Lo de la inmigración nos va a traer problemas. Pero no se equivoquen, el problema no es la escasez de recursos, que nos quiten el trabajo o que colapsen la sanidad; eso son falacias. El problema es que con el fin de parar la inmigración se están violando derechos fundamentales a la luz pública entre vítores y aplausos. Lo que se haga con la inmigración hoy sólo está a un paso de lo que se hará mañana a todos los que “molesten” al orden vigente, principalmente a los pobres y los disidentes políticos. En esto de vulnerar derechos fundamentales con la connivencia de la opinión pública todo es empezar. La historia ya lo ha demostrado. Recitaba Martin Niemöller aquello de “cuando vinieron a por mí ya no quedaba nadie para hablar por mí”.

La política de extranjería del Estado español está llena de nichos legales y continuamente se denuncian vulneraciones de derechos fundamentales. ¿Es posible que se retenga a personas en los CIEs por la infracción administrativa de “no tener papeles” a pesar de que la Constitución prohíbe las penas privativas de libertad para estos casos? ¿Caben las identificaciones policiales selectivas solo para personas radicalizadas a pesar del principio de igualdad que impera en nuestro Derecho? Opacidad en las respuestas. Especialmente evidentes son las vulneraciones en la Frontera Sur. Cuando la externalización de las fronteras falla, o sea cuando la violencia ejercida por Marruecos y otros países para frenar la entrada de inmigrantes al Estado español falla, es este último quien actúa.

Aquí hemos visto de todo: asesinar disparando a personas que cruzaban a nado a la playa del Tarajal; devoluciones en caliente sin cumplir ninguna de las garantías que establece la legislación y el pacto por los Derechos Humanos; y las recientemente resucitadas devoluciones exprés colectivas. Este verano ocurrió en Melilla y esta misma semana en Ceuta. En el tiempo récord de 24 horas 116 personas han sido devueltas a Marruecos en una burda gestión, difícilmente revestida de legalidad, como explican los compañeros de Red Jurídica en Tercera Información.

Y todo esto a la luz pública y con una justificación que se presenta como irrebatible: “Hay que parar la inmigración”. Para obtener este nivel de connivencia social se ha ido sembrando previamente el discurso de la amenaza de la inmigración. Asalto, altercado, avalancha, así construyen los medios de comunicación el lenguaje belicista sobre la inmigración que justifica la suspensión de los derechos fundamentales al encontrarnos frente a un enemigo del orden. Contra el enemigo todo vale, este es el mensaje.

Las personas dejan de ser personas cuando son consideradas enemigas del orden vigente. Entonces ya no es necesario que se observen los derechos fundamentales, hay una suspensión de las garantías jurídicas a la hora de aplicarles los castigos. A los sub-humanos no se le aplican los derechos humanos. Históricamente el poder actúa así, con leyes especiales contra los enemigos. Pensemos en los pueblos indígenas de América, en los moriscos o en los gitanos. Los enemigos son aquellos que, por lo que son, atentan contra el orden y ponen de manifiesto que este sistema no funciona, evidenciando las contradicciones.  En la actualidad, la pobreza, la inmigración y la disidencia política son los enemigos del orden vigente. Los pobres, los inmigrantes y los disidentes son la trastienda del neoliberalismo, lo que molesta que se vea. La criminalización de la pobreza en las ordenanzas municipales, las leyes de extranjería, los delitos de opinión y las leyes mordazas son el derecho penal del enemigo en la actualidad.

Desestabilizar el orden vigente pasa por la alianza de quienes albergan aquello que el sistema rechaza porque evidencia sus contradicciones. Las posiciones de la izquierda “no buenistas” sobre la inmigración están equivocadas. Los derechos fundamentales no son prescindibles. En primer lugar por razones humanitarias y, en segundo, porque su suspensión refuerza al poder. Las violaciones impunes de derechos humanos suponen más poder para aquellos cuyos privilegios están amparados por este sistema económico y social. Si la pobreza, la inmigración y la disidencia política les resulta una amenaza para su sistema, será una alianza de pobres, inmigrantes y disidentes lo que necesitamos para subvertir el orden vigente en pos de un modelo donde la vida digna de todos sea posible.