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Revisionismo

Sin democracia no hay ley

España es el único país que, habiéndose involucrado ideológicamente con el nazismo y el fascismo, no ha conseguido expulsar del debate político partidista cualquier veleidad de blanquear un dictadura sanguinaria y exterminadora

José Antonio Martín Pallín 29/07/2021

<p>Pablo Casado en la sesión de control al gobierno del pasado 30 de junio.</p>

Pablo Casado en la sesión de control al gobierno del pasado 30 de junio.

Congreso

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El presidente del Partido Popular y aspirante a presidir el Gobierno de nuestro país, Pablo Casado, ha sintetizado en una frase lapidaria, no sé si de su propia cosecha o proporcionada por gabinetes de marketing político, todo lo sucedido en España desde la proclamación de la II República hasta que el general Franco falleció, de muerte natural, en el Hospital de La Paz. Para el líder de la derecha, la República era una democracia sin ley y en la Dictadura existía la ley pero no había democracia. Pasa por alto el contexto histórico con el que convivió la República. Hitler llegó al poder en Alemania, Mussolini instauró el fascismo en Italia, en Francia gobernaba el Frente Popular, en Rusia se había consolidado la Revolución soviética, los Balcanes eran una fuente de agitación continua y el resto de Europa vivía en estado de convulsión. Evidentemente, España no era Suiza. 

Desde su nacimiento, las oligarquías incitaron descaradamente a sectores del ejército a sublevarse contra la República. La presión se hizo insoportable a partir de las elecciones de febrero de 1936. El Gobierno del Frente Popular, surgido de las urnas, ante la tensión y la violencia desatada por grupos de pistoleros que solo buscaban la desestabilización del régimen, cuando tuvo noticias de la sublevación militar en territorio marroquí, trató, in extremis, de solucionar el conflicto, con una conversación entre Diego Martínez Barrios, presidente de las Cortes y Gran Oriente de la Masonería española, y el general Emilio Mola, cabeza dirigente del golpe militar, en la que le ofreció la cartera de Gobernación y otros ministerios para atajar la inevitable sangría que se iba a desatar si continuaba la sublevación de los militares. Fue inútil. Todo estaba diseñado, desde hacía tiempo, para derrocar la República, destruir la democracia y aniquilar a los que la apoyaban.

Los militares golpistas, vencedores en la Guerra Civil, tuvieron la oportunidad de confeccionar a su antojo una versión oficial para justificar sus desmanes. La plasmaron, sin el más mínimo recato ni respeto a la verdad histórica, en su llamada Causa General y en una publicación que se titulaba Historia de la Cruzada. Iba acompañada con ilustraciones de Saénz de Tejada, un dibujante que exaltaba a la condición de ángeles rampantes a los soldados, sacerdotes y “mártires” de la guerra civil. 

En una sociedad civilizada políticamente, las leyes solo puede emanar de la voluntad popular representada en los parlamentos por los elegidos en votaciones libres y democráticas

Esta perversión de la historia, repetida machaconamente durante los cuarenta años de dictadura, parece que se ha perpetuado a pesar de haber transcurrido más de otros cuarenta años desde la muerte del general Franco. La transición hacia un sistema democrático ha devuelto la soberanía al pueblo español, como había hecho la Constitución de la II República. Desde su inicio se han celebrado numerosas elecciones, se han establecido las bases para una futura federalización del Estado, pero no hemos sido capaces de articular una cultura democrática, coherente y sólida, que rechace tajantemente cualquier veleidad o comprensión con las tropelías del pasado dictatorial. Las consecuencias las estamos viviendo en estos momentos.  

España es el único país que, habiéndose involucrado ideológicamente con las propuestas políticas del nazismo y el fascismo, no ha conseguido expulsar del debate político partidista cualquier veleidad de blanquear una dictadura sanguinaria y exterminadora de las personas, de las ideas y de los valores democráticos. 

La derecha de nuestro país y los modernos revisionistas deberían despejar sus dudas, repasando la resolución de la Asamblea General de la ONU del 12 de diciembre de 1946, cuando abordó la llamada cuestión española. El Subcomité del Consejo de Seguridad encargado de tal investigación llegó unánimemente a la siguiente conclusión:

“(a) En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini.

(b) Durante la prolongada lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco, a pesar de las continuas protestas de los Aliados, prestó una ayuda considerable a las potencias enemigas”. 

La realpolitik y la guerra fría desatada entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América abrieron finalmente la puerta de las Naciones Unidas a España y a otros muchos países dictatoriales y violadores de los Derechos Humanos. Me gustaría saber cuántos, ya no solo de mi edad sino de otras generaciones posteriores, conocen esta declaración de las Naciones Unidas. Como se puede observar, ninguna condena o reproche al gobierno legítimo de la República. 

Así que ya lo saben, señor Casado y correligionarios, en la España de Franco no había ni democracia ni ley, se postergó la cultura propia de una sociedad avanzada y se frustraron las esperanzas de incorporarnos al concierto de los países democráticos europeos que había derrotado al nazismo y al fascismo. En una sociedad civilizada políticamente, las leyes solo puede emanar de la voluntad popular representada en los parlamentos por los elegidos en votaciones libres y democráticas.

La guerra finalizó y los vencedores prosiguieron con la política de exterminio. Los archivos y las hemerotecas son obstáculos insalvables para justificar las tesis equidistantes

Algunos, inasequibles al desaliento, se atrincheran en quimeras dialécticas apolilladas por el peso de la historia. En la dictadura existían unas llamadas Cortes Españolas, como “órgano superior de participación del pueblo en la elaboración de normas” que tuviesen la categoría de ley. La Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958 fue promulgada por Francisco Franco Bahamonde, como Caudillo de España, consciente de su responsabilidad ante Dios y ante la Historia. Su lectura en estos tiempos nos parece surrealista. Consciente de su extravagancia, sometió a referéndum una Ley Orgánica del Estado de 1 de enero de 1967, para presentarse ante el mundo como un régimen estructurado con diversidad de funciones (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) pero unidad de poder concentrado en el Caudillo por la gracia de Dios. Me remito a la lectura de las disposiciones transitorias. En ella se puede comprobar que, hasta su muerte, Franco mantuvo las prerrogativas que le otorgaron las leyes de 30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939, que le permitían promulgar normas jurídicas de carácter general, es decir, leyes.  

El golpe militar, financiado por las oligarquías, se diseñó con el objetivo prioritario de exterminar a los malos españoles que apoyaban a la anti España, es decir la República democrática. Fracasado inicialmente el golpe planeado por los militares, decidieron prolongar la Guerra Civil para consumar sus propósitos y asentarse en el poder de manera segura. La muerte, la prisión, las torturas, los campos de concentración y el exilio, dejaron expedito el camino para instalarse en el poder el tiempo que las circunstancias internacionales lo permitiesen. 

Sus desmanes se conocieron en las zonas que permanecían fieles a la República. Algunos grupos (el Gobierno legítimo nunca ordenó represalias), respondieron con actitudes inaceptables pero desgraciadamente explicables en el contexto de la violencia desatada. Visto con una perspectiva histórica, los juicios sin garantías, las ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la matanza de Paracuellos y cualquier otra violación de los derechos humanos deben ser repudiadas con la misma firmeza y rigor que los crímenes de la dictadura. La guerra finalizó y los vencedores prosiguieron con la política de exterminio. Los archivos y las hemerotecas son obstáculos insalvables para justificar las tesis equidistantes. La democracia no puede ser condescendiente con la insoportable carga sangrienta de una dictadura que nunca se planteó devolver la soberanía a sus ciudadanos. 

La cultura emanada de la Ilustración fue uno de los objetivos a combatir por los golpistas. No podían permitir que se disfrutase de la libertad de pensamiento y del acceso a unas enseñanzas que no fuesen las reaccionarias posiciones antirreformistas ancladas en el Concilio de Trento. Los maestros encargados de la enseñanza, inspirados en los principios de la Institución Libre de Enseñanza, trataron de introducir en España las ideas de la Ilustración que, por razones históricas, se habían quedado alejadas de nuestro modo de vida. La Constitución republicana proclamaba que la actividad de la enseñanza se inspiraría en los ideales de la solidaridad humana y permitía a los centros religiosos enseñar sus respectivas doctrinas. El conocido incidente en la Universidad de Salamanca, ante la intervención imprevista del rector, don Miguel de Unamuno y el fundador de la Legión, el general Millán Astray, refleja y sintetiza la posición de los golpistas respecto de la cultura. 

A pesar de estas adversas circunstancias, surgieron movimientos, al final de la Segunda Guerra Mundial, que desde diversas posiciones ideológicas democráticas trataron de colocar a España en el camino de la integración en la incipiente Comunidad Económica Europea, a la que nos incorporamos tardíamente una vez que se restauró la democracia, exigencia inexcusable para pertenecer al grupo de naciones que forman la actual Unión Europea. 

No puedo evitar imaginarme lo que hubiera sido nuestro porvenir, si en el año 1962, hubiera fructificado el bautizado por el régimen dictatorial, como el “Contubernio de Múnich”. El 5 y el 6 de junio, en el marco del IV Congreso del Movimiento Europeo, se celebró en la capital de Baviera el reencuentro, por primera vez desde el final de la Guerra Civil española, entre la oposición interna al franquismo y los vencidos del exilio. Del centenar largo de participantes, cerca de ochenta lo hicieron desde España, el resto lo formaban exiliados de casi todas las tendencias, particularmente socialistas y republicanos. Los comunistas fueron vetados, condición indispensable para la viabilidad de la reunión. Salvador de Madariaga lo dijo claramente ante la asamblea: “Aquí estamos todos menos los totalitarios de ambos bandos”. 

También asistieron  José María Gil-Robles –antiguo líder de la CEDA–, Joaquín Satrústegui –monárquico liberal– y Dionisio Ridruejo –antiguo falangista y uno de los primeros críticos con el franquismo. Como se puede ver, peligrosos marxistas leninistas. La reunión pretendía iniciar un debate sobre el ingreso de España en la Comunidad Europea. España no podía pertenecer a la Comunidad Europea en tanto no tuviese un régimen democrático. Además, las instituciones europeas debían presionar  para debilitar la dictadura de Franco.

La desmedida e histérica respuesta del régimen, sorprendido y encolerizado, por lo que consideraba una conspiración judeo-masónica, le otorgó protagonismo durante el verano del 62. Se convocaron numerosas movilizaciones de adhesión al régimen, se suspendió la libertad de residencia. Gil-Robles fue detenido en el aeropuerto de Barajas y pocos días más tarde obligado a exiliarse en París. Satrústegui, Miralles, Álvarez de Miranda, Antoni de Senillosa e Íñigo Cavero, entre otros, fueron desterrados a diferentes islas de Canarias.

Si el Caudillo y los dirigentes del régimen hubieran tenido un ápice de patriotismo y hubieran pensado en el bienestar de los españoles, hubieran iniciado un acercamiento hacia posiciones que solo podían beneficiar al desarrollo y la prosperidad que nos ha proporcionado, con retraso, la inyección de los fondos europeos para el desarrollo. 

La Transición pasó de puntillas sobre los antecedentes sangrientos de la Dictadura. Los elegidos en las primeras elecciones democráticas equipararon, en una Ley de Amnistía aberrante, a los luchadores antifranquistas, condenados como delincuentes y los homologaron a los represores y torturadores que actuaron impunemente bajo las órdenes de los dirigentes franquistas. Tuvimos que llegar al año 2007 para iniciar una tímida reconversión democrática del pasado con la Ley de Memoria Histórica. En estos momentos se inicia la tramitación de una Ley de Memoria Democrática, con la pretensión de equipararnos a los países que ajustaron sus cuentas con las dictaduras que habían vivido. Ya veremos hasta dónde llegamos. 

El presidente del Partido Popular y aspirante a presidir el Gobierno de nuestro país, Pablo Casado, ha sintetizado en una frase lapidaria, no sé si de su propia cosecha o proporcionada por gabinetes de marketing político, todo lo sucedido en España desde la proclamación de la II República hasta que el general...

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Autor >

José Antonio Martín Pallín

Es abogado de Lifeabogados. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).

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1 comentario(s)

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  1. Aramis

    Sorprende el artículo de Pallín por tres quimeras retóricas que ninguna de ellas responde al espíritu de la ilustración. La primera es que aquella que afirma que «sin democracia no hay ley», por cuanto es obvio y manifiesto que en la dictadura si había ley, pues había jueces y tribunales que la aplicaban, y muchos de ellos también transitaron a la “democracia” con sus mochilas de méritos intactas. La segunda es la que afirma que «no hemos sido capaces de articular una cultura democrática…», por cuanto esa supuesta falta de capacidad está directamente relacionada con la estructura y mecanismo de la transición de «un régimen estructurado con diversidad de funciones pero unidad de poder concentrado…» a un régimen bipolar radial (centro–comunidades), pero unidad de poder económico concentrado en la misma oligarquía de la dictadura y protegido por el poder judicial transitado. La tercera falacia de este artículo postula –mejor insinúa–, que las leyes «solo pueden emanar de la voluntad popular…» … No existe verificación fáctica ninguna que pueda acreditar semejante quimera dialéctica. Ni siquiera en el formalismo idealista de la caverna platónica se puede afirmar que la Constitución Española emanó de la voluntad popular, toda vez que es obvio que el «imperio de la ley» tiene el alcance real del imperio de la veleidad de los intérpretes de la ley. Ninguna «voluntad popular» puede otorgar a los jueces el privilegio irrestricto de hacer de su voluntad ley mediante malabarismos retóricos de códigos y reglas a conveniencia tal y como el propio Pallín descubre reiteradamente en sus análisis jurisprudenciales. La simple existencia real de este privilegio subrepticio hace de la democracia toda una pantomima grotesca tal y como estamos viendo a diario en España. Sin control, serio, transparente, real y eficiente, al Poder Judicial, no hay democracia; solo juristocracia. Ninguna sentencia merece respeto por el simple hecho de que la ha dictado un tribunal, o mejor dicho; el juez ponente. Solo las sentencias justas merecen respeto; las injustas, caprichosas, prevaricadoras e irracionales merecen la reprobación total y efectiva de la sociedad. Sólo así tendremos democracia y ley. Lo demás son filigranas académicas de biblioteca. El pasado es memoria y, por tanto, deformable a conveniencia. Solo el presente es real y objetivo.

    Hace 2 meses 26 días

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