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Análisis

Un Gobierno de coalición con los grandes compromisos pendientes

Pese al entusiasmo con el que Sánchez presentó el Informe de Rendición de Cuentas, la reforma laboral, la Ley Mordaza, la vivienda, la transición ecológica y el blindaje de lo público siguen esperando

Diego Delgado 3/02/2021

<p>Abrazo entre Sánchez e Iglesias tras anunciar el preacuerdo para un Gobierno de coalición en noviembre de 2019. </p>

Abrazo entre Sánchez e Iglesias tras anunciar el preacuerdo para un Gobierno de coalición en noviembre de 2019. 

PSOE

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Poco más de un año después del inicio de la legislatura que puso a andar al primer gobierno de coalición progresista en más de ocho décadas, la sensación es que, si bien se han acometido diversas reformas, ninguna alcanza un nivel de transformación estructural que pueda justificar el entusiasmo con el que Pedro Sánchez presentó el pasado 29 de diciembre el Informe de Rendición de Cuentas.

La acción gubernamental debería haber estado marcada por una serie de ideas fuerza que articularon la mayor parte de los discursos de PSOE y Unidas Podemos durante sus campañas electorales, así como el Acuerdo de Coalición firmado por ambas formaciones. Derogar la reforma laboral, establecer una serie de políticas sociales en materia de vivienda que protejan a la ciudadanía de la especulación, eliminar la Ley Mordaza, transformar las estructuras socioeconómicas de acuerdo a los preceptos de la transición ecológica, afianzar desde las instituciones los avances del movimiento feminista y acometer el blindaje de lo público fueron sus principales señas de identidad. El presidente aireó con orgullo el porcentaje de compromisos activados sobre el total, que según el informe asciende hasta un voluminoso 90,9%, pero la realidad que oculta es mucho menos esperanzadora.

El resultado real de Cumpliendo (así se titula el informe) es un panorama político muy lejano al prometido por la coalición: la reforma laboral sigue vigente y su derogación va desapareciendo del programa de gobierno, sustituida por una serie de medidas concretas que aún siguen inactivas; la batalla declarada contra la especulación inmobiliaria se ha materializado en un intento –con la oposición de la parte morada del Ejecutivo– de blindar los intereses de fondos buitre y grandes tenedores durante la crisis desencadenada por el coronavirus; en 2020 se batió el récord de sanciones propuestas mediante la utilización de la Ley Mordaza; las devoluciones en caliente siguen a la orden del día; el Gobierno ha sido denunciado por varios colectivos ecologistas debido a su inacción climática; los 140.000 millones de euros enviados por Bruselas van a beneficiar, por encima de todo, a grandes empresas; y la máxima aspiración con respecto al sistema público de salud es revisar la ley que consagró la entrada del sector privado en este terreno. Al otro lado, brillan con luz propia algunos éxitos importantes en políticas feministas que, si bien no son más que el inicio de un camino largo, se ajustan con bastante precisión a los compromisos que alzaron a PSOE y Unidas Podemos.

Manifestación contra la reforma laboral de 2012. Foto: David Morales.

Los avances en el marco laboral, para 2021

La derogación de la reforma laboral impulsada por el PP en 2012 encabezó muchos de los actos electorales del PSOE y, sobre todo, de Unidas Podemos. España tiene uno de los mercados de trabajo más precarizados de toda la Unión Europea, siendo líderes en tasa de temporalidad y con un desempleo que nos coloca en segunda posición en tasa de paro. Los discursos en campaña se reflejaron en el Acuerdo de Coalición con una claridad meridiana: “Derogaremos la reforma laboral”. Sin embargo, tras un año de gobierno, el documento que recoge el estado de cumplimiento de todos los compromisos (un total de 1.274) no contiene ni una sola mención a la derogación de dicha ley. Cero. Se ha esfumado.

El documento que recoge el estado de cumplimiento de todos los compromisos (un total de 1.274) no contiene ni una sola mención a la derogación de la reforma laboral

Para más inri, de las seis iniciativas que se especifican en el acuerdo, solo se ha cumplido una: la eliminación del despido por absentismo. El resto se encuentran “no iniciadas”, un estado que comparten únicamente con el 9,1% de compromisos, según los datos que ofrece el informe.

El análisis acaba de arrancar y ya se ha topado con dos grandes disfuncionalidades. Por un lado, sirve de poco haber logrado un 90,9% de activación si en esa cifra no se incluyen las líneas maestras que deberían vertebrar la acción gubernamental. Es decir, importa mucho más la relevancia de lo cumplido que su volumen. Cuestionado acerca de esto, Francisco Martín Aguirre, director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental, confirma a CTXT que “se están analizando con todo detalle las posibilidades que puede llegar a tener la priorización de compromisos”.

Por otro lado, es difícil entender la ausencia de la reforma laboral en la relación de compromisos adquiridos. Y aquí entra la batalla que mantienen Unidas Podemos y PSOE desde que, en mayo de 2020, una serie de declaraciones y rectificaciones embarrase un terreno que da lugar a pocas dudas: “Derogaremos la reforma laboral”. La introducción de aclaraciones como “los aspectos más lesivos” o el tono de Pedro Sánchez al supeditar la supresión de esta ley a los designios de lo que él llama “actores sociales”, sugieren una dirección que se aleja peligrosamente de lo prometido.

En el lado morado de la coalición la cosa está mucho más clara. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, no ceja en su empeño de recordar que el pacto habla de derogación, una línea discursiva que mantienen el resto de compañeros y compañeras. De nuevo, la realidad contradice los preceptos que, según Francisco Martín Aguirre, han regido la elaboración de Cumpliendo. Al ser preguntado acerca de la existencia de criterios que desentrañen situaciones como esta, en la que surgen disentimientos en el propio seno del Ejecutivo, asegura que “si se detectan compromisos contradictorios, se analiza quién es la persona competente para resolver esa materia”.

En cuanto a las cinco medidas paralizadas, las explicaciones apuntan hacia la emergencia pandémica como justificación y colocan en los primeros meses de 2021 el marco temporal para iniciar su puesta en marcha. De llevarse a cabo, anularán la limitación al ámbito temporal del convenio colectivo, eliminarán la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales, limitarán la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, revisarán el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos y reducirán la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa. Es decir, derogarán ciertos aspectos de la reforma laboral. No cabe duda de que sería un gran avance, tampoco de que eso no es lo pactado.

Concentración en la calle Argumosa 11, contra el desahucio de cuatro familias a finales de febrero de 2019 en Madrid. Foto: Nuria Alabao.

Desahucios y cortes de suministro básicos, medidas excepcionales

Si el trabajo es un factor determinante, la vivienda no lo es menos. Y su presencia durante este primer año de legislatura ha sido constante, sobre todo tras la entrada en escena de la crisis del coronavirus.

La protección de las familias más vulnerables ante un mercado inmobiliario que ha convertido el derecho a la vivienda en un elemento cada vez más privativo es uno de los principales caballos de batalla de la coalición. Tanto es así, que muchos de los enfrentamientos entre el sector más conservador del PSOE y la confluencia morada han estado protagonizados por el nivel de intervención estatal necesario para paliar este gravísimo problema de acceso a un techo digno. Al final, el acuerdo alcanzado contiene algunas de las medidas transformadoras más prometidas en campaña, como limitar las subidas abusivas de los precios de alquiler, asegurar el realojo inmediato a personas en situación de vulnerabilidad o regular la actividad fraudulenta de fondos buitre y grandes tenedores, entre otras.

La regulación de los precios aparece ligada a dos condicionalidades: solo puede llevarse a cabo en “determinadas zonas de mercado tensionado” y la decisión de ponerla en marcha estará en manos de “comunidades autónomas y/o ayuntamientos”. Según el informe, este compromiso está cercano a su cumplimiento, y el establecimiento del primer “Sistema estatal de Índices de Referencia del precio del alquiler de vivienda”, en el que se basarán las administraciones para identificar las mencionadas tensiones y poder intervenirlas, es un paso decisivo en esa dirección.

El trabajo realizado en este ámbito queda eclipsado por una serie de contradicciones que aprovechan la emergencia pandémica para apuntarse logros que, en la práctica, no son tales. El propio documento en el que se detallan los criterios metodológicos explicita que las medidas destinadas a reparar los impactos más graves del coronavirus no serán útiles en términos de cumplimiento de compromisos, “sino a efectos meramente enunciativos”. No obstante, tanto la paralización de los desahucios como la prohibición de cortes de suministros básicos aparecen reflejadas como iniciativas válidas, obviando que ambas están circunscritas al contexto de excepcionalidad y quedarán anuladas cuando este acabe.

El pacto de coalición recoge la promesa de revisar los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor” con la intención de “establecer las medidas más adecuadas para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precios razonables”. Y la verdad es que sí se ha dado esa colaboración entre especuladores y Estado, pero en unos términos absolutamente opuestos a lo acordado. De no ser por la insistencia de Unidas Podemos, el Gobierno habría protegido los intereses de grandes tenedores, bancos y fondos buitre con una compensación del 100% del alquiler por la paralización de los desahucios durante el estado de alarma. Al final, esto solo ocurrirá cuando el arrendador pueda demostrar perjuicio económico, y nunca beneficiará a quienes tienen vivienda vacía en propiedad. En el informe, el compromiso destinado a sancionar la especulación está “En proceso”, pese al intento de blindar sus beneficios incluso en una situación de extrema necesidad para los arrendatarios.

Manifestación contra la Ley Mordaza en Madrid el 20 de diciembre de 2014. Foto: Carlos Delgado. Wikimedia Commons.

Récord de sanciones por Ley Mordaza

Si hay un elemento que representa con exactitud el crítico estado de la democracia española, ese es la Ley Mordaza. Quizá conscientes de ello, PSOE y Unidas Podemos se erigieron en firmes enemigos de esta regulación, prometiendo a diestro y siniestro que, de ser elegidos, procederían a eliminarla y a derogar, también, el artículo 315.3 del Código Penal. Sin embargo, lo que ha ocurrido durante este primer año de legislatura es que se ha batido el récord de sanciones propuestas mediante la utilización de la Ley Mordaza, con el pretexto de reforzar la seguridad y el orden en tiempos de confinamiento estricto.

En el PSOE se ha pasado de una oposición firme a las devoluciones en caliente a aprovechar su ratificación por parte del TC para afirmar que seguirán llevándolas a cabo

Además, en el PSOE se ha pasado de una oposición firme y pública a las devoluciones en caliente a aprovechar su ratificación por parte del Tribunal Constitucional para afirmar que seguirán llevándolas a cabo. El fallo del TC, por cierto, es consecuencia de un recurso impuesto en 2015 por una serie de formaciones políticas, entre las que se encontraba el propio partido socialista.

Todo ello no ha impedido que la sustitución de la Ley Mordaza y la derogación del artículo 315.3 aparezcan en el documento como “En proceso –con avances en 2º semestre”. De nuevo, se observa una distancia abismal entre la línea discursiva del Ejecutivo y la realidad de sus acciones.

Un Gobierno verde denunciado por inacción climática

Nada de lo que haga este Gobierno tendrá demasiado sentido si, por encima de todo, no se articula un marco legislativo transversal que supedite cualquier eje de transformación a las necesidades específicas de la lucha contra la crisis ecosocial.

En España, la creación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dio cuenta de la aparente convicción del PSOE con esta lucha ya en 2018, algo que ganó en solidez tras el acuerdo con Unidas Podemos. La materialización del pacto en un programa concreto mantuvo ese aspecto verde, reservando uno de los 11 puntos del documento a la lucha contra el cambio climático y ofreciendo el firme compromiso de encarar una transición que no puede esperar más.

Lo primero que se puede observar al analizar la parte del informe dedicada a estas cuestiones es otra consecuencia de la ya mencionada falta de priorización. Medidas como la “Estrategia de descarbonización a largo plazo” o el “Plan de reducción de emisiones” engrosan la tasa de cumplimiento sin que el marco legislativo que debe ampararlas (la “Estrategia Industrial con el horizonte 2030”) haya siquiera iniciado su activación. Es innegable que ambas iniciativas son importantes, pero de nada sirve tapar algunas brechas sin tocar el modelo que las origina. Y esto no habla solo de contaminación. La revisión profunda del modelo industrial español aparece en el Acuerdo de Coalición como un compromiso por derecho propio, más allá de su papel en la transición ecológica, y destinado a aportar solidez a ese supuesto cambio de rumbo que, de momento, no se atisba por ninguna parte.

La aprobación del “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”, así como la avanzada fase en la que se encuentra la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, apuntalan el diagnóstico de este análisis, pues se trata de dos buenas noticias en lo discursivo que, en términos de política real, distan mucho de invitar al optimismo. En este caso, la jerarquización parece estar funcionando, ya que se han puesto en marcha las dos regulaciones más amplias e importantes en materia de transición ecológica; sin embargo, el problema está en sus contenidos.

“¡Hoy hemos hecho historia! Greenpeace España, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón hemos dado un paso decisivo en el procedimiento judicial contra la inacción climática del Gobierno”, puede leerse en la web de la primera de esas tres organizaciones. La noticia es del 16 de diciembre de 2020, y su influencia en la acción del Ejecutivo ha sido nula: el 11 de enero de 2021 –casi un mes después– se publicó en el BOE la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que mantiene, a pesar de las denuncias del sector ecologista, en un 23% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. En línea con las recomendaciones de la comunidad científica y la UE, para no superar el 1,5º de aumento global de la temperatura que podría traer consecuencias devastadoras, esa reducción debería situarse en un 55%. Más del doble.

La llegada del temporal ‘Filomena’ desmontó una estrategia discursiva vacía de contenido: los precios de la luz subieron un 27% en plena ola de frío

Por si esto fuera poco, hay que recordar que el impacto de la transición ecológica en la producción de energía es solo una de las caras de la moneda. Al otro lado está el consumo, un terreno resbaladizo que también ha dejado en evidencia las supuestas bondades de la acción gubernamental. PSOE y Unidas Podemos adquirieron el compromiso de “impulsar normas legales para reformar el mercado eléctrico”, especificando que dos de los objetivos prioritarios son “hacer el sistema más justo socialmente” y “conseguir unos precios asequibles para el consumidor”. El informe señala la convalidación del Real Decreto-ley 23/2020 como una iniciativa que avanza hacia dicho objetivo, pero la llegada del temporal ‘Filomena’ desmontó otra de las estrategias discursivas vacías de contenido real: los precios de la luz subieron un 27% en plena ola de frío, dejando incluso víctimas mortales de una pobreza energética que necesita mucho más que promesas y parches superficiales. Es más, la propia formación morada reconoció que “las medidas del programa acordado con el PSOE no bastan” para acabar con los abusos del oligopolio eléctrico.

En un contexto tan complejo, la llegada de los fondos europeos para la recuperación –conocidos como “Next Generation EU”– es una oportunidad para llevar a cabo una serie de cambios a nivel estructural que verdaderamente encaminen el Estado español hacia un modelo económico sostenible, social y feminista.

El pasado 30 de enero, diversos colectivos ecologistas y sociales se organizaron para protestar contra la gestión de los 140.000 millones de euros llegados desde Bruselas, regulada a través de un real decreto-ley (36/2020) que, a su juicio, consolida la colonización del terreno público por parte de empresas como ACS, Inditex o Endesa. Ni siquiera “el gobierno más a la izquierda en la historia reciente del país” parece dispuesto a poner la vida por delante de los intereses privados.

Una mujer sujeta una pancarta durante el día de la huelga feminista. 8 de marzo de 2018, Madrid. Foto: Manolo Finish.

El empuje feminista

Las políticas feministas son el gran triunfo en este primer año de legislatura. Dos de los compromisos cumplidos más relevantes son la aprobación del Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación, y la equiparación por ley de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Ambos con una influencia notable en esa política real que se contrapone a la superficialidad y que verdaderamente puede generar progresos difícilmente reversibles en cuanto que profundos. A pesar del ruido, la inminente aprobación de la conocida como “Ley Trans” se sumará también a esa lista de decisiones políticas que sobrepasan lo electoral y alcanzan las vidas de ciertas personas en situaciones de vulnerabilidad.

Las políticas feministas son el gran triunfo en este primer año de legislatura

La protección de las mujeres frente a las violencias machistas ha sido y es una de las banderas de este Gobierno, omnipresente en los actos electorales a través de la archiconocida fórmula “solo sí es sí”. La Ley integral para la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales y la incorporación del Convenio de Estambul están ya a un paso de engrosar la tasa de cumplimiento. La reparación y recuperación de la autonomía para las víctimas de violencia de género, la formación en perspectiva de género para los y las profesionales que intervienen en procesos de denuncia y judiciales, y las iniciativas por los derechos sexuales y reproductivos son otros elementos a destacar.

No obstante, la lucha contra la brecha de género no está completamente libre de la mácula que supone la hegemonía de la posverdad como instrumento político. El compromiso “Garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los organismos públicos y en consejos de administración en las sociedades públicas y en los órganos de toma de decisión sobre condiciones laborales” aparece “En proceso – con avances en 2º semestre”, pero la única iniciativa que justifica dicha activación cuenta con un valor político real mínimo: “Se ha expresado en diversas ocasiones el apoyo explícito de España a la transposición de la ‘Directiva sobre mujeres en los consejos de administración’, que obligaría a las empresas a tener un 40% de mujeres en las cúpulas empresariales”.

Manifestación de la Marea Blanca contra la privatización de la sanidad pública. Madrid, 2013. Foto: Barcex. Wikimedia Commons.

Casi 60.000 muertes son insuficientes

Por último, es obligado hablar sobre un sistema de salud que ha sido expuesto a una prueba de resistencia difícilmente imaginable hace solo unos meses. La apuesta por una sanidad pública robusta ya formaba parte de los principales ejes de transformación que dieron la victoria a la izquierda en las pasadas elecciones, así que la llegada de la pandemia solo ha servido para reafirmar este discurso y colocarlo en un lugar claramente prioritario. A esa urgencia parecen responder medidas como la eliminación del copago para más de seis millones de personas en situación vulnerable y el incremento del gasto público en el sector sanitario hasta el 6,9% del PIB. No obstante, produce vértigo la sensación de vacío que se experimenta al buscar una estrategia regulatoria que ataje el problema sanitario desde la raíz. Si bien el Acuerdo de Coalición apuntaba con precisión hacia “el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa”, la presencia de iniciativas que apuntalen dicho compromiso se reduce a un par de recursos discursivos.

El origen de la catastrófica privatización del sistema de salud que tantas vidas ha costado está en la Ley 15/1997, cuya derogación lleva pidiéndose más de una década por plataformas como Matusalén. Sin embargo, lo máximo a lo que se atreve la coalición progresista es a reflejar dos compromisos redundantes: “Impulsar la comisión creada para revisar la Ley 15/1997” y “Revisar la Ley 15/1997”. Aparte de la trampa que esto puede suponer a la hora de engrosar los porcentajes finales, la activación de ambas medidas se sustenta sobre supuestos “análisis internos” y “posibles inclusiones de reformas”. La que podría calificarse como transformación más relevante en una situación de crisis sanitaria brutal, queda representada en el informe por meras palabras sin una sola sujeción en términos de política real.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo se echan las manos a la cabeza cuando comunidades como Madrid se apoyan en la propia Ley 15/1997 para seguir vendiendo al mejor postor una sanidad herida de muerte.

El beneficio de la duda

Pese a todas estas preocupantes disfuncionalidades, la existencia de Cumpliendo merece, per se, un reconocimiento acorde al nivel de innovación y progreso que implica. Aparte de ser el primer ejercicio de transparencia publicado en España, la implementación de dos mecanismos independientes del Gobierno que se encargarán de controlar los estándares de calidad, tanto de la metodología como de los resultados, puede llegar a colocar a este país en la vanguardia de la rendición de cuentas a nivel internacional.

CTXT ha hablado con Cristina Monge Lasierra, una de las expertas que conforma el Grupo de Análisis Metodológico (GAM), y de sus palabras se desprende esa misma sensación de que esto no es más que un primer paso en un camino nunca transitado: “Esto es un ejercicio primero, incompleto, imperfecto, pero se ha sembrado una semilla de que hay que hacer una rendición de cuentas de la acción del Gobierno de la forma más objetivada posible”, afirma la politóloga. Resulta tranquilizador leer las recomendaciones fruto de su trabajo junto al resto de componentes del GAM –todos miembros activos de la comunidad universitaria y ajenos al Ejecutivo–, pues ponen el foco en las principales fallas metodológicas que aquí se han destacado. Incorporar todas ellas sería un gesto institucional sólido de compromiso con la calidad democrática y con los órganos de verificación externa.

Queda mucho por delante y, según Francisco Martín Aguirre, todavía no ha entrado en juego “el trabajo más arriesgado, más innovador y el que realmente nos situaría en la vanguardia internacional”. Está hablando del grupo de expertos independientes que, una vez cumplido el cometido del GAM y consolidada la metodología, valorará “la bondad de los resultados, hasta qué punto son validables y correctos”. “En ese momento se habrá completado el trabajo”, concluye el director del departamento encargado de gestionar la rendición de cuentas.

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