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Radiografía del golpe del 10 de noviembre

Dos años han pasado desde la renuncia forzada de Evo Morales y las denuncias de fraude electoral lanzadas entonces por la OEA pierden credibilidad

Andy Robinson 13/11/2021

<p>Toma de posesión de Evo Morales en La Paz el 22 de enero de 2015.</p>

Toma de posesión de Evo Morales en La Paz el 22 de enero de 2015.

Cancillería Ecuador

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Han pasado dos años desde aquel  domingo 10 de  noviembre  de 2019 en el que el entonces comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, “sugirió” a Evo Morales que renunciara a la  presidencia que ocupaba desde 2006, solo tres semanas después de su cuarta victoria electoral.   

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Acusado de cometer fraude electoral, y tras semanas de violentas protestas y amotinamientos policiales contra el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), orquestados por el líder ultraconservador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Morales dimitió aquella misma tarde. Días después, un avión militar mexicano lo llevaría a Ciudad de México, donde se le concedió  asilo político.

El arma decisiva del golpe contra Morales no fue la pistola colgada del cinturón del general Kaliman,  sino un documento técnico de 13 paginas

“Que Morales renunciara solo horas después de su reunión con Kaliman  demuestra cuánto poder tienen aún los militares en Bolivia”, apuntan Linda Farthing y Thomas Becker, en un nuevo libro (aún inédito) titulado gráficamente en inglés Coup (Golpe). 

Pero lo cierto es que el arma decisiva del golpe contra Morales no fue la pistola colgada del cinturón del general Kaliman, sino un documento técnico de 13 paginas, difícil de descifrar, y redactado con prisa: la auditoría de las elecciones de 20 de octubre, realizada por un equipo de 37 observadores de la Organización de Estados Americanos  (OEA), que denunciaba un gigantesco fraude electoral. 

Esa misma mañana, el polémico secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, dio luz verde a la publicación de este informe explosivo. Tras catalogar, de forma a veces arbitraria, decenas de irregularidades a partir del análisis de una muestra reducida de actas electorales, el informe concluyó: “El proceso (electoral) estuvo reñido con las buenas prácticas y no se han respetado los estándares de seguridad”. Por lo tanto, “no es posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados”. 

Aquí se puede leer el informe presentado el 10 de noviembre horas antes de la consumación del golpe de Estado.

Los militares bolivianos  –que, según declaraciones de Luis Fernando Camacho, ya habían pactado la salida forzada de Evo con el padre del líder de ultraderecha– no tardaron en aprovechar la ocasión brindada desde la sede de la organización interamericana, creada durante la guerra fría como herramienta de  la política exterior estadounidense en América Latina y cuya sede en Washington se sitúa a unos 300 metros del Departamento de Estado.

Dos años después de la caída de Morales, la credibilidad del informe de la OEA está cada vez más en entredicho. El mes pasado, las misiones permanentes de la OEA de México, Argentina y Bolivia invitaron a una serie de expertos, entre ellos Jack Williams, del  Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), y Francisco Rodríguez, economista venezolano afiliado al prestigioso Consejo de Relaciones Extranjeras en Washington, a presentar sus críticas a la auditoría. Ambos denunciaron fallos técnicos  en el análisis de la OEA, así como una metodología que parecía diseñada con el fin de justificar una decisión, tomada por anticipado, de denunciar el fraude. 

Rodríguez, economista doctorado por Harvard y asesor de la oposición venezolana, destacó una serie de fallos técnicos en el análisis estadístico del informe que había identificado una supuestamente fraudulenta ruptura en la tendencia del voto favorable a Morales.  “Un análisis puramente estadístico deja claro que no hubo ruptura anormal”, señaló. “Los mismos investigadores reconocen que hay errores . ¿Por qué no han retirado el informe de la página web de la OEA?”.

La OEA sostiene que el estudio estadístico era  solamente “accesorio” y que el fraude detectado por los observadores de la OEA se basa en una larga lista de irregularidades: actas falsificadas, servidores ocultos, la manipulación del sistema informático y un cruce de datos entre el recuento oficial y el sistema paralelo de conteo, conocido como TREP, que puso en entredicho 350.000 votos en una elección cuyo margen de victoria fue de sólo 40.000 votos.  

El asunto ha llegado al Capitolio en las últimas semanas. Un grupo de congresistas demócratas ha logrado incorporar a las recomendaciones del Comité de Asuntos Exteriores  de la Cámara de Representantes para el año próximo una instrucción dirigida  al secretario de estado, Anthony Blinken, para que “se valore  la transparencia y legitimidad de las elecciones bolivianas del 2019  (…) y el papel de la misión de  observación de la OEA”  (página 95).

Importantes medios de comunicación en EE.UU. se han sumado a las críticas. The New York Times –que proporcionó los datos para el análisis de Rodríguez– y The Washington Post han publicado largos artículos que cuestionan el rigor de la auditoría y el informe del 10 de noviembre. Los Ángeles Times informó de que el entonces embajador estadounidense en la OEA, Carlos Trujillo, nombrado por Trump en 2017, “presionó al equipo de observadores electorales (de la OEA)  para que denunciaran un fraude generalizado e instó a la administración Trump a apoyar la salida de Morales”.

El análisis electoral de  la OEA fue “fallido” y “puso en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaron la historia de Bolivia”, resume el análisis de The New York Times. Como respuesta, Almagro arremetió contra el diario neoyorquino acusándolo de “mentir”. Para  rematar  su defensa, llegó incluso a acusar al respetado periódico de “no haber denunciando el genocidio nazi” durante la Segunda Guerra Mundial. No era la mejor forma de defender el rigor de su auditoría electoral en Bolivia  y menos después de que Trump hubiera perdido las elecciones y Biden llegara a la Casa Blanca.

En realidad, el destino de Morales se decidió tres semanas antes del 10 de noviembre, en la misma noche electoral. El 21 de octubre, la OEA  publicó un comunicado que  denunciaba “un cambio inexplicable de tendencia” tras la repentina suspensión del recuento paralelo no oficial de los votos. Esto “modifica drásticamente  el destino de la elección y genera una pérdida de confianza en el proceso electoral”, sostuvo la OEA.

López coordinó un plan para asesinar al aliado de Morales del MAS, Luis Arce, actual presidente de Bolivia, poco después de su aplastante victoria electoral

En el informe del 19 de noviembre, la organización interamericana destacó como indicio de fraude electoral el hecho de que, tras contabilizar los últimos votos, la ventaja de Morales frente a su rival, Carlos Mesa, se había disparado.  

Esto dio legitimidad  a una oleada de protestas de jóvenes de clase media ya molestos por  la decisión de Morales de presentarse a las elecciones por cuarta vez. “Salieron todas las noches durante tres semanas  denunciando fraude sin pruebas tangibles”, recuerda el libro Coup. Muchos seguidores de Camacho habían denunciado el fraude incluso antes de los comicios del 20 de octubre. 

Pero ya se sabe con seguridad que no hubo nada extraño en la subida del voto a Morales en las últimas horas del conteo electoral. Factores sociales y geográficos explican el aumento brusco: los feudos rurales de Morales siempre eran  los últimos en contabilizar los votos. “La acusación de la OEA es como decir que es fraude si hay una subida demócrata cuando llegan tarde los votos de Detroit (un feudo demócrata)”, dijo Jake Johnston, del Centro de Investigación sobre Política Económica (CEPR). La OEA insiste en que la ruptura de tendencia es relevante sólo porque permitió a sus investigadores detectar las irregularidades concretas.

Nadie cuestiona que se produjeran irregularidades en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Lo que se disputa es si eran suficientemente importantes  para cambiar el resultado electoral. 

La decisión de Morales de presentarse, pese al resultado de un referéndum que había rechazado modificar la Constitución para permitir su reelección, generó una percepción de que el presidente era corrupto y que habría fraude. “Yo hablé el día  después de las elecciones con un funcionario de alto nivel de la OEA y le  dije que no había nada anormal en la subida del voto de Evo al final del recuento”, explica Johnston. “El respondió: ‘Si ya lo sabemos pero Morales no debería ser candidato en estas elecciones’”.   

Es decir que la OEA –ideológicamente posicionada contra los gobiernos de izquierda en América Latina desde que Almagro llegase a la Secretaría General en 2015– había decidido que Morales no debía ser presidente cualquiera que fuera el resultado de las elecciones del 20 de octubre del 2019.

Segundo golpe  

Tras el golpe del 10 de noviembre del 2019, Camacho logró colocar a su estrecho aliado, Luis Fernando López Julio, en el Gobierno interino liderado por la conservadora Jeanine Añez.  

Nombrado ministro de Defensa, López autorizó dos actuaciones armadas del Ejército y de la Policía contra indígenas simpatizantes de Morales en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), en noviembre de 2019, en las que murieron una veintena de  personas. Tras un decreto presidencial, que eximía de responsabilidad a los militares en las masacres, López insistió en que las Fuerzas de Seguridad “no dispararon ni un tiro”.

“López Julio fue una figura clave en la salida forzada de Morales ya que había sido el puente entre el padre de Camacho y los militares”, explican Farthing y Becker en su libro Coup. 

No sería el único golpe urdido por López Julio, que se encuentra actualmente en paradero desconocido en Brasil protegido por el Gobierno de Jair Bolsonaro, según el medio estadounidense The Intercept.

López coordinó un plan para asesinar al aliado de Morales del MAS, Luis Arce, actual presidente de Bolivia, poco después de la aplastante victoria electoral de éste en los comicios de octubre de 2020. 

El  mes pasado, el Gobierno de Arce dio más información sobre el intento de golpe y de magnicidio ideado por López Julio. Según información obtenida por el ministerio del Interior en La Paz, algunos de los mercenarios que entraron en Bolivia  durante la campaña electoral eran los mismos exmilitares colombianos contratados para asesinar al presidente de Haití Jovenel Moïse, en julio de este año.  

Otro sospechoso de haber participado en la conspiración contra Arce es el venezolano afincado en Miami Antonio Tony Intriago, cabecilla, a través de su empresa de seguridad Counter Terrorism Unit LLC (CTU) con sede en Florida, del magnicidio contra Moïse.   

Tras la holgada victoria de Arce –tal vez el indicio más obvio de que el fraude denunciado por la OEA en 2019 fue una fabricación– se decidió abortar el plan de asesinato del presidente electo.

Han pasado dos años desde aquel  domingo 10 de  noviembre  de 2019 en el que el entonces comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, “sugirió” a Evo Morales que renunciara a la  presidencia que ocupaba desde 2006, solo tres semanas después de su cuarta victoria electoral.   

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Andy Robinson

Es corresponsal volante de ‘La Vanguardia’ y colaborador de Ctxt desde su fundación. Además, pertenece al Consejo Editorial de este medio. Su último libro es ‘Oro, petróleo y aguacates: Las nuevas venas abiertas de América Latina’ (Arpa 2020)

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