Las cerca de 300.000 mujeres indígenas afectadas por las esterilizaciones forzadas experimentaron un "castigo reproductivo" u "opresión reproductiva" por parte del Estado peruano durante el régimen de Fujimori (1995-2000), que afectó gravemente sus derechos sexuales y derechos reproductivos, su bienestar emocional y social y su autonomía económica. Con la opresión reproductiva se pretendió controlar selectivamente el destino de toda su comunidad a través de los cuerpos de las mujeres. La esterilización forzada fue una nueva forma de eugenesia.

En la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se reconoce que la opresión reproductiva cumple con los estándares genocidas, ya que puede ser caracterizada como: “Medidas destinadas a impedir los nacimientos de un grupo”. El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) fue una política reproductiva opresiva aplicada por actores estatales desde el más alto nivel de decisión que causó graves secuelas en la vida de las mujeres indígenas. 

A esta opresión reproductiva se sumaron determinantes de la salud relacionados con los precarios servicios de salud (insalubridad y falta de instalaciones adecuadas en la provincia, carencia de medicinas, ausencia de personal médico especializado), la triple carga de trabajo de las mujeres en sus comunidades.

La opresión reproductiva se entrelazó también con otras violencias: violencia machista –física, sexual y psicológica–, racialización, empobrecimiento, violencia institucional, violencia política y patrimonial, entre otras, que acrecentaron el impacto de las esterilizaciones forzadas en los derechos sexuales y derechos reproductivos, el bienestar emocional y social y la autonomía económica de las mujeres.

Frente a los cuestionamientos de quienes aducen que las mujeres afectadas están mintiendo, hay dos elementos clave que deben tomarse en cuenta. Primero, en todas las experiencias vividas de las mujeres de los momentos previos a ser esterilizadas hay una constante: uso ilícito de coacción o engaño, ofrecimiento de alimentos y promesa de beneficios para conseguir el consentimiento, el aprovechamiento de la situación vulnerable de las mujeres indígenas (analfabetismo, pobreza extrema, víctimas de violencia machista, etc.) y el abuso de poder en el centro de salud. 

Segundo, el dolor focalizado en la zona donde se les intervino quirúrgicamente, el malestar generalizado con los mismos y coincidentes síntomas en todas las afectadas, las secuelas físicas de este malestar que les ha impedido trabajar como antes y las secuelas a su bienestar sexual que les ha impedido volver a disfrutar de relaciones placenteras con su parejas. Es así de sencillo, aunque se evite reconocerlo: “La verdad está en sus cuerpos”.

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) fue una política planificada en las más altas esferas del poder, con intención y conocimiento pleno del Ejecutivo: Alberto Fujimori y sus exministros de Salud. (Existen documentos oficiales que lo prueban y testimonios del personal médico que así lo indican). Fue sistemática porque se hizo de manera reiterada (año a año, mes a mes) y metódica (se identificaron cuotas y metas de anticoncepción quirúrgica). Más que la mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como fue el compromiso con Cairo 1994, se priorizó el control de la natalidad para combatir la pobreza. Fue una Política Maltusiana y racializadora porque fue dirigida a un sector determinado de mujeres: indígenas, quechuas, aymaras, asháninkas, de los sectores urbanos marginales de las capitales de regiones del Perú, todas, estaban en situación de empobrecimiento y vulnerabilidad debido a la violencia política. 

Las secuelas a su autonomía sexual han sido considerables. Se generó situaciones de violencia machista de parte de sus parejas, quienes interpretaron que ellas fingían, cuando evidenciaban tener dolor en su zona pélvica, y que mentían porque tenían a otra pareja. Algunas fueron violadas, obligadas a pesar de su negativa, otras sufrieron violencia física, otras fueron abandonadas o expulsadas de sus casas.

Las secuelas a su autonomía reproductiva se evidenciaron desde el momento mismo de la coacción y el engaño. No culminaron solo con la intervención quirúrgica, sino que dejaron un trauma emocional y social en sus vidas y comunidades. Haberlas intervenido sin su consentimiento estando embarazadas, durante el parto, en edad fértil, sin saber realmente lo que era la esterilización les dejó un dolor psicosocial.

Las secuelas a su autonomía económica son las que más condicionan su seguridad económica y supervivencia. A partir de la esterilización forzada, las secuelas en su salud física generaron serios impedimentos para que realizaran las mismas actividades económicas que habían asumido en sus casas y comunidades: tanto actividades productivas como reproductivas. Conforme el malestar físico fue acrecentándose perdieron autonomía económica y quedaron en total dependencia de la pareja.

Si bien las secuelas son considerables y se acrecientan debido a las opresiones múltiples persistentes en su contexto, las mujeres esterilizadas de manera forzada se han organizado. En la organización encontraron un motivo para evitar decaer en el malestar emocional y social. La organización es la principal fortaleza que les ha permitido asumirse como defensoras de sus propios derechos humanos. Y ha significado reconocer sus saberes, sus capacidades adquiridas por su experiencia vivida de resistencia a esta opresión y definir así su propia acción vindicativa.

Desde el reconocimiento de su diversidad y especificidades como mujeres esterilizadas de manera forzada, han posicionado su incidencia política, su acción de interlocución con el Estado, desde un diálogo de saberes entre sus integrantes y aliadas. Han construido su propia sororidad, desde el “hermanamiento” y el “nosotras inclusivo”, desde la coherencia discursiva, la horizontalidad y revaloración de las capacidades y la superación de las opresiones en los momentos de mayor dificultad. 

Construir liderazgos desde la periferia es un proceso retador. Es romper con los estereotipos del activismo etnocéntrico, que representa a las mujeres en situación de víctimas y revictimizadas, de empobrecidas, de necesitadas. La práctica de reconocerlas con poder, con capacidad de decisión, con saberes y capacidades epistémicas, como actoras de su propio cambio, empieza por reconocerles espacios de representación, por renunciar a la visibilidad construida desde la realidad de las otras (de ellas) y promover que sean ellas las protagonistas en los discursos e incidan con voz propia ante el Estado.

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Sara Cuentas Ramírez es periodista y comunicadora social, experta en género, desarrollo, migración e interseccionalidad. Pertenece a Iniciativa Colectiva por los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, entre 1996-2000.

* Los contenidos de este artículo forman parte de los hallazgos y resultados obtenidos en la investigación “La Verdad está en sus cuerpos. Secuelas de una opresión reproductiva” aplicada a más de 300 mujeres indígenas de Huancabamba (Norte del Perú, Región Piura), afectadas por las esterilizaciones forzadas.