inteligente y trabajador, désele un puesto en el Estado Mayor; al inteligente, pero indolente y vago, désele mando de tropa; al lerdo y trabajador, fusilarlo le inmediato”.  Ojalá en las negociaciones que habrán de hacer las fuerzas del progreso se recuerden estas palabras del mariscal. Las contradicciones solo se resuelven con distinciones y negociaciones.