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Yeison Garcia /Activista antirracista y politólogo

“Cuando parte de la clase obrera asume un discurso de extrema derecha está defendiendo su privilegio racial”

Tiare Gatti Mora 18/11/2020

<p>Yeison García.</p>

Yeison García.

Sara Garchi / Cedida por el entrevistado

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El actual Gobierno de España parece haber hecho de ‘‘no dejar a nadie atrás’’ su lema. Especialmente si observamos el racismo de nuestro país, cabe preguntarse a quiénes incluye ese ‘‘nadie’’: colectivos migrantes y no blancos denuncian su situación de particular precariedad y exclusión, que se ha visto empeorada por la pandemia. #RegularizaciónYa, un movimiento nacido en 2020, une a estas personas, que se sitúan como líderes de un movimiento que deja muy claro su mensaje: lo que piden no es caridad, es justicia social. Esta importantísima diferencia señala que la izquierda española necesita abandonar el paternalismo y adoptar medidas radicales. Éstas deben considerarse indispensables, y no un añadido a las medidas que se puedan tomar en la lucha contra la desigualdad económica dirigidas a la clase obrera blanca y nacionalizada española.

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El activista antirracista y politólogo Yeison Garcia (Cali, 1992) cuenta las situaciones que viven las personas migrantes y no blancas en España y cómo se están organizando para combatirlas desde el antirracismo.

Vemos a organizaciones antirracistas denunciar, entre otras cosas, la Ley de Extranjería. ¿Qué es el racismo institucional español y cuáles son sus orígenes?

Cuando se piensa en el racismo, suele plantearse una denuncia desde un marco únicamente moral, como si el racismo no fuera más que una cuestión interpersonal, ignorando así su raíz histórica. Lo que ha querido reivindicar el antirracismo en los últimos años es que, sin embargo, el racismo es una cuestión estructural e histórica. Nace en 1492, con el mal llamado descubrimiento de América. Se empiezan a elaborar una serie de tesis que legitiman la esclavización, en el caso de las personas negras, pero también la persecución a través del Estado nación de aquellos que no comulgaran con la religión católica. La persecución a los musulmanes, que llevaban siglos habitando el sur de la península ibérica, es un ejemplo de ello. También la persecución al pueblo gitano. Todas las comunidades no blancas son perseguidas por un marco racista que se invisibiliza. Son estas raíces históricas las que alimentan las estructuras del Estado para tratar de manera diferente a colectivos racializados. 

Se habla mucho de la relación entre una lucha de clases de izquierdas y una lucha antirracista. ¿Cuál es el argumento que defiende que deben ir de la mano? 

Las izquierdas han tenido en cuenta, históricamente, el planteamiento de que la clase lo explica todo. En los últimos años, el movimiento feminista ha hecho un gran trabajo introduciendo el género en el marco explicatorio de las desigualdades estructurales. Por lo tanto, ahora mismo, siempre que se plantea una política pública hay un consenso general sobre tener en cuenta el impacto de género que va a tener. Sin embargo, a la hora de plantear lo racial como forma de explicar la desigualdad estructural, gran parte de la izquierda española todavía se siente bastante perdida. Esa vertiente de la izquierda cree que con hablar de clase es suficiente. Como nunca se ha planteado un debate racial dentro de sus espacios, sostienen que este no forma parte del análisis, o lo sitúan constantemente como algo complementario ligado a lo migrante.

Introducir el debate racial dentro del análisis de clase no divide a la clase obrera, que ya lo está, sino que amplía la mirada para no dejar a nadie atrás

Cuando una serie de personas y movimientos queremos situar lo racial como marco explicatorio, se nos señala como si quisiéramos dividir a la clase obrera. En un artículo de CTXT, Pastora Filigrana planteó, muy acertadamente, que la clase obrera ya está dividida. Las desigualdades estructurales violentan muchísimo más a las comunidades y pueblos migrantes y no blancos, a los cuales sitúan en el punto más bajo de la escala social. Por lo tanto, introducir el debate racial dentro del análisis de clase no divide a la clase obrera, que ya lo está, sino que amplía la mirada para no dejar a nadie atrás. A pesar de esta realidad, muchos sectores de la izquierda han visto nuestro planteamiento como un ataque constante.

¿Y cómo ve la relación entre obreros blancos y obreros racializados o migrantes?

Cuando parte de la clase obrera asume un discurso de extrema derecha, que evidentemente va en contra de sus derechos como clase obrera, lo que está defendiendo es su privilegio racial. La izquierda, a su vez, tiende a defender al obrero blanco, no al obrero migrante, el obrero no blanco. Se trata de una defensa de su capital social respecto a su blanquitud. Esto es algo que planteaba W. E. B. DuBois. Lo más complicado a la hora de crear una alianza entre obreros racializados y obreros blancos es tratar el capital social que tiene el obrero blanco. A pesar de que materialmente están en las mismas condiciones, aunque las personas racializadas sufran malas condiciones en mayor medida, el obrero blanco tiene acceso a una serie de derechos que otros no tienen. Y hay privilegios que otorga la supremacía blanca a los que los obreros blancos no quieren renunciar. 

¿Cuál es la relación entre capitalismo y racismo en España?

El capitalismo se desarrolla en el momento en el cual se produce el secuestro y comercio de personas. La legitimación del propio desarrollo del capitalismo está atravesada por el hecho de que se justifique la esclavización. Esto, planteado desde el marco histórico del racismo, produce que una serie de grupos sean deshumanizados. Y sigue ocurriendo actualmente: lo podemos ver, por ejemplo, en las situaciones que están viviendo muchos hermanos y hermanas en los asentamientos. Se sitúan fuera de un marco de derechos, y están, por lo tanto, excluidos de la sociedad. El hermano Seydou Diop, portavoz de ASNUCI y de #RegularizaciónYa, lo plantea muy bien: ahora se ha visibilizado mucho la realidad de los asentamientos, pero lleva existiendo más de veinte años. No es un problema del momento, es una política de estado que delata que el capitalismo sigue situando a ciertos grupos fuera del marco del derecho. Esto también se ve constantemente reflejado en la violencia que hay en la frontera sur. Un claro ejemplo es lo que pasó en el Tarajal: los guardias civiles utilizaron gas lacrimógeno y pelotas de goma contra personas que estaban en el mar, cuando en ese momento ni siquiera estaba reglamentado el uso de ese tipo de material dentro del agua. Si llega a hacerse esto es porque no se está considerando a esas personas como humanas ni como garantes de derecho. 

Hemos visto a activistas antirracistas recalcar que durante la pandemia, la situación de las personas migrantes en territorio español ha sido particularmente dura. En 2020 nace el movimiento #RegularizaciónYa, demandando la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas, ante la emergencia sanitaria representada por la pandemia. ¿Cómo ve la aparición de este movimiento?

El movimiento #RegularizaciónYa representa la unión de algo que lleva ocurriendo, progresivamente, desde hace unos años. Aquí en Madrid, ha habido una ruptura con un cierto tipo de antirracismo que estaba ligado a aspectos morales y a un discurso de personas que decían que ‘‘nos daban voz’’. El cambio, que ha culminado con #RegularizaciónYa, no se debe simplemente a una cuestión narrativa sino también generacional. Hay gente que lleva mucho tiempo trabajando, que ha hecho grandes cosas dentro del antirracismo, pero que hacía un planteamiento bastante paternalista hacia las personas migrantes. En Madrid, la atención surgió cuando lanzamos la primera manifestación contra el racismo coordinada y gestionada por personas no blancas. Eso a estas organizaciones de las que hablo les dolió mucho, porque estaban acostumbradas a ser las protagonistas de estas acciones políticas. Movió, a nivel estatal, el siguiente planteamiento: nosotras somos las protagonistas y tenemos que estar a la cabeza de toda manifestación y toda acción política y, por supuesto, de cualquier decisión. Esto ha llevado al nacimiento de muchas organizaciones y a la aparición de muchos activistas situados desde este marco. La campaña de #RegularizaciónYa viene a asentar todo este cambio que se ha estado produciendo. No deberían ser las grandes organizaciones las que lleven el protagonismo dentro de esta demanda social, somos las personas migrantes y no blancas autoorganizadas las que debemos llevar la voz cantante. Nosotras somos las que situamos a las demás organizaciones, que tienen presupuesto, en nuestro marco. El movimiento #RegularizaciónYa es, además de un cambio de narrativa absoluto, un cambio en la práctica política, en el paradigma de cómo se entiende la lucha política por los derechos de las personas migrantes y por el antirracismo.  

Una medida que era necesaria y todavía no se había aplicado, el Ingreso Mínimo Vital, deja fuera a las personas en situación administrativa irregular

¿Qué le parece la PNL (Proposición no de Ley) de #RegularizaciónYa?

Esta PNL se presenta como una forma de seguir alimentando el debate, posicionando a los partidos políticos frente a la regularización: ERC, Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia En Común, BNG, CUP, EH Bildu, Compromís, Más País- EQUO y Junts Per Catalunya firmaron la PNL. 

Lamentablemente creo que si se produce una regularización seguramente no sea en los términos en los que la estamos pidiendo, sino sectorial: de la gente del campo y las trabajadoras del hogar y de los cuidados.

¿Cómo ha visto empeorar la situación de las personas migrantes?

El caso de los hermanos, mayoritariamente senegaleses, que se dedican a la venta ambulante ejemplifica muy claramente cómo, con la pandemia, empeoraron las condiciones de las personas migrantes. Están en situación administrativa irregular: durante el confinamiento y el estado de alarma, al estar todo parado, no tenían ningún tipo de vía por la que obtener recursos económicos para comprar comida, pagar el alquiler, la luz, el agua, el gas… Fueron las propias redes antirracistas, en el caso de Madrid el Sindicato de Manteros, las que apoyaron a los hermanos sin recursos, pero el resto no recibieron ayuda. Una medida que era necesaria y todavía no se había aplicado, el Ingreso Mínimo Vital, deja fuera a estas personas en situación administrativa irregular, que muchas veces están en asentamientos.

¿Cómo percibe la implicación y respuesta (o la falta de ella) de las instituciones?

La situación económica, social, política y sanitaria que nos afecta actualmente hace crecer las desigualdades estructurales que ya sufría la población migrante. Aquí en España, reivindicamos poder tener datos para saber cómo afecta esta crisis sanitaria a la población migrante y no blanca. En Estados Unidos, la pandemia ha golpeado con muchísima más fuerza a la población afroestadounidense e hispana: ¿por qué? Por unas desigualdades estructurales que ya existían anteriormente. En Brasil ha ocurrido algo parecido. Y aquí no disponemos de los datos que tienen allí pero, por las propias organizaciones sociales y migrantes, sabemos que también ha pasado algo similar. Los datos que dio la Comunidad de Madrid fueron sacados para utilizarse en contra de la población migrante, señalándola como si fuera la que trae el coronavirus. Nosotras queremos señalar que la población migrante y no blanca tenía unas condiciones de vida ya duras que la covid-19 ha acrecentado. Isabel Díaz Ayuso declaraba que el problema es el ‘‘modo de vida’’ de la población migrante. Y ese discurso cala. Una parte importante de la izquierda respondió bien, señalando que lo que ella llama ‘‘modo de vida’’ de la población migrante se trata, en realidad, de desigualdades estructurales. Que vivan cinco o seis personas en un piso no es una libre elección: es una consecuencia de esas desigualdades. La propia Ley de Extranjería dificulta el acceso a derechos. 

¿Y cuál cree que es el rol de las instituciones en el antirracismo?

Hay que individuar el papel de las instituciones en el antirracismo político y, para empezar, su papel en el marco histórico. Su rol debería ser el de transformar la estructura, no buscar campañas de sensibilización para ‘‘cambiar a la sociedad’’: Eso no es suficiente. Una parte del antirracismo está totalmente en contra de la condición de Estado nación, ya que lo considera como un armazón jurídico-político que da sentido al propio racismo. Hay mucha gente antirracista ligada a planteamientos anarquistas. El rol de la institución es doble: en sí, muchas instituciones son las que hacen el racismo como práctica institucional y estructural histórica, pero, a la vez, son las propias instituciones las que deben ser transformadas para que se produzca un cambio. 

¿Hasta qué punto le preocupa el crecimiento de la extrema derecha en España?

El racismo no nace con la extrema derecha. En el recorrido histórico de este país, medidas racistas han sido defendidas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. El crecimiento de la extrema derecha saca lo que ya estaba escondido dentro del Partido Popular. Sitúa todo el discurso contra la migración en el centro del debate, sin ningún miramiento. Se han quitado la careta. El hecho de que la extrema derecha siga creciendo es un peligro para los derechos de las personas migrantes: ese mismo discurso de Ayuso va, en parte, encaminado a disputarle el voto a VOX. El papel de la extrema derecha, en muchas partes de Europa, es influir en el marco de los partidos progresistas y conservadores. Y esa influencia, principalmente sobre migración, es su mayor ‘‘logro’’. El crecimiento de VOX hace que sea mucho más complicado articular una serie de alianzas con partidos de izquierdas, ya que muchos de ellos ven que el marco de protección de los derechos de las personas migrantes y la acción política antirracista no les permiten ganar votos. Esto lo vemos constantemente con el PSOE: ahora mismo no quiere saber nada de regularización. Se habla de tener un debate sobre la Ley de Extranjería, incluso de derogación, pero a la hora de plantear este debate lo presentan como uno en el que tiene que haber consenso entre todos los partidos, y eso no lo va a haber. Se amparan también en directivas de la Unión Europea para decir que no se puede regularizar a las personas en situación administrativa irregular, cuando sí se puede, y además no sería la primera vez en España. Lo que más me preocupa es que el discurso de la extrema derecha que vincula regularización con efecto llamada, no sólo lo están defendiendo ellos. Éste es un claro ejemplo de la influencia de la extrema derecha en otros actores del tablero político.

Este año hemos sido testigos de protestas a nivel mundial, y de un aumento de la popularidad del movimiento antirracista. Se podría decir que recuerda un poco a lo que pasó con el feminismo en 2017, con iniciativas como el #MeToo. Hemos visto que sectores neoliberales pretenden apropiarse de parte del feminismo. Este tipo de feminismo representa una manera superficial y discriminatoria de tratar problemas estructurales. ¿Teme que también pueda desarrollarse un ‘‘antirracismo neoliberal’’?

Este es un tema preocupante. Algunas personas hablan de antirracismo liberal, que plantea simplemente una cuestión de representación: tener a personas negras y no blancas en espacios considerados importantes, cuando esas personas racializadas no tienen ningún tipo de pensamiento crítico ni vinculación con ningún movimiento. En España, el movimiento antirracista tiene que profundizar mucho más en muchísimas cuestiones. Actualmente veo derivas alarmantes: existe un antirracismo que reproduce discursos pero no tiene ningún tipo de práctica política. Un antirracismo que se sitúa simplemente en las redes sociales, que también son un campo de disputa, por supuesto, pero que deja a un lado la autoorganización de las personas migrantes y no blancas, la importancia de establecer asambleas, la parte más conflictiva, pero más necesaria, que es la parte de las alianzas. Bajo un discurso antirracista elabora postulados ultraesencialistas, que atrapan a la propia crítica antirracista en un marco complicado de cuestionar, ya que muchas veces desconecta de las cuestiones materiales, como raza y clase o raza y género, quedándose en un discurso vacío. Esas derivas neoliberales superficiales se van a ver, y se van a usar para frenar al movimiento de verdadera transformación social. Los espacios que fomentan una idea de representación sin ninguna práctica política de transformación social, ni redistribución de poder ni de recursos, representan, en muchas ocasiones, un lavado de cara. Y realmente, la derecha ha sido la que mejor ha jugado con este tipo de representación. 

¿Cree que la condena a los asesinatos de personas negras en Estados Unidos y, en contraste, el silencio con respecto a la situación de las personas migrantes en España, podrían tener algo que ver con esta tendencia?

CNAAE (Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente en España) es una plataforma que creamos personas afrodescendientes para apoyar a los hermanos que se están movilizando en Estados Unidos, condenando el asesinato racista de George Floyd, pero también visibilizando la situación de la población negra aquí en España. Nacimos para ayudar a esa parte de la izquierda a la que le cuesta ver sus realidades cercanas: les entusiasma Angela Davis y el trabajo de las Panteras Negras, pero son totalmente ignorantes con respecto a lo que está sucediendo aquí. Cuando se les señala parece que lo reconocen, pero luego no se llega a ningún tipo de compromiso real. Pero también hay partes de la izquierda comprometidas que asumen su problema, y que han empezado a trabajar con organizaciones afrodescendientes para mejorar la situación de la población negra en territorio español. Es una lucha internacionalmente reconocida como necesaria y que no puede quedarse atrás ni ser tratada de forma superficial.

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