En la manifestación del día de los trabajadores, el 1 de mayo de 2014, un colectivo feminista paseó por Sevilla el santísimo coño insumiso. Se trata de una vulva de cartón gigante portada en andas imitando una procesión. Junto a la performance se repartía un panfleto que comenzaba así: “El 1º de mayo sacamos nuestro Sagrado Coño a la calle para declarar nuestra INSUMISIÓN A LA EXPLOTACIÓN Y LA PRECARIEDAD”

Aquella performance recorrió las calles de Sevilla alegremente sin mayor incidente junto a los sindicatos de base y la izquierda más combativa. Ningún cristiano alertó a la policía por entenderse atacado en sus derechos, nadie fue identificado y la manifestación concluyó sin mayor pena ni gloria. Sin embargo, un mes después, la Asociación de Abogados Cristianos, con sede en Valladolid, denunciaba estos hechos por un delito contra los sentimientos religiosos y por provocación de discriminación, odio y violencia por motivos de creencia religiosa.

La denuncia fue sobreseída y archivada tanto en Málaga como en Sevilla por no encontrar la fiscalía ni el juez indicio de delito alguno. No obstante, fieles a su promesa de recurrir hasta Dios si hiciera falta, la Asociación de Abogados Cristianos interpuso recurso contra este archivo. La Audiencia Provincial de Sevilla estimó el recurso y el caso se reabrió por escarnio del dogma de la santidad y virginidad de la virgen, mofa de la Semana Santa y vejación de los católicos. En octubre de 2019 se celebrará juicio contra tres de las mujeres que participaron en esta procesión enfrentándose a una petición de multa de tres mil euros cada una.  

Los Abogados Cristianos son una asociación ultracatólica constituida en 2008 que pretende representar a toda la comunidad cristiana. Tienen como objetivo frenar los ataques al catolicismo revestidos, según ellos, como libertad de expresión.  Según su denuncia, la fe católica es constantemente vejada y humillada y se compara la procesión del Coño Insumiso con los hechos ocurridos contra el catolicismo en las persecuciones romanas o los crímenes contra religiosos en la República y Guerra Civil. Los 11 mil millones de financiación pública de la Iglesia Católica según, la asociación Europa Laica, o las exenciones fiscales de las que goza contradice esta imagen de persecución que presenta los Abogados Cristianos del catolicismo. Esta desproporción entre diagnóstico y realidad evidencia el cariz ultra de la entidad.

Así, fieles a esta cruzada contra lo enemigos de la fe, han ejercido numerosas acusaciones penales por delitos de vulneración a los sentimientos religiosos. El actor Guillermo Toledo, por su twit en defensa de las mujeres perseguidas o Borja Casillas, la Drag canaria vestida de virgen, han sido algunos de sus objetivos.

Todas estas denuncias acabaran archivadas o habrá absolución para los acusados. A los Abogados Cristianos no los respalda ni la ley, ni la jurisprudencia, ni el sentido común. Para que un hecho pueda ser considerado un delito contra los sentimientos religiosos tiene que existir un ánimo expreso de ofender a personas concretas por su fe católica. Cuestionar la virginidad de la virgen, por ejemplo, no es un delito es una opinión aunque la misma pueda no gustar a las personas que creen en el dogma de la inmaculada concepción.  

El delito contra los sentimientos religiosos está ideado para proteger a las minorías que puedan ser más vulnerables. Por ejemplo los ataques a las mezquitas que se han sucedido en este país en los momentos de mayor brote de islamofobia. No obstante, la ultraderecha se apropia de esta protección penal para perseguir delitos de opinión.  Igual ocurren con las denuncias por delitos de odio ejercidas por la policía o por grupos de extrema derecha. El espíritu de la ley pretendía con los delitos de odio proteger a las minorías más vulnerables y no a policías. Esta utilización del Derecho Penal para perseguir a la disidencia política debería hacernos pensar si el castigo es la mejor forma de resolver los conflictos sociales y máxime teniendo en cuenta que la aplicación de estos castigos está en manos de los poderes políticos contra los que disentimos.

Las acusadas serán absueltas, pero la criminalización y la pena de banquillo de años ya están en marcha. Juzgando a unas mujeres que pasearon una vulva de cartón no se está persiguiendo un mal causado a la sociedad. No se persigue algo que se ha hecho, se persigue una osadía que desafía un sistema socioeconómico machista, se persigue una falta de miedo a su represión. Sin embargo la inquisición por más violenta que haya sido nunca ha logrado frenar las aspiraciones de justicia social y la disidencia siempre ha vuelto a nacer. Fracasarán en este asunto una vez más, aquí lo dejo escrito.