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Lectura

¿Participación o democracia? El municipalismo y el desafío de la igualdad

Extracto de ‘Ciudades democráticas. la revuelta municipalista en el ciclo post-15M’

Laura Roth 23/05/2019

<p>Protesta en la madrileña Puerta del Sol, durante las acampadas del 15M.</p>

Protesta en la madrileña Puerta del Sol, durante las acampadas del 15M.

JUAN AGUILAR

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En 2013 Nancy Fraser afirmaba, con razón, que el 15M era un movimiento por la emancipación, como un tercer tipo de propuesta diferente tanto de los movimientos defensores de la protección social (la izquierda), como de aquellos en favor de la mercantilización (la derecha liberal). El punto principal de las indignadas era que las personas somos sujetos de la política y no objetos de ella, esto es, que la democracia debía tenernos a nosotras como principales agentes. Afirmaba entonces también la autora que “las protestas creativas de los indignados y del movimiento Occupy no han encontrado una expresión política coherente, sostenida y capaz de plantear un reto creíble a los malhechores de la riqueza”. Probablemente para su sorpresa, un año después muchas herederas del 15M decidían lanzarse a la piscina electoral y presentarse a las elecciones municipales de 2015 en muchísimas ciudades y pueblos.

Un gran número de personas que en su momento decidieron montar o apoyar estas candidaturas vieron la oportunidad de entrar a las instituciones locales como una manera de generar una respuesta, desde su interior, a algunas de las aspiraciones y prácticas del 15M, por contradictorio que pudiera parecer el plan en su momento. Y algunas de esas aspiraciones y prácticas más destacadas fueron (y siguen siendo) aquellas relacionadas con la democracia. El cuestionamiento central del 15M iba dirigido al sistema representativo tal y como existía y aún existe: un sistema donde votamos cada cuatro años y el resto del tiempo no existimos.

En unos días vuelve a haber elecciones municipales, y son unas muy especiales. Se trata de los primeros comicios después de cuatro años de municipalismo en el gobierno o en la oposición en muchos lugares, incluyendo las grandes ciudades del Estado. Que se han implementado políticas transformadoras e innovadoras está fuera de toda duda. Hace falta simplemente revisar el atlas disponible en www.ciudadesdelcambio.org para tener un panorama de lo mucho que se ha avanzado en políticas sustantivas muy diversas, que van desde la vivienda hasta el feminismo, los bienes comunes o la economía. Sin embargo, una pregunta que tiene sentido plantear con el run run del 15M de fondo es ¿cómo puntúan los proyectos municipalistas en términos de ampliación de la democracia? O dicho de otra manera ¿se ha avanzado en la dirección que marcaban las indignadas? La respuesta rápida es que sí se ha avanzado en términos de profundización democrática (es decir, en el cómo), pero menos de lo que lo que se ha avanzado en la implementación de políticas sustantivas  (es decir, en el qué). Como se expondrá más adelante, hay buenas razones para ello y en parte esta diferencia era inevitable.

¿Cuál es el ideal de democracia del municipalismo?

Según Tom Christiano, uno de los mayores teóricos actuales de la democracia, el componente principal de la democracia es la igualdad de las personas de un colectivo en la toma de decisiones comunes (ver su entrada “Democracy” en la Stanford Encyclopedia of Philosophy). Añade, sin embargo, varios elementos importantes, como el hecho de que la democracia no se aplica únicamente a las instituciones públicas, sino que es posible en cualquier espacio de decisión colectiva, y que la igualdad que demanda la democracia puede ser más o menos exigente, según el tipo de democracia que alguien defienda. Por ejemplo, puede implicar únicamente igualdad de voto en elecciones periódicas o se le pueden ir agregando “igualdades” hasta obtener una democracia más robusta.

En relación a la profundidad con la que se concibe el concepto de democracia, el 15M nace con la expectativa de acabar con una versión de mínimos de la misma, que era la que, hasta la fecha, había habilitado el modelo representativo, en el que la participación queda reducida a  votar cada cuatro años. Se pedía en cambio una democracia real, donde las personas comunes pudiéramos decidir sobre los asuntos colectivos y no nos encontráramos simplemente sujetas a la voluntad de los políticos de turno por buenos y bonitos que fueran. Una democracia participativa y/o directa y no solamente representativa. A su vez, la práctica de las asambleas del 15M encarnó un ideal de deliberación colectiva que iba mucho más allá de la expresión de nuestras preferencias individuales: se trataba de intentar llegar a consensos conjuntamente, adaptando nuestras posiciones según lo que escucháramos.

El movimiento municipalista recogió estas expectativas y formas de entender la democracia y se presentó a las elecciones de 2015 prometiendo democratizar las instituciones públicas y hacerlas más permeables a la ciudadanía: mandar obedeciendo. A su vez, ha defendido que la democracia debe ir más allá de la toma de decisiones institucionales, para implementarse también en espacios como la economía (cooperativas en lugar de empresas tradicionales, por ejemplo), la tecnología (gobierno democrático de plataformas digitales, por ejemplo), o la gestión de los bienes comunes.

si se reformaban los procesos de toma de decisiones para abrirlos a la ciudadanía así, sin más, se corría el riesgo de que las personas participaran en condiciones de desigualdad

Finalmente, y en estrecha relación con la idea de democracia participativa, el municipalismo defiende una idea de igualdad que va mucho más allá de la igualdad de voto. Se trata del objetivo (lejano pero plausible) de lograr que las personas tengan igual poder para impactar las decisiones que se toman sobre los asuntos comunes. Por eso es importante quitarle ese poder a los representantes, las empresas y los lobbies para dárselo a las ciudadanas y ciudadanos, ya sea a título individual (democracia directa) o a través de los movimientos sociales. Y esta igualdad está íntimamente ligada con la progresiva igualación de las condiciones básicas de vida, o al menos algunas de ellas. Por ejemplo, quien no tenga recursos para el cuidado de las personas dependientes no tendrá tiempo para informarse, deliberar o movilizarse junto con otras ciudadanas. La promoción de la igualdad política pasa, así, por la reducción de ciertas inequidades socioeconómicas, de status, etc.

Mirando estos elementos se puede llegar fácilmente a la conclusión que democracia no es meramente participación en cualquier sentido, sino que implica mucho más. La participación puede, es cierto, tener diferentes tipos de consecuencias positivas en términos de igualar a las personas respecto de representantes y lobbies a la hora de tomar decisiones, y también respecto de otras personas con mayor capacidad de organización y movilización. Pero la participación puede ir desde una mera encuesta o reunión a la toma de decisiones vinculantes a través del voto y/o la deliberación colectiva. Una audiencia pública o un encuentro con la alcaldesa no son democracia por sí solas, según los propios estándares que se había marcado el 15M y que el municipalismo recogió con orgullo. El tipo de democracia que quiere el municipalismo implica mucho más: quitar poder a las instituciones públicas y a los lobbies, para repartirlo de verdad. Y esto requiere la implementación de procesos y sistemas sofisticados de toma de decisiones, una gran cantidad de recursos y de compromiso político. ¿Cuánto ha avanzado el municipalismo en esta dirección?

El dilema

Las candidaturas ciudadanas que llegaron al gobierno municipal en 2015 se enfrentaron con un dilema inevitable. En el corto plazo, o implementaban una serie de políticas públicas transformadoras que promovieran la igualdad económica, social o cultural de las personas utilizando los procesos y herramientas institucionales tradicionales, o se embarcaban en una reforma de esas herramientas, para luego tomar decisiones bajo unas nuevas formas más democráticas. Si seguían el primer camino traicionarían en parte el mandato del 15M y de las votantes, puesto que deshacerse de la democracia representativa tradicional era un elemento central de la propuesta política. Si seguían el segundo retrasaban la implementación de medidas y políticas socioeconómicas urgentes que también formaban parte del programa político. Y esta segunda opción tenía una dificultad añadida: si se reformaban los procesos de toma de decisiones para abrirlos a la ciudadanía así, sin más, se corría el riesgo de que las personas participaran, pero en condiciones de desigualdad muy marcadas. La desigualdad básica que pone a personas sin recursos (dinero, tiempo, conocimiento, relaciones sociales) en una situación de desventaja enorme respecto de aquellas con más poder, aunque todas tengan formalmente la posibilidad de participar. Y esto tampoco generaría los resultados esperados.

Las candidaturas municipalistas han elegido el primer cuerno del dilema: implementar políticas públicas que mejoren la situación de las personas en términos de igualdad básica en áreas como los derechos sociales, el feminismo, la vivienda o el medio ambiente. Aunque han cortado relación con muchos de los lobbies y empresas que antes influían en la toma de decisiones municipales, lo han hecho sin abrir todas estas decisiones a la ciudadanía, sino implementando el conocimiento (valiosísimo, por cierto) de personas expertas y abriendo espacios de participación, sí, pero no de democracia real. Abriendo espacios de escucha, pero, en general, no de distribución de poder entre el “dentro” y el “fuera” de los ayuntamientos. La desigualdad entre quienes ocupan cargos públicos y las personas que simplemente expresan su opinión “participando” sigue siendo abismal. El hecho de que esta vez fueran representantes más sensibles a las demandas ciudadanas es sin duda una enorme noticia. Han gobernado para las personas y no para los grupos de poder o sus intereses partidistas. Pero esto no cambia el hecho de fondo: queda aún mucho camino por recorrer para que se trate de una democracia real como la que pedía el 15M. Para ello es necesario todavía que la toma de decisiones distribuida no dependa de quién gobierna, sino que esté estructuralmente asentada en las instituciones públicas. Y esto se hace a través de reforma de los mecanismos de toma de decisiones con el fin de quitar poder a representantes y funcionarios para dárselo a la comunidad.

Qué es lo que sí se ha hecho

Estas reflexiones no pretenden dibujar un ideal imposible de aplicar ni servir como crítica paralizante. Una democracia donde todas las personas se encuentren en perfecta igualdad a la hora de tomar decisiones, tanto en las instituciones públicas como en otros ámbitos, no es posible. De la misma manera que vivir en una sociedad no regida por criterios heteropatriarcales sigue siendo, lamentablemente, una utopía. Lo importante es seguir sosteniendo que este horizonte es deseable y caminar hacia él; no caer en la complacencia y la comodidad de pensar que como ahora quienes gobiernan no lo hacen para los lobbies, sino para la gente, entonces ya podemos delegarles el poder de decidir sobre cómo gobernar nuestra vida en común. Porque el día que estas personas cambien, volveremos a estar a la buena de dios. La tensión que genera la expectativa de más democracia es lo más sano que puede sucederle a nuestro sistema político en general y al municipalismo en particular. Es lo que hará que esas reformas estructurales sucedan.

El dilema que han enfrentado los gobiernos municipalistas era inevitable. Cualquier gobierno que hubiera querido implementar políticas sociales y democratizar las instituciones simultáneamente se habría encontrado con el mismo problema. No se puede cambiarlo todo al mismo tiempo. Y seguir la opción de implementar políticas sin cambiar las estructuras para la toma de decisiones, ha sido lo mejor que se podía hacer, dadas las condiciones.

Y es posible ir aún más allá en defensa de la estrategia seguida por el municipalismo. Aunque todavía no se ha llegado a la situación en la cual la toma de decisiones se base en formas democráticas más robustas, sí que se han hecho avances relativamente invisibles en esta dirección. Dos ejemplos ilustran muy bien este punto.

El primero es el de la creación de las infraestructuras digitales libres como Decidim en Barcelona, como red social y política para la participación ciudadana, y Consul en Madrid, para la presentación de propuestas, debates y presupuestos participativos, que permiten la toma de decisiones colectivas a través de la participación directa de la ciudadanía. Estas plataformas no han tenido aún todo el impacto que podrían en las decisiones públicas institucionales porque la implementación de las decisiones tomadas a través de ellas sigue dependiendo de la voluntad política. Por ejemplo, en el caso de Madrid, la implementación de las iniciativas ciudadanas depende de la voluntad del gobierno; en el caso de Barcelona, de su paso por el pleno municipal. Pero el hecho de que estas plataformas existan permite afirmar que tenemos ya una herramienta muy poderosa. Solo hace falta encajarla en el esquema institucional, así que ya estamos mejor que antes de que la herramienta existiera.

El segundo ejemplo es el de la reforma de la regulación legal. El caso del reglamento de participación de Barcelona es reflejo de una voluntad política clara de cambiar las formas de toma de decisiones y generar un ecosistema democrático con diversas piezas. Muestra que se han dado pasos en la dirección de cambiar los procesos para democratizarlos, y afortunadamente este reglamento ha sido aprobado con el apoyo de fuerzas políticas de la oposición. La nueva regulación legal incluye, entre otras cosas, disposiciones que mandan a que las iniciativas ciudadanas deban someterse a consulta popular en caso de obtener un cierto número de firmas (aunque por razones legales en el Estado español la implementación de los resultados dependa aún del pleno municipal).

Tanto las infraestructuras digitales como las reformas legales son claros ejemplos de cambios que tiene una visibilidad relativa, en comparación con políticas en otras áreas, pero que marcan un cambio de rumbo fundamental, hacia una democracia más profunda. Aunque sus efectos no se hayan notado en demasía y haya muchísimas otras medidas posibles en este sentido, se trata de dos herramientas que tocan realmente los procesos y las estructuras de toma de decisión. Esperemos que en los próximos años el municipalismo logre seguir avanzando en esta dirección.

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Estas y otras reflexiones se pueden encontrar en el libro Ciudades democráticas. La revuelta municipalista en el ciclo post-15M, publicado por la editorial Icaria. Este libro analiza el ciclo municipalista 2015-2019 con aportaciones de diversas autoras vinculadas a movimientos municipalistas que combinan saberes expertos y prácticos en sus análisis.

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