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Un proceso histórico

Julian Assange: la fuerza de la libertad de prensa

Debemos lograr la liberación del fundador de WikiLeaks si no queremos vernos atrapados en una maraña de algoritmos que permiten a los que los manejan jugar a su placer con nuestros derechos

José Antonio Martín Pallín 9/11/2021

<p>Concentración para pedir la libertad de Julian Assange (Amsterdam, 2020).</p>

Concentración para pedir la libertad de Julian Assange (Amsterdam, 2020).

Guido van Nispen

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Soy consciente de las peligrosas aristas que presenta el debate sobre libertad de prensa, seguridad nacional, secretos oficiales y los derechos y libertades de los ciudadanos, formalmente titulares de la soberanía. Existe una tendencia, en la mayoría de los Estados, a salvaguardar, bajo la etiqueta de secretos oficiales, decisiones sobre toda clase de materias que consideran que les corresponden en exclusiva y al margen de cualquier control de los órganos de representación de la soberanía nacional. En ocasiones, bajo el manto protector de la seguridad nacional, se toman decisiones que obedecen a intereses espurios que nada tienen que ver con las explicaciones que facilitan a la opinión pública para justificar medidas que suponen sacrificios y peligros para la vida y los intereses de los ciudadanos y, en algunos casos, constituyen verdaderos crímenes contra la humanidad. Por tanto, cualquier iniciativa que pretenda horadar esa imponente caja fuerte, entrar en su santuario y ofrecer su contenido al conocimiento de la comunidad nacional e internacional, debe ser elogiada y protegida frente a cualquier medida represora. 

Julián Assange lo ha hecho y ha caído sobre su persona la furia de las poderosas élites políticas que no toleran que sus excesos y fechorías sean expuestos, publicados y aireados. Han disparado toda su artillería para desacreditarle como persona y como ciudadano. Su perfil individual no enturbia ni hace desaparecer la veracidad de sus descubrimientos. Su vida privada le pertenece. Lo verdaderamente relevante es su condición de periodista y experto en informática. Debe quedar claro que no se trata de un espía al servicio de un país extranjero que pretende obtener información con objeto de perjudicar los intereses de otro Estado. Se trata de una persona versada en el manejo de computadoras que, como periodista, organiza un sistema de información que pone a disposición de los usuarios del sistema.  

Assange recibía información de muy diversas fuentes relacionadas con las actividades del Pentágono y la colgaba en una red periodística a la que denominó WikiLeaks. Quizá las más sensibles eran las relativas al ataque aéreo en Bagdad el 12 de julio de 2007, los diarios de la guerra de Afganistán y los registros de la guerra de Irak. En todas sus informaciones denunciaba la planificación y ejecución de actuaciones delictivas que se habían cometido con la iniciativa y consentimiento del Departamento de Estado. En cierto modo actuaba de manera similar, aunque sobre otras materias, a la utilizada para confeccionar informaciones sobre los Papeles de Panamá, la Lista Falciani o los Papeles de Pandora, publicados en infinidad de medios de comunicación.

Es difícil encontrar un personaje que suscite opiniones tan contradictorias. Mientras unos lo consideran un traidor a la patria, otros han reconocido su labor

Los sectores más reaccionarios de Estados Unidos –Sarah Palin, Trump y otros políticos– han pedido lisa y llanamente la ejecución de Assange por traición a la patria. El congresista republicano por Texas Ron Paul fue el primer político estadounidense que se manifestó públicamente a favor del fundador de WikiLeaks. Sus reflexiones me parecen impecablemente democráticas: “En una sociedad libre se supone que es necesario que sepamos la verdad”. Y añadió: “En una sociedad donde la verdad se convierte en traición a la patria, entonces estamos en graves problemas”.

La persecución y encarcelamiento de Julian Assange se está produciendo a instancias de un país en el que, en un momento de su historia,  el presidente John Fitzgerald Kennedy, en uno de sus magníficos discursos, dijo: “La calidad democrática de un país se mide por la cantidad de información auténtica sobre la cosa pública que el Gobierno proporciona a sus ciudadanos, tratándoles como adultos responsables”. No parece que los actuales gobernantes de los Estados Unidos comulguen con estos elementales planteamientos éticos y políticos.

La presión estadounidense ha obligado a Assange a pasar por una reclusión de siete años en la embajada de Ecuador en Londres. En estos momentos está encarcelado a la espera de que los jueces británicos decidan sobre su entrega a los Estados Unidos. Es difícil encontrar un personaje que suscite opiniones tan contradictorias. Mientras unos lo consideran un traidor a la patria digno de la ejecución en la silla eléctrica, otras instituciones de prestigio mundial como Amnistía Internacional han reconocido su labor. Assange ha sido considerado como la persona del año por la revista Time y por el diario Le Monde, se le han otorgado premios por fundaciones que promueven la paz y ha sido propuesto por un parlamentario noruego para el premio Nobel de la Paz. 

El TS decidió que los dos periódicos tenían derecho a publicar los papeles del Pentágono. En conjunto hubo acuerdo sobre que la censura previa era inconstitucional

En el país que reclama su extradición, el Tribunal Supremo ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre actuaciones semejantes a las que se imputan a Julian Assange. Existe el precedente de los llamados  papeles del Pentágono publicados en The New York Times y en The Washington Post.  El secretario de Estado de Defensa del presidente Johnson, Robert McNamara, había encargado un informe de 7.000 páginas sobre la implicación estadounidense en el sudeste asiático. El documento fue declarado secreto pero Daniel Ellsberg, antiguo funcionario del Pentágono, se los filtró al New York Times que inició su publicación. El presidente Nixon tuvo sus dudas pero, según cuentan, aconsejado por Henry Kissinger, acudió a la Justicia para solicitar que se prohibiese la publicación de más extractos, dado que su divulgación podría poner “en peligro grave e inmediato la seguridad de los Estados Unidos”.

El asunto terminó en manos del Tribunal Supremo, que el 30 de junio de 1971 dictó una sentencia emblemática sobre la prevalencia de la libertad de prensa (primera enmienda) ante la invocación de la seguridad nacional en tiempos de paz. La sentencia, que tiene dos votos discrepantes, contiene aportaciones decisivas sobre la prioridad de los derechos en conflicto y abre un debate que afecta al futuro de las democracias. ¿Es omnipotente el Estado frente al derecho a la información de los ciudadanos? En síntesis, el Tribunal Supremo decidió que los dos periódicos tenían derecho a publicar los papeles del Pentágono. En conjunto hubo acuerdo en que la censura previa era, en principio, inconstitucional. Para nuestros hábitos procesales resulta llamativo comprobar que el Tribunal Supremo solo tardó seis días en pronunciarse sobre el caso. He aquí algunas de las reflexiones generales que se recogen en la sentencia: “Admitir la censura previa sería tanto como transformar la primera enmienda en un campo de ruinas. La libertad de prensa permite la formación de una discusión política libre y que el Gobierno sea responsable ante el pueblo. Ahí reside la seguridad de la república y el fundamento mismo del Gobierno constitucional”. Transcribo algunos de los argumentos que los jueces de la mayoría formulan por separado. El juez Brennan: “Incluso si la presente situación mundial pudiera considerarse como tiempo de guerra, o si el armamento militar actualmente disponible pudiera justificar en tiempos de paz la supresión de información que pudiera conducir a un holocausto nuclear, lo cierto es que el Gobierno tampoco ha justificado que la publicación de los documentos pudiera provocar una consecuencia semejante”. El juez Douglas concluye que la razón de ser de la primera enmienda fue prohibir la práctica habitual de los gobiernos de suprimir información que se consideraba embarazosa. 

El juez Stewart, por su parte, argumenta: “Tiendo pues a pensar que consideraciones morales, políticas y prácticas deberían sentar el siguiente principio: se debería impedir que se declarase secreto algo cuando no existiese fundamento para ello. Porque cuando absolutamente todo está clasificado, nada está en realidad clasificado y entonces los cínicos y los descuidados (sic) desprecian tal sistema y los ambiciosos y los temerosos lo manipulan. Tiendo también a creer que lo que caracteriza a un sistema de seguridad interna realmente efectivo es la mayor transparencia posible, de manera que sea evidente que solo se mantiene algo en secreto si se ha conseguido realmente la credibilidad”.

En estos momentos, el futuro de Assange está en manos de los tribunales británicos. Hace unos días se celebró la vista de extradición ante el Tribunal Supremo de Inglaterra que decidirá definitivamente si entrega al detenido a los Estados Unidos. Los tribunales ingleses tienen una amplia tradición jurisprudencial sobre lo que significa la libertad de prensa y de información en una sociedad democrática. En ningún caso han llegado al extremo de considerar a las personas implicadas en casos semejantes merecedoras de la ejecución o la cadena perpetua. Los principios generales que rigen la extradición se basan en la homologación y reciprocidad de la valoración jurídica de los hechos en las legislaciones del país requirente y del requerido para la entrega de la persona que tiene en su poder.  Si algo reprocha la cultura anglosajona a los responsables de tomar decisiones políticas es el engaño. Así se puso de relieve por un tribunal de jurado inglés al conocer la acusación contra un periodista por haber revelado que el hundimiento del acorazado argentino Belgrano, en la guerra de las Malvinas, obedecía a un intento deliberado por parte del Gobierno inglés para evitar cualquier intento de paz. El conflicto llegó hasta el Parlamento y la oposición acusó al Gobierno de haber tratado de engañar a la Cámara de los Comunes, sustrayendo información sobre la realidad de los hechos. Pidieron la dimisión de los responsables del Ministerio de Defensa: “Han tratado de engañar y han sido pillados”.

Asimetría

La asimetría entre los poderes que se atribuye el Estado y los derechos de los ciudadanos es cada vez más abismal. Bajo el pretexto, siempre maleable, de la seguridad nacional, se justifican los más agresivos sistemas de vigilancia y control sobre los ciudadanos. Las bases de datos personales, en manos de los gobiernos, contienen toda clase de información sensible que puede utilizarse para neutralizar protestas o reivindicaciones o, simplemente, como avisaba Foucault, para controlar y vigilar, esgrimiendo como excusa el inevitable peligro del terrorismo individual. Se han dotado de una versión sofisticada del panóptico, que lo ve todo como si fuera el ojo de Dios que diseñó el filósofo alemán Jeremy Bentham como un sistema carcelario para vigilar a los presos. Conscientes de que pueden ver pero no son vistos, exigen tener las manos libres para tomar decisiones de cualquier clase, aunque pongan en peligro la vida de las personas y la estabilidad de países y regiones. Lo que revelan las informaciones de WikiLeaks sobre lo sucedido en Irak y Afganistán creo que justifican, por sí solas, la necesidad de conocer los desmanes de los gobernantes estadounidenses para tratar de controlarlos e incluso pedir responsabilidades. La realidad nos ha demostrado que los que manejan los hilos de la tramoya han actuado como empresarios prepotentes y calculadores, poniendo por delante los intereses de las empresas armamentísticas y estratégicas sobre la vida y el dolor de los seres humanos. 

Lo que revela WikiLeaks sobre lo sucedido en Irak y Afganistán justifica la necesidad de conocer los desmanes de los gobernantes estadounidenses

Ha llegado el momento de reaccionar si no queremos vernos atrapados en una maraña de algoritmos que permiten a los que los manejan jugar a su placer con nuestras vidas, derechos y libertades. Julian Assange, en este momento encarcelado y con una salud precaria, encarna la figura de un paladín de la Edad Moderna que ha desafiado a los señores feudales que quieren mantener sus privilegios. Si tardamos en llegar en su ayuda y lograr su libertad, habremos perdido nuevamente una oportunidad para conseguir que las declaraciones de los Derechos Humanos, firmadas y aceptadas por los Estados que se comportan como soberbios irresponsables, no se conviertan en una amarga secuencia de poemas de amor que terminan tornándose en una canción desesperada. Si se impone la ambición desmedida de los poderosos, nos convertiremos en insignificantes hormigas que nos movemos aceleradamente, creyendo que somos libres pero sin saber a dónde nos dirigen.

Edward Snowden, persona que vivió experiencias similares a las de Julian Assange, ha hecho un llamamiento desesperado para salvar su vida. Reproduzco una parte del texto que se ha publicado en este medio: “Cuando hice mi denuncia en 2013 dije que lo hacía porque teníamos el derecho a saber lo que se nos está haciendo y lo que nuestros gobiernos hacen en nuestro nombre. La amenaza ya existía, y cuando miras lo que ha sucedido en el mundo desde entonces parece que esa tendencia se está acelerando. ¿Seguimos teniendo ese derecho?, ¿seguiremos teniendo cualquier derecho si no lo defendemos? Pues bien, ahí está alguien que dio la cara para proteger ese derecho, que lo defendió enérgicamente, con un coste personal extremadamente alto, y ahora nos toca a nosotros defender sus derechos. Lo que estamos presenciando es un asesinato del que nadie habla”. 

Creo que los periodistas deben ser los que se impliquen de forma más agresiva en la defensa de Julian Assange. Por su libertad y dignidad profesional y porque, como decía la revista alemana Der Spiegel al comentar el caso de Snowden, se trata de personas que mejoran el mundo. 

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José Antonio Martín Pallin. Abogado. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

Soy consciente de las peligrosas aristas que presenta el debate sobre libertad de prensa, seguridad nacional, secretos oficiales y los derechos y libertades de los ciudadanos, formalmente titulares de la soberanía. Existe una tendencia, en la mayoría de los Estados, a salvaguardar, bajo la etiqueta de...

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José Antonio Martín Pallín

Es abogado de Lifeabogados. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).

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