El eslogan de ¡fuera inmigrantes! se hace cada vez más fuerte en los discursos de la derecha reaccionaria. Las voces progresistas se afanan en contrarrestar estos discursos ultras y los titulares de medios alternativos se llenan de datos sobre la aportación de los inmigrantes a la Seguridad Social o al producto interior bruto. En esta misma línea, CTXT publicó recientemente una entrevista a Lant Pritchett, economista y profesor en Harvard, que proponía una salida a la catástrofe demográfica de Occidente basada en permitir una inmigración en masa, regulada y sin derechos políticos. Las polémicas opiniones han sido escuchadas y valoradas por esas voces progresistas, pues que un execonomista del Banco Mundial diga que Europa necesitará más de 200 millones de inmigrantes en los próximos 30 años, puede ser útil frente al discurso de ¡fuera inmigrantes! Sin embargo, estas propuestas se basan en una falacia de base: el sistema capitalista no tiende al pleno empleo, por lo que supeditar los flujos de  inmigración a las necesidades de mano de obra del mercado nunca ha sido su objetivo. Así pues, toda propuesta de ordenar la inmigración en base a la oferta de trabajo está condenada al fracaso porque no responde al interés real del mercado, y por ende al de la política migratoria, que es disponer de una mano de obra barata y servicial.

Esto de ordenar la inmigración en pos de las ofertas de trabajo del mercado no es ningún invento; es lo que la política de extranjería en todos los tiempos, también la del Estado español, ha escrito sobre el papel aunque en la práctica se evidencie que es mentira. No se quiere que los inmigrantes cubran los puestos de trabajo desocupados, se quiere tener una bolsa de pobreza desempleada y con miedo a la expulsión que esté dispuesta a trabajar mucho por poco y abarate los salarios.

El preámbulo de la ley de extranjería dice: “[la inmigración] debe adaptarse a nuestra capacidad de acogida y las necesidades reales de nuestro mercado de trabajo”. La columna vertebral de la política de extranjería de este país supedita los derechos de ciudadanía, es decir, la regularización de los inmigrantes, a tener un contrato de trabajo. Para la obtención de los permisos de residencia, para la renovación o para la reagrupación familiar es necesario un contrato. Además los inmigrantes solo pueden optar para el primer permiso a los trabajos que son catalogados como de difícil cobertura en una provincia determinada. La inmigración rotativa y ordenada también está contemplada en nuestro ordenamiento a través de la figura del contrato en origen por temporada, como el de las trabajadoras marroquíes de la fresa de Huelva, que se realiza según las necesidades de la campaña agrícola.

En el papel queda claro que la ordenación del flujo de inmigrantes depende de las necesidades de mano de obra del mercado. Pero el papel lo aguanta todo. Veamos ahora cómo lo desmiente la práctica.

En el Estado existían a principio de 2018 en torno a 825.000 inmigrantes en situación irregular. Estos datos no son exactos, es el resultado de restar a los extranjeros censados aquellos que sí conocemos que tienen permiso de residencia. Pues bien, a pesar de la retórica de la persecución de la inmigración ilegal solo se expulsaron a 785 inmigrantes en 2017 según Eurostat, un tercio de los procedimientos que se iniciaron. Los no expulsados se quedan en un limbo jurídico “sin papeles” con el beneplácito de la Administración. Estos datos confirman que la inmigración ilegal no es tan perseguida y que se mantiene de manera irregular intencionadamente. Estos inmigrantes irregulares son las cuidadoras domésticas y las jornaleras, entre otros, que trabajan mucho por poco, gracias al chantaje continuo de la expulsión. El miedo es productivo para crear una mano de obra más barata y servicial. La patronal fresera de Huelva lo sabe y por eso existen los asentamientos chabolistas en torno a las plantaciones. Los propietarios de los invernaderos de El Ejido que votaron a Vox en las andaluzas, a pesar de que su mano de obra es inmigrante irregular en gran parte, también lo saben.

La ordenación de la mano de obra inmigrante en base a las necesidades del mercado es una falacia, es solo una estrategia para mantener bolsas clandestinas de mano de obra barata a fin de reducir costes labores para la patronal, como también lo son el incremento de los contratos temporales, el abaratamiento del  despido, y descuelgues de convenios que afectan a la población autóctona. La inmigración, más que productiva para el mercado, es productiva para la alianza necesaria de las personas trabajadoras en pos de la conquista de mayores cuotas de derechos y justicia social.