Lo normal es esclarecer las causas antes de asignar culpas. La culpa, para tener sentido, necesita contar un mapa de causas y consecuencias, a fin de poder seleccionar una conducta o una decisión, peor que su alternativa, que, con arreglo al mapa de situación del momento en que se llevó a cabo, debió haber sido evitada, siendo exigible alguna de sus alternativas. Puede haber causas sin culpa, pero no culpa sin causas.

Pero para ciertos asuntos hay cierta prisa por llegar a las culpas. Se busca primero la culpa (incluso compulsivamente), y después, de esa percha, se cuelgan algunas causas, como exigencias del guión. Al fin y al cabo, la culpa es una “explicación”, muchas veces retórica, o incluso emotiva, que no necesita corroboración. Es coloquialmente manejable, y las disputas a que da lugar son vistosas. Tranquiliza, porque permiten infantilmente pensar que, sin culpables, estaríamos ya en el paraíso. Para colmo, resulta muy eficaz, pues permite acabar el relato: el culpable es X.

Tan criticable es la prisa por las culpas como la opacidad sobre las causas. A la oposición se le podría pedir paciencia, lealtad y utilidad; al Gobierno, transparencia con todas las consecuencias

Sí, voy a hablar de la pandemia de la Covid-19. Y para ahorrar trabajo a lectores apresurados, avanzo lo que quiero decir: en España se ha desaforado la conversación sobre las culpas, y no sólo en el discurso propiamente político; pero el Gobierno tiene un medio limpio y claro para reducir, a medio plazo, esa efervescencia de manera eficaz: auspiciar, en el momento adecuado, una comisión parlamentaria de estudio e investigación sobre las causas de la pandemia y de sus efectos en España, las medidas adoptadas por el Gobierno, los déficits estructurales de nuestro país para afrontar un reto de este calibre, las necesidades de mejora, y sin descartar, como último apartado, la cuestión de las culpas y las responsabilidades. Porque tan criticable es la prisa por las culpas como la opacidad sobre las causas. A la oposición se le podría pedir paciencia, lealtad y utilidad; al Gobierno, transparencia con todas las consecuencias.

Gobierno y pandemia

La pandemia de la Covid-19 es asunto en el que urge más trabajar las causas/consecuencias que las culpas. Sin embargo, apenas pasaron los primerísimos días del desconcierto, y sin apenas información, ya se formularon por unos y por otros conclusiones provisionales que en seguida pasaron a definitivas, por más que hayan ido cambiando de argumentación. No brotaban del análisis, sino de la intención. La prueba era… la misma acusación. Una vez que el presidente del Gobierno tuvo aquella intervención en la que “asumía el mando”, convocaba a los españoles a una lucha contra la pandemia, y declaraba el estado de alarma, creo, sinceramente, que la oposición política entró en estado de alarma (con minúsculas) por la conciencia de que en los momentos de gran crisis, quien la gestiona cobra ventaja política. Frente a ello pudo hacer dos cosas: exhibir y exigir complicidad, o crear un relato político que neutralizase aquella ventaja política asignada, por defecto, a quien está al frente. Y es claro que al menos parte de la oposición –acaso por no recibir una oferta de complicidad–, y de los medios –porque son libres–, optaron por lo segundo. Yo percibí una prisa en conseguir que los ciudadanos no se instalasen en la confianza, sino que más bien lo hicieran en la desconfianza. Que en las casas y en las pantallas se hablase de asuntos que generasen discusión y, si es posible, indignación. Que hubiera asuntos, lemas, datos, y modos que permitiesen expresar descontento, dirigir el miedo o la rabia hacia el Gobierno, e incluso pedir una sustitución del Gobierno “socialcomunista” por otro “de concentración”, al que llamaron algunos con argumentos que quedarán para la hemeroteca.

Nada tiene de particular que se critique o se defienda la gestión del Gobierno (no faltaba más), ni tampoco que se haga desde opciones partidistas y con cálculos políticos. Pero tampoco está de más defenderse de quienes se empeñan en leer la realidad con desmesurada prisa para encontrarlo culpable o inocente, encajando toda una larga serie de “a posterioris” en el marco previo de la culpa o el mérito ya asignados: a medida que el Gobierno va tomando decisiones, unos ya tienen claro que eso es lo que había que hacer porque el Gobierno está muy bien asesorado, preparado y liderado, y otros enseguida saben lo que no se nos había ocurrido antes: que había que hacer lo contrario, y que la prueba está en los muertos.

Como si el margen de acción de un gobierno, más allá de corregir, anticiparse, mitigar o coordinar, pudiera ser determinante de asesinatos o de victorias totales. Como si se tratase de sumar y restar, y no de decidir entre varias alternativas difíciles, todas ellas con una ratio compleja de ventajas y costes, y teniendo que caminar al tiempo que se ata uno los zapatos, en un contexto no sólo de incertidumbre, sino de imprevisión. Olvídense por un momento del gobierno de España, que entonces nos nublamos, justamente porque nos entrará la prisa de que quede claro que no se ha podido ser más torpe, o que no se podía hacer mejor. Piensen en cualquier otro país del mundo respecto del que no les importe tanto quién gobierna. Miren los datos, las curvas, las cifras, y díganse si, cuando se trata de Australia o de Eslovenia, o de cualquier otro país del que no conozcan el nombre ni orientación política de su presidente, no tienden a pensar, más que en las culpas, en aspectos como el clima, el movimiento de personas, el tipo de actividad económica, las aglomeraciones urbanas, el sistema de salud, o el azaroso itinerario de los contagios iniciales. Pero si se trata de España, casi toda la conversación gira alrededor de que una manifestación no se prohibió, de que gobiernos de otros signos recortaran, o de que un líder de Vox tosiera en un mitin. Culpas. Está siendo muy cansino. No sé si como estrategia política acabará siendo eficaz, pero imagino que no soy el único que a lo largo de este tiempo se ha disciplinado para no verse a media mañana discutiendo políticamente sobre mascarillas y ataúdes, o sobre si Rosa Díez o Felipe González debían presidir un gobierno de excepción a las órdenes del rey.

Parlamento y pandemia. 

¿Es que la oposición debe de estar callada? ¿No es su función vigilar y criticar al gobierno? ¿Es que las culpas no son importantes en la gestión sanitaria y económica de una pandemia? Aquí viene la segunda parte.

Una democracia puede y debe someter a minuciosa revisión cada decisión del gobierno sobre un asunto de tanta trascendencia. Y el gobierno está obligado a facilitarlo. Con convicción y asumiendo riesgos. Un medio a su alcance, o más bien una radical exigencia, es la transparencia: puesto que se trata de decisiones complejas, el gobierno deberá estar en condiciones de exhibir, cuanto antes, los informes que recabó y en los que se basó para tomar las decisiones más relevantes que ha ido adoptando, así como las alternativas que tuvo sobre la mesa, y explicar cuáles fueron las razones que le hicieron adoptar unas y descartar otras. Y estará bien que se abra un debate serio y profundo sobre qué se pudo hacer mejor, qué habría sido más eficaz, en qué aspectos prevaleció la economía y en cuál la salud, en cuáles se antepuso la política a todo lo demás, en qué se equivocaron los epidemiólogos y en qué los gestores, quiénes presionaron más, y para qué.

¿Por qué no, entonces, una comisión de investigación parlamentaria? Pese a que dichas comisiones están generalmente tintadas de culpa (pues suelen perseguir la declaración de responsabilidades políticas), son un magnífico marco para hacer un ejercicio cabal de transparencia y, por tanto, analizar las causas y las consecuencias, sin perjuicio del examen final de las culpas, al que el Gobierno no debería resistirse. Es más, pienso que debería favorecerlo. El artículo 76.1 de la Constitución prevé el nombramiento de comisiones parlamentarias ad hoc (es decir, no permanentes), sobre “cualquier asunto de interés público”. Por ejemplo, ¡la gestión política de una pandemia! Para identificar en qué no estábamos preparados, qué decisiones se tomaron y por qué, qué se habría podido hacer mejor, qué medidas sí fueron eficaces, y cómo dotarnos de instrumentos para que eventuales nuevas acometidas nos pillen con algunos protocolos medio aprendidos. Y, si hubiera materia, para hacer reproches, y defenderse de ellos. Aunque bueno sería que la culpa no irrumpiese como elefante en el delicado bazar del análisis, sino que aguardase, paciente, por si alguien la llama.

Quienes, por disciplina mental, no hemos estado demasiado pendientes del tan apresurado y compulsivo fuego cruzado sobre las culpas y los méritos del Gobierno, tenemos derecho a exigir, cuando la crisis sanitaria esté apaciguada, la máxima transparencia del Gobierno. Nos la debe, especialmente a nosotros. Muchos hemos decidido postergar el debate de las culpas, porque somos conscientes de que, sin datos fiables y transparentes sobre las causas y las consecuencias, cualquier conclusión es precipitada, interesada y basada en prejuicios. Tenemos derecho a confiar en que una democracia es especialmente capaz de someter a examen su funcionamiento en un asunto de tanta trascendencia. Sin someterse a ese examen, la valoración de la gestión gubernamental de la pandemia quedaría confinada en la cháchara.