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FRONTERAS

Los 7 de Briançon o cuando la justicia no ve más allá

Los acusados en Francia por intentar facilitar la entrada en el país de más de una veintena de extranjeros se enfrentan a penas de prisión. El tribunal juzga los hechos sin tener en cuenta el contexto que les confiere sentido

Éric Fassin 10/06/2021

<p>Concentración frente a los juzgados para apoyar a los 7 de Briançon (2018).</p>

Concentración frente a los juzgados para apoyar a los 7 de Briançon (2018).

TV5 Monde

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El jueves 27 de mayo de 2021 estaba citado como testigo ante el tribunal de apelación de Grenoble. Era en relación con el caso denominado los siete de Briançon, en el que la justicia acusa a siete personas de haber ayudado a varios inmigrantes a cruzar la frontera por el paso de l’Échelle, el 22 de abril de 2018, durante una marcha solidaria. El día que comenzó el juicio en el tribunal penal de Gap, el 8 de noviembre de 2018, publiqué un artículo sobre este “juicio político”. Las graves penas impuestas el 13 de diciembre siguiente, conforme a la petición de la fiscalía, no desmentían el análisis: 6 meses de prisión condicional en cinco de los casos y 12 meses de cárcel sin posibilidad de libertad condicional hasta pasados cuatro meses para los otros dos.

Pero en Grenoble el tribunal se ha negado a escuchar mi testimonio, al igual que el del otro testigo de la defensa, Olivier Clochard, un geógrafo del CNRS y especialista en migraciones, que forma parte de la red Migreurop. Es cierto que, para la presidenta de la corte, no éramos testigos de los hechos, e íbamos a testificar sobre el contexto. Pero, ¿no tendría la justicia que determinar el contexto? Es decir, los hechos no existen fuera del contexto que les confiere un sentido. Eso es al menos lo que nos enseñan las ciencias sociales, lo que pensaba contarles a los jueces y lo que escribo ahora sentado en el tren de regreso a casa, intentando extraer las lecciones de este rechazo.

El contexto estuvo ausente desde que se presentaron los cargos que figuran en mi citación: el delito habría sido “ayudar, directa o indirectamente, a facilitar o intentar facilitar la entrada en Francia de más de una veintena de extranjeros, con el agravante de que los hechos fueron cometidos por una banda organizada, en este caso haciéndolos atravesar la frontera franco-italiana por medio de la organización de un tumulto coordinado de más de un centenar de personas que rodeó físicamente a los extranjeros y los protegió con vehículos con el objetivo de impedir que la policía fronteriza realizara un control”. Sin embargo, en esa descripción faltan elementos esenciales: se trataba de una marcha y era improvisada.

En Europa estamos asistiendo a un claro regreso de las fronteras. Para viajar dentro del espacio Schengen vuelve a ser necesario enseñar los papeles

Esas dos circunstancias son las que quedan ocultas cuando el tribunal decide hablar de un “tumulto coordinado”. Es decir, no es un hecho, sino más bien un sesgo interpretativo, que viene a negar el carácter político de lo que estaba sucediendo en ese momento en la frontera franco-italiana. Para poder entenderlo hay que explicar el contexto inmediatamente anterior. Un día antes, el movimiento de extrema derecha Génération Identitaire había culminado con éxito una espectacular operación (con helicóptero, avión y cámaras), cuyo objetivo era devolver extranjeros en la frontera. Eso había ocurrido el 21 de abril (una fecha con carácter simbólico al que no era ajeno su organizador, Damien Rieu, agregado parlamentario de un diputado de la Agrupación Nacional). Lo que ocurrió al día siguiente, la marcha solidaria, nada tenía que ver con un intento furtivo de contrabandistas, puesto que se realizó a plena luz del día, se había avisado a los medios de comunicación y las fuerzas del orden estaban bien representadas. Es decir, lo que se entiende por una manifestación.

O, mejor dicho, una contramanifestación, que cobra sentido gracias a un segundo contexto: la ausencia de reacción del Estado ante un grupo neofascista que pretende sustituirlo. En su momento, el ministro del Interior, Gérard Collomb, solo apreció “poses” entre quienes tomaron parte en esa demostración de fuerza; frente a un escuadrón uniformado, a nadie se le ocurrió hablar de “banda organizada”, pese a que, para organizar ese acto publicitario hacían falta muchos más medios –dinero, para empezar– que para dar un paseo por la montaña. Sin embargo, 24 horas después, el 27 de abril, el fiscal de la República de Gap declaraba en un comunicado que no había podido “constatar la existencia de hechos constitutivos de infracción penal”. De esta manera, los 7 de Briançon deciden participar en una contramanifestación que denunciaba no solo a Génération Identitaire, sino también la complacencia cómplice del Estado.

Así ve vio obligado a reconocerlo incluso el propio Ministerio de Justicia que, en una circular del 4 de mayo, afirma que los militantes identitarios podrían haber sido procesados y acusados “de inmiscuirse en el ejercicio de una función pública”, e incluso de “ejercer una actividad cuya naturaleza contribuye a crear entre la opinión pública una confusión con respecto al ejercicio de una función pública”. A resultas de eso, el 29 de agosto de 2019, casi 10 meses después de la acción solidaria, el tribunal de Gap, al juzgar que este asunto era “especialmente delicado”, terminó condenando a tres identitarios a seis meses de prisión incondicional, superando así la petición del fiscal, que se contentaba con una prisión condicional.

Manifestarse a través de la frontera con inmigrantes es afirmar que la solidaridad, lejos de ser un delito, es un valor, no solamente humanitario, sino también político

Sin embargo, haber podido testificar sobre el contexto el 27 de mayo ante el tribunal, me habría permitido recordar que, en segunda instancia, el 16 de diciembre de 2020, esa condena ya había sido anulada. “No cabe duda de que el funcionamiento de los miembros de esta asociación es de tipo militar”, escribió el tribunal, aunque “esa acción, puramente de propaganda política y con fines mediáticos, no contribuyó a crear una confusión en la opinión pública con respecto al ejercicio de la función de las fuerzas del orden”. ¿Una simple manifestación? “La presidenta del tribunal avisó” –se congratulaba entonces un abogado de la defensa– “de que la política no influiría para nada en la decisión”. Al liberar a los líderes de una milicia neofascista que se disolvió cien días después, el tribunal de apelación de Grenoble, ¿no estaba haciendo política? La comparación con su decisión sobre la contramanifestación servirá para poder emitir un juicio.

Por el momento, al negarse a escuchar ese contexto, este mismo tribunal de apelación amputa el sentimiento político de la acción de las y los militantes solidarios. Ellos y ellas se indignan no solo porque el Estado no obliga a Génération Identitaire a que respete la ley, sino porque no la respeta ni él mismo. Ejemplo de ello son las numerosas condenas impuestas al prefecto de la región de Alpes-Maritimes, después de las demandas interpuestas por  Cédric Herrou y su asociación Roya Citoyenne. El 16 de octubre de 2018, una docena de asociaciones (entre las cuales se encontraban Amnistía Internacional, la Cimade, Emmaüs, el GISTI y Médicos sin Fronteras) denunciaron “las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas deportadas” en Briançon, “prácticas ilegales” como por ejemplo “devoluciones de personas deportadas entre las cuales había menores, controles discriminatorios” y también “poner trabas al registro de las demandas de asilo, ausencia de intérpretes, etc.”. En un dictamen de junio de 2018, la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos del Hombre (CNCDH) declaró estar “profundamente conmocionada después de que se constataran violaciones de los derechos de las personas migrantes y por las prácticas alarmantes que se observaron en estas dos zonas fronterizas en las que la República pisoteó derechos fundamentales”.

Si los siete se enfrentan a un juicio político es por haber puesto en tela de juicio esa política de Estado. Esos y esas militantes han conseguido repolitizar la frontera: la manifestación transfronteriza del 22 de abril de 2018 restableció la política allí donde no había otra cosa más que policías. Pero, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Desde hace años, en Europa estamos asistiendo a un claro regreso de las fronteras. Para viajar dentro del espacio Schengen vuelve a ser necesario enseñar los papeles. Y procesar a los 7 activistas por contrabandistas es considerar las fronteras internas de Europa como si fueran fronteras externas. En otras palabras, es el fin de la libre circulación. Sin embargo, esa renuncia a uno de los valores fundamentales de Europa no se ha debatido de manera democrática, más bien se ha considerado una decisión administrativa, como si se tratara de una simple decisión policial. Lo que recuerda la contramanifestación de los solidarios, en respuesta a la manifestación de Génération Identitaire, es que, en democracia, eso debería ser un asunto político.

Por último, manifestarse a través de la frontera con inmigrantes es afirmar que la solidaridad, lejos de ser un delito, es un valor, no solamente humanitario, sino también político. No hay duda de que así es como debe comprenderse el reconocimiento que hizo el Consejo Constitucional del principio de fraternidad en su resolución del 6 de julio de 2018 (es decir, tres meses después de la contramanifestación): presupone nuestra humanidad común. No obstante, el regreso de las fronteras niega esa fraternidad, incluso la deroga, y arrastra a las fuerzas del orden, tanto en esa manifestación como en Ventimiglia y en otros lugares de las fronteras y del interior del país, a que identifiquen a los extranjeros por el color de la piel: así es como se pasa de una política xenófoba a una policía racista.

La fraternidad es un valor moral, no cabe ninguna duda, pero también y, sobre todo, es un principio democrático; y como tal figura en las fachadas de los ayuntamientos republicanos, en las mismas condiciones y no menos política que la libertad y la igualdad. Sin embargo, desde que tuvo lugar la Revolución Francesa, la fraternidad no se detiene en las fronteras, sino que las atraviesa, como lo hicieron los 7 de Briançon. En la actualidad es un método ejemplar para reincorporar la política, cuando al Estado lo sustituye la policía. ¿Puede la justicia abstraerse del contexto político para juzgar los hechos, o debe tenerlo en cuenta para determinarlos? Una cosa está clara: despolitizar o democratizar, ambas opciones son igualmente políticas. Junto con el contexto, eso es lo que el tribunal de apelación no ha querido escuchar.

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Este artículo se publicó originalmente en francés en Mediapart.

Traducción de Álvaro San José.

Autor >

Éric Fassin

Sociólogo y profesor en la Universidad de Paris-8. Ha publicado recientemente 'Populismo de izquierdas y neoliberalismo' (Herder, 2018)

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