“Ya existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar, si se les diese un empleo racional, toda verdadera penuria de la vivienda. Esto sólo puede lograrse, naturalmente, expropiando a los actuales poseedores y alojando en sus casas a los obreros que carecen de vivienda o que viven hacinados en la suya”. (Engels, 1873).

Ciertos movimientos sociales cristalizan en asociaciones que son claves para coordinar la gobernanza multinivel. En la lucha por el derecho a la ciudad, la ciudadanía organiza la resistencia por un contexto urbano más equitativo e inclusivo a partir de iniciativas que buscan, por ejemplo, potenciar espacios para el empoderamiento y participación ciudadana, o garantizar el acceso y mantenimiento de la vivienda como un derecho. En la reflexión que sigue, se emplea el caso del movimiento Okupa y el Sindicat de Llogaters en Barcelona para, por un lado, ensalzar su componente más social y originario, y por otro, explicar la función que cumplen, imprescindible para hacer efectiva la soberanía popular y su potencialidad emancipadora. 

La corriente neoliberal de finales de siglo pasado y su continuidad con las políticas de austeridad postcrisis 2008 han debilitado incluso la legitimidad de la socialdemocracia, lo que empobrece y privatiza nuestros contextos de bienestar. El derecho a la vivienda queda subordinado a la capacidad económica de quienes quieren acceder al mercado inmobiliario. A nivel europeo, el aumento en los impagos y desalojos conlleva el incremento y el riesgo al sinhogarismo, mientras que la falta de asequibilidad en precios afecta directamente a la capacidad de acceso a la vivienda. Esto supone la diversificación de los perfiles de vulnerabilidad: que afecta a todas las edades, con mayor incidencia entre los jóvenes; géneros, donde las mujeres se llevan la peor parte; y nacionalidades (Fondation Abbé Pierre & FEANTSA, 2020). Además, las presiones externas producto de la gentrificación, que cada vez más se pone la careta de “turistificación”, hacen que la dificultad en el acceso y mantenimiento de la vivienda sea una problemática cada vez más generalizada.

La dificultad en el acceso y mantenimiento de la vivienda es una problemática cada vez más generalizada

Ante la exclusión social que potencia el mercado inmobiliario, crece la resistencia popular organizada. La ciudad es un espacio de diálogo entre perspectivas diferentes de desarrollo urbano. La innovación se materializa en movimientos sociales y alternativas que luchan para poder decidir el cómo y el dónde quieren organizar sus vidas. Perspectivas que no solamente surgen ante una situación de desigualdad, sino que plantean escenarios distintos en cuestión de vivienda y aspiran en última instancia a una transformación del modelo de relaciones sobre el que construimos nuestras sociedades. Esta resistencia organizada no es perjudicial, al contrario, es creativa y anterior al poder. Son las relaciones de poder las que tienden a conservar los estados de dominación, por lo que es la resistencia la que originariamente configura el poder, y no al revés. De todos modos, resistencia y poder siempre van de la mano, ejerciéndose una evidente influencia bilateral en su necesaria interdependencia. 

Por ello, los movimientos sociales ligados a la vivienda se originan como resistencia a las lógicas de mercantilización de la ciudad. La constante tensión e incertidumbre social ante las decisiones jurídicas en materia de vivienda, así como sus evidentes logros en la configuración de la justicia social compartida, legitiman al movimiento y le dan carácter atemporal y globalizado. Lefebvre (1968), se refería al “derecho a la ciudad” como uno de los derechos fundamentales del ser humano y de la ciudadanía. Implica la motivación de la sociedad civil para recrear la ciudad como parte de una misión común y colectiva. Este es el contexto donde nace la movilización, que cimenta las bases para el empoderamiento social hacia un espacio urbano de todos y para todos. No solo se lucha por conseguir garantizar una vivienda digna como derecho, sino un espacio urbano compartido y equitativo, apto para la participación ciudadana y el diálogo constante entre el nivel político institucional y el estrato local, común y social, estableciendo una auténtica red de gobernanza compartida.

Esta descripción teórica se materializa a partir de innumerables movimientos y asociaciones, de las cuales señalamos dos, debido tanto a su importancia intrínseca como a su condición de actualidad. Es el caso tanto del movimiento Okupa, representativo en la creación de espacios comunes autogestionados de empoderamiento social, como del Sindicat de Llogaters, que lucha para garantizar el derecho a la vivienda. Aunque parten de diferentes posiciones y son concepciones formales distintas, ambos movimientos comparten una visión general de resistencia, que aboga por un modelo urbano centrado en las necesidades sociales de la población en vez de en el valor monetario de cambio del suelo. A continuación, se explican sus auténticas motivaciones originarias, que los definen como movimientos de respuesta popular ante la auténtica problemática compartida que escenifica el mercado inmobiliario excluyente y la insuficiente intervención pública en el mismo. 

A/ El Movimiento Okupa. Una lucha histórica por los derechos locales y el empoderamiento social

Últimamente no paran de salir noticias alarmistas sobre la okupación, que a pesar de ser una problemática demostrada como prácticamente inexistente para la gran mayoría, parece que atenta sobre la sagrada libertad y propiedad privada de ciertos puestos de poder, concentrados en la derecha más populista. Esto, además de ser un acoso injusto y desentendido que lo único que pretende es en su mayoría criminalizar al pobre, como si lo fuera por vagancia o falta de méritos, pierde la noción global de lo que significa el movimiento, que manifiesta la resistencia popular ante un abuso indiscriminado de poder. Es bien sencillo, cuando la vivienda es un derecho la okupación es la respuesta social que lucha por su cumplimiento. Pero este movimiento es mucho más que eso, va más allá de marcos legales que debaten entre allanamiento o usurpación, e incluso trasciende a la propia vivienda.    

Empleamos el paradigmático caso de Can Vies en Barcelona para contextualizar y explicar su auténtico alcance, conscientes de que existen multitud de ejemplos similares en diversos contextos. Okupado desde 1997, es una muestra en activo (temporalmente cerrada por la crisis sanitaria) de la primera gran oleada de okupaciones que surgen en respuesta al registro en el código penal del delito de usurpación de 1996, a partir del cual destaca además la primera y emblemática entrada en el cine Princesa o la okupación de la fábrica Hamsa, desalojada en 2004. Can Vies se sitúa en la zona que limita el barrio de Sants con el de La Bordeta, en la zona periférica sur de Barcelona, limítrofe con Hospitalet. Este barrio tradicional obrero se caracteriza por un movimiento popular sostenido en el tiempo y fuerte en intensidad, con grandes reivindicaciones que se vienen sucediendo desde la transición. Dada su longevidad, se convierte en un nexo imprescindible dentro de esta lucha. El Centro Social Autogestionado Can Vies participa activamente a lo largo de los años, como punto central de la asamblea de barrio, donde participan diferentes organizaciones como el Ateneu Llibertari de Sants, el Kasal Independentista, Can Batlló (que el ayuntamiento cedió a la autogestión social después de una lucha vecinal en la que participó Can Vies) o la Colla els Diables.

Los centros sociales autogestionados son núcleos politizados de resistencia y búsqueda de sistemas alternativos al capitalismo

La lógica mediante la que funcionan estos espacios es común. Se basan en la autogestión y la horizontalidad, las decisiones se toman mediante asambleas, así como la distribución de las tareas. Esta manera de hacer tiene también una voluntad transformadora, donde las personas no sean consumidoras pasivas de un producto discrecionalmente diseñado, y además se intenta llevar una vida fuera de las lógicas de acumulación típicas del modelo capitalista. Es por eso que todas las actividades son gratuitas y brillan principios como la ayuda mutua o la solidaridad que, muchas veces, se confrontan con la lógica de la organización de la vida cotidiana autoimpuesta por el modelo económico, los intereses de producción, la sociedad de masas y consumo, y las luchas especulativas urbanas por el espacio.

Es por este tipo de iniciativas de base que se puede afirmar que estos centros sociales son puntos de cohesión social o nodos, que promueven dinámicas “bottom-up”, así como núcleos politizados de resistencia y búsqueda de sistemas alternativos al capitalismo. Además, consiguen agrupar otros ejes ideológicos de resistencia y lucha, como son el feminismo, el ecologismo, la lucha por el espacio público y de vida en de calle, o diversas iniciativas anarquistas y socialistas, por ejemplo. Son por tanto claves para la participación y empoderamiento ciudadano, representando una función de eslabón entre las instituciones y las comunidades locales. Así, a partir del empleo del espacio urbano de un modo distinto al tradicional y totalmente fuera del mercado inmobiliario, consiguen legitimar no solo dicho uso sino convertirse en auténticos nodos locales a partir de los que se organizan las redes de gobernanza compartida.

B/ El Sindicat de Llogaters. Alquiler y derecho a la vivienda

En septiembre, Cataluña aprobó una ley, precursora a nivel estatal, para regular el precio de los alquileres por zonas utilizando el índice de referencia de los precios del alquiler publicado a nivel nacional y por comunidades. Esto supone una transformación en la manera de concebir la vivienda y es un primer paso hacia una transición necesaria y anunciada, donde se prioriza el derecho a la vivienda sobre los intereses inmobiliarios. Es una victoria del Sindicat de Llogaters de Barcelona, que ejerce su papel mediador representando a miles de personas y su lucha por el derecho a la vivienda. 

El sindicato nace en mayo de 2017, como respuesta a la crisis de vivienda de la ciudad que hacía que el acceso a la vivienda fuese cada vez más difícil. El modelo se inspira en prácticas similares llevadas a cabo en otros países como es el caso del alemán “Berliner MieterGemeinschaft”, el sueco “Hyresgästföreningen” o el argentino “Unión Argentina de Inquilinos-UAI”. En este contexto, nace aspirando a convertirse en un actor de negociación colectiva que permita canalizar las demandas y reivindicaciones de los residentes de la ciudad. Por ello, se crea la campaña “Ens Quedem” con el eslogan: “No queremos vivir en silencio, alzamos la voz y nos quedamos”. Esta campaña se enfoca a reducir el porcentaje de ingresos que las personas residentes en Barcelona destinan a la vivienda, entre un 47% y un 65%, mucho mayor que lo recomendado por las Naciones Unidas, y también en incrementar la duración de los contratos de alquiler, que estaban fijados en este periodo en 3 años.

La potencia transformadora del Sindicat de Llogaters reside en su capacidad de coordinarse con otros actores para penetrar en el debate público y conseguir sus objetivos

El objetivo final del sindicato sería superar el acceso injusto e ilegítimo a la vivienda, lo que está regulado con el Artículo 47 de la Constitución española, que asegura el derecho de toda la ciudadanía a tener una vivienda digna. Es decir, reivindicar la función social de la vivienda por encima de su valor económico. Una de las estrategias utilizadas es el trabajo en red y la cooperación con otros actores que comparten los mismos objetivos: tanto a nivel micro, promoviendo la asociación e implicación de los particulares y las familias dentro del sindicato; a nivel medio, a partir de acciones con organizaciones similares; y a un nivel macro, intentando influir en la administración pública con el fin de encontrar soluciones políticas para el problema social de la vivienda. Todo ello facilita la creación de un tejido social que favorece la cohesión entre iniciativas y programas que fomenta la creación de un espacio de bienestar común. Su capacidad transformadora reside en la capacidad de coordinarse con otros actores para penetrar en el debate público y conseguir sus objetivos. De hecho, se podría decir que el Sindicat no está desarrollando tanto una estrategia “bottom-up” sino una aproximación “bottom-linked” de contacto con la administración pública, principalmente, a nivel municipal, basada en la búsqueda de alianzas con otros grupos con el fin de solventar un problema global de la ciudad.

Un ejemplo de esta colaboración con actores es la formación en temas de vivienda y conocimiento de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), que se llevó a cabo con otros colectivos como: la Xarxa d’habitatge de l’Esquerra de l’Eixample, Col·lectiu Akelharre, Som Santa Eulàlia, Asociaciones de vecinos y vecinas de San Martí en Provençals, La Palmera, la Verneda, Via Trajana y La Pau, o la Associació de Veïns la Rambla de l’Eixample. Asimismo, junto con otras plataformas y movimientos no solo relacionados con el tema de la vivienda sino también con otras problemáticas de la ciudad de Barcelona (turistificación, precarización, etc.) se creó la plataforma “Barcelona no està en venda”, que busca la reapropiación de la ciudad y una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de la ciudad.

Por lo que respecta a su estructura interna, el sindicato se basa en la autoorganización de los inquilinos que comparten una misma problemática. El hecho de que se constituya como sindicato se debe a su intención de permanecer en el tiempo como un actor colectivo que represente a todas las personas que viven de alquiler en Barcelona y no como una iniciativa que surge solamente como algo reactivo a la burbuja de los precios. Un pilar clave de la organización es la búsqueda de la participación democrática y horizontal de sus miembros, por ello, las decisiones se toman en asambleas periódicas. En ellas, se comparten experiencias y se decide de forma colectiva la estrategia a seguir. A partir de estas asambleas, se crean comisiones menores donde se trabajan de forma concreta los distintos asuntos de la organización: la historia del sindicato, organización y acción, servicios, comunicación y extensión territorial. Estas comisiones se reúnen semanalmente y en ellas se debaten las prioridades de cada momento para distribuir las tareas de mantenimiento del sindicato. Para participar, las personas afiliadas deben rellenar un formulario que está disponible en la página web. Además, las decisiones importantes se debaten en dos asambleas generales por año donde todos los afiliados tienen voz y voto.

Para concluir, ambos casos presentados son muestras del empoderamiento de la ciudadanía para poder participar en los procesos de tomas de decisiones urbanas de forma horizontal. Así, los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, y a la ciudad, nacen en respuesta a un modelo urbanístico que prioriza la rentabilidad económica sobre las necesidades de la población. La organización popular emerge como una respuesta en forma de resistencia frente a las lógicas mercantilistas. Cristaliza en nodos que establecen la coordinación de la gobernanza, facilitando el diálogo entre el arriba y el abajo, y funcionando como nexos de unión entre ciudadanía y gobierno, resistencia y poder. Cumplen, por lo tanto, una función básica para cualquier sociedad que se considere democrática. Esto explica su legitimidad global, que se debe siempre tener muy en cuenta a la hora de valorar la legalidad de sus diferentes manifestaciones concretas, intentando evitar en todo caso la criminalización del que es en realidad una víctima.