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DEMOCRACIA EN APUROS

Cronología de una abdicación anunciada

Desde la renuncia a la Corona de Juan Carlos I hasta su huida del país, la monarquía ha tratado a los ciudadanos como menores de edad que no pueden conocer los hechos y ha intentado contener el deterioro de la institución

José Antonio Martín Pallín 16/08/2020

<p>Salida real.</p>

Salida real.

Malagón

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Las andanzas de un Rey, fiel heredero de las costumbres de sus antepasados, han abocado a nuestro país a tener que enfrentarse a una situación política inédita, en unos momentos convulsos provocados por una situación sanitaria de gravísimo impacto sobre la salud de las personas y sobre la economía.

Estamos ante la crónica de una abdicación anunciada que está poniendo a  prueba la calidad de nuestro sistema democrático. Una sociedad democrática, asentada en las vivencias históricas y en la conciencia, valores y principios de los ciudadanos, habría afrontado la crisis sin las conmociones, casi telúricas, según algunos medios, que ha provocado una insólita y desafortunada estrategia que se puso en marcha con la desaparición del escenario del crimen del personaje que las ha desencadenado. No llego a comprender tamaño despropósito en una persona que, según sus vasallos, trajo la democracia a España. Esta afirmación, carente de cualquier fundamento razonable, menosprecia la memoria de los que fueron torturados, asesinados, encarcelados o represaliados por el ‘padre y mentor’ del monarca –que aceptó el legado del dictador sin poner reparos a su pasado sangriento–. Incluso, días antes de su muerte, le obligó a comparecer en el Balcón del Palacio de Oriente, para justificar los asesinatos legales de cinco luchadores por la libertad y la democracia.

Los hechos que han dado lugar a las investigaciones son incontrovertibles. Está documentado el ingreso, en unas cuentas en dos bancos suizos, de cien millones de dólares a nombre de testaferros de Juan Carlos y transferidos, en parte, a una amante conocida del Jefe del Estado, a través de dos fundaciones instrumentales que sirvieron para que el monarca repartiese los bienes –eso sí, a título de herencia–, entre sus hijos. Esa operación es solo la punta del iceberg que eleva la fortuna a miles de millones de euros cuyos datos se han ocultado en su mayoría a los ciudadanos españoles. El diario más prestigioso del mundo de la información, The New York Times, destapó en el año 2012 las finanzas ilícitas de Juan Carlos I, cifrada en la astronómica cantidad de unos 2.000 millones de dólares.

Cuando se tiene conocimiento de las investigaciones de la Fiscalía suiza y se constata la veracidad de estas operaciones, se disparan todas las alarmas. El ingreso de cien millones de dólares en una cuenta bancaria perfectamente identificada, con claves y transferencias, relacionada con el rey Juan Carlos, hacía imposible dar marcha atrás.

El New York Times destapó en el año 2012 las finanzas ilícitas de Juan Carlos I, cifrada en la astronómica cantidad de unos 2.000 millones de dólares

La abdicación de Juan Carlos I fue anunciada el lunes 2 de junio de 2014 y se hizo efectiva el 19 de ese mismo mes, cuando se publicó la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, que formaliza la abdicación. Para atajar las previsibles consecuencias futuras, se instrumentalizan dos decisiones​ muy significativas que, a pesar de los textos que las sustentan, suponen un reconocimiento implícito de las verdaderas causas de la abdicación.

En primer lugar se publica un sorprendente Real Decreto de fecha 13 de junio de 2014, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, que entró en vigor de forma simultánea a la abdicación, firmado por el entonces Presidente del Gobierno Mariano Rajoy y, curiosamente, por el propio Rey D. Juan Carlos I.  Su contenido es cuanto menos contradictorio y, en términos político-constitucionales, una increíble chapuza, que dice así: El 2 de junio de 2014, S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón comunicó al Sr. Presidente del Gobierno su voluntad de abdicar. Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares.

Evidentemente en esa fecha el príncipe Felipe todavía no era rey, ni existían precedentes sobre el mantenimiento del título de rey, aunque sea a título honorífico. Al mismo tiempo, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, para concederle el aforamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Los motivos que el rey Juan Carlos expone al presidente del Gobierno para justificar su decisión no pueden ser más inconsistentes y ajenos a la realidad. El contenido del Decreto de Abdicación es falso. Por supuesto no se trata de una falsedad penal sino, lo que es peor, de una mixtificación de lo que realmente había motivado esa decisión política de tanta trascendencia. Los acontecimientos posteriores así lo demuestran. 

Los ciudadanos españoles, tratados como menores de edad que no pueden conocer la verdad, nos enteramos, por medios de comunicación extranjeros de los que después se hacen eco los nuestros, de que, ante la inevitable judicialización de las actividades corruptas, se trata de abrir un cortafuegos que, como era de prever, no consigue sino propagar el incendio.

Formal y aparentemente, la descomposición y la hemorragia se había contenido. De manera sorpresiva, el día 15 de marzo de 2020, significativamente un día después de la declaración del estado de alarma, la Casa del Rey anuncia que Felipe VI ha renunciado a la herencia de Don Juan Carlos “que personalmente le pudiera corresponder” y ha avanzado también que el Rey “emérito” deja de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey. Felipe VI ha renunciado también a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona. Esta reacción, sin precedentes, no parece una forma justa de corresponder a los “sacrificios” de quien había abdicado por amor a España y a los españoles. No sé si los redactores del texto midieron correctamente el verdadero significado de sus expresiones. Estaba acusando a su padre y antecesor en la Corona de actividades delictivas.

Difícilmente se encontrará, en la historia de las abdicaciones reales, un comunicado tan duro y descalificador como el que hemos transcrito. En todas las monarquías que conviven con las libertades democráticas se han producido abdicaciones pero muy pocas por las causas que han obligado a nuestro Jefe del Estado a ceder la condición de rey a su hijo Felipe para  evitar un inevitable referéndum sobre el mantenimiento de la forma política constitucional de una monarquía parlamentaria.

Solo la abdicación de Alberto de Bélgica tiene algunas similitudes con la de Juan Carlos. Influyeron  sus amoríos y escándalos financieros

Eduardo VII de Inglaterra renunció a su condición para casarse con una divorciada. La reina Guillermina de Holanda abdicó en su hija Juliana, después de una vida marcada por su oposición al nazismo. Solo la abdicación de Alberto de Bélgica tiene algunas similitudes con la de Juan Carlos. Influyeron  sus amoríos y escándalos financieros. El texto de su discurso de abdicación parece haber servido de inspiración al que se contiene en la Ley Orgánica 3/2014 de 18 de Junio. El Rey Alberto justificaba su decisión porque consideraba que era el momento de pasar la antorcha a la próxima generación.

Si repasamos el texto por el que Juan Carlos justifica su abdicación, nos encontramos con una exuberante exposición de sus aportaciones a la consolidación de la democracia y su amor a España y a los españoles, sin una sola referencia a quien le otorgó la Corona, como hizo en el discurso de coronación, pleno de elogios al Generalísimo Franco. Legitima su título de rey por la transmisión dinástica de su padre Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona, de quien hereda el “legado histórico de la monarquía española”. Ninguna referencia a la Constitución o la llamada transición democrática que constituyen el único sustento de su legitimidad. 

En síntesis, si eliminamos la hojarasca, la decisión se justifica por haber cumplido 76 años, lo que le lleva a considerar que ha llegado el momento de preparar, en unos meses, el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. Añade: El Príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la Jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. 

Por si había alguna duda sobre las verdaderas causas de la renuncia, la carta, inicialmente privada, pero esta vez hecha pública, disipa cualquier incógnita. “Majestad, querido Felipe: Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen”.

Si el más mínimo sentido de su responsabilidad ante ese pueblo que, según dice, tanto ama, decide, por su soberana voluntad, “trasladarse”, en estos momentos, fuera de España, creo que se equivoca al pensar que ese es el mejor servicio a los españoles y a sus instituciones, incluida la Monarquía. Majestad, recuerde que San Ignacio aconsejaba, en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. 

La referencia a ciertos acontecimientos de su vida privada no podían ser otros que los que están siendo objeto de investigación por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Para atajar posibles consecuencias, si los hechos se investigan y juzgan en Suiza, España promulga, después de 37 años de democracia y más de 61 años de vigencia, la  Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España. En virtud del principio de reciprocidad, Juan Carlos sería inmune a cualquier actuación de las autoridades suizas.

Si la verdadera causa de la abdicación hubiera sido la de dar paso a una nueva generación, su decisión no hubiera ocasionado  las conmociones que estamos viviendo en el momento presente.  A la situación actual me remito. El Parlamento no ha tomado ninguna decisión sobre la gravedad política e institucional de una huida (o traslado, me da igual) a los Emiratos Árabes  –sistemas antidemocráticos y corruptos donde los haya–, acuciado por una investigación de la Fiscalía General del Estado –inédita en nuestra reciente andadura constitucional–. La manera en que termine este episodio procesal marcará definitivamente el porvenir  de la salud democrática de nuestro país.  

El preámbulo de nuestra Constitución solo proclama que “la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía” se propone “establecer una sociedad democrática avanzada”. Como se puede comprobar, ese preámbulo no hace ninguna referencia a la Corona o a la Monarquía como eje fundamental y esencial de una sociedad democrática avanzada. Si sustituimos el Título II –de la Corona– por otro tomado de cualquier Constitución republicana, nadie podrá argumentar, salvo los fieles vasallos, que en España no reinan las libertades y no vive en una democracia con la vocación de ser lo más avanzada posible.

Se acercan los “idus de Septiembre”, con varios frentes abiertos. En estos momentos de zozobra nuestra plegaria podría ser: Dios o quien corresponda salve a la democracia.

Autor >

José Antonio Martín Pallín

Es abogado de Lifeabogados. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).

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